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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1509-201719 dic 2017

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
19 de diciembre de 2017
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1509-2017, sentencia de 19 de diciembre de 2017

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la Caja de Compensación abstenerse de descontar de las remuneraciones de la recurrente para cobrar un crédito de 2006, por resultar arbitrario e ilegal revivir unilateralmente el cobro tras años de desinterés.

Texto íntegro

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 1509-2017.- La Serena, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que comparece doña nombre reservado, comunicadora empresarial, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado, representada por su Gerente General don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, ambos domiciliados en domicilio reservado, providencia, Santiago.

Explica que en el año 2006 solicitó ante la recurrida un crédito de aproximadamente $2.000.000.-, mientras se desempeñaba como ejecutiva de cuentas para el banco Santander Chile, cargo del cual fue desvinculada ese mismo año, naciendo luego su hijo, motivo por el cual no volvió a trabajar para dedicarse a sus cuidados a tiempo completo. Indica que sólo en el mes de junio del presente año, esto es, once años después de su último trabajo, comenzó nuevamente a desempeñar una labor remunerada para la empresa Seguros Chilena Consolidada S.A. Agrega que en el mes de agosto del presente, recibió un correo electrónico remitido por la recurrida, a través del cual se le indicaba que mantenía dividendos impagos con motivo del crédito otorgado con anterioridad, ofreciéndole posibilidades de normalización, indicándosele, asimismo, la existencia de facultades por parte del empleador de proceder a efectuar los descuentos respectivos de su remuneración.

Alega que la recurrida está amenazando de manera arbitraria e ilegal su derecho de propiedad, consagrado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pretendiendo el cobro de una deuda que se encuentra prescrita, ya sea que se considere la acción cambiaria o bien, deuda previsional. Esgrime que nunca se ejercieron acciones en su contra para exigir el cumplimiento de la obligación y que, pretender ahora el pago, encontrándose la deuda prescrita, implicaría que la recurrida pretende otorgar a dicha obligación el carácter de imprescriptible, lo cual, en su concepto, transgrede abiertamente las disposiciones legales establecidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil. Asimismo, alega que se vulnera la igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos, garantía consagrada en el N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se acoja su acción, ordenándose a su empleador que suspenda el descuento en sus remuneraciones que la recurrida pretende realizar, por tratarse de deudas prescritas, adoptándose, en todo caso, cualquier otra medida con el objeto de garantizar y proteger los derechos vulnerados. Acompaña el correo electrónico que recibió de parte de la recurrida.

Que comparece el abogado Jorge Andrés cerda Godoy, en representación de la recurrida, quien solicita el rechazo de la presente acción. Explica que con fecha 29 de septiembre de 2005 se otorgó a la recurrente un crédito por la suma de $3.267.754, pagadero en 60 cuotas, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de octubre de 2005. Explica que la deudora pagó hasta la cuota N° 5 de dicho préstamo de dinero, ascendiendo la deuda pendiente de pago al 2 de octubre de 2017 a $8.794.809, monto que corresponde a las cuotas en mora ($4.858.994) más el interés penal ($3.644.259) y gastos de cobranza ($291.556).

Alega, primeramente, la extemporaneidad del recurso, toda vez que el primer descuento efectuado a la actora se verificó en el mes de julio del presente año, por lo que la acción materia de autos habría sido deducida extemporáneamente, entendiendo la recurrida que la actora tomó conocimiento en esa fecha del descuento efectuado, desde que se afecta directamente su remuneración mensual. En cuanto al fondo, explica la naturaleza de las cajas de previsión social, las cuales se encuentran actualmente reguladas por la Ley N° 18.833, asignándoseles como objeto genérico la administración de prestaciones de seguridad social y estableciéndose sus funciones en los artículos 19 y 21 de la ley antes indicada. Agrega que, dada la naturaleza de entidad de previsión social, el legislador consideró necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. De esta manera, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, en razón de esta normativa, las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que sólo pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. De esta forma, alega que el descuento efectuado ha sido solicitado en ejercicio de los derechos que la ley y los acuerdos establece, en cumplimiento de su obligación legal e irrenunciable de cautelar el fondo social de su representada.

En relación a la alegación de la recurrente en cuanto a que la acción se encontraría prescrita, alega que según lo disponen los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, sin que opere de pleno derecho como pretende hacerlo valer la actora, por lo que, esgrime, que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado de un tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible, no siendo, en todo caso, esta vía cautelar la idónea para discutirlo. Que este razonamiento ha sido, además, sostenido por la Superintendencia de Seguridad Social, la cual ha declarado en ordinario N° 034440 de 22 de septiembre de 2009 que mientras la prescripción no sea declarada por los Tribunales, el acreedor puede válidamente cobrar su crédito.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad:

PRIMERO: Que la recurrida ha alegado la extemporaneidad de la acción deducida en su contra, toda vez que indica que el descuento en la remuneración de la actora se verificó en el mes de julio de 2017, oportunidad en la que necesariamente ésta debió tomar conocimiento del hecho ahora impugnado, excediendo el plazo de interposición de treinta días establecido por el Auto Acordado que rige esta materia.

SEGUNDO: Que, al efecto, es necesario tener en consideración que la recurrente indica haber tomado conocimiento del acto recurrido a través del correo electrónico que acompaña, el cual fue enviado con fecha 7 de agosto de 2017 y, constando que el presente arbitrio fue interpuesto el 11 de agosto de 2017, es decir, dentro del plazo establecido al efecto.

TERCERO: Que, a mayor abundamiento, la recurrida no ha acompañado ningún antecedente que dé cuenta de la fecha exacta en que se efectuó el cuestionado descuento, limitándose a indicar que el mismo se practicó en la remuneración del mes de julio, sin indicar día exacto, pudiendo contabilizarse el plazo hasta el último día de dicho mes, circunstancia que determina que el recurso, asimismo, fue interpuesto dentro de plazo, resultando que la alegación de extemporaneidad será desestimada, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

II.- En cuanto al fondo:

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

QUINTO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con la amenaza a través del correo electrónico remitido a la actora, de efectuar retención en la remuneración de la actora por parte de la Caja de Compensación Los nombre reservado por sumas de dineros correspondientes a cuotas del crédito adquirido con dicha entidad durante el año 2006 y que, a juicio de la recurrente, estarían prescritos. Al informar la recurrida señala que efectivamente se ha efectuado descuentos en la remuneración de la actora, en el mes de julio del año en curso, aunque sin acompañar antecedente alguno que acredite su aserto.

SEXTO: Que las partes no controvierten la existencia del crédito otorgado por la recurrida a doña nombre reservado, durante el año 2005, según lo ha señalado expresamente la recurrida en su informe. Ahora bien, se desprende de los hechos descritos en la acción incoada, que dichos créditos no han sido pagados en su totalidad, toda vez que, tal como lo detalla la propia recurrida, sólo se cancelaron las cinco primeras cuotas del total de 60 pactadas, esto es, sólo se pagó hasta la cuota del mes de febrero de 2006, pago efectuado en el mes de mayo de 2006, conjuntamente con la cuota del mes de enero de dicho año.

SÉPTIMO: Que habiendo caído en morosidad la recurrente durante el mes de febrero de marzo de 2006 en adelante, al vencimiento de la cuota 6ta. del crédito en cuestión, y habiendo vencido la última cuota del crédito el 30 de septiembre de 2010, conforme al plazo estipulado para el pago del mismo, según lo sostenido por la Caja de Compensación Los nombre reservado, es menester concluir que las acciones para exigir el cumplimiento de dicha obligación se encontraban prescritas.

OCTAVO: Que si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 señala que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora…”, no cabe duda que dicha norma es aplicable sólo a aquellas deudas que son exigibles, puesto que se deprende con nitidez que el objetivo de dicha disposición legal es facilitar y garantizar a las Cajas acreedoras el cobro de sus acreencias, pero de ninguna manera transformar tales obligaciones en imprescriptibles, puesto que si ese hubiese sido el objeto, el legislador debe haberlo dicho de manera expresa, puesto que, además de erigirse en una situación excepcionalísima, frente al silencio del legislador rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones (Corte Apelaciones de Temuco, Rol N° 5127-2016, considerando cuarto).

NOVENO: Así las cosas, tratándose de obligaciones respecto de las cuales la Caja de Compensación Los nombre reservado carece de acciones para exigir el cobro de las mismas, puesto que ellas se encuentran prescritas como se ha venido señalando, forzoso es concluir que también se ha extinguido su potestad de hacerse pago de esas acreencias a través del mecanismo de descuento previsto por el artículo 22 de la Ley Nº 18.833.

DÉCIMO: Que, por lo razonado precedentemente, cualquier descuento que se hiciera o se pretendiere hacer en las remuneraciones de la Sra. nombre reservado por la empleadora Seguros Chilena Consolidada S.A., efectuado en favor de la recurrida para hacerse pago de las cuotas pendientes del crédito que se encontraba en mora hace más de 10 años, resulta ser ilegal.

UNDÉCIMO: Que esa acción ilegal vulnera el derecho de propiedad de la recurrente consagrado en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de La República, por lo que corresponde a esta Corte, por la vía de acoger el recurso deducido, restablecer el imperio del derecho y disponer de inmediato las providencias que aseguren la debida protección de la afectada.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, la conducta de la recurrida resulta también arbitraria, toda vez que, en circunstancias que la última cuota pagada del crédito que ahora pretende cobrar, lo fue en el mes de mayo de 2006 (y que correspondía al mes de febrero de dicho año); en consecuencia, hasta la fecha en que se remite el correo electrónico a la recurrente, indicándole que se pretendía realizar el cobro del saldo insoluto, por lo demás por un monto notoriamente superior al que primitivamente se adeudada, habían transcurrido más de 10 años desde la fecha del último pago, sin que durante todo ese tiempo, la entidad acreedora haya acreditado haber realizado siquiera una acción, judicial o extrajudicial, que pusiera en evidencia su intención de obtener el pago de lo adeudado por parte de la recurrente, teniendo para ello tiempo suficiente y también los medios legales idóneos para tal efecto. La recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección. Todo, sin perjuicio de perseguir el pago por los medios legales ordinarios (Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 68.700-2016, considerando tercero).

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto de la vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, en cuanto a que la Constitución garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y que toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, que también denuncia como vulnerada la actora en su recurso, será desestimada, toda vez que no se explica en su libelo la forma en que las conductas de la Caja de Compensación recurrida afectan dicha garantía constitucional.

Por estas consideraciones, lo establecido en el artículo 19 N° 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado, en cuanto:

I.- Se ordena a la recurrida abstenerse de efectuar descuentos de las remuneraciones de la recurrente para hacerse pago del crédito en referencia.

II.- Deberá la recurrida oficiar a la empleadora de la recurrente, Seguros Chilena Consolidada S.A., para que se abstenga de efectuar cualquier descuento en las remuneraciones de la actora en favor de la Caja de Compensación la Araucana, tan pronto como la presente resolución quede ejecutoriada.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° Civil-1509-2017.

Pronunciada por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros señor Humberto Mondaca Díaz, señor Christian Le-Cerf Raby y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. (No firma señor nombre reservado por encontrarse con feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa).

En La Serena, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.