Protección contra DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN

nombre reservado, nombre reservado

Departamento de Extranjería y Migración Recurso de Protección Rol N° 150-2022.- La Serena, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 07 de febrero de 2022, comparece el abogado Juan Pablo Collao Arenas, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, con domicilio en con domicilio en domicilio reservadoº Piso –no se indica comuna- por la dictación de la resolución Exenta N° 84360 de fecha 11 de mayo de 2020, de la cual toma conocimiento el 08 de enero de 2022, que rechaza solicitud de permanencia definitiva, por vulnerar el principio de igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Relata que el recurrente ha solicitado en diversas oportunidades la notificación de la resolución exenta de su solicitud de Permanencia Definitiva, a través del Portal de Transparencia y solicitud hecha ante la Contraloría General de la República, ante lo cual le indicaron que no podía ser remitida copia del referido acto administrativo, hasta cumplirse con la respectiva notificación legal.

En ese estado, incluso en fecha más reciente, mediante Resolución Exenta N° 28450020 del 11 de Diciembre de 2021, se aprueba el avance de solicitud de permanencia definitiva del recurrente a la etapa de “Análisis Resolutivo”.

Sin embargo, posteriormente el Departamento de Extranjería y Migración puso a disposición del recurrente en la plataforma digital dispuesta para el seguimiento de trámites y al cual se ingresa con datos personales y clave única de cada extranjero, el Estampado Electrónico de un visado temporario, esto antes de haber sido legalmente notificado de la causal que rechaza su solicitud de Permanencia Definitiva, lo que le generó confusión y gran incertidumbre sobre su situación y procedió a consultar vía telefónica a la autoridad migratoria en fecha al día siguiente, es decir, en fecha 08 de enero de 2022, acerca del contenido y alcance de dicho estampado, siéndole informado que siendo que su solicitud de Permanencia Definitiva había sido rechazada, se la había otorgado este visado en subsidio, lo cual hasta ese momento era un hecho totalmente desconocido por el recurrente pues como ya se indicó, no ha sido legalmente notificado del referido acto, por lo que había procedido a activarlo el día anterior, es decir, en fecha 07 de febrero de 2020, desconociendo las consecuencias que ello conllevaba.

Agrega que en nuestro ordenamiento jurídico se consagra que, los plazos para impugnar cualquier acto administrativo deben computarse a partir de que los administrados hayan sido legalmente notificados, siendo ésta la oportunidad en la que surgen para éstos una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional de dichos actos.

En este sentido, el hecho de que el recurrente haya activado el Estampado Provisorio Electrónico, antes de haber sido notificado, no puede de ninguna manera coartar su derecho a recurrir e impugnar la Resolución Exenta antes citada, dado que pensar lo contrario significaría un menoscabo a sus derechos, por cuanto, la actitud de la recurrida al sólo poner en conocimiento del recurrente dicho estampado, sin anexarle la Resolución Exenta que detalla los motivos de rechazo de su solicitud, deja de manifiesto su intención en miras a que el recurrente proceda a realizar el Estampado y con ello pierda la oportunidad de ejercer los recursos correspondientes en contra del Rechazo de su solicitud de Permanencia Definitiva.

Respecto a las razones por las cuales la recurrida habría procedido a rechazar su solicitud, solo se le informó al recurrente de forma verbal, que se había considerado que el recurrente dentro del periodo de su visa temporaria no había acreditado poseer estabilidad económica, cuando tal como ya fue señalado, lo cierto es que el recurrente cumplió con todos los requisitos legalmente establecidos.

En definitiva, de conformidad con todos los hechos anteriormente narrados, dice que han quedado en evidencia los actos ilegales y arbitrarios por parte del Departamento de Extranjería y Migración, en primer lugar, al rechazar la solicitud de permanencia definitiva del recurrente de manera arbitraria e ilegal sin haber procedido a notificar legalmente el referido acto administrativo, y aun cuando el cumple con todos los requisitos de procedencia; y en segundo lugar, al poner a disposición de éste, una Visa Temporaria con una vigencia que de forma clara viola lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de Extranjería, pretendiendo con ello que el recurrente pierda la continuidad de su visa anterior, y su derecho a recurrir contra el acto administrativo que rechaza su solicitud.

Dice que el procedimiento establecido para las solicitudes de Permanencia Definitiva en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la ley 19.980, por lo que no sólo deben sujetarse a las normas antes señaladas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a la citada ley 19.880, ello en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Departamento de Extranjería y Migración, el cual debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental.

Acusa que en el presente caso, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que el Departamento de Extranjería y Migración, ha desconocido la aplicación de estos principios, en tanto dilató la decisión de la solicitud de Permanencia Definitiva presentada por el recurrente por más de dos años, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

Pero es que, además, una vez que se le ha notificado al recurrente que su solicitud ha sido resuelta disponiendo el rechazo de esta y requiriendo que en consecuencia estampe la nueva visación que le ha sido otorgada en subsidio, surgen para él, una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional de estas decisiones, revisión que constituye el fundamento principal de la presente acción constitucional.

En el presente caso, la resolución impugnada, no solo constituye un acto ilegal, sino que además resulta arbitraria, puesto que la ausencia de motivos que justifiquen la determinación en ella contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad, no tomando en consideración el carácter indefinido de su contrato de trabajo, la antigüedad en el empleo, etc.

Asimismo, los elementos de juicio expuestos dejan en evidencia los problemas de motivación que afecta al acto recurrido, siendo que la fundamentación del acto administrativo es un elemento de su esencia, cuya existencia siempre está bajo el control jurisdiccional.

Así las cosas, acusa que el acto administrativo recurrido fue dictado prescindiendo de las normas y principios que deben regir todo procedimiento administrativo, es decir, en plazos claramente desproporcionados y contrarios a la celeridad, sin fundamento plausible, y violando las más básicas reglas de notificación, y con ello de publicidad y transparencia.

Agrega que el presente caso la facultad de rechazar la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente, fue ejercida por la autoridad migratoria en forma ilegal y arbitraria, siendo que este demostró cumplir con los ingresos económicos mínimos y necesarios para no ser considerado como una carga para el país, además cumplió con toda la documentación exigida, y en caso que la autoridad migratoria considerara lo contrario, debió otorgarle un plazo para subsanar la falta o acompañar los documentos faltantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880.

En consecuencia, el recurrente ha demostrado que en ningún caso se ha constituido como una carga social para el Estado chileno.

Afirma que en el presente caso, la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias les fue otorgada la Permanencia Definitiva, y en caso de requerir la autoridad migratoria documentación adicional o complementaria, ésta les fue comunicada a través de notificaciones de subsanación dictadas en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, incluyendo información relativa a sus ingresos económicos con el fin de actualizar la enviada inicialmente, con ocasión al lapso de tiempo transcurrido en sus tramitaciones.

Finalmente solicita:

(l) Dejar sin efecto la Resolución exenta N° 84360 de fecha 11 de mayo de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, a través de la cual se rechaza la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente nombre reservado, antes individualizado, ordenando a “la recurrida”, dictar nueva resolución en el plazo más breve, determinando que han sido cumplidos todos los requerimientos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, para otorgar el beneficio solicitado.

II) En consecuencia, se deje sin efecto, a su vez, el Estampado Electrónico N° 203201, activado por el recurrente nombre reservado, sin haber sido legalmente notificado del rechazo de su solicitud de Permanencia Definitiva.

III) Que en caso de que el Departamento de Extranjería y Migración requiera la subsanación de la solicitud presentada por el recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se le ordene dictar sin más demora y en un plazo perentorio, la resolución que en derecho corresponda una vez subsanada en el plazo otorgado, la referida solicitud.

IV) Que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña: 1.Visa temporaria; 2.Cédula de identidad y 3.Solicitud de Permanencia Definitiva.

SEGUNDO: Que, a folio 15, con fecha 11 de marzo del año en curso, informando por la recurrida, comparece la abogada Camila Cortés Palma, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que con fecha 21 de abril de 2019 el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva ante esta Autoridad Migratoria y que contra la presentación de su solicitud se emitió comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite.

Luego, por resolución exenta N°84.360, de fecha 11 de mayo de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, procedió a rechazar permiso de permanencia definitiva y en subsidio otorgar visa temporaria, encontrándose por tanto en situación migratoria regular en el país.

Agrega que se notificó al recurrente con fecha 11 de mayo de 2021 la Resolución Exenta citada en el párrafo anterior y que se encuentra emitida la orden de giro para que efectúe el pago correspondiente. Vale hacer presente que una vez que efectúe el pago respectivo podrá descargar el estampado electrónico.

Lo anterior determina que el recurrente de marras mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, no existiendo actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales.

Le parece curioso a la autoridad migratoria que el recurrente señale el desconocimiento del rechazo de la solicitud de permanencia definitiva, sin embargo, fundamenta latamente en su recurso que si tiene capacidad económica para poder residir en el país sin ser una carga para Chile, el cual fue el motivo del rechazo del beneficio migratorio de permanencia definitiva y en subsidio que se otorgara visa temporaria.

Por otra parte afirma que el extranjero ya realizó el pago y estampo la visa temporaria en subsidio que se le otorgó, esto según lo señalado en su recurso, es decir, estuvo de acuerdo con la decisión de esta autoridad migratoria, por lo que al menos pareciera que la contraria se arrepintió de la decisión tomada, por la cual hoy recurre ante esta Corte para dejar sin efecto un acto de la autoridad migratoria que fue convalidado por el recurrente por su propia voluntad.

Enseguida indica que el 22 de noviembre de 2022 (sic), mediante providencia N°10.900 se ordena archivar la solicitud de permanencia definitiva, toda vez que, el recurrente tiene una visa vigente por estampar.

Alega que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad han sido con fundamento y estricto apego a las normas especiales del procedimiento de marras, como son el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N°597, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

En efecto, y en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, se desprende que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales incoadas.

Acompaña: 1. Copia de Resolución Exenta N°84.360 de fecha 11 de mayo de 2021, que rechaza beneficio migratorio de permanencia definitiva y otorga visa temporaria: 2. Copia de Notificación N°35.046 de fecha 11 de mayo de 2021, la cual notifica Resolución Exenta que rechaza permanencia definitiva y otorga visa temporaria; 3. Copia de providencia N°10.900 de fecha 22 de noviembre de 2021 TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Extranjería –antes Departamento de Extranjería-, por la dictación de la Resolución Exenta N°790, pronunciada el 04 de enero de los corrientes, mediante la cual se rechaza la solicitud de permanencia definitiva requerida por el actor, por "no registra ingresos económicos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2020, y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social" pese a que durante la tramitación del permiso migratorio, nunca se les envió una solicitud de subsanación o complementación de información.

SEXTO: Que, para resolver la presente materia en discusión, es importante destacar que los actos impugnados corresponden a actos administrativos, en los cuales la motivación es un elemento fundamental, el que debe ceñirse a la realidad fáctica en la cual se desenvuelven.

Igualmente, están regidas las autoridades que los dictaron por los principios contenidos en las bases que rigen los procedimientos administrativos, en particular, en este caso, a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental.

SÉPTIMO: Que también es importante tener presente que el artículo 135 del Reglamento de Extranjería, en su segundo inciso establece que “se podrá requerir al extranjero que comparezca personalmente ante la autoridad receptora o que envíe documentación pertinente para el análisis de su solicitud”, lo que concede a la autoridad la posibilidad de solicitar y requerir documentos adicionales para el análisis de la petición, disponiendo que, en caso de incumplimiento del extranjero dentro del plazo señalado, se permitirá a la autoridad actuar conforme a los artículos 136 y 138 N°5 del Reglamento, esto es, rechazar la solicitud.

Que lo anterior, además debe concordarse con el artículo 31 de la ley 19.880, que establece lo siguiente “Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

OCTAVO: Que consta en autos, que el actor requirió el 01 de abril de 2019 la permanencia definitiva en nuestro país, acogida a trámite en la misma fecha y rechazada en la resolución de 11 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta 84.360.

Asimismo, consta en la aludida resolución de rechazo, que el extranjero cumplía con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso primero de su Reglamento.

NOVENO: Que, por un lado, se desconoce por el actor la efectividad de haber notificado la recurrida la referida resolución que pone término a la petición migratoria en análisis, y sobre el punto la emplazada no ha acompañó antecedente alguno que ilustre la fecha y forma en que acusa haber notificado al actor de la decisión de rechazar la permanencia definitiva, es más, se han acompañado antecedentes que demuestran que a diciembre de 2021, la petición migratoria se encontraba en etapa de “análisis resolutivo”, lo que demuestra, a lo menos, una incongruencia en la información entregada por el Servicio de Migración, que per-se pugna con los principios que informan la tramitación de los procedimientos administrativos.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, habiéndose reprochado el contenido de la decisión denegatoria al momento de presentar el recurso, lo que supone, su conocimiento, a lo menos a la fecha de interposición del arbitrio en análisis, se procederá a examinar el contenido de la referida decisión, para determinar si la misma y la tramitación que le precede, genera alguna actuación arbitraria o ilegal que afecte derechos del actor.

UNDÉCIMO: Que así las cosas, en la situación de autos, resulta claro que la recurrida incumplió la normativa referida precedentemente, puesto que habiéndose acogido a tramitación la solicitud de permanencia definitiva del actor, la que como se dijo cumplía con los requisitos reglamentarios, no obstante que en el prologado tiempo de tramitación, no se le requirieron antecedentes complementarios que, si se consideran los documentos que han sido acompañados con el recurso, resultaban de fácil obtención para acreditar cómo su situación de estabilidad laboral y por ende económica, se asentaba.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, como consecuencia de todo lo anterior, el acto administrativo impugnado, en su carácter de acto terminal, ha devenido en vulneratorio de la garantía constitucional prevista en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley, tal como se acusa en el recurso, desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado al recurrente en la tramitación de su solicitud, obrar que no ha podido acontecer en casos similares, de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia, por lo que deberá ser acogida la acción deducida en los términos que se señalarán en lo resolutivo, teniendo en consideración que no corresponde a esta Corte determinar la pertinencia de otorgar la residencia definitiva, sino disponer las providencias necesarias para dar debida protección a las garantías fundamentales del afectado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se decide que:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y en contra del Servicio Nacional de Extranjería, y en consecuencia dejándose sin efecto la Resolución Exenta N°84.360 de fecha 11 de mayo de 2020 y a través de la cual se rechaza la solicitud de permanencia definitiva del señor nombre reservado y, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa ya explicada, la autoridad de extranjería deberá proceder a un nuevo análisis de los antecedentes del actor, debiendo requerir, si lo estima procedente, información complementaria para adoptar su decisión.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 150-2022 Protección.