nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°1495-2025.- La Serena, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, recurre de protección en favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado acto administrativo correspondiente en Notificación 73601048, de 1 de agosto de 2025, que no acoge a trámite su petición de residencia definitiva, alegando vulneración de su derecho constitucional de igualdad ante la ley.

Expone que su representada ingresó al país en calidad de turista, cambiando su condición migratoria a residente temporal y, encontrándose dentro del plazo que prevé la ley, ingresa petición de residencia definitiva, recibiendo el acto impugnado, que indica que > Alega que esta notificación es ilegal, en cuanto carece de fundamento por no precisar la causal incurrida por la recurrente para no tramitar su petición, previniendo el artículo 65 número 4 del Reglamento de la Ley 21.325 que > Agrega que la recurrente cumple con todos los requisitos que exige la ley para obtener el beneficio impetrado y que, desde que ingresó a Chile, ha realizado actividades remuneradas de forma continua, cuenta con un contrato de trabajo indefinido y más de veinticuatro cotizaciones, junto a dos años de visa temporal, más cuando no le permite subsanar circunstancias que desconoce, lo que atenta contra su derecho de igualdad ante la ley.

Conforme lo expuesto, previas citas de jurisprudencia, pide que se deje sin efecto la resolución impugnada y se dé trámite a la petición de residencia definitiva, con costas.

Segundo: Que el informe requerido fue evacuado por Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, quien pide el rechazo de la acción.

Indica ser efectivos los antecedentes de la petición invocada, precisando que, ingresada el 25 de junio del presente año, pasó a etapa de análisis, y el 31 de julio, pasó a revisión, refiriendo que la causal para no acoger corresponde a que el 10 de agosto de 2022 fue notificada la actora de que se dio un inicio a un proceso sancionatorio de aplicación pecuniaria.

Hace presente que dicha circunstancia se funda en lo previsto en el artículo 119 de la Ley 21.325 que previene que, respecto de permiso de residencia o permanencia expirado, los extranjeros que permanezcan en el país por más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia serán sancionados con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.

Concluye que la recurrente no cumple con lo estipulado en artículo 65 ya citado y que, si bien contaba con una residencia temporal subcategoría actividades lícitas remuneradas, otorgada el 28 de julio de 2023, este beneficio se extendió por dos años desde el 1 de agosto de 2023, existiendo una diferencia de dieciocho meses para cumplir con los cuarenta y dos meses necesarios para poder acceder a la tramitación de la solicitud de residencia definitiva, habiendo incurrido en una infracción migratoria grave.

En cuanto a la residencia temporal, precisa que desde el 1 de agosto se encuentra en etapa de análisis.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, en este contexto, impugna la recurrente la falta de fundamentación de notificación de 1 de agosto pasado, en cuanto comunica no acoger a trámite su petición de residencia definitiva, por concurrir causal del artículo 65 número 4 del Reglamento de la Ley 21.325.

Por su parte, precisa la recurrida que en 2022 se inició un procedimiento sancionatorio en contra de la actora, por residencia irregular, lo que extiende los plazos de permanencia temporal para adquirir la definitiva, que en la especie, corresponden a cuarenta y dos meses.

Sexto: Que, revisado el acto administrativo impugnado, cabe tener presente que éste no precisa los antecedentes que tuvo en cuenta el servicio recurrido para no tramitar la petición de residencia definitiva, los que sólo alcanzan comprensión de una interpretación de los hechos expuestos en el informe, resultando efectiva la alegación de la recurrente, resultando antijurídica la acción del órgano, en su hipótesis de falta de motivación y, en consecuencia, arbitraria.

Séptimo: Que, sin perjuicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a la Administración en materia migratoria, es menester reiterar que éstas no pueden ejercitarse de forma caprichosa o injustificada, por lo que, tal como demandan las leyes y la Carta Fundamental, los actos de las autoridades deben ser motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para arribar a una determinada decisión.

En este sentido, ninguno de los supuestos de inadmisibilidad de la petición pueden desprenderse de la lectura del acto, el que cumple sólo con invocar la norma sin exponer que la actora contaba con un procedimiento sancionatorio en su contra, que la infracción imputada tenía el carácter de grave y que aquello ameritaba un plazo de cuarenta y dos meses de residencia temporal a computarse desde agosto de 2023.

Octavo: Que, por tanto, la falta de motivación, en su hipótesis de arbitrariedad, vulnera la garantía a la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución, lo que motiva que la presente acción sea acogida, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Notificación 73601048, de 1 de agosto del presente año y, en su lugar, se dispone que la recurrida deberá emitir un nuevo pronunciamiento fundado sobre su petición, ponderando los antecedentes invocados por la recurrente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1495-2025 Protección.-