CHILE FLAVORS SPA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Chile Flavors SPA Servicio de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N°1484-2026 La Serena, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Matías Rodrigo Mundaca Campos, abogado, en representación convencional de la sociedad CHILE FLAVORS SpA, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la Región de Coquimbo, por estimar ilegales y arbitrarias las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, ambas de 21 de julio de 2026, que rechazaron las Solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora deducidas por su representada respecto de las Resoluciones Exentas N°36, de 16 de enero de 2025, y N°24, de 15 de enero de 2025, respectivamente.

Expone que CHILE FLAVORS SpA es una sociedad dedicada a la exportación, comercialización y distribución de productos agrícolas y frutícolas y que, con fecha 29 de octubre de 2024, presentó solicitud de devolución del remanente de crédito fiscal IVA correspondiente al período tributario septiembre de 2024, por concepto de IVA Exportador, mediante Formulario 3600 folio N°10348901, solicitando la devolución de $65.096.389, vinculada a la factura electrónica N°6116 emitida por COMERCIAL AGRO RAISINS LIMITADA. Señala que el Servicio autorizó parcialmente la devolución mediante Resolución Exenta N°24, de 15 de enero de 2025, por la suma de $55.991.969, denegando $9.104.420.

Añade que, con fecha 30 de noviembre de 2024, presentó una segunda solicitud de devolución del remanente de crédito fiscal IVA correspondiente al período tributario octubre de 2024, mediante Formulario 3600 folio N°10350968, por la suma de $115.961.864, vinculada a las facturas electrónicas N°6125, 6126, 6127 y 6128, también emitidas por COMERCIAL AGRO RAISINS LIMITADA. Esta solicitud fue igualmente acogida en forma parcial mediante Resolución Exenta N°36, de 16 de enero de 2025, autorizándose una devolución de $70.966.211 y denegándose $44.995.653. De esta manera, sostiene que la suma total cuya devolución fue rechazada ascendió a $54.100.073.

Refiere que los días 4 y 5 de mayo de 2026 interpuso sendas Solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora respecto de aquellas resoluciones, solicitando que fueran dejadas sin efecto y se reconociera íntegramente el crédito fiscal cuya devolución había sido denegada. Dichas solicitudes fueron rechazadas mediante las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, de 21 de julio de 2026, actos que constituyen el objeto inmediato de la presente acción.

Sostiene que las resoluciones recurridas incurren en falta de motivación y en una deficiente ponderación de la prueba acompañada, pues, a su juicio, la documentación aportada acredita suficientemente la trazabilidad de las adquisiciones, pagos, procesamiento y exportación de las nueces que sirven de fundamento a las solicitudes de devolución.

En relación con la Resolución Exenta N°270.369, afirma que el Servicio habría efectuado una revisión errónea al considerar una factura de exportación que no correspondía a la operación observada, vinculando adquisiciones de nueces con cáscara con una exportación de nueces sin cáscara distinta de aquella que debía examinarse. Señala que ello habría llevado al órgano fiscalizador a concluir equivocadamente que existía un proceso productivo intermedio no documentado. Alega que la documentación aportada acreditaba que la maquila era realizada por una empresa externa al proveedor COMERCIAL AGRO RAISINS LIMITADA y que CHILE FLAVORS SpA recibía el producto ya procesado para su traslado directo al puerto, circunstancia respaldada —según afirma— por las guías de despacho acompañadas.

Agrega que el Servicio también habría interpretado fuera de contexto una declaración de la representante legal de la recurrente, doña nombre reservado, relativa a que la empresa no llevaba inventario físico en atención a su modelo operacional, pues los productos eran despachados desde la planta de procesamiento directamente al puerto. Sostiene que la ausencia de inventario físico en las dependencias de la recurrente no significaba inexistencia de control documental de las operaciones.

En cuanto a la Resolución Exenta N°270.371, manifiesta que el Servicio reconoció la existencia de un pago bancario por $57.022.420, pero estimó que dicho antecedente no subsanaba la falta de trazabilidad material. La recurrente controvierte esa conclusión, pues estima que, conjuntamente con los registros, guías de despacho, antecedentes bancarios, Formularios 29 y demás documentación presentada, se encontrarían acreditadas las operaciones que dieron origen al crédito fiscal.

Afirma, asimismo, que el Servicio no habría explicado de manera suficiente por qué cada uno de los antecedentes presentados resultaba insuficiente, limitándose a señalar que no era posible controlar adecuadamente las adquisiciones, producción, ventas y saldos de inventario, especialmente respecto de las nueces con cáscara Chandler. A su juicio, ello vulnera el deber de motivación que pesa sobre los órganos de la Administración y transforma las decisiones impugnadas en arbitrarias.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 36 del Decreto Ley N°825, que reconoce a los exportadores el derecho a recuperar el impuesto soportado en la adquisición de bienes o utilización de servicios destinados a su actividad exportadora, y sostiene que el crédito cuya devolución reclama constituye un bien incorporal susceptible de propiedad, de conformidad con los artículos 19 N°24 de la Constitución Política de la República y 583 del Código Civil.

Invoca igualmente los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y el deber de motivación de los actos administrativos, afirmando que las resoluciones impugnadas no contienen una valoración íntegra, congruente y proporcionada de los antecedentes aportados. Cita además el artículo 8 bis N°2 del Código Tributario, relativo al derecho del contribuyente a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, y jurisprudencia administrativa y tributaria sobre el deber de fundamentación.

Concluye que las resoluciones impugnadas le privan ilegítimamente de un crédito fiscal por $54.100.073 y, por tanto, vulneran su derecho de propiedad. Solicita que se acoja el recurso, se declaren ilegales y arbitrarias las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, ambas de 21 de julio de 2026, y se ordene al Servicio de Impuestos Internos proceder a la devolución de $54.100.073, más intereses y reajustes, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacua informe el Servicio de Impuestos Internos, por medio del Jefe del Departamento Jurídico de la IV Dirección Regional La Serena, solicitando el rechazo íntegro de la acción, con costas.

Expone que la recurrente pretende dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, ambas de 21 de julio de 2026, mediante las cuales fueron rechazadas las Solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora N°107.605-2026 y N°107.657-2026, y obtener, como consecuencia directa, la devolución de $54.100.073 por concepto de IVA Exportador.

Refiere que CHILE FLAVORS SpA inició actividades el 7 de septiembre de 2022, declarando como giro la exportación, comercialización y distribución de productos agrícolas y frutícolas, y que presentó solicitudes de devolución de IVA Exportador correspondientes a los períodos septiembre y octubre de 2024 mediante Formularios 3600 folios N°10348901 y N°10350968, por $65.096.389 y $115.961.864, respectivamente.

Explica que, durante la revisión de tales solicitudes, se determinó que el principal proveedor de la recurrente era COMERCIAL AGRO RAISINS LIMITADA, empresa relacionada que comercializaba nueces con y sin cáscara de distintas variedades y calibres, razón por la cual se requirieron antecedentes destinados a verificar la correcta determinación de inventarios y la trazabilidad de las operaciones.

Respecto del período septiembre de 2024, señala que mediante Notificación N°325, de 30 de octubre de 2024, se solicitaron antecedentes y que, pese a la documentación posteriormente acompañada, la contribuyente no aportó un Registro de Existencias ajustado a las exigencias de la Resolución Exenta N°985 de 1975. Afirma que los documentos denominados “Metodología de valorización PMP”, “Control de existencias”, “Entradas inventario Chile Flavors” y “Salidas inventario Chile Flavors” no individualizaban suficientemente los productos por variedad, calibre, año de cosecha y respaldo de sus movimientos, impidiendo verificar adecuadamente la trazabilidad de las operaciones y el stock disponible.

Añade que, por esta razón, no fue posible validar la procedencia íntegra del crédito fiscal vinculado a la adquisición de nueces con cáscara Chandler ni verificar el entero en arcas fiscales del débito fiscal asociado a la cadena comercial examinada.

En relación con el período octubre de 2024, señala que mediante Notificación N°364, de 2 de diciembre de 2024, se requirieron antecedentes similares y que tampoco se aportó un Registro de Existencias que reuniera las características exigidas por la normativa. Agrega que, al profundizarse la revisión de la cadena comercial, se detectaron antecedentes de riesgo fiscal e inconsistencias respecto de distintos integrantes de ella, sin que pudiera establecerse de forma verificable la relación entre el huerto o productor, el establecimiento de procesamiento, la documentación de transporte y la exportación final.

Precisa que esos antecedentes no permitían afirmar por sí solos que las facturas N°6116, 6125, 6126, 6127 y 6128 fueran falsas ni atribuir a la recurrente conocimiento o participación en irregularidades de terceros, pero sí impedían considerar acreditada la procedencia del crédito fiscal únicamente a partir de la existencia formal de documentos tributarios electrónicos.

En virtud de ello, mediante Resolución Exenta N°24, de 15 de enero de 2025, y Resolución Exenta N°36, de 16 de enero de 2025, se autorizaron parcialmente las devoluciones solicitadas, denegándose $9.104.420 y $44.995.653, respectivamente.

Como primera defensa, el Servicio alega la extemporaneidad del recurso. Sostiene que, aun cuando la recurrente individualiza formalmente como actos recurridos las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, de 21 de julio de 2026, el gravamen patrimonial cuya reparación pretende se originó en las Resoluciones Exentas N°24 y N°36 de enero de 2025. Destaca que, a más tardar los días 4 y 5 de mayo de 2026, fechas en que la contribuyente presentó las respectivas Solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, tenía conocimiento cierto de dichas decisiones, de sus fundamentos y efectos. Por ello, estima que la presentación posterior de solicitudes administrativas de revisión no podía generar un nuevo plazo para recurrir de protección respecto del gravamen originalmente producido.

En subsidio, sostiene que la acción de protección no constituye una vía idónea para resolver la controversia. Explica que la pretensión de la recurrente exige determinar si concurren los presupuestos legales para reconocer íntegramente el crédito fiscal asociado a determinadas facturas, valorar antecedentes contables, bancarios, tributarios y comerciales, establecer la trazabilidad material de las operaciones y, finalmente, declarar la existencia de un derecho patrimonial a la devolución de $54.100.073. Afirma que todas esas materias requieren debate y prueba y exceden la naturaleza cautelar, urgente y sumaria del recurso de protección.

Hace presente que el ordenamiento tributario contempla mecanismos administrativos y jurisdiccionales específicos, entre ellos la Reposición Administrativa Voluntaria del artículo 123 bis del Código Tributario, el recurso jerárquico tributario del artículo 6° letra A) N°7, el recurso de resguardo del artículo 8 bis, el procedimiento general de reclamaciones de los artículos 123 y siguientes y la acción especial del artículo 155 del mismo cuerpo legal. Precisa que no invoca la sola existencia de otras vías como una exclusión automática de la protección, sino para demostrar que la pretensión deducida requiere previamente una declaración sobre la existencia y extensión de un derecho tributario controvertido.

Explica, además, que la Revisión de la Actuación Fiscalizadora se funda en el artículo 6° letra B) N°5 del Código Tributario y constituye un mecanismo administrativo destinado a corregir vicios o errores manifiestos de actuaciones anteriores. Sostiene que las resoluciones recaídas en una RAF no constituyen una nueva instancia jurisdiccional ni generan una nueva cadena de impugnaciones destinada a reabrir una controversia tributaria ya resuelta, sin perjuicio de que una resolución de esa naturaleza pueda ser controlada constitucionalmente si produce por sí misma un agravio autónomo.

En cuanto al fondo, afirma que las resoluciones impugnadas se encuentran suficientemente motivadas y que el Servicio actuó dentro de sus atribuciones. Invoca el artículo 36 del Decreto Ley N°825, el D.S. N°348 de 1975 y el artículo 21 del Código Tributario, señalando que el derecho de los exportadores a recuperar el IVA se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y a la acreditación suficiente de las operaciones que sirven de fundamento al crédito fiscal.

Sostiene que los registros aportados por la contribuyente no permitían reconstruir adecuadamente los movimientos de las mercaderías ni vincular en forma suficiente las adquisiciones con los productos efectivamente exportados. Añade que las explicaciones relativas al proceso de maquila, las guías de despacho, los pagos bancarios y los Formularios 29 fueron consideradas, pero no resultaron suficientes para superar las restantes observaciones de trazabilidad.

En particular, respecto de la alegación consistente en que se habría considerado una factura de exportación incorrecta, sostiene que aun aceptando dicha objeción subsistían otras observaciones independientes relativas a los registros de existencias, la cadena documental y la correspondencia material entre adquisiciones y exportaciones. Del mismo modo, afirma que el pago bancario por $57.022.420 fue expresamente reconocido, pero se estimó insuficiente para acreditar por sí solo la trazabilidad material de las operaciones.

Finalmente, invoca el artículo 8 bis N°4 del Código Tributario y sostiene que las resoluciones impugnadas expresaron los hechos, fundamentos jurídicos y razonamiento que condujeron a mantener las observaciones formuladas, de modo que la discrepancia de la recurrente respecto del mérito probatorio de los antecedentes no transforma las decisiones administrativas en ilegales o arbitrarias.

En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que el artículo 36 del Decreto Ley N°825 reconoce un derecho a recuperar el IVA únicamente cuando concurren los presupuestos legales que lo hacen procedente, los que precisamente se encuentran controvertidos en autos. Por ello, afirma que la recurrente no es titular de un derecho patrimonial indubitado sobre la suma reclamada.

Concluye solicitando el rechazo del recurso por extemporáneo; en subsidio, por no constituir la protección la vía idónea para resolver la controversia; y, en todo caso, por no existir acto ilegal o arbitrario ni vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que dicha disposición enumera, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que provoquen privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio, facultando a esta Corte para adoptar las medidas que estime necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto por las partes, el acto formalmente impugnado está constituido por las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, ambas de 21 de julio de 2026, que rechazaron las Solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora deducidas por CHILE FLAVORS SpA respecto de las Resoluciones Exentas N°36, de 16 de enero de 2025, y N°24, de 15 de enero de 2025, por las cuales se autorizó parcialmente la devolución de IVA Exportador correspondiente a los períodos tributarios octubre y septiembre de 2024, denegándose en conjunto la suma de $54.100.073.

La controversia sometida al conocimiento de esta Corte exige determinar, en primer término, si la acción fue deducida dentro del plazo previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, atendida la alegación del Servicio en orden a que el gravamen patrimonial se habría originado en las resoluciones dictadas en enero de 2025 y no en aquellas recaídas en las posteriores RAF.

De superarse dicha cuestión, corresponde establecer si las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371 adolecen de falta de motivación o de una valoración arbitraria de los antecedentes aportados por la contribuyente y, asimismo, si mediante esta acción cautelar resulta posible declarar la existencia del derecho de la recurrente a recuperar íntegramente el crédito fiscal reclamado y ordenar directamente la devolución de $54.100.073, más reajustes e intereses.

QUINTO: Que, para resolver la alegación de extemporaneidad, debe distinguirse entre las Resoluciones Exentas N°24 y N°36, dictadas los días 15 y 16 de enero de 2025, que autorizaron parcialmente las solicitudes de devolución de IVA Exportador y denegaron las sumas de $9.104.420 y $44.995.653, respectivamente, y las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, ambas de 21 de julio de 2026, que resolvieron las Solicitudes de Revisión de la Actuación Fiscalizadora promovidas posteriormente por la contribuyente.

Si bien estas últimas resoluciones mantienen, en definitiva, la situación patrimonial derivada de las decisiones primitivas, constituyen actos administrativos distintos, dictados en un procedimiento de revisión regulado en el artículo 6° letra B) N°5 del Código Tributario, que impone a la autoridad el deber de examinar los antecedentes nuevamente aportados, resolver fundadamente y apreciar de manera también fundada la prueba rendida.

Por consiguiente, en cuanto el recurso denuncia vicios propios y autónomos de las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371 —particularmente una supuesta falta de motivación y una deficiente ponderación de los antecedentes acompañados durante las RAF—, el plazo para impugnarlas debe computarse desde su dictación o conocimiento cierto, y no desde las resoluciones primitivas de enero de 2025. Habiéndose dictado los actos recurridos el 21 de julio de 2026 e interpuesto la acción el 20 de agosto del mismo año, la alegación de extemporaneidad será desestimada, sin perjuicio de que la pretensión material de obtener directamente la devolución de $54.100.073 deba ser examinada separadamente a la luz de la naturaleza cautelar de esta acción y del carácter controvertido del derecho cuya tutela se solicita.

SEXTO: Que, aun cuando la acción se estime deducida oportunamente respecto de los vicios propios que se atribuyen a las Resoluciones Exentas N°270.369 y N°270.371, la pretensión de la recurrente no puede prosperar por esta vía cautelar.

En efecto, la sociedad no solicita únicamente que se dejen sin efecto dichas resoluciones por una eventual insuficiencia formal de motivación ni que el Servicio emita un nuevo pronunciamiento respecto de las respectivas RAF. Su petición concreta consiste en que esta Corte ordene directamente la devolución de $54.100.073, más reajustes e intereses, monto que corresponde exactamente a las sumas cuya devolución fue denegada mediante las Resoluciones Exentas N°24 y N°36 de enero de 2025.

SÉPTIMO: Que, para acceder a dicha pretensión sería indispensable establecer previamente que la recurrente cumplió los presupuestos legales y reglamentarios para recuperar íntegramente el crédito fiscal IVA asociado a las facturas electrónicas N°6116, 6125, 6126, 6127 y 6128.

Ello supone examinar y ponderar los registros de existencias acompañados; determinar si éstos permiten individualizar adecuadamente las mercaderías; relacionar adquisiciones, movimientos de inventario, documentos de transporte y exportaciones; establecer la incidencia del proceso de maquila alegado por la recurrente; valorar los antecedentes bancarios y tributarios del proveedor; y resolver las discrepancias técnicas existentes entre la contribuyente y el Servicio en torno a la trazabilidad material y documental de las operaciones.

Se trata, por consiguiente, de materias que requieren una actividad declarativa y probatoria incompatible con la naturaleza urgente, sumaria y cautelar del recurso de protección.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes aparece que las resoluciones recurridas no carecen de fundamentación.

En ellas se identifican las actuaciones sometidas a revisión, se reseñan los antecedentes acompañados por la contribuyente y se exponen las razones por las cuales éstos fueron estimados insuficientes para superar las observaciones formuladas en las resoluciones primitivas. Entre tales razones se menciona la falta de un registro de existencias idóneo, la imposibilidad de reconstruir de manera verificable la cadena comercial y productiva, las dificultades para vincular documentalmente determinadas adquisiciones con las exportaciones y la necesidad de esclarecer las distintas etapas de procesamiento y transporte.

Asimismo, el propio recurso reconoce que uno de los pagos bancarios acompañados, ascendente a $57.022.420, fue considerado por el Servicio, aunque se le atribuyó un mérito probatorio insuficiente para superar las restantes observaciones. Tal circunstancia demuestra que la controversia no se refiere a una omisión absoluta de valoración, sino a una discrepancia acerca del mérito que debía asignarse a los antecedentes aportados.

NOVENO: Que tampoco la alegación relativa a la utilización de la factura de exportación N°52 permite, por sí sola, calificar de ilegal o arbitraria la actuación recurrida.

Aun cuando la contribuyente sostiene que correspondía examinar la factura de exportación N°44, subsisten observaciones autónomas relativas a la suficiencia de los registros de existencias, la reconstrucción de la cadena documental, la individualización de los productos, el establecimiento de procesamiento y la vinculación final entre las adquisiciones y las exportaciones.

De esta manera, incluso admitiendo la existencia del error puntual denunciado, su corrección no conduce necesariamente a reconocer la procedencia íntegra del crédito fiscal ni permite concluir que las resoluciones impugnadas se encuentren desprovistas de un fundamento objetivo y racional.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, si bien el artículo 36 del Decreto Ley N°825 reconoce a los exportadores el derecho a recuperar el IVA soportado en bienes y servicios destinados a su actividad exportadora, la procedencia concreta de dicha recuperación se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación tributaria.

En el mismo sentido, el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario reconoce el derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que el contribuyente tenga derecho conforme a las leyes tributarias, expresión que supone que la procedencia de la devolución se encuentre jurídicamente establecida.

En el caso de autos, precisamente se encuentra controvertida la existencia y extensión del derecho patrimonial invocado. Mientras no se determine que concurren los presupuestos legales para recuperar el crédito fiscal asociado a las operaciones observadas, no puede afirmarse la existencia de un derecho indubitado sobre la suma de $54.100.073 cuya privación pueda ser reparada mediante esta acción cautelar.

UNDÉCIMO: Que, por consiguiente, las alegaciones formuladas por la recurrente se dirigen, en lo sustancial, a controvertir la valoración técnica y probatoria efectuada por el Servicio de Impuestos Internos y a obtener que esta Corte sustituya dicha apreciación por otra que reconozca directamente la procedencia de la devolución reclamada.

Tal pretensión excede el objeto propio del recurso de protección y corresponde ser ventilada por las vías administrativas o jurisdiccionales que el ordenamiento tributario contempla para la discusión de la procedencia del crédito fiscal y de las devoluciones asociadas.

En estas condiciones, no se advierte un acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, razón por la cual la acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por CHILE FLAVORS SpA en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1484-2026 Protección.