nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 1460-2024.- La Serena, once de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Que nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en favor de nombre reservado, tecnólogo en alimentos, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber rechazado sus licencias médicas, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el protegido, de 65 años de edad, se desempeñaba como supervisor de Planta de Tratamiento de Aguas en la empresa Sociedad Pesquera CISA Ltda. y que, en julio de 2022, mientras se encontraba trabajando en la planta de tratamiento de aguas, vivió un conflicto con sus compañeros de trabajo, sufriendo maltrato psicológico que le ha ocasionado repercusiones en su salud mental, comenzando a experimentar cambios de ánimo recurrentes, adinamia, síntomas recidivantes, tristeza, periodos de estrés con cefaleas diarias, mala adaptación al entorno familiar y laboral, disnea pronunciada, sensación de muerte, insomnio y crisis de pánico.

Agrega que en agosto de 2022 fue diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad generalizada y depresión moderada, con tratamiento farmacológico consistente en desvenlafaxina y clotiazepam, además de psicoterapia, continuando a diciembre del mismo año.

Relata que en 2024 el actor continuó en tratamiento en el Centro de Salud Familiar en el programa de salud mental y tratamiento con un médico del programa cardiovascular por sus diagnósticos de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus 2, encontrándose en junio del presente año en espera para ser atendido por la unidad de psiquiatría del Hospital de Coquimbo.

Hace presente que las licencias médicas presentadas con anterioridad a las que son materia de estos autos han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo, siendo arbitrario el cambio de criterio, sin contar la recurrida con ningún nuevo antecedente para rechazarlas.

Precisa que las licencias médicas reclamadas corresponden a las números RUT reservado, 87922406-3, 88544630-2 y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días de reposo, a contar del 22 de mayo de 2023, sin dar cuenta la COMPIN de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar reposo injustificado.

Añade que presentó reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta R-01-IBS-127143-2024 de 9 de agosto de 2024 confirmó lo resuelto, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso.

Refiere que la Superintendencia agrega en su resolución “que estudió los antecedentes y con su mérito concluyo que el reposo prescrito por las licencias médicas RUT reservado, 87922406-3, 88544630-2 y RUT reservado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 475 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que los informes médicos presentados no indican ajustes de complejidad al plan de tratamiento concordantes con la indicación de mantención del reposo, ni determinan factores de complejidad asociados a la evolución, o requerimiento de medidas pendientes para el tratamiento del cuadro clínico”.

Alega que su diagnóstico se encuentra fundamentado y acreditado con los informes médicos acompañados en su oportunidad, emitidos por médicos particulares y por médicos del sistema público de salud, lográndose evidenciar el carácter de permanencia en el tiempo de los tratamientos y medicamentos que debe mantener.

Afirma desconocer los antecedentes médicos objetivos que permitieron a la SUSESO arribar a un diagnóstico distinto al efectuado por el médico especialista otorgante de las licencias médicas reclamadas, careciendo lo resuelto de razonabilidad y motivación, más cuando no se efectuó una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que las licencias médicas cuestionadas han sido otorgadas por médicos especialistas, previa atención y evaluación del profesional, y que las mismas no han sido otorgadas de manera caprichosa ni antojadiza por parte del profesional de la salud que las emitió.

No existió tampoco, continúa, una mínima ponderación o revisión de los informes médicos acompañados, ni del historial médico del recurrente, los cuales dan cuenta de manera incuestionable de la continuidad del reposo del paciente a fin de lograr una adecuada y óptima recuperación a mediano plazo, además de situarlo en una precaria situación económica como consecuencia de la privación de su subsidio de incapacidad laboral, impedido de obtener nuevos informes.

Sostiene que la causal de rechazo se basa en un formato tipo y que, conforme el DS número 3 de 1984, el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste. En el mismo sentido, invoca como infringida la Ley 19.880, en cuanto el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

Concluye indicando que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física del actor y su derecho de propiedad, por lo que pide se deje sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas, resolver que se deberán autorizar, disponiendo su pago. En subsidio, se disponga que la SUSESO deberá, dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas; dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas; en su caso, pagar al actor el monto del subsidio que corresponda; informar a esta Corte el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en esta sentencia y que, en caso de no cumplir la recurrida con cualquiera de las obligaciones impuestas, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano, sin más trámites y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

SEGUNDO: Que informa Andrea Cisternas Tiemann, abogada de la Superintendencia de Seguridad Social, quien pide el rechazo del recurso, con costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, por cuanto consta del expediente administrativo que, por presentación de 3 de enero de 2024, el actor reclamó por el rechazo de la COMPIN, dictándose la Resolución Exenta R-01-S-43830-2024, de 18 de marzo de 2024. Por presentación de 25 de marzo de 2024, el actor reclamó por segunda vez solicitando reconsideración, y el 21 de junio de 2024, por tercera vez, por lo que concluye que el recurrente ejerció esta acción constitucional el 30 de agosto de 2024 transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos, cuando ya tenía conocimiento del rechazo dispuesto por la Superintendencia.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto versa sobre un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, junto con invocar el marco normativo de la materia, destaca que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, no siendo el recurrente titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos.

Transcribe informe de 7 de agosto de 2024 elaborado por nombre reservado, que concluye que se trata de “paciente de 64 años, profesional en empresa pesquera, reclama 4 lm por un total de 105 días a contar del 22 de mayo de 2023, cuenta con 475 días de reposo autorizados, cursa con cuadro tratado en el extrasistema y derivado posteriormente a psiquiatra, por sospecha de depresión psicótica, evaluado en CESFAM, y presentado a consultoría, se determina continuidad de tratamiento en el nivel primario de salud. Cuenta con un esquema de tratamiento sin ajustes de complejidad concordantes con la extensión del reposo cumplido, con autodespido de la empresa en que trabajaba en abril de 2024. sin plan de reintegro laboral ni ajustes concordantes con la extensión del reposo cumplido, sin elementos de refractariedad a tratamiento ni requerimiento de medidas de mayor complejidad. antecedentes insuficientes para justificar reposo reclamado”.

Sostiene que, analizados los antecedentes disponibles de cada reclamo, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado, más cuando el DS 7, de 2013, del Ministerio de Salud, dispone respecto a las patologías mentales que, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, debe ser otorgado, entre otros antecedentes, por médico psiquiatra.

Afirma que el actor ya había cumplido reposo por 475 días autorizados, por patología psiquiátrica, y no cuenta con derivación a especialista en psiquiatría y que los médicos tratantes y quienes han emitidos las licencias médicas reclamadas, no poseen dicha especialidad.

Afirma que la resolución expone con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver, ratificándose el rechazo previo de la licencia médica, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos por los cuales se rechaza la solicitud de reconsideración hecha por el recurrente.

Igualmente, arguye que esta Corte no puede calificar el mérito o pertinencia de las decisiones desde el punto de vista médico, como tampoco los fundamentos dados en tal sentido por su representada, debiendo controlar únicamente que tales decisiones se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como carentes de racionalidad.

Concluye refiriendo que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en primer término, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de cuatro licencias médicas del recurrente, mediante Resolución Exenta R-01-IBS-127143-2024 de 9 de agosto de 2024, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el treinta de agosto de 2024, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

SEXTO: Que, asimismo, respecto de la improcedencia del recurso por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimado, pues basta considerar que el recurrente denunció como conculcadas las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión, en los términos en que el recurso ha sido intentado.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta Nro. R-01-IBS-127143-2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechazó el recurso de reconsideración y confirmó lo actuado por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas Nros RUT reservado, 87922406-3, 88544630-2 y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días de reposo, a contar del 22 de mayo de 2023, por reposo injustificado.

Dispone dicha resolución que, conforme el mérito de los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no se pudo establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 475 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que los informes médicos presentados no indican ajustes de complejidad al plan de tratamiento concordantes con la indicación de mantención del reposo, ni determinan factores de complejidad asociados a la evolución, o requerimiento de medidas pendientes para el tratamiento del cuadro clínico.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología física, de buscar uno y otro profesional del área que sea de su confianza y por el que, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren lo derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente y el informe evacuado por profesionales de la Superintendencia, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad.

II.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas RUT reservado, 87922406-3, 88544630-2 y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días de reposo, a contar del 22 de mayo de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponerse derechamente el pago de las referidas licencias médicas, en el evento de no darse cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo previamente indicado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1460-2024 (Protección).