nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol n° 1514-2024 La Serena, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 11 de septiembre de 2024, comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia de La Serena, domiciliado en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, auxiliar de aseo, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por doña nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UME-130026-2024 de 16 de agosto de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias N°s. 99678263-8, 100091583-8 y 100957405-7, extendidas por un total de 66 días de reposo, a contar del 04 de marzo de 2024, lo que indica vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 1 y n° 4 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que don nombre reservado, de 60 años de edad, que durante el año 2023 comenzó a presentar problemas de salud mental derivados de un mal ambiente laboral a lo que se sumó la muerte de su madre, siendo diagnosticado con depresión mayor moderada/severa, indicándole tratamiento farmacológico consistente en Escitalopram y derivándolo además a terapia psicológica.

Indica que durante este año don nombre reservado acude nuevamente a control con el Dr. Quinteros, quien tras examinarlo pudo constatar que el paciente no ha presentado mejoras en su salud mental pese a uso de antidepresivo, presentando incluso ideación suicida, además de constatar que el paciente aún no ha podido mantener una terapia psicológica continua y eficaz en el tiempo debido a su precaria situación económica y la larga espera de atención en el servicio de salud pública.

Añade que, desde fines de enero del presente año, se encuentra inscrito en el Programa de Salud Mental del Centro de Salud Familiar Dr. Emilio Schaffhauser, lugar donde recibe terapia psicológica por su diagnóstico de trastorno de ansiedad, trastorno del sueño y episodio depresivo moderado, centro en el cual continúa en control hasta la fecha y se ha reincorporado a sus labores en mayo de 2024. Menciona igualmente que continúa con su tratamiento farmacológico y terapia psicológica.

Acota que las licencias médicas que han sido presentadas por don nombre reservado, con anterioridad a las que son materia de estos autos, han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo.

Menciona que es en este contexto que se rechaza por Compin el pago de las licencias médicas nrs. 99678263-8, 100091583-8 y 100957405-7, extendidas por un total de 66 días de reposo, a contar del 04 de marzo de 2024 limitándose a indicar “Reposo Injustificado”. Respecto de esta decisión reclama ante Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N°R-01-UME-130026-2024 de fecha 16 de agosto de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas entregado por COMPIN, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso de protección.

Refiere que la recurrida en su resolución expone “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 49 días de reposo a autorizados por la misma patología. Que, los informes adjuntos, parcialmente legibles, no dan cuenta de la evolución del cuadro y su compromiso funcional durante el periodo de reposo reclamado y no describen intervenciones farmacológicas coherentes con el diagnóstico propuesto. Tampoco se logra desprender del informe un plan terapéutico que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral”.

Alega que el diagnóstico de la enfermedad de don nombre reservado se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos acompañados en su oportunidad y que el paso del tiempo no es fundamento suficiente, por lo que el acto en cuestión no se encuentra debidamente fundamentado.

Menciona que la resolución cuestionada pone en duda aspectos que de manera clara, concisa y precisa aparecen en todos los informes acompañados, no efectuando una revisión de los informes presentados, además de colocar al paciente gravemente afectado por problemas de salud mental, en la necesidad de obtener nuevos informes médicos que den cuenta de aspectos que se señalan detalladamente en los informes ya acompañados, incurriendo en un actuar sumamente grave, negligente y arbitrario.

Luego cita los artículos 1, 16 y 24 Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, de los cuales se desprende organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta o insuficiencia de antecedentes aportados por el propio paciente Acusa igualmente una falta de fundamentación de la resolución en comento, lo que vulnera la obligación dispuesta en ellos artículos 11, 40 y 41 de la Ley 19.880, por lo que el acto deviene en ilegal y arbitrario.

Alega vulneración de las garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 1 y n° 24 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de sus licencias médicas, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud, y toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Previa citas legales pide dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberá autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago. En subsidio disponer que la recurrida dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos debe A.- Realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas. B.-Dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas. C.- En su caso, pagar al actor el monto del subsidio que corresponda. D.- Informar a esta Corte de Apelaciones el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en esta sentencia, bajo apercibimiento que en caso de no cumplir deberá autorizar el pago de las referidas licencias, de plano, sin más trámites y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-130026-2024 de fecha 16 de agosto de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social. 2º.- Copia informe médico de fecha 20 de marzo de 2024, emitido por el Dr. nombre reservado. 3º.- Copia informe médico de fecha 04 de abril de 2024, emitido por el Dr. nombre reservado. 4°.- Copia informe médico de fecha 24 de abril de 2024, emitido por el Dr. nombre reservado. 5°.- Copia certificado de atención psicológica en el CESFAM Dr. Emilio Schaffhauser de fecha 10 de septiembre de 2024, emitido por el psicólogo nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 6, el 11 de septiembre de 2024, comparece nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, menciona que consta el expediente administrativo se constata que la recurrente el 5 de julio de 2024 presentó reclamo contra la resolución de COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas 99678263-8, 100091583-8 y 100957405-7, extendidas por un total de 66 días a contar del 4 de marzo de 2024, por reposo no justificado.

Añade que mediante la Resolución Exenta Nº RR-01-UME-130026-2024, de 16 de agosto de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada estableció que: “el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 99678263-8, 100091583-8, 100957405-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 49 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

“Que, los informes adjuntos, parcialmente legibles, no dan cuenta de la evolución del cuadro y su compromiso funcional durante el periodo de reposo reclamado y no describen intervenciones farmacológicas coherentes con el diagnóstico propuesto. Tampoco se logra desprender del informe un plan terapéutico que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 99678263-8, 100091583-8, 100957405-7, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

En cuanto al marco legal regular indica que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y que el actuar Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, por lo que el presente recurso desborda los límites de la acción de protección, no existiendo respecto de la recurrente un derecho preexistente e indubitado.

Agrega la profesional del servicio doña nombre reservado. nombre reservado, emitió informe, el cual concluyó “Fundamentos de la resolución: 59 años. Auxiliar de limpieza. Diagnóstico Principal: episodio depresivo moderado, episodio depresivo grave Reposo indicado por médico general, en atención no institucional Tiempo de reposo reclamado por 66 días Reposo previo autorizado por 49 días Adjunta 3 informes médicos con fechas 20-03, 04-04, 24-04, parcialmente legibles. Estos informes resultan insuficientes en cuanto no describen detalladamente la evolución sintomática e informan ajuste farmacológico no congruente con la severidad del diagnóstico planteado. Se informa derivación a psicoterapia, pero no se acredita inicio de la misma. No deriva a psiquiatra. Se sugiere rechazar”

Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

Añade que el médico tratante del recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, incumpliendo con el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud Conforme a lo anterior concluye que el dictamen impugnados por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas resoluciones y que cumplen con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880.

Respecto de la vulneración de garantías constitucionales indica que no se han vulnerado, ni siquiera amenazado su derecho a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Lo anterior por cuanto Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, no se le ha impedido consultar con su médico tratante y ha podido aplicar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud.

En cuanto al derecho de propiedad indica que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-130026-2024 de fecha 16 de agosto de 2024, que confirma el rechazo las licencias médicas N°s. 99678263-8, 100091583-8 y 100957405-7, extendidas por un total de 66 días de reposo, a contar del 04 de marzo de 2024, por reposo injustificado.

SÉPTIMO: Que, para el análisis del rechazo del pago de las licencias, es preciso indicar que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida es escueta y no logra, a juicio de esta Corte, informar a la actora de los motivos del rechazo, luego de haber requerido los antecedentes que le permitieran resolver, situación que transforma la mentada resolución, en tanto mantuvo la negativa, en infundada y, por ende, arbitraria, circunstancia que escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, pues debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.-Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-130026-2024 de 16 de agosto de 2024, disponiéndose en su lugar el pago de las licencias médicas N°s. 99678263-8, 100091583-8 y 100957405-7, debiendo la recurrida gestionar su pago al actor en forma inmediata.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1514 -2024 Protección.-