Protección contra INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Recurso de Protección Int. por nombre reservado

c/ Instituto de Previsión Social I.P.S.

Rol Nª 1514-2013 La Serena, veintidós de mayo dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 4 comparece doña nombre reservado, R.U.T RUT reservado, chilena, soltera, dueña de casa, con domicilio en domicilio reservado e interpone nombre reservado, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S), R.U.T. N° RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado o por quién le subrogue o suceda en dicho cargo, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, a raíz de los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la institución recurrida al retener el pago de dineros por concepto de jubilación, correspondiente al mes de Octubre de manera intempestiva, actos que constituyen privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución, Nº 24, referente al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Expone que con fecha 17 de Octubre del presente año, la recurrente concurrió a la sucursal de la Caja de Compensación "Los Héroes" ubicada en la domicilio reservado, con el fin de hacerse pago de la pensión mensual, heredada de su padre, correspondiente a pensión de orfandad, Ex caja Ferro, donde le informaron que su pensión estaba siendo retenida por el Instituto de Previsión Social, por motivos que la cajera desconocía y la aconsejaron dirigirse a la oficina del I.P.S ubicada en la oficina de "Chile Atiende", en la domicilio reservado, donde se le informó que su pensión estaba siendo retenida por una deuda que mantenía con el instituto por un monto que ascendía a la suma de $1.879.679, porque durante los últimos 4 años y 11 meses, el pago de su pensión había sido duplicado por un error en la administración, lo que concluyó en que se le asignarán dos boletas de pago, una por treinta y tres mil diez pesos, y otra por, treinta y un mil ochocientos sesenta pesos, ambas con sus correspondientes descuentos de previsión y AFP.

Indica que el mencionado error, cuya fecha data del 1 de Noviembre de 2008, se produjo por razones que desconoce y sin mayores notificaciones ni avisos, sin embargo ella había consultado a la cajera, quien señaló debía ser atribuible a un bono del gobierno o aumento de capital. Agrega que ante su rechazo, la misma cajera señaló, "...mi trabajo es pagar, y si me salen dos, tengo que entregarle dos..."; naturalmente esta situación se repitió durante los siguientes cinco años.

Señala que durante su entrevista con la asistente social, señorita nombre reservado, el día 17 de Octubre del presente año, le comunicó que debía realizar un convenio de pago y firmar una notificación de deuda para que se liberara el pago de la pensión, así como suscribir los documentos que firmó sin conocer su contenido ni motivo, y que no liberaron el pago del mes correspondiente.

Manifiesta que este error atribuible a la pésima administración del I.P.S no fue fruto de manipulación ni engaño alguno y que el pago le fue efectuado sin haber adquirido obligación correlativa; agrega que solicitó información y asesoría, a la Superintendencia de Previsión Social, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social, y Contraloría General de La Republica, Organismos que se declararon abiertamente incompetentes.

Señala que la recurrida esgrimió como sustento legal, los artículos 41 a 44 de la ley 12.084, que sanciona la percepción indebida de beneficios previsionales y los artículos 18 y 74 del D.F.L N°150 de 1982, los que no resultan aplicables por no haber falsificado, ocultado, simulado, ni falseado, datos ni documento alguno, ni haber omitido o incumplido obligación, y que se ha mantenido siempre en el ámbito de la buena fe y por lo tanto, no tiene responsabilidad alguna en los hechos acontecidos.

Indica como garantías constitucionales afectadas la del art. 19 N° 3 "...Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración..." ya que ninguno de los tipos descritos anteriormente proceden, por no existir dolo, y que por lo tanto no puede sancionarse con la pena establecida; también resulta afectada garantía del N°18 del Artículo 19 "... El derecho a la seguridad social...", por cuanto se ha retenido una pensión de orfandad, negando el pago de manera arbitraria a una persona mayor y dependiente de ésta; y el N° 24 "...El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales..." "...Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, o del bien sobre el que recae...", lo que ha ocurrido con la mencionada pensión que ha sido objeto de retención, de manera injustificada, arbitraria e injusta, perturbando gravemente el ejercicio del dominio, posesión y disposición tan esenciales en el derecho de propiedad.

Concluye señalando que por dicho acto de privación y perturbación ha debido enfrentar numerosos problemas por cuanto ha sido negado un ingreso monetario base para su sustento, y la economía de su hogar.

Alega que la interposición del recurso ha tenido lugar dentro de tiempo por la prorroga al siguiente día hábil. En cuanto a la competencia, señala que el recurso ha debido presentarse en la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que motiva el recurso y los actos de privación y perturbación han ocurrido en la comuna de Coquimbo.

Por lo expuesto solicita acoger el presente recurso, declarando improcedente el cobro de la supuesta deuda, y ordenando liberar el pago de los dineros por concepto de pensión, restituyéndose además, debidamente reajustada, toda suma de dinero retenida injustamente, todo con expresa condenación de costas-.

Acompaña documentos con su recurso.

A fojas 78 evacua informe don Patricio López San Francisco, abogado, en representación del Instituto de Previsión Social, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien expone, que el 29 de abril de 2007 falleció el padre de la recurrente, don nombre reservado, pensionado de la ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, ex Caja Ferro en que doña nombre reservado, en su carácter de viuda del Sr. nombre reservado, el 2 de mayo de 2007 completó una Solicitud Única de Beneficios Previsionales, solicitando pensión de viudez y de orfandad, por sí y por sus hijas nombre reservado y nombre reservado, solteras, ambas apellidadas nombre reservado y mediante Resolución N°B-11873 de 12 de diciembre de 2007 de la ex Caja Ferro, se concedió a la Srta. nombre reservado el beneficio de pensión de orfandad a contar del 29 de abril de 2007, con pago a contar del 1 de mayo de 2007, por un monto mensual inicial de $27.872.- Según consta en correos electrónicos que obran en el expediente administrativo, en el año 2013 se detectó que doña nombre reservado aparecía con dos beneficios casi idénticos y el Jefe del Subdepartamento Operaciones de Reparto, del Departamento Gestión de Beneficios, de la División de Beneficios, del Instituto de Previsión Social, por correo de 9 de septiembre de 2013, solicitó investigar la situación y la jefatura mencionada, mediante correo de 23 de septiembre de 2013 dirigido a don nombre reservado, abogado del Departamento de Apoyo Legal, informó que el beneficio de doña nombre reservado. nombre reservado estaba bien concedido, la pensión bien calculada, pero que por un problema administrativo se había generado un segundo registro de pensión. Indicó que se había procedido a cesar una de las dos pensiones y que se iba a hacer el proceso de cobro indebido, por lo que se procedió a emitir la Resolución de Cese de Pensión N° 176.123 de 23 de septiembre de 2013, que declaró caducada la pensión de orfandad de la recurrente, que se venía pagando por Número de Inscripción 121.736.975-5, Grupo de Pago 09 número de Beneficiario 1 y se dejó establecido que debía procederse a practicar la revisión de los antecedentes con el objeto de establecer eventuales cobros indebidos, disponiendo las liquidaciones correspondientes.

Agrega que se procedió a cesar el beneficio a contar del mes de noviembre de 2013 y realizar los cálculos de lo percibido indebidamente por la recurrente durante el período de cinco años anteriores, es decir, por las mensualidades que van desde noviembre de 2008 hasta octubre de 2013, que totalizó $2.021.160, cifra a la cual se rebajó el descuento destinado a cotizaciones de Salud del régimen de FONASA, $141.481, por lo que el saldo adeudado ascendió a $1.879.679 y se procedió a emitir una “Notificación Deuda de Prestaciones de Seguridad Social" dirigida por la Sucursal IPS Coquimbo a doña nombre reservado.

Alega la incompetencia relativa de la Iltma. Corte en razón del territorio, para conocer del recurso, atendido el domicilio del recurrido y lo dispuesto en Código Orgánico de Tribunales en su Artículo 134; cita además lo dispuesto en el artículo 422 del Código del Trabajo. Hace presente que la Ley N ° 20.255, el 17 de marzo de 2008, que creó el IPS, como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, traspasó desde el ex Instituto de Normalización Previsional (INP), todas sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas de la Ley 16.744, encontrándose la dirección superior del IPS a cargo de un Director Nacional, cuyo domicilio domicilio reservado, publicado el 28 de agosto de 1989, aplicable por el artículo 54 de la citada ley 20.255, se encuentra en Santiago, siendo en atención a ello el tribunal competente territorialmente para conocer de este recurso la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Alega, además, la extemporaneidad del recurso, toda vez que la recurrente fue notificada personalmente el día 17 de octubre de 2013, plazo que inevitablemente vencía el 16 de noviembre de ese mismo año, por lo que recurrió fuera del plazo de 30 días.

Aduce falta de idoneidad de la acción de protección constitucional intentada, pues, para obtener o reclamar el pago de una pensión la Ley 20.255, entrega la supervigilancia en estas materias a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

En cuanto al fondo, señala que tampoco se ha infringido norma legal alguna, ya que se reconoce que existió error interno del I.P.S. y no hubo dolo de la recurrente y que se aplicó lo dispuesto en el Manual de Procedimiento denominado "Restitución de Sumas Percibidas por Concepto de Prestación Indebida de Beneficios de Seguridad Social", cuyo procedimiento transcribe.

Como otra razón del rechazo, argumenta que no existe hecho u omisión arbitraria o ilegal, en que hubiese incurrido el IPS y que pudiera ser amparado por nuestra Carta Fundamental, que la institución que representa ha actuado dentro de los márgenes que le ha entregado la ley y porque la pensión en comento se ha pagado normalmente, y de ninguna forma se ha privado del derecho a la seguridad social como pretende la recurrente, puesto que si bien se ha terminado con la duplicidad de pago, se mantuvo la pensión que en derecho correspondía.

Por lo expuesto, concluye solicitando el rechazo del presente recurso.

Acompaña antecedentes con su informe.

A fojas 90, se traen los autos en relación.

A fojas 92 se decreta medida para mejor resolver.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrida ha solicitado en primer término que se declare la incompetencia de esta Corte para conocer el presente nombre reservado, para lo cual se ha fundado en lo dispuesto en el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que, “en general es competente para conocer una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso , el del domicilio del demandado o interesado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y de las demás excepciones legales”. Agregó además como fundamento lo dispuesto en el artículo 422 del Código del Trabajo, que dispone que, “será competente para conocer de estas causas el del domicilio del demandado o el del lugar en que se presten o se hayan prestado los servicios, a elección del demandante, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales”. Hizo presente por otra parte que el recurrido, Instituto de Previsión Social (IPS), de acuerdo a la ley 20.055, que lo creó, tiene su dirección superior a cargo de un Director Nacional, quien es el jefe superior del servicio y tiene la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. Señaló finalmente que de acuerdo al DFL N° 17, publicado el 28 de agosto de 1989, aplicable por el artículo 54 de la Ley 20.255, el domicilio del instituto corresponde a la ciudad de Santiago.

SEGUNDO: Que según expone en su escrito de fojas 4 y siguientes la recurrente, los hechos que habrían producido la afectación de sus garantías constitucionales que menciona, consistieron en haber concurrido a la sucursal de Coquimbo de la Caja de Compensación Los Héroes a fin de obtener el pago de la pensión de orfandad quedada en su favor al fallecimiento de su padre como imponente de la ex Caja Ferro, lugar en que le informaron que dicha pensión estaba siendo retenida por el IPS por motivos desconocidos, ante lo cual se dirigió a la oficina del IPS, ubicada en domicilio reservado, de la ciudad de Coquimbo, donde la asistente social de dicha institución, nombre reservado le informó que su pensión estaba siendo retenida por una deuda de $ 1.879.679 que la recurrente mantenía con el instituto.

TERCERO: Que del motivo anterior se desprende que se recurre en contra de la negativa al pago de la pensión de orfandad de la recurrente, lo que habría tenido lugar en la ciudad de Coquimbo, situación que hace que de acuerdo a lo dispuesto en el N° 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del nombre reservado de garantías constitucionales, sea competente la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el acto o se incurrió en la omisión supuestamente atentatoria en contra de las garantías constitucionales, esto es, la Corte de Apelaciones de La Serena, lo que hace concluir en orden al rechazo de la excepción de incompetencia que se ha hecho valer por la recurrida.

CUARTO: Que la parte recurrida al informar sobre el recurso, a fojas 78 y siguientes, ha planteado la extemporaneidad del mismo, la que ha fundado en que el recurso fue interpuesto el 18 de noviembre de 2013, habiendo quedado acreditado con la documentación acompañada que fue notificada personalmente la recurrente el 17 de octubre del mismo año, fecha cierta en que tomó conocimiento de los hechos materia del recurso, lo que hizo que el plazo venciera el día 16 de noviembre de 2013, todo lo cual ha hecho que en la presentación de tal arbitrio se haya excedido el plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto, que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del nombre reservado.

QUINTO: Que del instrumento que rola a fojas 3, acompañado por la recurrente y que se presenta como una fotocopia de un instrumento atribuido a la recurrida, intitulado, “Notificación Deuda de Prestaciones de Seguridad Social”, el cual no ha sido discutido por ésta última, resulta acreditado que la recurrente tomó conocimiento con fecha 17 de octubre de 2013 de una comunicación que le formuló el instituto recurrido de haber estado percibiendo pensión de orfandad duplicada por los últimos cinco años, esto es, desde el 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2013, lo que ascendió a la percepción indebida de la suma de $ 1.879.679, por lo que se le citó para que dentro de un plazo de 30 días concurriera ante la institución de previsión a regularizar la situación.

Por otra parte del timbre de cargo de la Secretaría de la Corte, puesto sobre el escrito en que se contiene el recurso materia de este procedimiento, en que aparece la fecha 18 de noviembre de 2013, resulta acreditada su fecha de presentación.

SEXTO: Que de lo que se ha tenido por acreditado en el motivo precedente, resulta establecido que entre la ocurrencia del acto reclamado y la presentación del nombre reservado ante la Corte, medió un plazo superior a los treinta días corridos que fija el N° 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del nombre reservado de garantías constitucionales, lo que hace que su interposición haya sido extemporánea, resultando procedente acoger la alegación de la recurrida referente a la extemporaneidad del recurso.

Y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia deducida por la recurrida en lo principal de su escrito de informe que rola a fojas 78 y siguientes; y II.- Que se declara improcedente por extemporáneo el nombre reservado de garantías constitucionales deducido en lo principal del escrito de fojas 4 y siguientes por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Franco.

Rol N° 1514-2013 (Civil).- Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Jaime Franco Ugarte, señor Fernando Ramírez Infante y el abogado integrante señor Reinaldo Villalobos Pellegrini.( No firma el ministro señor Ramírez por encontrarse con permiso, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del recurso).

Jorge Colvin Trucco Secretario

La Serena, veintidós de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.