Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°1463-2025.- La Serena, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que Junior Armando Daza Vargas, abogado, recurre de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitraria en concluir el procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiada, por reunificación familiar, alegando vulneración de sus derechos constitucionales de los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 9 de diciembre de 2023 su representada ingresó a territorio nacional por paso no habilitado, en compañía de su padre, exfuncionario policial, quien durante el ejercicio de sus funciones como escolta fue víctima de un atentado con arma de fuego, recibiendo trece impactos de bala.

Afirma que ambos han sido objeto de persecuciones, amenazas y acoso sistemático por parte de órganos estatales, por lo que requirieron protección conforme lo previsto en la Ley 20.430, petición formalizada en enero de 2024, siendo citados para el 8 de mayo del mismo año, que se tuvo por desistida el 21 de junio por no haber subsanado observaciones.

Indica que el 7 de agosto de 2024 presentó un recurso de reposición administrativo, adjuntando carta explicativa, que fue acogido el 6 de noviembre, dando curso a la solicitud de refugio presentada, que al 18 de agosto del presente año no ha sido resuelta, lo que atenta contra su derecho al debido proceso y la igualdad ante la ley.

Conforme lo expuesto, previas citas legales y jurisprudenciales, pide que se ordene a la recurrida a dictar el acto administrativo que da curso a la solicitud a la condición de refugiada, emitiendo a su vez el estampado electrónico que habilite a la recurrente a obtener su documento de identidad para extranjeros, con costas.

Segundo: Que informa Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, y pide el rechazo de la acción.

Expone que la recurrente no registra fecha de ingreso al país, por lo que se desprende su ingreso clandestino y que el 8 de mayo de 2024 pide ante el Servicio Nacional de Migraciones el reconocimiento de su condición de refugiado.

Hace presente que el 21 de junio de 2024, la Policía de Investigaciones de La Serena notifica acta de inicio de expulsión, y que el 21 de junio de 2024 se le notifica resolución de requerimiento de antecedentes, por no cumplir con los requisitos formales para solicitar refugio.

Sostiene ser efectivo que el 6 de noviembre de 2024 se deja sin efecto resolución exenta que declara por desistida su solicitud de refugio que ésta se encuentra siendo analizada, por cuanto se encuentra en tramitación ante la autoridad migratoria, sin que se haya dictado sanción alguna en contra de la parte recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en concluir procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada de la actora, presentada en mayo de 2024 y que, siendo objeto de reparos, se encuentra pendiente de resolución desde noviembre del mismo año, lo que se califica de ilegal y arbitrario, alegando vulneración de su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 de la misma disposición, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Séptimo: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

Octavo: Que, por tanto, habiéndose ingresado la petición en mayo de 2024 y sin registrar movimientos desde noviembre del mismo año, la dilación constatada debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que el servicio deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiada, dentro de plazo de treinta (30) días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°1463-2025 Protección.-