Protección contra Carabineros de Chile

nombre reservado

Carabineros de Chile Recurso de protección Rol N°1486-2026 La Serena, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Juan Pablo Cortés, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, y en contra de Carabineros de Chile, por haber dictado la orden contenida en documento electrónico ordinario de 22 de julio de 2026 que “Dispone el traslado del Cabo 1° nombre reservado” desde la Subcomisaría La Florida, Prefectura Coquimbo N.º 6, a la 37.ª Comisaría de la Prefectura Santiago Andes a contar del 16 de julio de 2026, y por la falta de pago de remuneraciones devengadas por un período que el actor permaneció separado de la institución. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el documento que fuera comunicado al recurrente no cumple con indicar una necesidad concreta del servicio que justifique la medida adoptada, particularmente teniendo en consideración que el actor se mantuvo alejado de las filas de la institución por varios años en virtud de un sumario que en definitiva terminó sin sanciones en su contra.

A ese respecto indica que no se han pagado al actor las remuneraciones correspondientes a todo aquel período en que éste estuvo separado de la institución, lo que, sostiene, resultaría particularmente gravoso dado que el traslado se verificaría inclusive antes de percibir dichos emolumentos.

Acusa que, en definitiva, la recurrida pretende sancionar al actor separándolo de su núcleo familiar mediante un traslado injustificado a la ciudad de Santiago, no obstante haber culminado el sumario instruido en su contra sin sanciones a su respecto.

Alega que la medida es ilegal y arbitraria al no cumplir el acto administrativo con el deber de motivación que impone la Ley N° 19.880 y conculca el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del actor, así como su derecho a la igualdad ante la ley en la medida en que se impone una situación desfavorable respecto a otros funcionarios que han podido conocer los reales motivos de sus traslados. Sostiene asimismo que se vulnera el derecho de propiedad del recurrente al impedirle el acceso a las remuneraciones a las cuales tiene derecho.

Previas citas de derecho, solicita acoger el recurso intentado y, en definitiva, dejar sin efecto la orden de traslado del actor a la ciudad de Santiago, ordenando a la recurrida que regularice y pague las remuneraciones devengadas en favor del actor, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que mediante Orden DIPECAR N°66 de 21 de agosto de 2026 se dispuso el traslado del actor a la 37.ª Comisaría Vitacura, de la Prefectura Santiago Andes, justificándose la medida en el déficit de recursos humanos de la unidad de destino y haciéndose presente que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la institución se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia personal del funcionario.

Señala que la Prefectura de Coquimbo informó el 4 de septiembre pasado que el funcionario solicitó una prórroga excepcional para materializar su despacho aduciendo el retraso en el pago de sus haberes y las gestiones necesarias para el cambio de residencia, y que tras ello se procedió al traslado dando cumplimiento a la orden emanada de la institución.

Respecto al pago de remuneraciones, refiere que mediante dictamen del 2 de noviembre del año 2020 se confirmó la baja del recurrente de las filas de la institución por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio de lo cual, mediante resolución exenta número 54 de 7 de mayo del año en curso, aquella medida fue dejada sin efecto al declararse la prescripción de la acción disciplinaria, por lo que se rehabilitó al afectado en sus funciones. Agrega que el Departamento de Remuneraciones de la Dirección de Gestión de Personas efectuó el cálculo de las remuneraciones devengadas durante el período de desvinculación del actor, determinándose los montos que, de conformidad con el procedimiento administrativo vigente, fueron remitidos al Departamento de Tesorería institucional para la materialización del pago, el que ya se habría efectuado.

Sostiene que, como consecuencia de todo lo expresado, no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario de parte de esa institución que pueda vulnerar los derechos fundamentales del recurrente, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el recurso se ha dirigido en concreto en contra de dos actos claramente identificables, a saber: el documento electrónico ordinario de 22 de julio de 2026 que “Dispone el traslado del Cabo 1° nombre reservado” desde la Subcomisaría La Florida, Prefectura Coquimbo N.º 6, a la 37.ª Comisaría de la Prefectura Santiago Andes a contar del 16 de julio de 2026; y la falta de pago de remuneraciones devengadas por un período que el actor permaneció separado de la institución.

Respecto al primero de dichos actos, según surge del informe de la recurrida, la decisión de traslado del actor originalmente adoptada mediante documento electrónico ordinario de 22 de julio de 2026 fue objeto de una solicitud de reconsideración planteada por el afectado, siendo zanjada la materia recién con la Orden DIPECAR N°66 de 21 de agosto de 2026. De ello se sigue que el presente recurso se intentó respecto de un acto trámite, lo que impone necesariamente su rechazo.

En cuanto al segundo acto reprochado, consistente en la ausencia de pago de remuneraciones por el período que el actor estuvo alejado de la institución, según se ha indicado en los alegatos y se ha reconocido por el apoderado del actor en su intervención oral, a la fecha de este fallo los montos adeudados al recurrente se encuentran ya solucionados, por lo que en este acápite el recurso ha perdido oportunidad, imponiéndose igualmente su rechazo.

SEXTO: Que, por otra parte, si bien en su alegato oral el apoderado del recurrente ha manifestado que existe discrepancia en cuanto al monto que se le adeudaba por concepto de remuneraciones, lo cierto es que en ese punto el recurso tampoco podría prosperar desde que este no constituye la vía idónea para esclarecer asuntos controvertidos propios de un procedimiento de lato conocimiento, al tratarse, en cambio, de una sede cautelar y de urgencia para el resguardo de derechos indubitados.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de Carabineros de Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1486-2026 (Protección).-