nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

nombre reservado

Corporación Administrativa del Poder Judicial y otros Recurso de protección Rol Nº1488-2025.- La Serena, diez de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado nombre reservado, notario titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, actuando por sí, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), del Administrador Zonal de la Corporación Administrativa, don nombre reservado y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Coquimbo, representada por don nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en la indebida aplicación a su persona de las disposiciones contenidas en los artículos 150 y 151 de la Ley N.°18.834 referidos a la declaración de vacancia del cargo de un funcionario público por causal de salud irrecuperable o incompatible, lo cual señala vulnerar las garantías constitucionales del artículo 19 números 2, 21 y 24.

Fue nombrado notario titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo -continúa el recurrente- mediante Decreto número 861, de 14 de septiembre de 2018.

Indica, en lo pertinente, que el 22 de julio de 2025, mediante correo electrónico de la COMPIN de la Región de Coquimbo, tomó conocimiento que se resolvió por dicha recurrida, dar curso a un procedimiento de evaluación de la irrecuperabilidad de su salud, a petición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entidad que se irroga ilegal y arbitrariamente, la calidad de ser su empleadora, atribuyéndole, además, la condición de funcionario público. La solicitud se efectuó con el objeto de aplicarle los artículos 150 y 151 de la Ley N.°18.834 y, en definitiva, declarar la vacancia de su cargo.

Previamente, agrega, el 16 de mayo de 2025, la citada COMPIN, le notificó que la Corporación Administrativa del Poder Judicial había ingresado una solicitud para evaluar la irrecuperabilidad de su salud, lo cual considera un requerimiento manifiestamente improcedente, por lo que el 27 de mayo de 2025 envió correo electrónico dirigido a la Presidenta de COMPIN de esta región, donde expuso detalladamente sus argumentos respecto de la improcedencia de dicha evaluación, principalmente por cuanto no ostenta la calidad de funcionario público y, por ende, no le es aplicable el Estatuto Administrativo. Agrega que la COMPIN le informó sobre su situación al notario suplente de su oficio, indicando que esa solicitud no tenía ningún destino, pues al digitar su rol único tributario, figuraba en el sistema como trabajador independiente con ninguna vinculación con la CAPJ, que por ende no es su jefe superior de servicio. Asombrosamente, a su parecer, las consideraciones expresadas en su carta de 27 de mayo fueron totalmente ignoradas, ya que el 22 de julio de 2025 la COMPIN le informó vía correo electrónico que se daba curso al procedimiento de evaluación de la irrecuperabilidad de su salud.

En cuanto al actuar arbitrario e ilegal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y su Administrador Zonal, indica que se reflejan en las actuaciones que sirvieron para preparar el inicio del ilegal y arbitrario procedimiento de evaluación de irrecuperabilidad de su salud, así por medio de Oficio 25AZLASER N°143, ID N°9939, suscrito por don nombre reservado, Administrador nombre reservado de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el cual le fue notificado a través de la Corte de Apelaciones de La Serena el 25 de abril de 2025, dio origen al irregular procedimiento que condujo a la dictación de la resolución de COMPIN de 22 de julio de 2025. Añade que, en dicha comunicación, la Administración Zonal, bajo la dirección del señor nombre reservado, informó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Oficio Circular 6RH N°40, de 3 de marzo de 2006, emitido por la Dirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se constataba que había acumulado un total de 229 días de licencias médicas —cifra que excede los seis meses, continuos o discontinuos— durante el período comprendido entre el 14 de abril de 2023 y el 14 de abril de 2025. Indica que, la irregular solicitud formulada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial a la COMPIN se encuentra en el expediente administrativo Rol AD-781-2025 de la Excelentísima Corte Suprema. Señala que el 1 de mayo de 2025, manifestó sus argumentos sobre la absoluta improcedencia de dicho trámite, y el 7 de mayo de 2025, mediante Oficio 25AZLASER N°172, ID N°103615, nuevamente suscrito por el señor nombre reservado, la Administración nombre reservado, ignorando las prevenciones por él formuladas, informó a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial las circunstancias que conducen a la aplicación a su respecto de los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo. A su turno, dicha unidad -Departamento RRHH- mediante Oficio 6RH N°2574, ID N°103615, de 16 de mayo de 2025, dirigido al presidente de la Excelentísima Corte Suprema, invocó nuevamente los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, lo que condujo, en definitiva, a la apertura del expediente administrativo Rol AD-781-2025 de la Excelentísima Corte Suprema y al requerimiento de evaluación de salud irrecuperable ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo que devino en la resolución - de 22 de julio de 2025 - acto ilegal y arbitrario que motiva la interposición de este recurso.

En contra de la resolución del 22 de julio de 2025 interpuso recurso de reposición administrativo, exponiendo a la COMPIN la absoluta improcedencia de aplicar a su persona el Estatuto Administrativo, atendida su calidad de notario, profesional independiente del Derecho, pero refiere que el 21 de agosto de 2025 fue notificado de la Resolución Exenta CP N°16.561/2025 que rechaza -erradamente a su parecer- su recurso por extemporáneo. La COMPIN argumenta que la resolución recurrida no contiene una decisión administrativa, y el recurrente controvierte señalando que el hecho de que no se la rotule formalmente como “resolución”, no le quita tal carácter.

Señala que las disposiciones que la Corporación Administrativa del Poder Judicial -y a través del recurrido nombre reservado - pretende indebidamente aplicar a su situación son los artículos 150 y 151 de la Ley N°18.834, que aprueban el Estatuto Administrativo, los que transcribe, y refiere que éstos artículos regulan las causales de declaración de vacancia del cargo de un funcionario público, incluyendo aquellas que derivan de una declaración de salud irrecuperable o de salud incompatible con el desempeño del cargo, que, la denominada “salud irrecuperable” se refiere a una condición médica permanente que impide al funcionario desempeñar sus funciones de manera habitual, pudiendo dar lugar, incluso, a la tramitación de una jubilación por invalidez. Por su parte, la “salud incompatible” exige, para que proceda la declaración de vacancia, que deben concurrir ciertos requisitos, por lo que en este contexto el requerimiento de evaluación de salud irrecuperable efectuado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo constituye precisamente el trámite previo y obligatorio contemplado en el artículo 151 citado exclusivamente para empleados públicos regidos por el Estatuto Administrativo. Indica que, la CAPJ no es su “jefe superior del servicio”, lo que señala ser un paso esencial para intentar fundamentar la aplicación de la causal de vacancia del cargo. Alude a una inusitada celeridad en su solicitud de evaluación por eventual salud irrecuperable, por parte de ambas recurridas, y frente a la evidente celeridad aplicada a las gestiones administrativas que pueden derivar en la declaración de vacancia de su cargo, se vio obligado a interponer la presente acción constitucional.

Los recurridos, a criterio del actor, mediante un actuar ilegal y arbitrario, haciendo caso omiso de su deber de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, han vulnerado de manera directa e injustificada su derecho a la igualdad ante la ley, al pretender someterlo a un estatuto jurídico y a una calidad funcionaria que no le corresponden, toda vez que no es funcionario público ni se encuentra afecto a las disposiciones de la Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo). Y que, fruto del actuar de las recurridas se encuentra sometido a un procedimiento administrativo de evaluación de salud ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, impulsado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante la actividad directa del señor nombre reservado, cuyo objetivo último es aplicar la declaración de vacancia de su cargo de notario titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo, lo que es una amenaza cierta e inminente de pérdida de su fuente laboral y, por otra, una perturbación grave a su derecho a desarrollar la actividad económica inherente a la función notarial. Añade que, además son arbitrarios los actos de los recurridos, pues carecen de toda justificación racional, pues no existe sustento legal ni razonable alguno para su actuar, sino únicamente la aplicación abusiva e improcedente de un estatuto legal que le es ajeno, con la finalidad última de provocar la vacancia de su cargo y el cese de su función como notario titular. Precisa que, las causales de cesación o expiración en el cargo en el caso de los notarios se encuentran expresamente previstas en los artículos 332, 494 y 495 bis del Código Orgánico de Tribunales, normas de derecho estricto que no admiten la aplicación supletoria o analógica de otros cuerpos legales.

Los notarios de Chile, sostiene, son funcionarios auxiliares de la Administración Justicia, regulados en el Título XI, párrafo 7° “Los Notarios”, artículos 399 a 445, en el Título XII, disposiciones comunes aplicables a los auxiliares de la administración de justicia, y en los artículos 458 a 505, ambos del Código Orgánico de Tribunales, y les son aplicables las inhabilidades y causales generales de cesación de cargo contempladas en los artículos 256, 260, 269, 332 y 494, entre otras normas, todas del Código Orgánico de Tribunales.

La CAPJ no es su empleadora -declara- y es un profesional del derecho independiente, paga sus cotizaciones previsionales y no percibe remuneración alguna con cargo a fondos públicos, por lo que no mantiene vínculo de naturaleza laboral, en calidad de funcionario público, con la Corporación Administrativa del Poder Judicial ni con ningún otro órgano del Estado. Por lo que refiere, que no le empecé el procedimiento incoado por las recurridas, pues la solicitante de la evaluación no ostenta la calidad de empleadora a su respecto, y no tiene la calidad de funcionario público, por lo que dicho estatuto jurídico no le es aplicable, además no recibe remuneraciones con cargo a fondos públicos, y sí ocurriere, incurriría en causal de cesación de funciones conforme a los artículo 470 y 494 del Código Orgánico de Tribunales. Añade que, como consta de los informes médicos que acompaña se encuentra plenamente apto para desempeñar sus funciones notariales, sin afección de salud que las impida.

En caso de licencia del notario, éste debe contratar - a su costa - un suplente que le reemplace temporalmente. Por lo que arguye que, los artículos 150 y 151 de la Ley N°18.834 que pretenden las recurridas aplicarle constituye un acto ilegal y arbitrario, tanto por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el señor nombre reservado como responsables de la solicitud que condujo a la resolución arbitraria e ilegal de fecha 22 de julio último, como por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al dar curso a un procedimiento cuyo presupuesto esencial —la existencia de una relación funcionaria— no concurre en la especie.

Existe una Reforma al Sistema Notarial y Registral, ley promulgada, mas no publicada, que establece un nuevo artículo 495 ter del Código Orgánico de Tribunales que contempla la causal para los notarios de salud incompatible, por lo que la sola existencia de este nuevo precepto en el texto aprobado por el Congreso—aún pendiente de entrada en vigencia— confirma que, hasta ahora, la causal de “salud incompatible” no existe en el ordenamiento para los notarios, y que su establecimiento requiere de una reforma legal expresa, por lo que el actuar de las recurridas afecta sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad para desarrollar cualquier actividad económica licita y su derecho de propiedad sobre los bienes incorporales que integran el estatuto jurídico y la función notarial.

Las patologías que le han afectado -refiere- son propias de personas de su edad (60 años) y sólo han impedido de manera temporal el ejercicio de sus funciones, sin comprometer de forma permanente sus capacidades físicas o intelectuales para el desempeño del cargo. Indica que, en el período comprendido entre el 12 de mayo de 2023 y el 8 de mayo de 2025 le fueron otorgadas licencias médicas que obedecen a causas recuperables, diagnosticadas y tratadas por especialistas de reconocida trayectoria, entre ellas se cuentan intervenciones y tratamientos vasculares exitosos, manejo psiquiátrico de un cuadro depresivo de carácter reactivo, y control de patologías cardiológicas crónicas con respuesta adecuada a la medicación y seguimiento médico.

Sobre la conculcación de garantías constitucionales, se refiere en primer término a la igualdad ante ley, indicando que se ve afectada cuando se aplica, sin fundamento legal, un estatuto jurídico distinto al que corresponde a la situación real del afectado. Luego, respecto de su derecho de propiedad, indica que los ingresos derivados del ejercicio de su cargo y el derecho a percibirlos forman parte de su patrimonio, y su privación, disminución o condicionamiento solo puede establecerse por ley y con pleno respeto al principio de juridicidad, por lo que pretender aplicar indebidamente causales de cesación o inhabilidad ajenas a su estatuto implica, en los hechos, una amenaza grave y directa a su derecho a mantener su fuente de trabajo y la percepción de sus ingresos legítimos y, por tanto, a su patrimonio protegido y amparado por la Constitución, todos, derechos de naturaleza incorporal sobre los cuales existe también una especie de propiedad. Por último, sobre la garantía de desarrollar cualquier actividad económica, señala ser vulnerada por la injerencia arbitraria e ilegal de los recurridos, mediante la aplicación de normas ajenas y la tramitación de un procedimiento de “salud irrecuperable” impropio, lo que constituye una amenaza seria e ilegítima a la continuidad de su actividad profesional.

Concluye solicitando se acoja el recurso, y se ordene a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Coquimbo que deje sin efecto, en todas sus partes, el procedimiento de evaluación de salud irrecuperable seguido en su contra; y ordenar al señor nombre reservado y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial abstenerse de toda actuación o procedimiento administrativo dirigido a la aplicación de los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo en su contra, en particular, del expediente administrativo Rol AD-781-2025 seguido ante la Excelentísima Corte Suprema, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Copia de correo electrónico de 22 de julio de 2025; 2. Oficio 25azlaser N°143, ID N°99391, de 15 de abril de 2025, dirigido por don nombre reservado, Administrador nombre reservado, Corporación Administrativa del Poder Judicial; 3. Oficio 25azlaser N°172, ID N°103615, de 7 de mayo de 2025, por el cual la Administración nombre reservado informó de esta situación a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; 4. Oficio 6RH N°2574, ID N°103615, de 16 de mayo de 2025, dirigido al presidente de la Excelentísima Corte Suprema por doña nombre reservado (S), Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; 5. Oficio N°27-2025, emitido por el recurrente y dirigido a don nombre reservado, Administrador nombre reservado, Corporación Administrativa del Poder Judicial, el 1 de mayo de 2025; 6. Copia de carta de 27 de mayo de 2025, emitida por el recurrente y dirigida a la presidenta de la COMPIN de la Región de Coquimbo, doña nombre reservado; 7. Copia de correo electrónico de 16 de mayo de 2025, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 8. Copia de Decreto N°861, de 14 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el que se nombró al recurrente notario público titular de la Cuarta Notaría de Coquimbo; 9. Calificaciones de desempeño notarial efectuadas por la Corte de Apelaciones de La Serena, correspondientes a los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; 10. Certificado histórico de cotizaciones de AFP Cuprum; 11. Certificados de cotizaciones de los últimos dos años de Isapre Colmena; 12.Certificado médico extendido por el Dr. nombre reservado, del 31 de julio de 2025; 13. Certificado médico extendido por el Dr. nombre reservado, del 28 de abril de 2025, respecto de procedimiento realizado en 2024; 14. Protocolo operatorio de 4 de mayo de 2022, de la Clínica MEDS, nombre reservado; 15. Ficha clínica ambulatoria de la Clínica MEDS La Dehesa, de marzo de 2024; 16. Certificado médico extendido por el Dr. Chelén Venandy, del 2 de mayo de 2025; 17. Certificado médico extendido por el Dr. Martínez Fragnaud, del 26 de diciembre de 2022; 18. Certificado médico extendido por el Dr. nombre reservado, del 20 de abril de 2020; 19. Copia de reposición administrativa, presentada a COMPIN, el 28 de julio de 2025, contra la resolución notificada el 22 de julio último, que dio inicio al procedimiento de evaluación de salud irrecuperable; 20. Resolución Exenta CP N.°i656i/2025, de COMPIN, del 21 de agosto de 2025, que rechazó el recurso administrativo antes referido; 21.Correo electrónico de 31 de julio de 2025, dirigido por el recurrente a COMPIN, adjuntando los antecedentes solicitados el 22 de julio de 2025, para evaluación de irrecuperabilidad de salud; y 22. Sentencia Rol Ingreso Corte 38.135-2021 (Protección) de la Excelentísima Suprema.

SEGUNDO: Que, a folio 18, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo.

Indica como cuestiones previas, que la certificación de salud irrecuperable del funcionario/a público/a se establece en el DFL 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834 (1989), sobre Estatuto Administrativo, que indica que el/la funcionario(a) público(a) puede ser evaluado(a) respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, luego se refiere al artículo 151, indicando que del resultado de la evaluación el Jefe Superior del Servicio podrá utilizar su facultad y declarar salud incompatible con el cargo, según lo establece la normativa.

Precisa sobre el caso concreto, que el trámite de evaluación de salud irrecuperable de funcionario se inicia a solicitud del Jefe Superior del Servicio o la persona asignada por la institución a quién se le delegó la facultad, así es como consta que el 13 mayo de 2025 la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicita a la COMPIN Región de Coquimbo, la evaluación de salud irrecuperable del funcionario público don nombre reservado, informando que en el año 2023 tuvo 20 días de licencia médica; en el año 2024 tuvo 113 días de licencia médica; y en el año 2025, presentaba 120 días de licencia médica, luego el 27 de mayo de 2025, el recurrente envía carta a la COMPIN, que da cuenta de la improcedencia del proceso de evaluación de salud irrecuperable en su caso, por cuanto el solicitante de la evaluación no es su empleador, es un trabajador independiente que paga sus propias cotizaciones, y no tiene la calidad de funcionario público, no resultándole aplicable el Estatuto Administrativo. Así el 09 de julio 2025, por medio del Oficio 6RH N°3562 la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a requerimiento de COMPIN, informa sobre situación contractual de don nombre reservado, señalando que es Notario de la 4ta Notaría de Coquimbo, y que los notarios son auxiliares de la administración de justicia y ministros de fe pública reglados bajo el Título XI, artículos 399 a 445 del Código Orgánico de Tribunales, que forman parte del escalafón secundario del Poder Judicial y ejercen labores como personal no remunerado, estando el personal que lo compone sometido a la supervisión de las Cortes de Apelaciones que correspondan a su competencia jurisdiccional, quienes a su vez son supervisadas por la Corte Suprema de Justicia, estableciéndose una relación jerárquica de supervisión y supervigilancia de las Cortes sobre el notario. Y el 18 de julio, se envía correo electrónico al recurrente donde se le informa que en su caso procede la evaluación de salud irrecuperable, informándole que se gestionará el proceso administrativo. Luego el 22 de julio, envían un correo electrónico a don nombre reservado, en que se informa que se dará curso al proceso de evaluación de salud irrecuperable y se le solicita antecedentes. El 28 del mismo mes, el recurrente presentó recurso de reposición en contra de la decisión que da curso al proceso de evaluación de salud irrecuperable y pide antecedentes. Y añade que el 05 de agosto recién pasado, el recurrente envía correo electrónico a COMPIN, acompañando antecedentes médicos. Finaliza indicando que el 21 del mismo mes por Resolución Exenta CP N°16561 de COMPIN, se rechazó el recurso de reposición presentado, por estimar que fue extemporáneo.

Señala los antecedentes que tuvo en consideración para aplicar el procedimiento al caso concreto, refiriéndose a lo informado por la Corporación de Administrativa del Poder Judicial, en su oficio 6RH N°3562 ya referido. Hace referencia al Dictamen 021611N90 del 31.07.1990, de la Contraloría General de la República.

Añade que el procedimiento ya se ha aplicado con anterioridad a otros notarios públicos que han concluido mediante declaración de salud recuperable.

Finaliza indicando que, la COMPIN Región de Coquimbo, se ha limitado a aplicar el trámite de evaluación de salud irrecuperable establecido en DFL 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, al notario nombre reservado, dentro del marco de sus competencias, conforme el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, quien ha señalado respecto de dichos funcionarios (notarios), que tienen la condición de servidores públicos, cuyos deberes y funciones se encuentran establecidos en el Código Orgánico de Tribunales, lo que configura un estatuto jurídico especial, público, que se complementa con la aplicación de ciertos preceptos del estatuto administrativo general, desprendiéndose de ello el carácter de funcionarios públicos dependientes del Poder Judicial que invisten dichos auxiliares, y por tanto no existe vulneración de derechos constitucionales como se alega.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: 1. Solicitud de evaluación salud irrecuperable de funcionario público, por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; 2. Informe 6RH N°59 ID N°104715, de fecha 13.05.2025; 3. Carta de fecha 27.05.2025, de nombre reservado a COMPIN; 4. Oficio 6RH N°3562, de fecha 09.07.2025, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a COMPIN; 5. E-Mail de fecha 18.07.2025, de COMPIN a nombre reservado, Notario Suplente; 6. E-Mail de fecha 22.07.2025, a don nombre reservado; 7. Recurso de Reposición presentado con fecha 28.07.2025; 8. Anexo (Decreto 861 nombramiento notario y cotizaciones); 9. E-Mail 05.08.2025, envío antecedentes médicos a COMPIN; 10. Resolución Exenta CP N°16561 de COMPIN, del 21.08.2025; 11. Dictamen 021611N90 del 31.07.1990, de la Contraloría General de la República; 12. Resolución de Evaluación Salud recuperable Folio 18420097/24.01.2025, de nombre reservado, Rut N°RUT reservado; 13. Resolución de Evaluación de salud recuperable, Folio 17203378/23.02.2024, COMPIN, de nombre reservado, Rut N°RUT reservado.

TERCERO: Que, a folio 19, comparece el abogado Cristian Castillo García, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y de don nombre reservado en su calidad de Administrador nombre reservado, evacuando el informe solicitado.

En primer término alega la falta de legitimidad pasiva, pues refiere que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un órgano interno con funciones meramente administrativas, que no ejerce atribuciones disciplinarias ni jerárquicas respecto de los funcionarios judiciales ni de los auxiliares de la administración de justicia, y que depende exclusivamente de la Corte Suprema, y que fue ésta quien el 8 de febrero de 2006 instruyó a la CAPJ solicitar informe a los funcionarios, y a sus superiores jerárquicos, que registren seis meses de licencias médicas (continuas o discontinuas) en un periodo de dos años, según las disposiciones establecidas en el inciso primero del artículo 340 del Código Orgánico de Tribunales, artículo 144 y 145 de la Ley N°18.834 (actuales artículos 150 y 151) y Auto Acordado de la Corte Suprema de 20 de mayo de 1988, todo lo que se reflejó en el Oficio Circular 6RH N°040 de 3 de marzo de 2006, estableciendo el procedimiento para dar cumplimiento a lo ordenado por la Excma. Corte Suprema, por lo que previa transcripción del artículo 151 del Estatuto Administrativo, señala que no es la CAPJ la autorizada para ejercer la facultad de realizar la declaración de salud incompatible o irrecuperable si no que por ley es privativo del jefe del servicio, que en este caso es el Presidente de la Corte Suprema. Por lo anterior si se acogiere el presente arbitrio, indica que nada podrá hacer su representada pues carece de facultades para dejar sin efecto el procedimiento de declaración de salud incompatible o irrecuperable, pues esta es una facultad privativa del Presidente de la Corte Suprema.

En cuanto al fondo, indica que en cumplimiento del acuerdo de la Corte Suprema de 08 de febrero de 2006 y del procedimiento dispuesto en Oficio Circular 6RH N°040 de 03 de marzo de 2006 del Director de la Corporación Administrativa, se detectó que el Sr. nombre reservado registraba la cantidad de 229 días de licencias médicas, más de seis meses en forma continua o discontinua durante los dos últimos años, entre el período comprendido entre el 14 de abril de 2023 al 14 de abril de 2025. Por lo anterior se requirió informe al recurrente por medio de la Corte de Apelaciones, debiendo acompañar antecedentes médicos u otros que justificaran lo prolongado de su ausencia, como así mismo, si había iniciado algún trámite previsional o personal que resolviera la situación en comento. Todo lo anterior fue tramitado bajo el ROL Pleno Y Otros Adm-348-2025, de la Corte de Apelaciones de La Serena, una vez recabados los antecedentes estos fueron remitidos al Presidente de la Corte Suprema para su conocimiento y resolución, lo que se tramitó en el expediente administrativo AD-781-2025 de la Corte Suprema.

En cuanto a la solicitud realizada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), señala que se enmarca dentro de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, el cual dispone que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Prosigue indicando que el 27 de agosto de 2025 el Presidente de la Corte Suprema, Ministro Sr. Ricardo Blanco Herrera, dictó la siguiente resolución: “Teniendo presente que en el sistema RH Red consta que don nombre reservado, notario de la 4° Notaria de Coquimbo, se reincorporó a sus funciones el día 8 de junio del año 2025, se pospone la revisión de su situación funcionaria por ausentismo para fines del mes de octubre próximo.”, por lo que habiéndose pospuesto la revisión de su situación no existe actualmente afectación a los derechos del recurrente.

En cuanto a la calidad de funcionarios públicos de los notarios, señala que según lo preceptuado por el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales se desprende que ejercen una función de carácter pública, pues son ministro de fe, y en cuanto a su nombramiento son designados por el Presidente de la Republica previa propuesta en terna por la Corte de Apelaciones respectiva, previo concurso público, y según se colige del artículo 287 del Código Orgánico de Tribunales, sobre constitución de las ternas para notarios, estos pueden formar parte de la primera, segunda o tercera categoría del Escalafón Secundario del Poder Judicial, y refiere que según el artículo 459 del citado cuerpo legal, dispone que la Corte debe confeccionar la terna para notario, en su inciso segundo señala expresamente que son funcionarios, y que, la palabra “funcionario” se refiere a la persona que desempeña profesionalmente un empleo público o que ocupa un cargo en una administración pública, y que, la Real Academia Española (RAE) la define como quien, como titular, ocupa un puesto en la administración pública.

Afirma que los notarios forman parte del escalafón secundario del Poder Judicial, su nombramiento es una propuesta en terna por la Corte de Apelaciones respectiva y nombrados por el Presidente de la República y, además, son considerados por ley como funcionarios.

Luego de transcribir los artículos 465, 494 y 470 del Código Orgánico de Tribunales señala que los notarios no pueden tener otro empleo o cargo remunerado con fondos fiscales y cesan en sus funciones si son inhabilitados para ejercer cargos públicos, normas que se aplican a la generalidad de los funcionarios públicos. Y que se encuentran sujetos a un control disciplinario y jerárquico, que es ejercido por la Corte de Apelaciones respectiva.

La remuneración de los notarios señala, proviene de emolumentos se fijan por arancel, lo que, los diferencia de la regla general aplicable a los funcionarios públicos, pero refiere que el recibir una remuneración proveniente de fondos fiscales no determina la calidad de ser o no funcionario público, pues su retribución monetaria no es determinante para efectos de su sujeción a normas aplicables a la administración pública. Por lo que no se puede más que concluir que los notarios son funcionarios públicos a los cuales se les aplica las disposiciones de salud incompatible y/o irrecuperable.

Refiere que en la hoja de vida del recurrente se indica que pertenece al escalafón secundario serie segunda categoría del Poder Judicial, y que, ha sido calificado desde el año 2019 a 2025 por el Pleno de Ministro de la Corte de apelaciones en lista sobresaliente, y se consigna que en el año 2024 hizo uso de 113 días de licencia médica y en el año 2025 ha hecho uso de 15 días de licencia médica, todas por enfermedad o accidente común, por lo que la CAPJ cumplió con iniciar el procedimiento para informar al Presidente de la Corte Suprema, quien es el jefe del servicio, y éste dictó resolución el 27 de agosto de 2025 la cual pospone la revisión de la situación de ausentismos del recurrente para fines del mes de octubre, por lo que actualmente no existe afectación de los derechos del recurrente que sea objeto de protección.

Manifiesta que no existe una desigualdad ante la ley respecto del recurrente, toda vez que lo que justamente se ha aplicado es una igualdad ante la ley, al reconocerle su calidad de funcionario público y su sujeción a los artículos 150 y siguientes del Estatuto Administrativo, y que la alegación del actor se basa simplemente en su estimación de no tener la calidad de funcionario público. En cuanto al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, señala no existir vulneración pues solamente se realizó por su representada un procedimiento para informar al presidente de la Corte Suprema respecto de la situación de encontrarse el Sr. nombre reservado en uso de licencias médicas por más de seis meses. Por último, en relación a la garantía del artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, indica que no se está privando al recurrente de ejercer una actividad económica, sólo se está haciendo aplicación de lo dispuesto en la ley y que será finalmente el Presidente de la Corte Suprema quien privativamente podrá ejercer la facultad que le conceden los artículos 150 y siguientes del Estatuto Administrativo, decisión que se encuentra pospuesta actualmente y en la cual la Corporación Administrativa del Poder Judicial no tiene injerencia alguna.

Finaliza indicando que, no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, toda vez que ha ajustado su actuar estrictamente a cumplir con su obligación acordada por el pleno de la Corte Suprema del 08 de febrero de 2006 y regulada en el Oficio Circular 6RH N°040 del 03 de marzo de 2006 del Director de la Corporación Administrativa, así como lo dispuesto en los artículos 150 y siguientes del Estatuto Administrativo, por lo tanto, no ha existido violación de derechos fundamentales por su parte. Destaca que, el actor no tiene un derecho indubitado respecto de mantenerse en su cargo si no cumple con el requisito de mantener una salud compatible con el mismo, toda vez que es facultad privativa del Presidente de la Corte Suprema el declarar la vacancia del cargo cuando la persona funcionaria ha hecho uso de más de 6 meses de licencia médica continua o discontinua en el lapso de dos años, según disponen los artículos 150 y siguientes del Estatuto Administrativo.

Solicita el rechazo del recurso.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que el objeto de la presente acción cautelar es dilucidar si el actuar de las recurridas Corporación Administrativa del Poder Judicial, su Director Zonal y la COMPIN Coquimbo, es ilegal o arbitrario, conforme los argumentos vertidos por el recurrente y los recurridos, a los que se ha hecho referencia supra.

SÉPTIMO: Que, respecto al actuar ilegal y arbitrario de la COMPIN, es necesario tener presente que dicho organismo actúa a requerimiento de la CAPJ efectuado mediante oficio 6RH N°3562, de fecha 09.07.2025. Requerida la intervención de la Comisión, previo a iniciar el trámite, careciendo de certeza en cuanto a la calidad de funcionario público del Sr. nombre reservado, solicita a la recurrida Corporación que informe si el recurrente detenta o no dicha calidad, según se advierte del requerimiento y solo ante la respuesta otorgada mediante oficio, resuelve iniciar el proceso.

De esta forma, no ha sido la COMPIN quien ha calificado de funcionario público al notario recurrente, sino que dicha calificación la ha efectuado la Corporación Administrativa y conforme aquella, la Comisión ha dado inicio al proceso declarativo contenido en los artículos 151 y 155 del Estatuto Administrativo.

De lo anterior deviene que la Comisión ha actuado ajustándose a la normativa vigente, no incurriendo en ilegalidad alguna. Su actuar responde a la solicitud de otro órgano del Estado y no es la COMPIN quien debe calificar si el organismo requirente es o no el superior jerárquico del notario recurrente.

El actuar de la COMPIN -ante la incertidumbre de la calidad del recurrente- no resulta tampoco arbitrario, pues antes de proceder en su contra, realizó los actos tendientes a dilucidar el cuestionamiento que el Sr. nombre reservado había hecho a la Comisión relativo a su calidad de funcionario público, actuando entonces, al alero de las normas referidas, cuando la recurrida Corporación le informa que sí tiene tal calidad.

OCTAVO: Que conforme se ha razonado, la actuación de la recurrida Comisión Preventiva no puede ser considerada ilegal ni arbitraria, procediendo el rechazo del recurso a su respecto.

NOVENO: Que la acción constitucional dirigida en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial necesariamente debe ser analizada distinguiendo dos épocas.

La primera, desde la dictación de la resolución que comunica a la Corte de Apelaciones de La Serena y al recurrente que se le solicita informe a raíz de haber detectado el uso de licencias médicas por más de 6 meses en el periodo comprendido entre 2023 y 2025.

La segunda, desde que solicita la evaluación de salud irrecuperable del funcionario público de don nombre reservado a la COMPIN, informando que en el año 2023 tuvo 20 días de licencia médica; en el año 2024 tuvo 113 días de licencia médica; y en el año 2025, presentaba 120 días de licencia médica.

La anterior distinción obedece a la necesidad de determinar cuáles son los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido la recurrida.

DÉCIMO: Que, en este orden de ideas, del Oficio Circular 6RH N°040 de 03 de marzo de 2006 del Director de la Corporación Administrativa, acompañado a estos antecedentes, se advierte que este tiene por esencial finalidad regular la forma en que las Corporaciones Zonales reunirán los antecedentes e informes que se establece para remitirlos a la dirección de recursos humanos y esta a su vez, remitirlos al Presidente de la Corte Suprema.

Según lo informado por la recurrida, el 8 de febrero de 2006 la Corte Suprema instruyó a la CAPJ solicitar informe a los funcionarios, y a sus superiores jerárquicos, que registren seis meses de licencias médicas (continuas o discontinuas) en un periodo de dos años, según las disposiciones establecidas en el inciso primero del artículo 340 del Código Orgánico de Tribunales, artículo 144 y 145 de la Ley N°18.834 (actuales artículos 150 y 151) y Auto Acordado de la Corte Suprema de 20 de mayo de 1988, todo lo que se reflejó en el Oficio Circular 6RH N°040 de 3 de marzo de 2006, estableciendo el procedimiento para dar cumplimiento a lo ordenado por la Excma. Corte Suprema. De modo que, conforme sostiene la propia recurrida, su actuar se limita a solicitar informes a la persona que se encuentre en la referida situación y a su superior jerárquico.

Dando cumplimiento a aquel oficio, la recurrida solicita informe al recurrente y al superior jerárquico, esta Corte, que da origen a la causa Rol Pleno y otros administrativos 348-2025, los que son remitidos con posterioridad al Presidente de la Corte Suprema y se origina la causa Rol AD 781-2025 del máximo tribunal.

Hasta ahí, la recurrida obra en cumplimiento de lo dispuesto en el Oficio Circular de marzo de 2006, sin haber efectuado calificación jurídica alguna respecto a la calidad de funcionario público del recurrente, ello como consecuencia de lo consignado en el referido oficio en tanto dispone la obligación de solicitar informe a los funcionarios y superiores jerárquicos, sin distinción alguna de si se trata o no de funcionarios públicos o bien, a todos los miembros de los diversos escalafones del poder judicial.

DÉCIMO PRIMERO: Que establecido que la recurrida Corporación al solicitar informe al recurrente no incurre en ilegalidad alguna, resulta entonces relevante la distinción de etapas efectuada en el motivo noveno.

Puestos los antecedentes en conocimiento del Presidente de la Corte Suprema, cesa la competencia de la recurrida Corporación para efectuar cualquier actuación para conocer o resolver la situación de la persona que está siendo investigada, así lo contempla el Oficio circular de marzo de 2006.

Bien refiere la recurrida que es la citada autoridad el jefe superior del servicio. Ergo, no es la Corporación recurrida la facultada para solicitar a la COMPIN el 13 mayo de 2025 la evaluación de salud irrecuperable del recurrente.

La recurrida, sostiene en su alegato, que es un órgano técnico administrativo cuya función es la administración de recursos técnicos, humanos y económicos. La recurrida no representa al Presidente de la Corte Suprema como jefe superior del servicio.

De lo asentado, se colige que la recurrida excede sus facultades en dos momentos: el primero, al solicitar a la COMPIN Coquimbo la evaluación de salud irrecuperable del recurrente; el segundo, al responder la consulta de la COMPIN Coquimbo respecto de la calidad de funcionario público del Sr. nombre reservado.

No acredita la recurrida -ni alega- haber mediado resolución alguna del Presidente de la Corte Suprema que la facultara para proceder conforme los artículos 151 y 155 del Estatuto ya antes referido. Tampoco existe resolución que la faculte para calificar la calidad de funcionario público del notario señor nombre reservado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que de lo antes razonado se deviene el actuar ilegal y arbitrario de la Corporación, al arrogarse facultades de las que adolece al no ser el jefe superior del servicio. Ilegal al solicitar a la COMPIN la evaluación de salud irrecuperable; arbitraria al informar la calidad de funcionario público del recurrente, estando en conocimiento del cuestionamiento que este hizo de aquella calidad.

DÉCIMO TERCERO: Que entonces, habiendo actuado fuera de las facultades que se le confieren mediante oficio circular de 6 de marzo de 2006, es precisamente en contra de ella y no de su representante, ni del Presidente de la Corte Suprema, contra quien debe deducirse la acción de tutela, desechando entonces la alegación de falta de legitimación pasiva.

DÉCIMO CUARTO: Que, de esta forma, establecida la ilegalidad y arbitrariedad de los actos de la Corporación recurrida, se acogerá el recurso deducido en su contra.

DÉCIMO QUINTO: Que respecto del recurrido director zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial se ha de tener presente que en los hechos declarados ilegales y arbitrarios, este actuó en su calidad de representante zonal de la recurrida y no a título personal, de manera que su actuar no puede ser separado de la función ejercida y por ello no puede ser considerado ilegal ni arbitrario sino solo en tanto ha actuado a nombre de la recurrida, no siendo procedente acoger el recurso a su respecto.

DÉCIMO SEXTO: Que, a mayor abundamiento, es necesario referir que esta Corte comparte los argumentos expuestos por el recurrente relativos a que el notario público no detenta la calidad de funcionario público para efectos de lo dispuesto en los artículos 151 y 155 de la Ley N°18.834, haciendo suyos cada uno de los argumentos que permiten asentar dicha conclusión.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en este sentido cabe tener en especial consideración las alegaciones efectuadas en orden a la forma en que el legislador ha regulado el cese en sus funciones de los notarios, en los artículos 332, 494,495 bis, 496 en relación con el 335 todos del Código Orgánico de Tribunales y en norma alguna se hace remisión al Estatuto Administrativo para hacer aplicable las causales de salud incompatible por salud irrecuperable, causal que se ha introducido a la normativa promulgada que regulará la función notarial, en el artículo 496 ter, cuestión que se tornó necesario establecer ante la inexistencia actual de dicha posibilidad, de manera que solo una vez que la nueva norma entre en vigencia, se podrá proceder por el jefe de servicio a solicitar la evaluación de salud irrecuperable por la COMPIN respecto de los notarios y otros auxiliares de la administración de justicia.

DÉCIMO OCTAVO: Que asentado el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida Corporación y descartado el de la COMPIN y el de don nombre reservado, resulta necesario establecer que aquel actuar ha conculcado la garantía fundamental del debido proceso en su vertiente de no ser juzgado por comisiones especiales, en tanto un organismo carente de facultades lo ha sometido al imperio del derecho vulnerando normas de carácter legal y administrativo.

DÉCIMO NOVENO: Que por otro lado se ha conculcado el derecho de propiedad sobre el cargo que detenta el recurrente y las rentas que en el ejercicio de tal actividad percibe, en tanto al someterlo a un proceso de evaluación de salud irrecuperable se intenta configurar una causal de vacancia de cargo aplicable a funcionarios públicos y no a notarios públicos.

VIGÉSIMO: Que finalmente se atenta contra la igualdad ante la ley, toda vez que se ha aplicado el estatuto administrativo a quien no se encuentra sometido al imperio de aquella norma, conforme se ha sostenido previamente.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de esta forma, establecida la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la Corporación recurrida y las garantías fundamentales agraviadas con aquel actuar, corresponde acoger el recurso deducido en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección incoado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en contra de don nombre reservado y de la COMPIN Coquimbo.

Que se ordena a la Corporación Administrativa del Poder Judicial dejar sin efecto la solicitud de evaluación de salud irrecuperable efectuada a la COMPIN de la Región De Coquimbo y todos los actos posteriores a aquella solicitud.

Que se ordena a la Corporación Administrativa del Poder Judicial abstenerse de solicitar nuevas evaluaciones de salud irrecuperable a la COMPIN Coquimbo.

Con la prevención de la Ministra suplente doña Jimena Pérez Pinto, quien estuvo por no condenar en costas a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por estimar que la recurrida ha tenido motivos plausibles para litigar.

Redacción de la Ministra suplente señora Macarena Navarrete Gonzalez y la prevención de su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1488-2025 (Protección)