nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado

Subsecretaría de Interior Recurso de Protección Rol N°1463-2024.- La Serena, veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 30 de agosto de 2024, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo e interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Interior, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta 25316, notificada el 12 de agosto de 2024, mediante la cual se rechaza otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional, la que refiere en el país vulnera el principio de igualdad ante la ley artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, motivado por la difícil situación socioeconómica de su país de origen, se ve obligado a ingresar al nuestro por un paso fronterizo no habilitado, realizando la respectiva declaración voluntaria de ingreso clandestino, para posteriormente presentar solicitud de regularización extraordinaria, por motivos humanitarios el 29 de junio de 2023.

Agrega que debido a la omisión en el pronunciamiento de dicha solicitud ingresa recurso de protección Rol 14109 – 2024 ante la Ilustrísima Corte de Concepción, que fue acogido ordenando pronunciamiento, el que fue emitido el 12 de agosto de 2024, oportunidad en que se le niega la solicitud mediante Resolución Exenta N°25316, indicado que no aportó antecedentes suficientes para que la autoridad recurrida pueda evaluarlo como un caso calificado o humanitario, sino considerando que su situación es “más bien genérica y eventualmente aplicable a una multiplicidad de personas que podría encontrarse en situaciones similares”.

Menciona que conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880, si el Servicio consideraba insuficiente la documentación presentada debió ordenarle acompañar la adicional para desvirtuar la falsa convicción que presentaba.

Agrega que mantiene arraigo familiar, puesto que tiene un hermano en el país y además cuenta con un contrato laboral vigente, lo que le ha permitido establecerse durante estos años de residencia, sin ser carga para el Estado.

Menciona que la resolución en comento es arbitraria, por cuanto la facultad dispuesta para que la autoridad conceda la regularización extraordinaria, no es absoluta, sino que está sujeta a limitaciones y controles, debiendo ser debidamente motivada y razonada.

Acusa que anteriormente el Decreto Ley N°1.094, del año 1975, se encontraba previsto El procedimiento de regularización extraordinaria, concretamente en el artículo 91 N°8, el cual señalaba: “Artículo 91.- Corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación de las disposiciones del presente decreto ley y su reglamento. Ejercerá, especialmente, las siguientes atribuciones: 8.- Disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que hubieren ingresado o residan en Chile irregularmente u ordenar su salida o expulsión”. Consagrándose como una solicitud escrita donde se expresa los motivos y documentos que fundamenten la pretensión, dirigido al Subsecretario del Interior, presentado en la oficina de partes del Departamento de Extranjería y Migración, (hoy día Servicio Nacional de Migraciones como continuador legal).

Menciona que dicha facultad conlleva un procedimiento desformalizado, solo sujeto al principio de celeridad y que reconoce como elementos relevantes la reunificación familiar, inexistencia de registros policiales, el tiempo de permanencia en el país, su contribución al país, arraigos laborales, entre otros.

Alega que en el caso particular puede evidenciar la acción antojadiza de los recurridos en rechazar otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional, por cuanto no contiene fundamentación fáctica, de acuerdo con los estándares referidos en los artículos 11 inciso 2 y 41 inciso 4 de la Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, sino que se sustenta en una mera afirmación de autoridad, lo que convierte en arbitrario el acto recurrido.

Previa citas legales pide ordenar a los recurridos dejar sin efecto la citada resolución en contra de la recurrente y se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho vulnerado, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta 25316 Notificada el 12 de agosto de 2024 2. Pasaporte del recurrente. 3. Comprobante de declaración voluntaria de ingreso clandestino 4. Comprobante de empadronamiento. 5. Contrato de trabajo. 6. Certificado de cotizaciones AFP. 7. Cédula de identidad para extranjeros de don nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 4, el 13 de septiembre de 2024, comparece nombre reservado, en representación de la recurrida Subsecretaría del Interior evacuando informe de rigor.

Indica en primer término que la acción de protección no es la vía idónea para conocer los planteamientos del recurrente, desde que no existe un derecho indubitado por parte del actor, sino meras expectativas. Agrega que el legislador estableció un mecanismo de lato conocimiento a través de vía administrativa para conocer de este tipo de peticiones, conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 139 de la Ley 21.325, el cual reconduce a los recursos consagrados en la Ley 19.880.

Menciona además que resulta improcedente que la jurisdicción califique la idoneidad de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en las materias de migración y extranjería, conforme al principio de juridicidad y legalidad consagrado en la Constitución Política de la República.

En cuanto al fondo de lo debatido alega inexistencia de un acto o omisión arbitrario o ilegal, por cuanto la resolución impugnada fue pronunciada por autoridad competente, previa investidura regular y en uso de sus facultades. Refiere que de lo dispuesto en el artículo 155 n° 9 de la Ley 21.325, se puede advertir que el legislador, junto con otorgar la competencia al Subsecretario del interior, ha reservado el ejercicio de la función en comento solo para casos excepcionales, por situaciones calificadas o por motivos humanitarios, lo que resulta razonable por cuanto se trata de una forma anómala de funcionamiento en materia de otorgamiento de permisos de residencia.

Alega que el acto se encuentra debidamente fundado y se sustenta en una serie de argumentos de hecho y de derecho debidamente expresados, cuestión diversa es que estos no sean compartidos por el recurrente.

Señala que en el caso concreto la solicitud se sustenta en situaciones de carácter general que afectan al país natal del peticionario, sin aportar antecedentes que permitan apreciar por qué, de esas situaciones generales, se deriva una afectación particular lo suficientemente excepcional, como para justificar su regularización migratoria a pesar de no haber cumplido la normativa nacional vigente, carga probatoria que le corresponde al peticionario.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el presente recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N°25316 de 11 de julio de 2024, que resuelve rechazar el otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional a nombre reservado, sustentado como indica su considerando 9 en “ Que, sin perjuicio de lo anterior, y según se desprende del análisis de los antecedentes acompañados al requerimiento de regularización migratoria efectuado por la parte solicitante, es posible apreciar que aquella no ha aportado antecedentes suficientes que permitan a esta autoridad considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se limita a pedir a la autoridad que regularice sus condición migratoria, aludiendo a situaciones que no sin de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrías encontrarse en situaciones similares”.

SEXTO: Que, para resolver el asunto de autos se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, a saber “9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.”

SÉPTIMO: Que, conforme se desprende de la norma en comento, la carga de acreditar la situación fáctica que habilita para pedir la residencia, recae sobre el peticionario, atendido la excepcionalidad de la misma, motivo por el cual, éste es quien debía proveer de los antecedentes necesarios que dieran cuenta de la calificación de su caso o de encontrarse en una situación humanitaria que la norma prevé.

OCTAVO: Que, conforme se desprende de la resolución recurrida, el actor, no aportó los antecedentes necesarios para sustentar la causal de excepción de residencia pedida, indicando el acto cuestionado, de manera clara, razonada, concienzuda y debidamente fundada los motivos del rechazo, cuestión diversa es que dichos motivos no sean compartidos por el recurrente. Así las cosas, se estima por esta Corte que la resolución exenta n° 25316, cumple con lo dispuesto en el artículo 4 y 41 de Ley 19.880. al exponer latamente lo motivos del rechazo de la petición.

Adicionalmente, es del caso indicar, que no existe derecho indubitado, por cuanto el actor en sede tampoco da a conocer ni explica, cuales son los antecedentes calificados o humanitarios para sustentar la petición, limitándose a referir que fue motivado por la difícil situación socioeconómica de su país, contar actualmente con fuente laboral y arraigo nacional, argumentos escuetos y vagos, motivo por el cual, no quedará sino rechazar el presente recurso, como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1463-2024 Protección.-