nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1480-2025 La Serena, ocho de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el veintiuno de agosto de dos mil veinticinco doña nombre reservado, abogada, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, boliviano, trabajador dependiente, pasaporte del Estado Plurinacional de Bolivia GE67403, domiciliado en domicilio reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación de Resolución Exenta N°24544446 de 29 de noviembre de 2024, la que dispone orden de expulsión y prohibición de ingreso al país, notificada con el 28 de enero de 2025, afectándose con ello sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 y 31 de la Ley 19.880.

Expone, que desde el 13 de noviembre de 2021 el recurrente junto a su pareja, ambos bolivianos, viven en el país, que migraron por los problemas económicos de su país de origen, buscando una mejor calidad de vida, y que desde su ingreso comienza a trabajar en el rubro de la construcción de manera informal por su situación migratoria. Indica que el 16 de julio de 2025 nació su hija de nacionalidad chilena, señalando que su estabilidad económica y unidad familiar dependen de su permanencia en Chile. Indica haber realizado autodenuncia el 24 de octubre de 2023, y luego fue empadronado el 24 de octubre de 2023.

Señala, que presentó ante esta Corte un recurso de amparo contra la resolución que recurre por el presente arbitrio, Rol 80-2025, el cual fue acogido el 5 de febrero de 2025, pero luego la Excma. Corte Suprema revocó lo resuelto y rechazó el recurso, manteniéndose vigente la orden de expulsión.

Arguye, que al presentar el recurso de amparo no tenía vínculo con chileno, pues su pareja se encontraba embarazada, pero hoy sí posee aquel vínculo, pues su hija nació el pasado 16 de julio.

Refiere que, habiendo ocurrido un cambio en su situación familiar posterior a la acción de amparo, y a fin de evitar la excepción de cosa juzgada, se interpone la presente protección, con el objeto de dejar sin efecto la orden de expulsión, y así proteger el interés superior de la niña y el principio de reunificación familiar.

Indica sobre el principio de la reunificación familiar, que se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Ley 21.325, e indica que el artículo 129 de la señalada ley dispone que al decretarse una medida de expulsión se debe considerar la circunstancia que el extranjero tenga hijos chilenos, para lo cual debe tenerse presente el interés superior del niño, niña y adolescente, y en el caso de marras indica estar siendo vulnerado.

Prosigue refiriéndose al derecho a la libertad ambulatoria consagrado en el artículo 19 N°7 de la Carta Magna, y su protección constitucional dispuesta por el artículo 21 de la Constitución, y refiere que en el caso de autos se está infringiendo la libertad personal del recurrente al expulsarlo del país. Añade que, el proceso sancionatorio no le fue notificado y, por ende, tampoco pudo formular descargos, que en aquel tiempo no tenía vínculo familiar, pero que ahora sí lo posee.

Señala ser evidente que el recurrente sufre una amenaza ilegal en sus derechos, a causa de una serie de acciones arbitrarias e ilegales, pues la resolución que ordena la expulsión del amparado no ha sido dictada conforme a lo que dispone la ley, pues no se configura en la especie la causa legal de expulsión, y, además, ya no posee la efectividad y oportunidad propias de un acto administrativo.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida la regularización migratoria del actor, y en caso de haberse ejecutado la medida de expulsión, dejarla sin efecto, con condena en costas.

Acompaña a su presentación: copia del acta de notificación y Resolución Exenta N°24544446 de 29 de noviembre de 2024 y notificado el 28 de enero de 2025; copia de contrato de trabajo del recurrente; pasaporte del recurrente; certificado de nacimiento de la hija de don nombre reservado; certificado de antecedentes penales legalizados del país de origen del recurrente; tarjeta de infractor; y certificado de empadronamiento.

SEGUNDO: Que, a folio 8 comparece la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política, además de existir otra vía procesal para impugnar la resolución, y que, la resolución impugnada ya ha sido conocida por la Excma. Corte Suprema.

Señala que, mediante oficio ORD N°71770412 de 11 de noviembre de 2024, de aquella repartición pública, se notificó por correo electrónico al recurrente del inicio del procedimiento sancionatorio en su contra, por haber ingresado al territorio nacional por un paso no habilitado eludiendo el control migratorio, confiriéndosele un plazo para realizar descargos, advirtiéndole que en caso de no formular descargos se resolvería con los antecedentes que consten bajo su poder. Señala que no cumplió con lo anterior el actor, por lo que se dictó resolución de 29 de diciembre de 2024 que decreta su expulsión del territorio nacional.

Precisa que, el artículo 141 de la Ley 21.325 establece el recurso de reclamación, el cual es el medio idóneo para recurrir lo resuelto por el Servicio, y que el extranjero no interpuso, optando por la presente acción cautelar de carácter urgente, lo que arguye ya fue revisado por la Excma. Corte Suprema por medio del conocimiento de recurso de apelación en Rol amparo de esta Corte 80-2025. Añade que, la resolución impugnada es resultado de un procedimiento administrativo que cumple con el debido proceso, entregando un plazo al extranjero para realizar sus descargos, que en este caso no lo hizo.

Expone sobre el procedimiento sancionatorio dispuesto contra el recurrente, señalando que se inició por su ingreso clandestino al país, y configurándose la hipótesis del artículo 127 N°1 en relación al artículo 32 N°3 de la Ley 21.325, se dispuso su expulsión, por lo que su actuar se ha ajustado con pleno respeto a la garantía constitucional del recurrente de ser oído y de presentar descargos en el procedimiento sancionatorio iniciado en su contra.

En cuanto al arraigo familiar alegado, destaca que el extranjero no logró acreditar un arraigo en el territorio nacional en su oportunidad y así lo confirmó la Excma. Corte Suprema al estimar que el Servicio ha actuado conforme a la Ley, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada. Indica que el extranjero no acredita vínculos familiares de los mencionados en el N°5 y 6 del artículo 129 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. En cuanto al arraigo laboral, se acompañó una oferta de trabajo de fecha 31 de enero de 2025, esto es, solo 6 días antes de la presentación del recurso de amparo Rol 80-2025. Y en cuanto al arraigo social, y según sus registros el extranjero no realiza contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económicas en el país que den cuenta de su arraigo.

Concluye que la aplicación de la medida de expulsión es del todo legal y carente de arbitrariedad, pues el recurrente ha infringido la normativa interna migratoria, de modo tal que la separación de los afectados con esa medida de su grupo familiar es una de las consecuencias que trae aparejada la decisión propia del recurrente de incurrir en la conducta ilegal, existiendo una causa legal que así lo permite y por la autoridad competente para decretarla.

Solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

Acompaña a su informe: copia de la Resolución Exenta N°24544446 de 05 de diciembre de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones; copia Oficio Ordinario N°71770412 de 11 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones; copia Parte Policial N°2588 de 30 de octubre de 2023 de la Policía de Investigaciones de Chile; y E-book Amparo 80-2025.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por decretar la orden de expulsión y prohibición de ingreso al país del actor, dictada el 29 de noviembre de 2024, pues desconocía el inicio del procedimiento sancionatorio en su contra y no pudo realizar sus descargos, a lo cual añade que en aquel entonces no contaba con vínculo familiar, y que ahora con el nacimiento de su hija en el mes de julio pasado sí posee vínculo, y que por tanto, la orden va en contra de reunificación familiar e interés superior de la niña.

Por su parte, la recurrida ha señalado que estos mismos antecedentes ya fueron vistos por esta Corte bajo Rol de Amparo 80-2025, y que en aquellos autos la Excma. Corte Suprema resolvió rechazar el amparo por haber sido dispuesta la orden por autoridad competente dentro de las facultades que le otorga la ley; añade, que el procedimiento sancionatorio fue debidamente tramitado apegándose a la normativa dispuesta al efecto, no acreditando el recurrente encontrase con arraigo familiar, laboral y/o social, por lo que se decreta su expulsión del país.

SEXTO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la carpeta digital del presente recurso, se advierte que el acto contra el cual se recurre fue dictado el 29 de noviembre de 2024, y notificado de forma personal al recurrente por Policía de Investigaciones el 25 de enero de 2025, y a su turno, el presente recurso fue interpuesto el 25 de agosto de la presente anualidad, por lo que no cabe más que concluir que se ha superado con creces el plazo dispuesto por el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación de recurso de protección, esto es, 30 días corridos y fatales contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, por lo que el recurso no podrá prosperar como se dirá en lo resolutivo.

SÉPTIMO: Que, se advierte que el recurrente no señaló las garantías constitucionales infringidas, ni explicó cómo éstas fueron vulneradas, sino más bien su argumentación dijo relación con la garantía de libertad ambulatoria, protegida por la acción de amparo, lo que abona al rechazo.

A mayor abundamiento la resolución que se recurre por el presente recurso ya fue conocido por la Excma. Corte Suprema como señaló la recurrida; y que, en cuanto al nacimiento de su hija el 16 de julio de 2025, es una circunstancia nueva en situación migratoria del recurrente, sin perjuicio, el presente arbitrio no se presentó dentro de los 30 días siguientes al nacimiento de la niña.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1480-2025 Protección