nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE
- Fecha
- 30 de septiembre de 2025
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1518-2025, sentencia de 30 de septiembre de 2025
Resumen
Se rechaza la protección contra Gendarmería por negar el traslado del recurrente a un centro de estudio y trabajo, al estimarse que la acción no es la vía idónea: la solicitud debe ventilarse ante el juez de garantía como tribunal de ejecución de la pena.
Texto íntegro
nombre reservado
Gendarmería de Chile Recurso de protección Rol Nº1518-2025 La Serena, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que comparece Carlos Ignacio Vera Campos, abogado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, técnico en Trabajo Social, actualmente privado de libertad, en calidad de condenado rematado, en el Complejo Penitenciario de La Serena, dirigido contra GENDARMERÍA DE CHILE, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su director regional Luis Muñoz Fuentealba, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la postulación del recurrente de ser trasladado a cumplir con su saldo de condena desde el Complejo Penitenciario de La Serena al Centro de Estudio y Trabajo Isla Teja (Valdivia), actuar que vulnera sus derechos fundamentales de los numerales 2, 4 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política.
Señala que el recurrente cumple diversas condenas en el Complejo Penitenciario de La Serena, las que inició el día 14 de noviembre de 2005 y que termina el 16 de febrero de 2035.
Indica que el recurrente postuló a ser trasladado desde el Complejo Penitenciario de La Serena al CET semiabierto Isla Teja (Valdivia), a fin de continuar su proceso de reinserción social y laboral. Así, el 06 de mayo de 2025, el Consejo Técnico del Complejo Penitenciario de La Serena sesionó para evaluar la postulación, aprobando por mayoría la postulación, señalando expresamente que el postulante cumple los requisitos exigidos en el Decreto Ley N° 943 para su traslado.
No obstante, señala que el 10 de junio de 2025, el Consejo Técnico del CET Isla Teja rechazó la postulación, esgrimiendo observaciones de seguridad, falta de informe PCLR por el delito cometido, y sugiriendo postular a CET de la región más cercana a su apoyo familiar.
Luego, esgrime que el acto impugnado es ilegal, toda vez que es contrario a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°943 del Ministerio de Justicia, ya que las razones esgrimidas no corresponden a criterios legales o reglamentarios que impidan el traslado.
Por su parte, afirma que la referencia a “historial de sistema cerrado” es inherente a todo postulante proveniente de dicho régimen y no constituye un impedimento legal.
Asimismo, indica que tampoco existe obligación reglamentaria de contar con un informe PCLR para aprobar el traslado a un CET semiabierto, argumentando que exigirlo genera un círculo vicioso.
Además, señala que la sugerencia de postular a un CET más cercano al apoyo familiar es inconsistente, dado que el propio interno solicitó Isla Teja, precisamente para acercarse a su núcleo familiar, que reside en Maullín, Región de Los Lagos.
A su vez, sostiene que Gendarmería de Chile constituye una sola institución, por lo que, el hecho de emitirse informes tan disímiles y contradictorios respecto de un mismo interno, infringe en deber de motivación que establece el artículo 11 de la Ley N°19.880, constituyéndose a su vez en arbitrario.
Señala que tal actuar afecta su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, como también su derecho a la vida privada y a la protección de la familia, consagrado en el numeral 4 de la misma disposición, así como el derecho a la libertad personal y seguridad individual del numeral 7.
En virtud de lo anterior, solicita que se acoja al recurso de protección, y se deje sin efecto lo resuelto por el Consejo Técnico del CET Isla Teja, el 10 de junio de 2025 (Acta N° 16-2025) y se disponga su traslado hacia el referido establecimiento penitenciario, por estimar que ha dado cumplimiento a la totalidad de requisitos legales para dar curso a su solicitud.
SEGUNDO: Que a folio 6 del expediente virtual evacuó informe doña nombre reservado, en representación de Gendarmería de Chile, Dirección Regional Coquimbo y el Complejo Penitenciario de La Serena, solicitando el rechazo del recurso.
En síntesis, señaló que el Complejo Penitenciario de La Serena ha cumplido con postular al privado de libertad al Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia, puesto que dicho interno cumplía con los requisitos para su postulación. Sin embargo, señala que es la Unidad requerida quien decide si lo recibe o no, resolviendo que no se accedía a su ingreso puesto que el protegido no registra domicilio en la región en la que se encuentra el CET, lo que le fue debidamente notificado al interno.
Finalmente, indica que su parte no puede hacerse cargo de la negativa de la unidad solicitada.
Acompañó a su informe: 1. Oficio Ord. Nº 150, de fecha 12/06/2025. 2. Acta Nº 16-2025 Consejo Técnico Centro de Educación y Trabajo de Valdivia. 3. Oficio Ord. Nº 2819, de fecha 13/06/2025. 4. Notificación a Interno de rechazo de traslado al CET de Valdivia. 5. Oficio Ord. N° 3488, de fecha 23/07/2025, informe al Juez de Garantía de Curicó.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.
CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.
Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.
QUINTO: Que, para la correcta resolución del asunto, es preciso considerar que el artículo 6 del Decreto Ley N°2859 de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establece en su numeral 12: “Son obligaciones y atribuciones del Director Nacional: (…) 12.- Determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente”.
A su turno, el artículo 28 del Decreto N°518 que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, establece que “Por Resolución fundada del Director Nacional, quien podrá delegar esta facultad en los Directores Regionales, serán ingresados o trasladados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto.
Estas medidas podrán adoptarse en razón de la reincidencia, tipo de delito, de reiteradas infracciones al régimen normal de los establecimientos penitenciarios, de requerimientos sanitarios, y de otros antecedentes de carácter técnico que las hagan necesarias.
Este régimen de extrema seguridad no tendrá otro objetivo que la preservación de la seguridad de los internos, sus compañeros de internación, del régimen del establecimiento, de los funcionarios, y de las tareas impuestas a la administración y en su cumplimiento se observarán todas las normas de trato humanitario”.
SEXTO: Que, de esta manera, se advierte que la situación penitenciaria del recurrente se encuentra determinada en virtud de las facultades legales que competen al Director Nacional de Gendarmería, establecidas en el artículo 6 del Decreto Ley N°2.859 que consagra la Ley Orgánica de la referida institución, normativa conforme a la cual, determinar el lugar de cumplimiento de la condena corresponde a Gendarmería, en base a los criterios que la ley y el reglamento penitenciario ha fijado para ello.
SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, estos sentenciadores estiman que la presente acción no es la vía idónea para impugnar la decisión de Gendarmería. Al efecto, resulta oportuno tener presente que el artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales previene: “Corresponderá a los jueces de garantía: (…) f) Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal”.
Acorde a la preceptiva precitada, se concluye que lo solicitado por el recurrente debe ser pedido y ventilado ante el Juez de Garantía respectivo, en su calidad de tribunal de ejecución de la pena, lo que resulta bastante para desestimar la presente acción.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Carlos Ignacio Vera Campos en favor de nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile.
Se previene que el Ministro (S) Sr. Díaz concurre a la decisión de rechazo, teniendo además presente, que el acto reclamado aparece debidamente fundamentado, en la medida que la recurrida ha exigido antecedentes adicionales que resultan necesarios para evaluar positivamente la solicitud de traslado, los cuales no consta que se hayan proporcionado oportunamente por la defensa del sentenciado, de manera que no se puede concluir la existencia de alguna diferencia arbitraria en tal sentido. En consecuencia, estima este previniente que no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario, estando el fundamento del rechazo dentro de la normativa que regula la materia -a diferencia de lo sostenido por la parte recurrente- según aparece del acta Nº 16-2025 del Consejo Técnico Centro de Educación y Trabajo de Valdivia, en que se justifica la negativa al traslado.
Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.
Rol 1518-2025 Protección.