Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1496-2026 La Serena, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Eduardo Cortés Toro, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por haber rechazado las licencias médicas NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas al actor por un total de 90 días continuos a contar del 19 de diciembre de 2025, por la causal ‘reposo no justificado’. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es una persona de 35 años que se encuentra en tratamiento traumatológico por un diagnóstico de “condromalacia rotuliana cuyos caracteres sugieren compromiso grado 3". Indica que inicialmente se intentó un tratamiento conservador de su dolencia consistente en manejo farmacológico, kinesioterapia intensiva e infiltraciones intraarticulares, y que dada la falta de respuesta favorable del paciente, el 05 de junio de 2025 se le sometió a cirugía de “artroscopia de rodilla derecha”. Refiere que tras la intervención quirúrgica el actor ha debido someterse a “dos ciclos formales de kinesiología; Infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico con fechas determinadas; Controles médicos durante el período reclamado”, por lo cual se le prescribieron las licencias materia del recurso. Afirma que a pesar de explicarse a la recurrida que las licencias se fundamentan en estas actuaciones y, especialmente, en las “Infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico”, esta determinó rechazar el reposo médico por estimar que este no se encuentra justificado. Detalla que la decisión fue adoptada por SUSESO en su Resolución Exenta NUM003 de 31 de julio de 2026, aduciendo que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 436 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los antecedentes presentados son insuficientes para justificar el rol terapéutico del reposo. No acredita la realización de medidas terapéuticas durante periodo reclamado. No adjunta informe kinésico que señale fecha de sesiones realizadas, ni documento que acredite la realización de infiltraciones mencionadas en informe médico.” A ese respecto, arguye que la resolución incurre en la arbitrariedad pues el informe médico aportado por el paciente sí daría cuenta de las fechas de las sesiones de infiltración realizadas y además sería improcedente, a juicio del recurrente, exigir además documentos adicionales que acrediten la realización efectiva de las infiltraciones mencionadas en el informe, pues en este ya se asume por el facultativo la responsabilidad respecto a las intervenciones que él consigna.

Afirma que la recurrida ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud del actor que fueran acompañados, y no ha expresado la razón por la cual aquellos no serían aptos para justificar las licencias médicas que se reclaman. Acusa que el acto administrativo adolece de falta de motivación, infringiendo el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

Manifiesta que la recurrida, en definitiva, actúa en forma arbitraria e ilegal al no cumplir con su deber de motivar los actos administrativos cuestionados, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la vida e integridad física del actor al privarle de ejercer el derecho de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud. Agrega que, además, se vulnera su derecho de propiedad por cuanto se le priva de percibir el respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, ordenar se deje sin efecto la resolución que confirma el rechazo de las licencias reclamadas y, en su lugar, ordenar su pago, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida SUSESO solicitando el rechazo de la acción intentada con costas.

Alega, en primer lugar, la improcedencia de la acción de protección, pues el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio de la anterior alegación, informa en cuanto al fondo, detallando el marco regulatorio del derecho a licencia médica, y señalando respecto a la situación del actor que su reclamación en contra de lo resuelto por Compin fue rechazada previo estudio de los antecedentes, el que llevó a concluir que su reposo no se encontraba justificado.

Puntualiza que esta conclusión se basó en que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 436 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes presentados son insuficientes para justificar el rol terapéutico del reposo. No acredita la realización de medidas terapéuticas durante periodo reclamado. No adjunta informe kinésico que señale fecha de sesiones realizadas, ni documento que acredite la realización de infiltraciones mencionadas en informe médico.”.

Refiere, además, que profesionales de SUSESO expresaron respecto a los antecedentes médicos que constan en el expediente administrativo lo siguiente: “HOMBRE DE 35 AÑOS.

SOLICITA RECONSIDERACIÓN POR RECHAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DEL 19.12.2025 POR DG DE MENISCOPATÍA Y CONDROMALACIA ROTULIANA.

PREVIAMENTE CON 436 DÍAS DE REPOSO AUTORIZADOS POR SIMILAR DG. ADJUNTA IMC TMT, SEÑALA ANTECEDENTE DE MENISCOPATÍA POR LO QUE SE REALIZA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA EN JUNIO 2025.

EVOLUCIONA CON DOLOR POR LO QUE SE INFILTRA E INDICA MANEJO KINÉSICO. DESCRIBE CUADRO CLÍNICO Y COMPROMISO FUNCIONAL SECUNDARIO. ACREDITA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA POR MEDIO DE EPICRISIS NO ACREDITA LA REALIZACIÓN DE TERAPÍA KINÉSICA U OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS DURANTE PERIODO APELADO. NO APORTA NUEVOS ANTECEDENTES EN RELACIÓN A RECLAMACIÓN PREVIA.

ANTECEDENTES INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR EL ROL TERAPÉUTICO. SE MANTIENE RECHAZO”.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, según lo indicado precedentemente, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes tenidos a la vista.

Niega, finalmente, que el actor tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ambos expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta NUM003 de 31 de julio de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 90 días a contar del 19 de diciembre de 2025, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas, se consigna que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 436 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los antecedentes presentados son insuficientes para justificar el rol terapéutico del reposo. No acredita la realización de medidas terapéuticas durante periodo reclamado. No adjunta informe kinésico que señale fecha de sesiones realizadas, ni documento que acredite la realización de infiltraciones mencionadas en informe médico.”.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar éste la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología, buscar uno y otro profesional del área de especialidad que corresponda, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, conviene tener presente que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud establece que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico- cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida por la recurrida.

Adicionalmente, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, la que ha considerado en la causa Rol N°157.728-2022 -entre otras- que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

DUODÉCIMO: Que, por último, teniendo en consideración el extendido lapso de tiempo transcurrido desde que fueran otorgadas las licencias médicas cuestionadas por la recurrida, la eventual realización de pericias u otras medidas destinadas a esclarecer la procedencia del reposo no aparece justificada ni viable, máxime teniendo en consideración que el actor durante todo ese periodo no ha contado con los ingresos asociados al reposo médico.

En este escenario, esta Corte es del parecer que para restablecer el imperio del derecho cabe disponer derechamente la autorización y pago del subsidio respectivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite, debiendo éste verificarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles administrativos a contar de la ejecutoriedad de esta sentencia.

Se previene que el Ministro (s) Sr. Díaz concurre a la decisión de acoger el recurso, no obstante, estuvo por disponer como medida para restablecer el imperio del derecho que la recurrida disponga la práctica de las pericias y demás medidas informativas que sean del caso para esclarecer la procedencia del reposo y, con su mérito, determine en forma razonada si autorizará o no las licencias objeto del recurso.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1496-2026 (Protección).-