nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 11 de enero de 2021
- Sala
- Segunda Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1471-2020, sentencia de 11 de enero de 2021
Resumen
Se rechaza la protección por no constatarse acción u omisión ilegal o arbitraria de los servicios recurridos, pues el recinto fiscal lo administra un consejo integrado por las propias organizaciones usuarias.
Texto íntegro
nombre reservado, nombre reservado
nombre reservado y otros Recurso de Protección Rol N° 1471-2020.
La Serena, once de enero de dos mil veintiuno.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, con fecha siete de agosto de dos mil veinte comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección a favor de su persona y de la Asociación Gremial de nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado, Directora de Obras Públicas Regional y nombre reservado, en virtud de los siguientes antecedentes.
Expone que con fecha 27 de julio del presente año ha sido notificado tanto el como la Asociación Gremial de nombre reservado que representa como Presidente, que se les prohíbe trabajar en el recinto de la nombre reservado (muelle Fiscal) y se les niega en forma reiterada a utilizar las instalaciones fiscales, por parte de don nombre reservado, por lo que realizaron diversas denuncias a las autoridades Regionales, ante una apropiación ilegal que lleva a cabo el Sr. nombre reservado, sobre un bien fiscal que pertenece a todos los pescadores y comunidad que trabaja, beneficiándose en forma directa de todas las actividades pesqueras que se realizan en la nombre reservado .
Destaca que el año 2017 el estado de Chile hizo entrega de la nombre reservado artesanal a la asociación gremial que dirige; esto fue porque la asociación poseía y posee la mayor representatividad en la localidad de Tongoy. Posteriormente la Directora de Obras Portuarias hace la entrega al Consejo de Administración de la nombre reservado. Indica que acá comienzan los problemas con el Sr. nombre reservado, la A.G Tongoy y la cooperativa M-31 en conjunto con otros sindicatos de pescadores y entre las cuatro organizaciones se da inicio a la Sociedad por Acciones (sic).
Refiere que esta sociedad que él preside, desde sus inicios el año 2017, comienza a la fecha a tomar y administrar todos los recursos que ingresan en la nombre reservado no teniendo participación y mucho menos acceso a los dineros que se recaudan a las demás organizaciones, efectuando esta persona contratos, arriendos y emisión de boleta y facturas por lo que se desconocen la legalidad o si está evadiendo impuestos por las grandes cantidades de dineros que ingresaron e ingresan a la fecha, por las diversas actividades que se ejecutan en la caleta. En este punto hace especial mención que durante las temporadas estivales son millones de pesos por concepto de turismo.
Sostiene que la gravedad de todos éstos hechos es que son amparados por autoridades, como lo es el Seremi de Obras Públicas y la Directora de Obras Portuarias.
En este punto menciona que efectuó una reunión privada en la nombre reservado el día 27 de Julio de este año, quedando en evidencia que amparan esta apropiación y hacen oídos sordos a los requerimientos de los demás asociados. Existen diversas cartas de la autoridad marítima cual es la encargada de fiscalizar el borde costero, donde dan a conocer la irregularidad en la administración de la Caleta.
Señala que en su actuar los recurridos de autos han vulnerado flagrantemente el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política del Estado.
Puntualiza que la primera garantía constitucional se ve impedida por la administración de la nombre reservado, administrada por don nombre reservado, ya que impide el derecho a desarrollar cualquier actividad económica de pesca artesanal, en la nombre reservado, impidiendo con ello su desarrollo laboral, por negarse el acceso a este un bien fiscal (art. 19 N°21).
Respecto de la segunda, se ve claramente amenazada, ya que el accionar de los recurridos, lo único que pretenden es despojarlos del derecho de la propiedad que tienen sobre la utilización de la nombre reservado (muelle fiscal), que no impide ejercer su trabajo de pescador artesanal, ya que se debe considerar un derecho de propiedad en favor de ellos, y sobre todos los pescadores artesanales de la localidad de Tongoy, que impide usar las instalaciones de un bien fiscal de uso público (sic).
Por estas consideraciones solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de los recurridos ya individualizados.
Acompaña con citación los siguientes documentos: 1.- Acta del libro constitución de la asociación que representa, de fecha 16 de enero 2019; 2.- Certificado de Vigencia de la Asociación AG Tongoy N°565925; 3.- Representatividad del Asociación Gremial AG Tongoy; 4.- Carta C.P. TOY. ORDINARIO N°12.000/596, de fecha 13 de mayo del 2020; 5.- Carta C.P.TOOY. ORDINARIO N°12.00/546, de fecha 28 de julio de 2020; 6.- Carta C.P.TOOY. ORDINARIO N°563 de fecha 04 de agostos de 2020.
SEGUNDO: Que, con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte evacuó informe nombre reservado, Directora Regional de Obras Portuarias de Coquimbo, Expone, en lo pertinente, que el año 2015, la Dirección de Obras Portuarias licitó el contrato de obra “Construcción Obras Anexas Muelle Tongoy, IV Región”, el cual fue adjudicado mediante Resolución DOP (T.R.) N° 44, de fecha 31 de marzo de 2015. La obra para la pesca artesanal, consideró: un muelle, boxes, servicios higiénicos, salas de reuniones, oficinas Sernapesca, Alcaldía de Mar, 8 cocinerías y 7 pescaderías internas, 12 pescaderías externas, cuyo monto fue de MM$ 9.000. aprox.
Agrega que para poder ejecutar los trabajos previamente indicados, la Dirección de Obras Portuarias contó una destinación marítima otorgada mediante el Decreto Supremo Exento N° 133/2001 del Ministerio de Defensa Nacional- Subsecretaría de Marina modificado por el Decreto Exento N° 1007/2016, que autoriza la demolición de mejoras fiscales y modifica el D.E N° 71/2002, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina donde se señala claramente que: “El objeto de esta destinación marítima, en los sectores otorgados, es efectuar la construcción de una explanada, boxes, oficinas, servicios higiénicos, sala multiuso, sala de procesos, paseo peatonal, edificio de cocinerías, atracadero artesanal y muelle”.
Con todo, habiéndose efectuado el término de la obra, y previo a la entrega de Uso Provisorio de la infraestructura construida, se realizaron reuniones entre diferentes entidades relevantes de la comuna, a saber: a) Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), b) Autoridad Marítima (Capitanía de Puerto de Tongoy), c) Municipalidad de Coquimbo (Delegación Municipal), d) Ministerio de Obras Públicas (Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y Dirección de Obras Portuarias), lideradas por el Sr. Gobernador Provincial de Elqui, con el fin de determinar la mejor alternativa para la entrega de las obras construidas.
Refiere que para los fines previamente indicados el señor Gobernador Provincial Elqui, mediante el Ord. N° 684, de fecha 31.07.2017, solicitó al Director Regional de SERNAPESCA informar acerca de las organizaciones válidamente inscritas en sus registros con caleta base en Tongoy, número de integrantes y actividades extractivas realizadas por ellos sea como armador o buzo y señalar cuales de estas organizaciones eran titulares áreas de manejo y/o concesiones de acuicultura en dicha caleta, e informes de operación de las mismas. Como consecuencia de dichos informes, aparece que la organización ASOCIACIÓN GREMIAL DE BUZOS PESCADORES Y RAMOS SIMILARES ARTESANALES INDEPENDIENTES DE TONGOY (A.G.), Rol N° 71.512.500-5, representada, en ese entonces, por don nombre reservado, es la de mayor antigüedad, con mayor número de socios, y de mayor actividad productiva en la nombre reservado, incluyendo además la titularidad de áreas de manejo y concesiones de acuicultura.
Destaca que en la caleta, además de los servicios inherentes a la pesca artesanal como lo son: embarque-desembarque de productos y personas (pescadores y acuicultores), actividades secundarias (espineles y encarnado), guardado de artes de pesca, depósito de productos, izaje de embarcaciones (para el varado), como las más destacadas; se proporcionan servicios de venta de productos frescos y preparados (Centro Gastronómico).
Añade que la finalidad de la entrega provisoria del uso de la caleta tiene como objeto la mantención y conservación de las obras ejecutadas por la Dirección de Obras Portuarias, siendo responsabilidad de la Asociación Gremial ejecutar las reparaciones necesarias para mantenerlas en el estado en que se entregaron y para ello la Dirección de Obras Portuarias hizo entrega, en ese acto, de un ejemplar del Manual de Operación y Conservación de la infraestructura materia del presente Convenio. Junto con lo anterior, la Asociación Gremial se compromete a velar por el correcto funcionamiento de la actividad pesquera artesanal en la infraestructura, implementando programas y acciones destinados a fomentar en sus afiliados la observancia de la legislación portuaria, pesquera, marítima y sanitaria vigente, así como mantener la limpieza del área y evitar la contaminación del medio ambiente. En cuanto a los recursos que se recauden a propósito de la administración de las obras estos deberán cubrir la totalidad de las funciones propias de la administración y en ningún caso podrán invertirse en fines distintos a los previstos por las normas que rigen a la Asociación Gremial.
Ahora bien, destaca que la única finalidad de la Dirección de Obras Portuarias de entregar en uso la mencionada caleta es la de dar cuidado a la infraestructura construida por el Fisco mientras se definiera por parte de los pescadores o el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura la tramitación de una concesión o destinación marítima según correspondiera, esto con el objetivo de velar por la conservación y mantenimiento de las obras construidas con presupuesto Fiscal. Lo anterior, por cuanto la Dirección de Obras Portuarias no dispone dentro de sus atribuciones la administración de una caleta.
Finalmente, con fecha 31 de julio 2017, la Dirección de Obras Portuarias, hizo entrega mediante un Convenio de Uso Provisorio la obra pública “Construcción Obras Anexas Muelle de Pescadores nombre reservado” a la Asociación Gremial de Buzos Pescadores y Ramos Similares Artesanales Independientes de Tongoy, el cual tenía una vigencia de un año desde su suscripción, tiempo en el cual la Asociación Gremial debía realizar todas las gestiones para que las organizaciones artesanales presentes y reconocidas por el Servicio Nacional de pesca definan la figura de administración definitiva.
Profiere que el Convenio de Uso Provisorio, es producto de un trabajo colaborativo entre la Dirección de Obras Portuarias y la Autoridad Marítima, siendo su principal objetivo el establecer derechos y obligaciones a las organizaciones que administraran la Caleta en forma provisoria, mientras los pescadores definen su administración definitiva. Además, se estipula que esa Asociación Gremial debe velar por el buen uso de la infraestructura, hasta que se constituya una Administración definitiva que asuma con propiedad la administración de la Caleta.
Posteriormente, la Asociación Gremial informa la conformación del Consejo de Administración de la nombre reservado, el cual está compuesto por 8 consejeros (2 de cada organización), lo cual consta en la adenda de fecha 12 de agosto de 2017 efectuada al Convenio de Uso Provisorio.
Señala que las Organizaciones que constituyen este Consejo son:
SINDICATO DE TRABAJADORES nombre reservado Y PESCADORES ARTESANALES BAHÍA DE TONGOY:
- nombre reservado
- nombre reservado
ASOCIACIÓN GREMIAL DE BUZOS Y PESCADORES Y RAMOS SIMILARES ARTESANALES INDEPENDIENTES DE TONGOY:
- nombre reservado
- nombre reservado
COOPERATIVA ACUÍCOLA M-31 DE TONGOY:
- nombre reservado
- nombre reservado
ASOCIACIÓN GREMIAL DE nombre reservado, PESCADORES ARTESANALES Y AFINES TONGOY - nombre reservado
- nombre reservado
De lo expuesto, es dable concluir que la Dirección de Obras Portuarias, no tiene facultades para participar, y tampoco ha participado, de forma alguna de la administración interna que tiene actualmente la nombre reservado, no siendo una facultad de la Dirección de Obras Portuarias, y tampoco del Ministerio de Obras Públicas, el administrar y menos resolver los conflictos que se generen dentro de las caletas pesqueras entre las distintas agrupaciones allí existentes. Lo anterior, en conformidad al artículo 19° del DFL N° 850, al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y a la destinación marítima que se concedió para la construcción de la infraestructura de nombre reservado y no para su administración.
A mayor abundamiento, el Convenio de Uso Provisorio en el cual participó la Dirección de Obras Portuarias no se encuentra vigente, por cuanto su duración era por un año desde su fecha de suscripción (31 de julio de 2018).
Puntualiza que la Dirección de Obras Portuarias, no tiene facultades para prohibir el ingreso a una determinada persona u asociación a un recinto como una nombre reservado.
Lo anterior, se sustenta en que la Dirección de Obras Portuarias no tiene facultades para administrar y tampoco detenta una administración de hecho de la nombre reservado, ya que solo se limitó a ejecutar obras según lo establece el artículo 19 del DFL N° 850 y dando cumplimiento a lo establecido en la destinación marítima otorgada mediante el Decreto Supremo Exento N° 133/2001 del Ministerio de Defensa Nacional- Subsecretaría de Marina modificado por el Decreto Exento N° 1007/2016, que autoriza la demolición de mejoras fiscales y modifica el D.E N° 71/2002, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina donde se señala claramente que: “El objeto de esta destinación marítima, en los sectores otorgados, es efectuar la construcción de una explanada, boxes, oficinas, servicios higiénicos, sala multiuso, sala de procesos, paseo peatonal, edificio de cocinerías, atracadero artesanal y muelle”.
Manifiesta que su parte desconoce cuáles serían los actos que realizó la administración para despojarlo de un supuesto derecho de propiedad que tendría sobre la nombre reservado, por cuanto los bienes fiscales constituyen parte del patrimonio privado del Estado por lo que malamente una persona natural podría tener un derecho de dominio sobre la caleta.
Así las cosas, no concurren los requisitos de fondo para que prospere el recurso de protección, dada la ausencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarias.
En este sentido, aclara que la autoridad no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, dado que los supuestos hechos que indica la recurrente tales como una “notificación” de fecha 27 de julio del presente año donde se le indicaría que tanto él como la Asociación Gremial de nombre reservado no estarían facultados para acceder a la caleta en comento, no han sido efectuadas por este Servicio ni por el Ministerio de Obras Públicas, por lo que esta parte desconoce las razones por las que el recurrente ha intentado la acción de protección contra la suscrita.
Del mismo modo, en el presente caso, no existe ningún acto de tal servicio que pueda entenderse como arbitrario, dado que la parte recurrente no indica cual sería el acto de dicho servicio que estaría perturbando las garantías constitucionales que se indican y solo se limita a señalar de manera genérica la vulneración de garantías constitucionales.
Asimismo, aduce la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales y la improcedencia del recurso por no ser la acción de protección la vía idónea para efectuar el reclamo deducido en autos; en este caso, podemos concluir que la problemática del recurrente se enmarca en el contexto de la administración de la nombre reservado, la que actualmente estaría siendo ejercida por un Consejo en cual la Asociación Gremial recurrente es participe. Por lo anterior, el supuesto conflicto existente del recurrente con los actuales administradores de la Caleta debiese ser resuelto conforme a los propios estatutos que formalizó esa administración y en ningún caso ante esta Corte.
Por estas consideraciones solicita desestimar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.
Acompaña los siguientes documentos: 1.- La Resolución DOP (T.R.) N° 44, de fecha 31 de marzo de 2015, que adjudica el contrato “Construcción Obras Anexas Muelle Tongoy, IV Región”; 2.- El Ord. N° 684, de fecha 31 de julio de 2017, del Gobernador de la Provincia del Elqui dirigido a nombre reservado, Director Regional de Sernapesca; 3.- El Ord. /IV/N° 10021, de fecha 01.08.2017, del Director Regional de Sernapesca de Coquimbo, que responde el Ord. N° 684, de fecha 31 de julio de 2017; 4.- El Convenio de Uso Provisorio, de fecha 31 de julio de 2020, celebrado entre la Dirección de Obras Portuarias y la Asociación Gremial de Buzos Pescadores y Ramos Similares Artesanales Independientes de Tongoy (A.G.), Rol N° 71.512.500-5; 3. - El Decreto Supremo Exento N° 133/2001 del Ministerio de Defensa Nacional-Subsecretaría de Marina modificado por el Decreto Exento N° 1007/2016, que autoriza la demolición de mejoras fiscales y modifica el D.E N° 71/2002, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina.
TERCERO: Que, con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte evacuó informe nombre reservado, quien se remite al informe evacuado por la Directora Regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, el cual da por reproducido.
CUARTO: Que, con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, atendido el tiempo transcurrido, no habiendo dado cumplimiento el recurrente a lo ordenado con fecha uno de diciembre del mismo año, se dispuso dar curso progresivo a los autos, con los recurridos emplazados en el presente recurso.
QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
SEPTIMO: Que, como primera cuestión, cabe consignar que del mérito de autos, en particular, del propio tenor del libelo interpuesto como también de los antecedentes expuestos en el informe evacuado, no se logra advertir por estos sentenciadores cual es la acción u omisión ilegal o arbitraria concreta que se atribuye a los recurridos Dirección Regional de Obras Portuarias y Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas.
En efecto, si bien el recurrente indica en forma genérica haber efectuado diversas denuncias ante “las autoridades regionales”, las cuales harían “odios sordos” de las mismas, lo cierto es que de los instrumentos allegados solo se constata presentaciones formuladas por el actor ante la DIRECTEMAR de la Armada de Chile –las cuales en cualquier caso fueron atendidas, conforme consta en los mismos documentos-, pero no así ante los servicios recurridos en esta oportunidad.
OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, los elementos de juicio incorporados permiten concluir que actualmente la administración de la nombre reservado recae en un Consejo de Administración conformado por las propias asociaciones gremiales, sindicatos y cooperativas que se sirven de las mentadas instalaciones fiscales, por lo que malamente se le podría imputar a los servicios públicos denunciados injerencia en los hechos que se relatan cómo constitutivos de infracción de garantías fundamentales, a saber, la prohibición de trabajar en el recinto al recurrente y a la asociación gremial que representa.
NOVENO: Que, en cualquier caso, y a mayor abundamiento, es dable hacer presente que no existe antecedente alguno en estos autos que permita tener por acreditada la supuesta prohibición de trabajar que se alega en el recurso, lo cual abona a las conclusiones anotadas, en orden a la falta de concurrencia de los requisitos propios de la acción interpuesta, en particular, en lo que respecta a la existencia de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.
DÉCIMO: Que, así las cosas, no cabe sino desestimar el arbitrio impetrado, en los términos que se dirán en lo resolutivo.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, a favor de su persona y de la Asociación Gremial de nombre reservado, en contra de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, sin costas.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 1471-2020 (Protección).-