nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ELQUI

nombre reservado

Servicio Local de Educación Pública Elqui Recurso de protección Rol N°1487-2025 La Serena, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, funcionaria pública, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ELQUI, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado o por quien la subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario consistente en suprimir el pago de las asignaciones denominadas “Asignación Adicional Directores” y “Movilización Especial”, lo que señala vulnera sus derechos fundamentales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que se desempeña en el cargo de Directora ADP, habiendo sido seleccionada mediante concurso público, desempeñando su función en el Colegio Saturno. Expone que al asumir funciones y recibir su primera remuneración en septiembre de 2022, se percató que el monto percibido no se ajustaba a lo ofertado en las bases del concurso, por lo cual, realizó las gestiones administrativas correspondientes, tras lo cual la autoridad de entonces reconoció la irregularidad y procedió a enmendarlo mediante la asignación de dos bonos: Bono Especial de Directores y Bono de Movilización Especial.

Sin embargo, expone que en el mes de julio de 2025, el nuevo sostenedor del establecimiento (Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui), dejó de pagar las referidas asignaciones, sin fundamento alguno ni comunicación previa, generando una diferencia sustancial en los ingresos percibidos por la recurrente, superior a un millón de pesos. En tal sentido, señala que en el mes de junio de 2025 su remuneración líquida ascendía a la suma de $2.061.763; en tanto que, su remuneración correspondiente al mes de julio ascendió a $1.008.371; generando un grave menoscabo a su estabilidad económica y personal, sin existir fundamento o comunicación previa de la autoridad.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que el actuar de la recurrida infringe su derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución, toda vez la situación ha generado un estado de incertidumbre, angustia y estrés que afecta su bienestar emocional, como también incide en su capacidad para solventar gastos esenciales.

Asimismo, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, toda vez que el acto carece de justificación y se llevó a cabo sin existir comunicación previa, desconociendo además las condiciones laborales que le fueron reconocidas por más de tres años.

Finalmente, señala que se afecta su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, por cuanto el actuar de la recurrida ha afectado la propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que percibe, infringiendo el principio de integridad de las remuneraciones, como también, el principio de confianza legítima.

Luego, explica que las asignaciones controvertidas fueron otorgadas en el marco de la Ley N°19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, específicamente en virtud de su artículo 47, el cual faculta expresamente a los sostenedores para establecer asignaciones especiales de incentivo profesional. Señala que esta normativa reconoce la potestad del empleador para crear estas asignaciones, pero una vez establecidas y pagadas de forma continua, se incorporan al patrimonio del trabajador, especialmente cuando han sido percibidas por un período prolongado como ocurre en la especie.

Respecto al proceso de desmunicipalización de la educación, indica que la Ley N° 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, establece en su artículo 36 del párrafo 8 “Del personal de la Dirección de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública” una protección expresa de los derechos laborales adquiridos, disponiendo que el personal que se traspase a los Servicios Locales de Educación Pública mantendrá sus condiciones contractuales y remuneratorias; arguyendo que dicha norma fue concebida precisamente para evitar que el traspaso desde las corporaciones municipales a los SLEP significara un menoscabo en los derechos de los trabajadores, consagrando el principio de continuidad y protección de las condiciones laborales preexistentes.

Por otra parte, alega que la jurisprudencia ha sido consistente en reconocer que cuando una asignación se paga de forma constante y por un período prolongado, se produce su incorporación al patrimonio del trabajador, adquiriendo el carácter de derecho adquirido que no puede ser suprimido unilateralmente por el empleador.

Por último, refiere que el 14 de agosto de 2025 se dictó el Memorándum N°153/2025, por la Directora del departamento jurídico doña nombre reservado, en que se reconoce que las asignaciones suprimidas a la recurrente configurarían un derecho adquirido.

Por dichos fundamentos, solicita que se acoja el recurso de protección y se restablezcan las asignaciones que le fueron suprimidas, ordenando además el pago de las ya descontadas, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 12 del expediente, se evacuó informe por el Servicio Local de Educación Pública Elqui, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por cuanto aduce que la supresión de las asignaciones reclamadas por la recurrente se encuentra ajustada a derecho.

En síntesis, señala que la actora se desempeña como directora en el Colegio Saturno desde el año 2022.

Afirma que, en las Bases del concurso, las remuneraciones informadas son meramente referenciales, y en las mismas se consideró únicamente la asignación de responsabilidad directiva, ello atendido que las remuneraciones de los directores de establecimientos educacionales administrados por Corporaciones Municipales, se encuentra fijadas en la Ley N°19.070, Estatuto Docente.

Por otra parte, indica que, si bien, el Estatuto Docente establece la posibilidad de otorgar asignaciones especiales de incentivo profesional, en los antecedentes contractuales de la docente que se recibieron en el Servicio, no existen resoluciones ni anexos de contrato en que conste que se le haya otorgado o se haya pactado el pago de asignaciones adicionales o especiales. En el mismo sentido, indica que el Servicio solicitó formalmente a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, los antecedentes que respaldaran el pago de las distintas asignaciones, entre ellas, las denominadas “Asig. Adicional Directores”, y “Movilización especial”. Sin embargo, indica que dicho oficio, hasta la fecha, no ha sido respondido.

Con respecto a la “Asignación Adicional Directores”, indica que no está prevista en la Ley N°19.070 (Estatuto Docente) ni en otras normas especiales. Asimismo, señala que tampoco corresponde a la Asignación Adicional de Directores por Alta concentración de alumnos prioritarios, dado que ella corresponde a aquellos directores de establecimientos con una matrícula igual o superior a 400 alumnos, en circunstancias que el Colegio Saturno tiene una matrícula de 271 alumnos. Por último, afirma que tampoco se configuran los requisitos establecidos en el artículo 47 inciso final de la Ley N°19.070, para ser considerada como una “asignación de incentivo profesional”, al tratarse de un cargo regido por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), cuyas remuneraciones se encuentran fijadas en la Ley.

En lo concerniente a la asignación “Movilización Especial”, señala que, atendida su naturaleza compensatoria no responde al concepto de remuneración establecido en el artículo 41 del Código del Trabajo. Además, refiere que tampoco forma parte del sistema remuneratorio docente y que, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, su monto no es razonable para su finalidad compensatoria.

En definitiva, señala que, revisados los antecedentes y la normativa vigente, se concluyó que el Servicio Local de Educación Pública del Elqui, se encontraba impedido de reconocer y pagar a contar de la fecha del traspaso del servicio educativo, las asignaciones pagadas por la Corporación Gabriel González Videla hasta el mes de Junio de 2025, denominadas “Asig. Adicional Directores”, por un monto de $191.694 pesos, y “Moviliz. Especial”, por un monto de $756.260 pesos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas y que los derechos en cuestión se encuentren indubitados y fuera de discusión.

CUARTO: Que, la presente acción se dirige en contra del Servicio Local de Educación Pública Elqui, con motivo de haberse suprimido el pago de las asignaciones denominadas “Asignación Adicional Directores” y “Movilización Especial” que percibía la actora, ello con motivo del traspaso desde la respectiva corporación municipal a la institución recurrida, solicitando que se restablezcan las referidas asignaciones, ordenando además el pago de las ya descontadas.

Por su parte, la recurrida ha señalado que, revisados los antecedentes y la normativa vigente, se concluyó que el Servicio Local de Educación Pública del Elqui se encontraba impedido de reconocer y pagar a contar de la fecha del traspaso las asignaciones pagadas por la Corporación Gabriel González Videla, por carecer aquellas de sustento normativo.

QUINTO: Que, así las cosas, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, precisamente, es un hecho controvertido en la causa la procedencia de seguir pagando a la actora las asignaciones objeto del recurso, pues, para para asentar la existencia de un derecho adquirido a su respecto -como lo alega la recurrente- resulta imprescindible la rendición de diversos medios de prueba que permitan establecer aquella hipótesis y que las partes tengan la oportunidad de objetar las probanzas de la contraria y efectuar sus alegaciones.

Que, constatado lo anterior, permite situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían los derechos invocados por la parte recurrente, en que sostiene su recurso son básicamente hechos controvertidos, debiendo ser dilucidado previamente en la sede declarativa que corresponda.

De consiguiente, la recurrente por ahora carece de un derecho indubitado, que es un requisito indispensable para la procedencia del recurso. Esto determina que la resolución del conflicto existente entre las partes exceda el ámbito de este recurso que es meramente cautelar, sumario y no contradictorio y deba ser dilucidado previamente en la sede declarativa que corresponda.

SEXTO: Que, además, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007). Por lo que abona al rechazo de este recurso, el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, lo que no puede llevar sino al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso se protección incoado en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública Elqui.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1487-2025 Protección.