Protección contra Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior

nombre reservado

Ministerio del Interior y otro Recurso de Protección Rol N° 1517-2026.- La Serena, dos de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada en la comuna de La Serena, e interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por estimar ilegal y arbitraria la omisión consistente en no dictar el decreto que ponga término al procedimiento de otorgamiento de carta de nacionalización iniciado por la recurrente.

Expone que doña nombre reservado ingresó al país en calidad de turista y que, encontrándose en territorio nacional, modificó posteriormente su condición migratoria, obteniendo residencia y, luego, permanencia definitiva, beneficio que se mantendría vigente. Señala que con fecha 8 de agosto de 2024 ingresó solicitud de carta de nacionalización, trámite identificado con el N°NUM000, acompañando comprobante de envío emitido por el Servicio Nacional de Migraciones.

Refiere que, durante la tramitación, cumplió con las actuaciones exigidas, incluido el pago de los derechos correspondientes, y destaca que el Servicio Nacional de Migraciones ya habría agotado la etapa de su competencia. En particular, acompaña Oficio N°NUM001, de 7 de julio de 2026, dirigido al Subsecretario del Interior, mediante el cual el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones remitió el expediente de la solicitud de la recurrente, señaló que reside en Chile desde hace siete años, que mantiene permanencia definitiva vigente, que no presentaba antecedentes policiales ni judiciales negativos al 24 de junio de 2026 y que cumplía con los requisitos exigidos por el Decreto Supremo N°5.142 para el otorgamiento de carta de nacionalización, adjuntando el proyecto de decreto respectivo para su aprobación, si la autoridad lo estimaba procedente.

Sostiene que, pese a lo anterior, al momento de interponerse la acción, el 24 de agosto de 2026, no se había dictado ni notificado decreto alguno que concediera o rechazara la carta de nacionalización, manteniéndose el procedimiento pendiente. Afirma que, desde la solicitud inicial, habían transcurrido más de dos años sin decisión terminal, circunstancia que la mantiene en una situación de incertidumbre y preocupación.

Alega que dicha demora vulnera los principios de celeridad, conclusividad, inexcusabilidad y economía procedimental previstos en la Ley N°19.880, citando especialmente sus artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27. Sostiene que, aun cuando el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 no tenga carácter fatal, ello no releva a la Administración del deber de impulsar de oficio el procedimiento y concluirlo dentro de un plazo razonable.

Añade que la omisión es de carácter permanente y que, por ello, la acción fue interpuesta oportunamente. Sostiene, además, que no resulta exigible recurrir previamente a los mecanismos de silencio administrativo ni agotar otras vías administrativas para ejercer la acción constitucional.

En cuanto a la afectación concreta, invoca la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, afirmando que la prolongación del procedimiento importa un trato desigual respecto de otros administrados que, encontrándose en una situación jurídica equivalente, han obtenido una respuesta formal de la autoridad. Agrega que la nacionalidad chilena produce consecuencias relevantes para la vida civil, laboral y jurídica de quien la obtiene.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene a las recurridas pronunciarse sobre la solicitud de carta de nacionalización dentro del plazo de treinta días, o dentro del que esta Corte estime pertinente, adoptándose las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, informa don Sebastián Nicolás Álvarez Moscoso, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Expone que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se materializa mediante decreto expedido por la autoridad superior del Ministerio del Interior y constituye una facultad expresamente contemplada en los artículos 84 de la Ley N°21.325, 1° y 2° del Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, y 1, apartado IV, N°4, de la Ley N°16.436. Señala que la normativa utiliza la expresión “podrá”, de modo que la nacionalización constituye una concesión y no un derecho adquirido por el solo cumplimiento de requisitos formales.

Añade que, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones recibir y tramitar las solicitudes, revisar su admisibilidad, disponer el pago de derechos y, una vez concluida esa etapa, remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para que la autoridad competente resuelva, concediendo o rechazando la petición mediante el respectivo decreto exento.

Respecto del caso concreto, reconoce que los antecedentes de la solicitud de doña nombre reservado fueron recibidos por el Ministerio del Interior con fecha 21 de julio de 2026, provenientes del Servicio Nacional de Migraciones, y que el acto administrativo destinado a resolverla se encuentra actualmente en tramitación. Señala que, una vez concluido dicho procedimiento, la decisión será debidamente notificada a la interesada.

Sostiene que no existe una omisión ilegal o arbitraria.

Explica que las solicitudes de carta de nacionalización requieren un análisis exhaustivo, atendida la relevancia jurídica y práctica que implica el otorgamiento de la nacionalidad, y que el procedimiento ha debido enfrentar un aumento significativo del número de solicitudes. Indica que durante 2025 se presentaron 39.482 solicitudes, equivalentes a un promedio de 3.290 mensuales, y que entre los períodos 2018- 2021 y 2022-2025 se produjo un incremento superior al 650%.

Afirma que la demora no responde a un actuar caprichoso de la autoridad, sino a la tramitación de un procedimiento reglado y a la carga administrativa existente. Agrega que el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no tiene carácter fatal y que su vencimiento no produce por sí solo caducidad, invalidez ni ilegalidad del procedimiento. Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y pronunciamientos de la Contraloría General de la República en apoyo de esa tesis, destacando además que no cualquier dilación transforma la actuación administrativa en ilícita, sino únicamente aquella que carece de justificación.

Sostiene, asimismo, que la recurrente no ha acreditado una privación, perturbación o amenaza concreta de alguna garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución. Hace presente que la interesada se encuentra en situación migratoria regular, con permanencia definitiva vigente, pudiendo ejercer sus derechos, desarrollar actividades lícitas e ingresar y salir del territorio nacional, sin que la falta de resolución de la nacionalización altere por sí misma su estatuto migratorio.

En relación con la igualdad ante la ley, niega que se haya demostrado un trato diferenciado respecto de personas situadas en condiciones equivalentes. Agrega que acoger recursos de esta naturaleza podría significar alterar el orden regular de tramitación y otorgar una preferencia a quienes judicializan su solicitud frente a otros peticionarios que, incluso habiendo presentado solicitudes con anterioridad, aún esperan una decisión.

Finalmente, enfatiza que la acción de protección no puede instrumentalizarse para obtener el otorgamiento de una carta de nacionalización, pues la decisión corresponde a la autoridad competente y constituye una facultad discrecional reglada en cuanto a sus presupuestos. Solicita, por ello, el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, para que la acción de protección pueda prosperar, es necesario que exista un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se entiende por ilegal aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico, ya sea por infringir directamente una norma aplicable o por exceder las facultades que el derecho confiere a quien actúa. Por su parte, la arbitrariedad supone un actuar carente de razonabilidad o justificación suficiente. En consecuencia, no basta la sola existencia de una actuación u omisión cuestionada, sino que ésta debe revestir alguno de dichos caracteres y producir, además, una afectación actual o inminente de alguna de las garantías protegidas por la acción constitucional.

QUINTO: Que, la controversia se circunscribe a establecer si resulta ilegal o arbitrario que, una vez remitidos al Ministerio del Interior los antecedentes de la solicitud de carta de nacionalización y el proyecto de decreto respectivo, la Administración mantenga pendiente el pronunciamiento terminal al momento de interponerse esta acción.

En consecuencia, aun en la hipótesis de acogerse el recurso, la eventual tutela no puede consistir en ordenar el otorgamiento de la carta de nacionalización ni predeterminar el contenido favorable o desfavorable de la decisión administrativa, sino únicamente, en su caso, en disponer que la autoridad competente concluya el procedimiento y adopte una decisión dentro de un plazo determinado.

SEXTO: Que, si bien al momento de interponerse el presente recurso habían transcurrido más de dos años desde el ingreso inicial de la solicitud de carta de nacionalización, lo cierto es que los antecedentes quedaron radicados ante las recurridas recién a contar del 21 de julio de 2026, fecha en que el Ministerio del Interior los recibió desde el Servicio Nacional de Migraciones.

Por consiguiente, no resulta jurídicamente procedente atribuir al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría del Interior la totalidad del tiempo de tramitación anterior, correspondiente a actuaciones desarrolladas ante un órgano diverso.

SÉPTIMO: Que, precisado lo anterior, al interponerse el recurso, el 24 de agosto de 2026, había transcurrido poco más de un mes desde que los antecedentes ingresaron al Ministerio del Interior. El propio informe reconoce que el acto administrativo destinado a resolver la solicitud se encuentra actualmente en tramitación y que, una vez concluido, será debidamente notificado a la interesada.

Así, no se está en presencia de un procedimiento abandonado o respecto del cual las recurridas hayan omitido toda actuación, sino de uno que permanece pendiente de resolución dentro de la esfera de sus competencias y que, al tiempo de la interposición de la acción, llevaba un período acotado bajo su conocimiento.

OCTAVO: Que, por consiguiente, no se configura en la especie una omisión ilegal o arbitraria atribuible al Ministerio del Interior o a la Subsecretaría del Interior que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1517-2026 Protección.