nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 1523-2024.- La Serena, tres de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto y considerando.

Primero: Que Gonzalo Andrés López Ríos, abogado, con domicilio en domicilio reservado, recurre de protección en favor de nombre reservado, venezolana, comerciante, y de su hija menor de edad, la adolescente nombre reservado, venezolana, estudiante, ambas actualmente domiciliadas en Venezuela, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en impedírsele el derecho a recurrir de resolución de rechazo de beneficio migratorio, alegando vulneración de su garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Expone que las protegidas iniciaron desde su país de origen solicitudes de residencia temporal para reunificación familiar, por cuerda separada y que, el 16 de agosto, fue dictada la Resolución 63190853, que rechaza la petición respecto de la madre, quien pidió reunificarse con su pareja residente legal en Chile e hijas, con solicitudes de residencia temporal aprobadas.

Precisa que la causal de rechazo invocada se funda en que registra Parte Policial 9555 de 19 de septiembre de 2023 de la Policía de Investigaciones de Iquique, por el que se denuncia infracción por ingreso por paso no habilitado, eludiendo el control migratorio.

Afirma que, si bien es efectivo que la señora nombre reservado cometió la infracción referida, voluntariamente hizo abandono del territorio chileno y quedó dispuesta a pagar la multa correspondiente.

Destaca que su pareja cuenta con residencia temporal aprobada en Chile y con una solicitud de residencia definitiva, sujeta a contrato de trabajo, en trámite, y se encuentra en condiciones económicas de solventar los gastos del grupo de familiar, compuesto por dos de sus hijas de 5 y 8 años de edad, con visa de residencia temporal aprobadas.

Alega que la actora pretendía impugnar la resolución referida, lo que le fue impedido por problemas informáticos al último día del plazo legal, desapareciendo incluso el trámite del portal de la recurrida.

Afirma que las omisiones y actos antes descritos, arbitrarios e ilegales, atribuibles directamente a la recurrida, han ocasionado no sólo la incerteza en el status migratorio de las recurrentes, sino que además, han visto amenazada la tan búsqueda y planificada reunificación familiar de la familia, por lo que, alegando infracción a su derecho constitucional de igualdad ante la ley, pide que la recurrida, dentro del más breve plazo, deba habilitar su portal web para que la actora pueda interponer su recurso de reposición administrativo contra la Resolución 63190853, y asimismo, restablezca en sistema el acceso a la tramitación de la petición de residencia de su hija.

Segundo: Que informa Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, quien pide el rechazo de la acción constitucional, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que nombre reservado, ciudadana nacional de la República de Venezuela, ingresó al país en forma clandestina, y el 9 de febrero de 2024 realizó una solicitud de residencia temporal para extranjeros fuera de Chile, en calidad de titular, por reunificación familiar, registrada bajo el ID 69421455.

Agrega que el 16 de agosto de 2024 se le informa que, considerando los requisitos dispuestos en el Decreto 177 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal, no cumple con los requisitos para obtener el permiso de residencia impetrado, por cuanto registra Parte Policial 9555 de 19 de septiembre de 2023 de la Policía de Investigaciones de Iquique, por el que se denuncia infracción por ingreso por paso no habilitado, eludiendo el control migratorio.

Destaca que igualmente se resolvió que, conforme a lo establecido en el artículo 91 y 146 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar documentos adicionales respecto de la causal de rechazo invocada por esta autoridad, sin registros de que haya acompañado dicha documentación y no existe sanción en contra de la recurrente ni rechazo de su solicitud.

Por otro lado, refiere que respecto de nombre reservado la visa requerida el 9 de febrero de 2024, fue pedida indicando como titular a nombre reservado, quien recién postula el 26 de abril de 2024 al beneficio migratorio de residencia definitiva, por lo que, para acceder a la visa por reunificación familiar, primero debe ser titular el padrastro de dicho beneficio y luego de eso se puede postular a dicha categoría de residencia temporal y no antes de que se obtenga, dado que primero debe ser otorgado dicho beneficio.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, atendido el mérito de los antecedentes expuestos en el libelo, puede desprenderse que resulta efectiva la interposición de un recurso de reposición en contra de la resolución que rechaza la petición de residencia temporal, del cual no existe tramitación ni pronunciamiento, lo que permite concluir una infracción a unos de los principios que informan el procedimiento administrativo, como es el derecho al recurso y, en los mismos términos, a aquél previsto en el artículo 14 de la Ley 19.880, respecto a la obligación que recae en la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos.

Sexto: Que, por tanto, la omisión del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente Asimismo, el retardo inexcusable de la administración provoca indudablemente incertidumbre en la parte recurrente respecto de su situación migratoria, perjudicando dicha omisión la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, misma incertidumbre que afecta a su círculo familiar y social.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, venezolana y su hija, nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá habilitar su portal para que la actora pueda interponer recurso de reposición administrativo en contra la de Resolución 63190853, y darle tramitación, otorgándole a la requirente un plazo de 30 días hábiles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1523-2024 Protección