Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida

Fundación Valídame C.C.A.F. Los Héroes Recurso de protección Rol N°1502-2024.- La Serena, dieciséis de enero dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Fundación Valídame, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida; Caja de Compensación y nombre reservado y Caja de Compensación y nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario no haber pagado las cotizaciones previsionales de la trabajadora en la planilla definida en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, bajo el procedimiento allí establecido, en cuanto a que las personas afiliadas al sistema de pensiones tendrían derecho a percibir como pensión de invalidez total definitiva el 70% del promedio del ingreso base previsional, que se construye con el promedio de las 120 rentas imponibles, incluyendo los subsidios por incapacidad laboral, licencias médicas, pagadas o no pagadas, previas a la solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez de los artículos 4 y 11 del Decreto Ley N°3500, de 1980, lo que compromete las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que no se han pagado más de 18 licencias médicas, a pesar de que se solicitó expresamente a las recurridas, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Caja de Compensación y nombre reservado y Caja de Compensación y nombre reservado, el pago efectivo de las mismas en enero de 2020, mediante oficios remitidos por la Fundación, sin que a la fecha se haya obtenido el resultado de la aplicación estricta de la legislación vigente y menos que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., haya realizado los juicios de cobranza a la que se encuentra obligada legalmente.

Manifiesta que la trabajadora en favor de quien se recurre fue declarada invalida parcial transitoria, primeramente, mediante resolución ejecutoriada de 13 de marzo de 2019, la que luego de un proceso judicial, en el que se dispuso una nueva evaluación, finalmente derivó en su declaración de invalida total y permanente, con un porcentaje de 70% de menoscabo laboral.

Expone que a pesar de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acogió una serie de licencias médicas, el pago de las mismas no se ha hecho efectivo, o si se ha hecho, ha precarizado su renta imponible, beneficiando a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., contratante de la póliza del seguro de invalidez y sobrevivencia, efectuando un aporte adicional precario, en relación al derecho que le asiste a la trabajadora siniestrada. Los mismo acontece con las Cajas de Compensación, al pagar subsidios de valor inferior a la renta actualizada de la trabajadora, solucionando cotizaciones en planilla distinta a la reglada, precarizando de por vida el ingreso de la actora, que de acuerdo a lo dispuesto por el legislador, no puede ser inferior al 70% del ingreso base señalando.

Explica que lo relatado vulnera el derecho a la integridad física y psíquica y de propiedad, al retenerse sin justificación alguna el subsidio económico imprescindible para enfrentar la incapacidad laboral que tiene como efecto la disminución de la capacidad de trabajo y consecuencialmente la posibilidad de generar el sustento necesario.

Culmina solicitando que la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. deberá, en el ejercicio de sus facultades, realizar los cálculos de los montos adeudados a la actora, por todas las recurridas, recuperar todos los recursos adeudados mediante los juicios de cobranza que procedan; promover los juicios de ese tipo con libelos idóneos; realizar los recálculos del ingreso base, de pensión de invalidez total definitiva y pagar las diferencias retroactivas desde la fecha del devengo a la presentación de la solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez de los artículos 4 y 11 del Decreto Ley N°3500, de 1980, de la actora. En lo que respecta a las recurridas Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., Cajas de Compensación Los Andes y Los Héroes, requiere, respectivamente, que una vez calculado el monto de lo adeudado, deban enterarlo en la Administradora de afiliación de la actora, la que deberá acreditarlo en la cuenta de capitalización individual de la recurrente, en el plazo que se determine; realizar el correspondiente pago de lo adeudado, informando detalladamente cada uno de los ítems reclamados, subsidios, intereses y reajustes de cotizaciones calculados en planilla correcta y comunicarlo a la Superintendencia de Pensiones para la fiscalización y supervisión del recálculo del ingreso base previsional, con costas.

Acompaña al recurso: 1. Liquidación pago de pensión agosto 2024; 2. Estatutos vigencia; 3. Plana ejecutiva Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A; 4. Plana ejecutiva Caja Los Andes; 5. Plana ejecutiva Caja Los Héroes.

Luego, a folio 4, cumpliendo lo ordenado por esta Corte, el recurrente señaló que todas las recurridas, sin excepción, han vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, respecto a la situación previsional de la afiliada y otros trabajadores a quienes en otras administradoras, se les enteran sus cotizaciones previsionales tal y como se encuentra reglado, en planilla correcta, establecida en el Compendio de Normas para pago de subsidios atrasados, dando como resultado la obtención de un pago de pensión proporcional a sus ingresos correctamente registrados, por pago de cotizaciones de forma adecuada, impetrados dichos pagos de cotizaciones en la fecha de devengamiento de la renta imponible, mes y año, con los intereses y reajustes corrientes, calculado según lo establecido por el legislador; de propiedad, al no enterar aquellos recursos establecidos por el legislador de la forma que este estableció, impidiendo que lleguen a la trabajadora afiliada cuyos requisitos reúne; y a la vida, al tratarse de persona enferma permanente, amenazada por la precariedad del ingreso fijado por las acciones u omisiones de las recurridas que han amenazado su integridad física y psíquica, al precarizar artificialmente la existencia mediante menores ingresos a lo establecido por el legislador para una persona inválida total definitiva, bajo mecanismos artificiosos cómo el no pago de subsidios, de cotizaciones en planillas regladas que calculan intereses, multas, y reajustes, cuando los pagos se hacen de forma desfasada o atrasada, incluyendo con estas acciones el impedimento de adquisición de los tratamientos médicos a los que puede acceder con recursos y resguardar eficientemente sus vida, asunto que no se puede realizar con eficiencia, dada la limitación artificiosa sobre sus bienes corporales e incorporales.

Puntualiza, asimismo, que los hechos reclamados tienen relación con la pensión de invalidez total definitiva N°56717783, que actualmente percibe la trabajadora en favor de quien se recurre y paga mensualmente la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., bajo la modalidad de retiro programado, cuyo último pago recibido se materializó el día 20 de agosto de 2024, dejando de manifiesto que no se ajustaría al 70% del ingreso base, de una persona que ejercía como docente.

SEGUNDO: Que a folio 30, comparece la Caja de Compensación y nombre reservado, solicitando se deje sin efecto y anule el recurso en lo que a su respecto refiere, con costas, atendido que su objeto son 18 licencias médicas cuyos períodos de reposo transcurren entre el 2 de noviembre de 2017 y el 30 de marzo de 2022, en circunstancias que la trabajadora dejó de estar afiliada a su institución el 28 de febrero de 2017, motivo por e que no tuvo ni tiene ninguna injerencia y participación en la tramitación y pago de los subsidios de incapacidad laboral que generan las licencias médicas que la Fundación Valídame reclama en el presente arbitrio.

Acompaña a su informe certificado de subsidio de incapacidad laboral, de 21 de noviembre de 2024, extendido por el Jefe de Fondos Nacionales de la Caja de Compensación de nombre reservado.

TERCERO: Que a folio 31, comparece la Caja de Compensación y nombre reservado, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso intentado.

Argumenta que recepcionó y dispuso los procedimientos administrativos habituales, para la tramitación en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Metropolitana, para las licencias médicas N°4-9448988, 3-3168450, 4-2830641, 4-2739759, 4-2639240, 4-2538526, 4-2436977, 4-2251632, 4-2144708, 4-1692744, 4-1632372, 2-55473622, 1-38199458, 2-52064199, 1-37966307, 1-36736687, 1-37476633, 1-37476552, 1-37319942, 1-37319921, 1-37322108, 1-36853179, 1-36608021, 1-36602933, 1- 36602878, 1-36602903, por el periodo discontinuo que va desde el 15 de marzo de 2017 hasta el 1 de marzo de 2022.

A su turno, añade que una vez autorizadas, las licencias médicas N°4-9448988, 3-3168450, 4-2830641, 4-2739759, 4-2639240, 4-2538526, 4-2436977, 4-2251632, 4-2144708, 4-1692744, 4-1632372, 2-55473622, 1- 38199458, 2-52064199, 1-37966307, 1-36736687, por la referida Comisión, procedió a generar los subsidios respectivos, los que fueron pagados mediante transferencia bancaria.

Ahora bien, respecto a las Licencias N°1-37476633, 1-37319942, se recepcionó la resolución recházase, por los motivos: “iniciar trámite de jubilación” y “falta documentación solicitada”, respectivamente.

Finalmente, en cuanto a las licencias N°1-37476552, 1-37319921, 1-37322108, 1- 36853179, 1-36608021, 1-36602933, 1-36602878, 1-36602903, se recibió la resolución “retenida acudir a Compin”.

Acompaña a su informe histórico licencias médicas.

CUARTO: Que a folio 37, comparece la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., pidiendo el rechazo, con costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, por cuanto no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, respecto de la solicitud de la recurrente, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente.

Afirma que en el caso de marras no existe un derecho indubitado, sino que uno controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

Menciona el historial de la recurrente, refiriendo que la Comisión Médica Central emitió Resolución N°C.M.C.1972/2019, que anuló la Resolución anterior N°C.M.C.12864/2019 y confirmó el Dictamen Nº005.1982.2019, declarando que procede a otorgar invalidez definitiva total, con una incapacidad global del 67%, pronunciamiento que quedó ejecutoriado y fue notificada a la Administradora.

Señala que el 22 de abril de 2022 se calculó un ingreso base de 13,30 Unidades de Fomento y una pensión de referencia de 9,31 Unidades de Fomento –70% del ingreso base– que consideró las rentas y/o subsidios por incapacidad acreditadas a la fecha de cálculo, considerando 120 períodos desde el mes anterior a la fecha de siniestro.

Indica que el 11 de mayo de 2022 se abonó a la cuenta de capitalización individual el monto de 1229.58 cuotas del Fondo D, correspondiente a aporte adicional.

Expresa que el 6 de junio de 2022 fue emitido el certificado de saldo, por un monto total de 2.017,49 Unidades de Fomento, realizándose una reliquidación para este trámite, dado que se abonaron pagos de licencia en la cuenta de la afiliada.

Manifiesta que en el primero cálculo del ingreso base se consideraron 269 rentas y/o subsidios por incapacidad laboral y en la reliquidación 282.

Continúa refiriendo que el 15 de noviembre de 2023 se recalculó el ingreso base, resultando un monto de 13,88 Unidades de Fomento y una pensión de referencia de 9,72.

Acota que a fines de 2023 se abonaron cotizaciones originadas en pagos atrasados de licencias médicas de períodos devengados anteriores.

Alega, finalmente, inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria; agravio; y privación, perturbación o amenaza a las garantías tuteladas por la Carta Fundamental en la acción impetrada.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, asimismo, conviene tener presente que el arbitrio de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos indubitados, circunstancia que no se verifica en la especie, dado que para la declaración que por esta vía se pretende, esto es, determinar que no se han pagado las cotizaciones previsionales de la trabajadora en la planilla definida en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, bajo el procedimiento allí establecido, ello en consideración a que las personas afiliadas al sistema de pensiones tendrían derecho a percibir como pensión de invalidez total definitiva el 70% del promedio del ingreso base previsional, que se construye con el promedio de las 120 rentas imponibles, incluyendo los subsidios por incapacidad laboral, licencias médicas, pagadas o no pagadas, previas a la solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez de los artículos 4 y 11 del Decreto Ley N°3500, de 1980, no es posible efectuar, por cuanto no se allegaron a esta sede antecedentes que permitan establecer de manera indubitada que el cálculo que se ha realizado es erróneo, de manera tal que resulta palmaria la existencia de una controversia que impide la concurrencia de los presupuestos exigidos en el presente arbitrio. A lo anterior, debe adicionarse que las peticiones concretas del libelo recursivo exceden con creces los márgenes de la acción cautelar de emergencia como la de marras, motivos por los que se rechazará el arbitrio intentado conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por la Fundación Valídame en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida; Caja de Compensación y nombre reservado; y Caja de Compensación y nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1502-2024 Protección.-