Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°1467-2025.- La Serena, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto consistente en dictar la Resolución Exenta N°NUM001 de 15 de julio de 2025 por la cual se rechazó su solicitud de reconocimiento de calidad de refugiado, tanto de su persona como de su grupo familiar compuesto por su cónyuge nombre reservado y su hijo nombre reservado. Como garantías vulneradas indica aquellas contiendas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2021 se vio obligado a desplazarse junto a su familia desde Venezuela a Chile debido a la acción de colectivos armados que amenazaban su integridad física y su vida, en especial dado su carácter de exfuncionario de las fuerzas armadas bolivarianas. Refiere que desde el 15 de junio del 2021 ha contado con una visa temporal mientras se resuelve su petición de refugio y que desde entonces junto a su grupo familiar han desarrollado sus proyectos de vida en Chile.

Sostiene que la determinación de la recurrida vulnera el derecho de su familia a la vida e integridad física y psíquica y su derecho a la igualdad ante la ley.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, ordenar a la recurrida que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 15 de julio de 2025, y se ordene reconocer su condición de refugiado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el actor y su cónyuge solicitaron el reconocimiento de su condición de refugiados el 30 de septiembre de 2021, mientras que tratándose de su hijo la petición se realizó el 09 de julio de ese mismo año. Afirma que a los interesados se les ha otorgado sucesivas visas de residencia y a que su respecto no se han emitido órdenes o sanciones de abandono o expulsión ni otras sanciones migratorias.

Expresa que el 17 de octubre de 2025 se notificó a los recurrentes el rechazo de su solicitud de visa de refugio conforme a lo dispuesto en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados y su Protocolo Complementario de 1967; lo señalado en los artículos n°2, 4,19,20,34,36,43 de la Ley N°20.430 del 15 de abril de 2010; los artículos N°27, 31, 43, 45, 46, 50, 51, 60 del Decreto N°837 del Ministerio del Interior y en la Resolución N°7 del 26 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República, detallándose el motivo del rechazo de la solicitud en la Resolución Exenta N°NUM001 de 15 de julio de 2025 emitida por la Subsecretaría del Interior, entidad contra la cual debió dirigirse el presente recurso.

TERCERO: Que, por resolución de veintiocho de agosto del año en curso se solicitó informe a la Subsecretaría del Interior respecto a los hechos que motivan el recurso, el que consta evacuado a folio 10.

Al respecto, alega que la solicitud de refugio fue rechazada por estimar esa autoridad que “los hechos expuestos, sin perjuicio de las causas o motivos que los generaron, no alcanzan, en su conjunto, a configurar persecución en los términos previstos en la definición de refugiado, en conformidad a las características y umbral de persecución exigido en los términos de nuestro ordenamiento jurídico”. Arguye que no es procedente que a través de la presente acción se califique el mérito y oportunidad de la decisión adoptada, la que en su concepto se encuentra provista de fundamento y así se ve reflejado en lo considerativo del acto administrativo, en que se dan cuenta de las razones de la autoridad competente para decidir del modo que se hizo.

Por último, alega que el acto impugnado se ajustó a la legalidad vigente, respetándose cada una de las etapas previstas para su dictación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, de acuerdo al merito de los antecedentes es posible concluir que el solicitante requirió la declaración de refugio y que éste lo hizo tanto por sí mismo, como por su cónyuge e hijo menor de edad, sin que exista objeción alguna respecto al cumplimiento de los requisitos formales a que hace referencia el artículo 26 de la Ley N°20.430.

Enseguida, de la lectura del acto administrativo impugnado, se desprende que de acuerdo al informe de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, los dichos vertidos por el recurrente en su entrevista de elegibilidad no fueron considerados como suficientes para estimar concurrente la hipótesis de persecución política. Sin embargo, conforme al artículo 30 de la norma legal antes citada, todos los miembros del grupo familiar “podrán ser entrevistados individualmente y en forma separada, a fin de garantizar que tengan la oportunidad de exponer su caso en forma independiente”, oportunidad que no le fue brindada a los restantes peticionarios y que cobra especial sentido si es que la resolución denegatoria se sustenta precisamente en la falta de antecedentes.

A lo previamente expresado debe sumarse que existiendo un niño involucrado en la solicitud de refugio, el estatuto jurídico que lo ampara se encuentra constituido, además, por la Convención sobre Derechos del Niño, la que en su articulo 3 ordena considerar primordialmente su interés superior, el que conforme a lo prescrito en el artículo 7 de la Ley N°21.430 constituye un asunto del que la administración tampoco se hace cargo en su decisión, lo que permite configurar la hipótesis de falta de fundamentación en ambos tópicos y, por tanto, considerar la resolución como arbitraria.

SEXTO: Que, en efecto, del examen del acto administrativo impugnado se advierte que la solicitante “cónyuge” del recurrente, no aparece siendo considerada en el procedimiento, en circunstancias que su intervención bien pudo haber colmado la falta de antecedentes acusada por el órgano administrativo; mientras que, tratándose del peticionario menor de edad, tampoco se expresan por qué es que la decisión adoptada es aquella que protegería de manera integral sus derechos.

SÉPTIMO: Que, adicionalmente, conforme a la preceptiva contenida en el Título IV de la Ley N°20.430, el estándar bajo el cual debe juzgarse el rechazo de una solicitud de refugio es la manifiesta improcedencia, causal que debe aparecer en forma ostensible y que, en el caso en examen, no se vislumbra cumplido desde que la recurrida fundamenta su resolución en la falta de antecedentes, lo que no colma la hipótesis antes referida.

OCTAVO: Que, finalmente, los hechos descritos precedentemente afectan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los recurrentes, pues la decisión adoptada por la autoridad administrativa importa dejar a los solicitantes en una situación de incertidumbre y sin la posibilidad de acceder a una visa de residencia temporal conforme a la normativa contenida en la Ley N°20.430.

NOVENO: Que, las omisiones referidas en los motivos que anteceden hacen necesario acoger el recurso y disponer las medidas para el restablecimiento del imperio del derecho que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y, en consecuencia, se resuelve:

I.- Que, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 15 de julio de 2025 por la cual se rechazó la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado del actor y su grupo familiar.

II.- Que, el procedimiento administrativo incoado para el conocimiento de la solicitud de refugio del actor y su grupo familiar se retrotrae a la etapa de realizar la entrevista de elegibilidad al peticionario y su grupo familiar, en los términos que se ha desarrollado en lo considerativo, con el objeto de recabar los antecedentes necesarios para emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la petición de refugio.

Acordada la decisión con el voto en contra del abogado integrante Sr.

Camus quien estuvo por rechazar el recurso teniendo para ello en especial consideración que atendidos los antecedentes allegados a la causa se observa que para la resolución de la solicitud del interesado se han seguido todos los procedimientos establecidos en la ley, se ha contado con informe de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que ha fundado la decisión, y se ha emitido el acto administrativo por la autoridad competente, razón por la cual no se observa una trasgresión a los derechos constitucionales protegidos por el recurso deducido.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1467-2025 (Protección).-