nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso De Protección Rol N°1504-2024 La Serena, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparecen Alejandro Ignacio Espinoza Espinoza, abogado, y Matías Piquer Franco, abogado, y deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Señalan que nombre reservado, ciudadano venezolano, presentó una solicitud de residencia temporal el 22 de diciembre de 2023 y que, a pesar de haber transcurrido más de ocho meses desde dicha solicitud, aún no ha recibido respuesta del Servicio Nacional de Migraciones sobre su aceptación o rechazo, figurando únicamente en la plataforma en "Etapa de Resolución", excediendo así los plazos legales de manera excesiva y desproporcionada.

Sostienen que esta demora le provoca graves perjuicios al recurrente, impidiéndole acceder a una situación migratoria regular y manteniéndolo en constante intranquilidad e incertidumbre, al no poder planificar y proyectar su vida en el país. Refiere que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, al no poder ejercer sus derechos como otros extranjeros en su misma situación, quienes sí obtuvieron un pronunciamiento de la autoridad sobre sus solicitudes.

Refieren que el procedimiento establecido para las solicitudes de residencia temporal es de carácter administrativo, conforme al artículo 3° de la Ley 19.880, y que el Servicio Nacional de Migraciones debe ceñirse a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contradicción y economía procedimental, transparencia y publicidad establecido en el artículo 16 de la Ley 19.880, que promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones adoptadas por los órganos de la Administración del Estado. Señala que el artículo 11 establece el principio de imparcialidad, obligando a la Administración a actuar con objetividad y a expresar los hechos y fundamentos de derecho en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares.

Afirma que, en el presente caso, al no haberse emitido ninguna resolución ni proporcionada información respecto de la solicitud del recurrente, no es posible observar ni cuestionar los fundamentos de una decisión que debería estar bajo control jurisdiccional.

Por lo expuesto, solicitan que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones resolver la solicitud de residencia temporal del recurrente, otorgándole sin más demora el permiso solicitado o las medidas que el tribunal considere pertinentes o razonables.

SEGUNDO: Que, a folio 4, informa el recurso Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que, según consta en los registros del Servicio Nacional de Migraciones, el recurrente nombre reservado, el 22 de diciembre de 2023, realizó una solicitud de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile a través de la plataforma de trámites electrónicos, la cual se tramita bajo el ID N°68761588.

Afirma que dicha solicitud se encuentra actualmente en trámite, en etapa de análisis jurídico. Agrega que, el recurrente puede acceder a un certificado que acredita esta situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones “tramites.extranjeria.gob.cl”.

Destaca que, en virtud de lo anterior, el recurrente mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo ingresar y egresar del país sin limitaciones y transitar libremente, por lo que no existe conducta alguna que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Señala que la regularidad en el país del recurrente se fundamenta en el artículo 38 de la Ley N°21.325, el cual indica que los extranjeros con certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, aun cuando su permiso de residencia haya perdido vigencia, por lo que queda de manifiesto que la libertad personal del recurrente no se encuentra amenazada, restringida ni conculcada por acción u omisión del Servicio.

Concluye señalando que, en virtud de lo expuesto y considerando que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado conforme a la Constitución y a las normas legales, no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional de protección interpuesta, así como el rechazo a la condena en costas.

A folio 9, agrega que actualmente la solicitud se encuentra en etapa resolutiva, encontrándose pendiente el informe de la Policía De Investigaciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia temporal presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, no se evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, en los términos que aduce el recurrente, toda vez que consta que la solicitud de residencia definitiva fue realizada el 22 de diciembre de 2023, encontrándose actualmente en etapa de solicitar informe de la Policía de Investigaciones.

OCTAVO: Que en dicho sentido, no se advierte en su tramitación una dilación excesiva que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, máxime considerando que es un hecho público y notorio la crisis migratoria que ha afectado al país este último tiempo, lo que ha generado un aumento de trabajo de los organismos administrativos vinculados al tema, lo que, unido al retraso que generó la contingencia sanitaria relacionada a Covid-19 para toda la ciudadanía y organismos estatales, se entiende que las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, no se ve, en este caso, conculcada, desde que no importa una discriminación en contra de quien recurre en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han presentado solicitudes ante la autoridad migratoria.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1504-2024 Protección.-.