Protección contra Comisión Médica Central

nombre reservado, nombre reservado Margot Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones y otras Recurso de Protección Rol N°1457-2020.- La Serena, veinte de abril de dos mil veintiuno.- VISTOS:

Comparece Fundación Valídame, organización sin fines de lucro, domiciliada en domicilio reservado, representada por su presidente nombre reservado, en favor de nombre reservado, domiciliada domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Comisión Médica Central, representada por doña nombre reservado; de la Jefa de Oficina de la Comisión Médica Central de la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas (FACM), nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; de la Jefa Administrativa de la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas (FACM) de la Comisión Médica de La Serena, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; y, en contra de la Comisión Médica Regional de La Serena, representada por su nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Expone que con fecha 9 de julio de 2020 fue notificada por Correos de Chile, documento guía seguimiento online de Correos Chile para la correspondencia Nº1176249222318, de la resolución administrativa. Prosigue indicando, que la Cámara de Diputados, en sesión 79° de 3 de octubre de 2018, en atención a sus facultades legales, prestó su aprobación a la solicitud de 78 Diputadas y Diputados, para crear una Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno, de los Ministerios del Trabajo y de Salud y la Superintendencia de Pensiones, desde el año 2008 a la fecha, en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, lo cual fue comunicado mediante oficio N°14.250, del señor Secretario General de 3 de octubre de 2018. Añade que las conclusiones de dicha investigación dan por acreditado el “Control de Siniestralidad” como una práctica arbitraria e ilegal de denegación de pensiones de invalidez para afiliados cubiertos por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en la industria previsional, favoreciendo a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP y Compañías de Seguros adjudicatarias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), establecido en el D.L. 3.500 de 1980, en sus Artículos 4º y 11º. Lo anterior, se corrobora en la página 164 de las conclusiones de la Comisión: “Denuncias no resueltas con posterioridad a 2008 por prácticas de control de siniestralidad. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud provenientes de un estudio del año 2011, contenidas en el Informe Sobre Discapacidad en conjunto con el Banco Mundial, el 15% de la población en el mundo tiene condición de invalidez. El promedio de los países de la OCDE dentro del que se encuentra nuestro país, es de un 5,4% de personas acogidas a invalidez. En Chile el porcentaje de personas cubiertas por declaración de invalidez y que están en edad de trabajar (18 a 65 años), solo un 0,8% están acogidas a invalidez total o parcial, lo que no se condice con las cifras de discapacidad existentes en el país, dando origen a muchas irregularidades en el funcionamiento del sistema.” Documento que fue aprobado de forma unánime con 115 votos a favor por todos los representantes de las fuerzas políticas del país.

Prosigue señalando, que con fecha 5 de junio de 2020, alrededor de las 12 del día, se le notifica a la Sra. nombre reservado, en su domicilio, mediante carta certificada, exclusivamente el dictamen de invalidez que rechaza su solicitud. Dicho dictamen, de acuerdo con la normativa vigente tenía fecha máxima de apelación el día 05 de junio de 2020. Con fecha 08 de junio, atendido que el día 05 era día viernes día que la Comisión Médica Regional atiende hasta las 13 horas, y por tanto, absolutamente imposible tener acceso al expediente para fundamentar dicha apelación, se solicita lectura de expediente a la señora nombre reservado, Jefa Administrativa de la Fundación para La Administración de Comisiones Médicas (FACM), La Serena, entidad de propiedad de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y se le comunica además de la notificación recibida con fecha 05 de junio de 2020, absolutamente fuera de procedimientos establecidos en la norma, razón por la cual se compromete a validar la fecha de apelación a razón del impase con Correos Chile, al ser la FACM la contratante del servicio de distribución de correspondencia, cuya imposición legal es que debe ser un sistema “EXPEDITO” por el riesgo de las notificaciones fuera de plazo que sólo benefician a la industria previsional, así lo expresa el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Reevaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas: “f) Comunicaciones: Las Comisiones Médicas deberán contar con sistemas de comunicación expeditos que permitan operar en forma ágil con conexión independiente de teléfonos, con correo electrónico y acceso vía Internet a la página del sistema de apoyo a la gestión de las Comisiones Médicas (SAGCOM) o sistema de información. Además, deberán disponer de un sistema de distribución de correspondencia o correo postal”

Posteriormente, con fecha 10 de junio de 2020, se remite apelación a la Comisión Medica Regional, tal como fuera indicado por la Jefa Administrativa de la FACM, La Serena, la señora nombre reservado, a quien se le hizo presente que las notificaciones por Correos de Chile, no se llevan a cabo de manera efectiva y eficiente desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, tal y como se establece en el Compendio de Normas del Sistema Previsional Chileno, intensificando la “ineficiencia” o “eficiencia”, dependiendo los fines que se persigan al notificar fuera de plazo, situación agudizada en el contexto de la pandemia, y que no se había notificado ni llamado por teléfono a la señora nombre reservado ni a sus representantes legales, con fecha previa al 5 de junio de 2020, en circunstancias que el dictamen tiene fecha 5 de mayo; efectivamente consta en el timbre que fue recibida por el sistema de distribución de correspondencia contratado por la FACM, Correos Chile de la oficina de Coquimbo, el 29 de mayo de 2020, y así mismo notificada el día 05 de junio, y consideración aparte merece el hecho que cuando se contrata un sistema de notificación que no llega dentro de los plazos establecidos, es absolutamente “sospechoso” razón por la cual la FACM no puede evadir su responsabilidad, más grave es si entendemos que a pesar del daño infringido a los trabajadores evaluados por su grado de menoscabo laboral, FACM mantiene aún un servicio de distribución de correspondencia de probado perjuicio a los trabajadores evaluados por invalidez al no llegar a tiempo con las decisiones administrativas que les notifica denegación o concesión de derechos previsionales, decisiones ejecutoriadas sin los plazos apropiados para realizar descargos ante decisiones en contrario, incluida la situación experimentada por la recurrente. Es tal la magnitud de la arbitrariedad e ilegalidad de las Comisiones Médicas administradas por la FACM, que produce un malestar ciudadano en todo aquello dónde participan las Administradoras de Fondos de Pensiones, siempre con denominadores comunes, denegación de pensiones de invalidez para afiliados cubiertos, es decir, control de siniestralidad, pensiones miserables y procedimientos administrativos arbitrarios e ilegales. En relación a lo anterior, señala que la Superintendencia de Pensiones en respuesta a consulta en el marco de la Ley de transparencia, por medio del oficio N°12673 del año 2020, indica que se autorizaron de forma excepcional las actuaciones de la Comisiones Médicas en forma remota por la contingencia sanitaria y asimismo, informa que la Fundación de Administración de Comisiones Médicas habilitó los correos especiales en la primera quincena de abril, para la recepción de apelaciones y como recepción de consultas.

Añade, que dicho recurso de apelación fue recepcionado por la señora nombre reservado, Jefa Administrativa de la FACM de la ciudad de La Serena, para ser subido al sistema electrónico SAGCOM, y tal como lo señala la norma, quedando en el mismo día de recibido a través del correo electrónico señalado por la propia Comisión Médica Regional, dentro del segundo día de que se pudo tener acceso sólo a parte del expediente físico, expediente donde no se realiza el desarrollo del caso, ya que el trabajo y desarrollo del mismo se registra en el expediente electrónico al que los representantes legales y su representada nunca han tenido acceso, discriminación arbitraria e ilegal, vulnerando lo establecido en la Ley 19.880, respecto de los accesos a los fundamentos de los procesos administrativos llevados a cabo, donde el recurrente participa, mediante un procedimiento bastante artificioso, desarrollado con dos expedientes, para exhibir a la trabajadora o sus representantes, el expediente incompleto, expediente no foliado, con documentación la mayoría de las veces editada, como el acta de sesión sin firma electrónica o física ninguna. Tal como dejó establecido en la copia de solicitud de lectura de expediente, la funcionaria de Fundación Valídame, que accedió al expediente.

Refiere la recurrente, que en dicha lectura, se establece que no se configura el impedimento por existir tratamientos pendientes, puesto que debiese someterse a una nueva cirugía, en circunstancias que la solicitante tiene una prótesis instalada quirúrgicamente cuya instalación se produce por la práctica médica límite, es decir una cirugía con instalación de prótesis que resulta trunca después de un tiempo, procedimiento que evoluciona de forma tórpida, desprendimiento de prótesis de cadera izquierda que sufrió con fecha 31 de enero de 2020; por tanto, no es comprensible que habiendo tenido un resultado adverso en su primera cirugía a los 50 años, cumpliendo todos los requisitos establecidos en las Normas de Calificación de Menoscabo laboral, se impida configurar la invalidez, para obligar a la solicitante a someterse a una nueva cirugía, cuya espera para configurar impedimento es de nuevo 12 meses posteriores a la cirugía, impedimentos establecidos mediante subterfugios administrativos en beneficio directo de las Compañías de Seguros.

Que, con fecha 08 de julio, nuevamente por carta certificada se comunica la resolución de la Comisión Medica Central, de fecha 24 de junio de 2020, en que se tiene por rechazado el recurso de apelación, de acuerdo a lo recomendado por la doctora nombre reservado, presidenta coordinadora de aquella Comisión, quien recomienda rechazar la apelación por extemporánea, de acuerdo al acta que esta vez se acompaña a la resolución, en consecuencia que se daba por ejecutoriada el mismo día que Correos Chile, notificó a la trabajadora.

Prosigue señalando, que la implementación por la Superintendencia de Pensiones, de tramitación electrónica atendida la pandemia, fue comunicada a las Comisiones Medicas Regionales y Central en abril del año 2020, instruyendo que se deben realizar las notificaciones a los solicitantes por correo electrónico, y además de tener especial consideración con aquellas personas que como es el caso de la señora nombre reservado, tienen serias limitaciones de desplazamiento. Lo anterior, cobra relevancia, pues tanto las CMC como las CMR, están en conocimiento de todos los oficios emanados de la Superintendencia de Pensiones, en el sentido de resguardar los derechos de los solicitantes, y de implementar notificaciones electrónicas para que los plazos se cumplan.

Añade, que el oficio N°6029, señala expresamente en el numeral tres: “3.- En el caso excepcional de que alguna de las partes en un proceso de calificación de invalidez -el solicitante afectado, el Instituto de Previsión Social y las compañías de seguros-, sufriere una situación concreta y demostrable, en virtud de la cual conste fehacientemente que aquella se vio impedida de presentar su reclamación durante el transcurso de los 15 días hábiles de que disponía, corresponderá que esta Superintendencia analice la situación específica de que se trate para eventualmente evaluar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, en los términos establecidos en el artículo 45 del Código Civil, que excepcionalmente haga jurídicamente la Superintendencia de Pensiones procedente autorizar que se acepte a trámite una reclamación presentada extemporáneamente.”

Prosigue, refiriéndose al acto ilegal y arbitrario, y la garantía constitucional vulnerada, indicando que tanto la actuación de la Comisión Médica Central y Comisión Médica Regional de La Serenal, administradas por la entidad de derecho privado Fundación para la Administración de Comisiones Médicas (FACM), es del todo arbitraria e ilegal, pues priva el derecho de su representada a realizar los procesos de apelación, en especial atendido el estado de catástrofe.

Refiere, que en primer lugar la CMR de la Región de Coquimbo, cuyo presidente Coordinador es el doctor Estévez, debió haber arbitrado la notificación del dictamen a la señora nombre reservado vía correo electrónico, que se encuentra registrado, o en su defecto, conociendo los correos de los mandatarios, que constan tanto en la Solicitud de Pensión de Invalidez suscrita por la solicitante, como en la propia CMR. Además, añade que se debió haber informado a la solicitante, la forma en que se tramitarían los recursos de apelación en pandemia; es más, atendido el rechazo de la solicitud de invalidez debió coordinar la entrevista con el Médico Asesor, al ser requisito normativo para una afiliada dependiente cubierta, señalado en el compendio; así mismo, refiere que una vez recibida la apelación y habiéndose hecho presente tanto a la CMR como a la CMC en el propio recurso, que la notificación fue efectuada con fecha 5 de junio de 2020, constando en el expediente que la Sra. nombre reservado, debido al desprendimiento de su prótesis, no puede desplazarse, razón por la cual la visitó en su domicilio el interconsultor Reumatólogo, doctor Gustavo Roll, en circunstancias que la especialidad adecuada para la evaluación de las prótesis es de un traumatólogo. Debió la Comisión haber remitido a la Superintendencia de Pensiones los datos para que se evaluara la eventual existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Precisa, que la CMR a través de su personal administrativo debió cerciorarse de comunicar a la solicitante las medidas arbitradas, así mismo comunicarle vía correo electrónico del dictamen señalado, como lo hace tanto con las Compañías de Seguros y las AFP que tienen acceso digital inmediato a todo el sistema SAGCOM, acceso que no está garantizado para los solicitantes y que evidentemente los deja en un estado de indefensión. Las instrucciones emanadas por la Superintendencia de Pensiones, no pueden utilizarse cuando sólo benefician a una parte de los intervinientes, en este caso las Compañías de Seguros, y menos aún son discrecionales para las Comisiones Médicas Central y Regional, por tanto, tanto las jefas administrativas de ambas comisiones, como los Médicos Presidentes, omiten dar cumplimiento a dichas instrucciones, vulnerando evidentemente los derechos de su representada.

Añade, que en cuanto al derecho constitucional conculcado, es el derecho de igualdad ante la ley, contemplado en N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que ni la Comisión Médica Central ni la Comisión Médica Regional de La Serena han actuado, como resultado de un procedimiento técnico científico debidamente razonado y a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, sino que, se aprecia un actuar sospechosamente negligente, que favorece a una de las partes, es decir al que vende el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), investigado por control de siniestralidad y encontrado responsable, omitiendo un recurso que tiene fundamentos suficientes para que se le otorgue la pensión de invalidez total definitiva a la solicitante, declarando extemporánea la apelación, en circunstancias que se han omitido todas y cada una de las instrucciones que emanan del Órgano Contralor para establecer las medidas que garanticen el derecho de los usuarios a impetrar los recursos, durante el estado de Catástrofe y pandemia que afecta al país. Finaliza señalando, que atendido lo antes expuesto y disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas, se acoja el Recurso de Protección, restableciendo el imperio del derecho, adoptando todas las medidas que se estime necesarias, y en concreto las siguientes declarando: 1. Que los recurridos deben explicar su actuación a la Corte de Apelaciones de La Serena por la forma arbitraria e ilegal en el proceso de Calificación de Invalidez reclamado de doña nombre reservado, al no haber notificado oportunamente, de acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Pensiones, el dictamen de la Comisión Médica Regional, y posteriormente declarar extemporáneo el recursos de apelación, sin dar seguimiento a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de pensiones para información y tramitación de procesos de menoscabo laboral durante el Estado de Catástrofe; 2. Que las referidas Comisiones retrotraigan dicho proceso de calificación de invalidez al estado de la apelación, considerando que el dictamen establece requisitos que la normativa no señala que es una segunda cirugía de cadera para dar curso a su solicitud de pensión de invalidez; 3. Que las referidas Comisión Médica Regional y Central, habiendo retrotraído el proceso y antes de resolver al respecto, la solicitante sea entrevistada por el Médico Asesor correspondiente con especialidad que a su vez señale si funda o no la apelación, y de fundar asesore a la afiliada señora nombre reservado en el trámite de apelación, alegaciones o recursos, según corresponda de acuerdo a lo establecido en el Libro III, Título I, Letra D, Pensión de Invalidez, Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Reevaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas del Compendio de Normas del D.L. 3.500 de 1980. Todo ello de acuerdo con lo establecido en las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional Chileno, dictadas por la Comisión Técnica de Invalidez, vigentes a contar del día 1 de julio de 2016, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 11 bis del Decreto Ley N°3.500 de 1980; y 4. Que la recurrida debe ser condenada en costas en caso de no allanarse a la presente acción constitucional. Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia Informe Comisión Investigadora por denegación de Pensiones de Invalidez; 2. Copia de dictamen y sobre, notificado con fecha 05 de junio de 2020; 3. Copia guía seguimiento online Correos Chile, despacho Nº1176241881643; 4. Copia de la resolución y acta de la CMC notificada con fecha 09 de julio de 2020; 5. Copia sobre de la resolución de la Comisión Médica Central; 6. Copia de la guía online de despacho de la notificación de la resolución ejecutoriada; y, 7. Copia de los Oficios Ordinarios Nº12673, 6230, y 6029 de la Superintendencia de Pensiones.

Con fecha treinta y uno de agosto de 2020, solicita tener presente ciertas consideraciones en relación al informe evacuado por la recurrida doña nombre reservado, reprochando no haber acompañado todos los antecedentes requeridos por esta Corte por la recurrida, acompaña los siguientes documentos: a) Registro “Procesos: Solicitud de apelación - SOL_APE.71939”, pertenecientes a la causa Rol Protección 661-2020 de la ICA de La Serena, y b) Copia de registro electrónico de apartado “OBSERVACIONES”.

Con fecha 02 de septiembre de 2020, solicita tener presente ciertas consideraciones en relación a lo que denomina como la industria previsional, compuesta de varios agentes, a propósito de la abogada patrocinante de las recurridas, todas de corte conspirativo, con el único objeto de ocultar el ardid detrás del “control de siniestralidad”, sistematizado para denegar pensiones de invalidez cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS); asimismo, reitera la falta de notificación de la recurrente con respeto a los procesos instruidos por la Superintendencia de Pensiones, realizando comparación con la causa Rol de esta Corte 661-20 y de otras Cortes, acompañando trece documentos detallados a folio N°23.

Además, con fecha 02 de diciembre de 2020 la recurrente solicita tener presente en la vista del recurso las estrategias procesales usadas por las recurridas para dilatar la decisión de la Corte, y que es actuar frecuenta en otras protecciones tramitadas en otras jurisdicciones, sobretodo la dilatación en la entrega del expediente administrativo electrónico, transgrediendo la norma al respecto que establece como plazo máximo dos días para la entrega al solicitante de sus antecedentes, acompañando los siguientes documentos: Escritura pública, contrato Seguro de Invalidez y Sobrevivencia AFP Habitat S.A. Compañía de Seguros La Construcción, año 1993; Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro III, Título I, Letra D, Pensión de Invalidez, Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Reevaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas; y, enlace sesión Nº9 de la Comisión de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados con presencia de recurrente y recurrida, citada en texto. https://youtu.be/VFnGyOzwTII;

Por último, con fecha nueve de febrero pasado, solicita tener presente que se retrotrajo el proceso de invalidez de su representada, lo cual le fue debidamente comunicado, y acompaña jurisprudencia acogiendo esta clase de protecciones.

Con fecha 25 de agosto de 2020, evacuó informe doña Constanza Bollmann Schele, abogada, en representación de doña nombre reservado, funcionaria de la Comisión Médica Regional de La Serena y de doña nombre reservado, funcionaria de la Comisión Médica Central, en los siguientes términos.

Aduce, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de sus representadas y recurridas, por cuanto ninguna posee la representación judicial o extrajudicial de sus respectivas comisiones, y del libelo no se indica cuáles son las conductas reprochadas a sus representadas que amerite la interposición del recurso, en su contra, no pareciendo posible que se considere como sujeto pasivo de una acción que busca cautelar los derechos constitucionales, a alguien cuya conducta o comportamiento específico se desconoce y se encuentra completamente ajeno a las alegaciones que se contienen en el respectivo libelo.

En segundo lugar, alega que el recurso debe ser rechazado, por cuanto la recurrente, le atribuye a sus representadas deberes que la normativa no contempla, así se refiere al contenido del Oficio N°6020 del 20 de marzo de 2020, emitido por la Superintendencia de Pensiones al regular el caso fortuito o fuerza mayor, en la notificación de lo que resuelven las respectivas comisiones, siendo carga procesal de la recurrente haber indicado el motivo que le provocó no poder presentar su apelación a tiempo, por lo que es la Fundación Valídame al no hacerlo, quien privó a su representada del derecho de presentar una apelación. Alude que, la recurrente indica una supuesta denegación de acceso a pensiones de invalidez para trabajadores cubiertos por el seguro, y, de esa forma, dar cuenta de supuestas irregularidades y procedimientos que la misma denomina como control de siniestralidad. Lo cierto, sin embargo, es que la recurrente no ha sido capaz de vincular los hechos de este caso con una amenaza, perturbación o privación de derechos amparados en la Constitución.

Arguye, como tercera defensa, que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto por esta vía es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y prexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente, puesto que lo que pide en definitiva es que se deje sin efecto una resolución de la Comisión Médica Central, y no es necesario entrar a la discusión específica de dicha cuestión para poder afirmar que, de conformidad a nuestro ordenamiento institucional, ello es propio de otra sede y de otro procedimiento.

Como última defensa, alega que se debe rechazar la protección interpuesta, por no aludir a conducta arbitraria e ilegal alguna, la insistencia de la recurrente en abundar en explicaciones respecto de sus derechos en el procedimiento y de la correcta interpretación o aplicación de determinadas reglas, no se traduce en mostrar o acreditar arbitrariedades o ilegalidades, sino en la sospecha de un acto discriminatorio que la lleva a concluir que existe un supuesto control de siniestralidad, sin acreditar cuál es el vínculo existente entre los hechos alegados y el derecho de igualdad ante la Ley, supuestamente vulnerado.

Con fecha 4 de diciembre de 2020, el Consejo de Defensa del Estado, bajo la representación que inviste de las recurridas Comisión Médica Regional La Serena y Comisión Medica Central,acompaña los informes evacuados por éstas. Asimismo, acompaña el expediente de invalidez de la recurrente solicitando su reserva, a lo cual se accede dando los efectos respectivos en SITCORTE.

Por la Comisión Médica Regional, evacua informe su Presidente, refiriendo primero, algunas consideraciones en relación al proceso de evaluación y calificación de invalidez de la señora nombre reservado, el cual se inició con fecha 24 de febrero de 2020, suscribió una solicitud de pensión y calificación de invalidez, conforme al D.L. N° 3.500, de 1980, en la Administradora a la cual se encuentra incorporada, cuyo conocimiento correspondió a esta Comisión Médica Regional. Los impedimentos alegados como invalidantes fueron: distrofia bilateral de cadera y prótesis. La comisión después de su análisis del caso determinó que para evaluar el impedimento de la recurrente invocado en su solicitud, se requería un peritaje domiciliario con Médico Reumatólogo, dadA la incapacidad para movilizarse. El Interconsultor Reumatólogo visitó a la afiliada, señalando en su informe que presentaba antecedentes de recambio protésico de cadera izquierda por coxoartrosis en el año 2008, asimismo indicó la presencia de un gran dolor en febrero de 2020 por la recurrente mientras deambulaba, por lo que se sometió a TAC de pelvis cuyo resultado concluyó “aflojamiento protésico con dislocación de componente femoral”. En cuanto al relato de la afiliada a la data de la evaluación, señala que permanecía gran parte del día en cama, movilizándose con bastones dentro de su casa sólo para ir al baño, describiendo dolor persistente en la cadera izquierda. Finalmente, hizo presente que la señora nombre reservado tenía indicación de recambio de dicha prótesis sin que existiese contraindicación.

Prosigue indicando, que la Comisión Médica Regional en Sesión N°493 de fecha 24 de junio de 2020, discutió el caso y concluyó que no era posible configurar impedimento, emitiendo el Dictamen N°005.1719/2020, de 6 de mayo de 2020, rechazando otorgar invalidez por estimar que el impedimento no se encontraba configurado a esa data. A lo anterior, se reclamó por ante la Comisión Médica Central, el que fue declarado extemporáneo, ya que el Dictamen si bien fue despachado por esta Comisión Médica Regional dentro de plazo el 11 de mayo de 2020, la empresa Correos de Chile lo entregó el 5 de junio, siendo que esa era la fecha máxima de apelación, por lo que la afiliada presentó su reclamo el 10 de junio de 2020, recurso que fue rechazado por extemporáneo, sin que la Comisión Médica Central haya tenido la oportunidad de revisar y pronunciarse sobre su caso, debido a lo extemporáneo del reclamo.

Arguye, que en relación a lo anterior, la Comisión Médica Central solicitó un pronunciamiento a la Superintendencia de Pensiones, y dicho Organismo Fiscalizador informó que no registraba presentación alguna de la afiliada o de la fundación recurrente, por ello, no pudo haber adoptado medida alguna para solucionar la situación planteada en estos autos.

Continua señalando la normativa aplicable al caso, siendo las normas legales contendidas en el D.L. N°3.500, de 1980, cuerpo legal que en su artículo 4° consagra el derecho a pensión de invalidez para los afiliados no pensionados por dicha ley, que sin cumplir con los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y como consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, la cual puede ser total o parcial. Así, a las Comisiones Médicas, les toca por ley frente a una solicitud de pensión de invalidez, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero y emitir un dictamen sobre aquella invalidez, lo cual es apelable ante la Comisión Médica Central, y que esta reglado por un procedimiento normado y bajo el cual las Comisiones Médicas Regionales y Central gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las solicitudes de invalidez sometidas a consideración de ellas, siempre debiendo actuar con estricto apego a las “Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones”. A su vez, corresponde a la Superintendencia de Pensiones la Supervigilancia y fiscalización de las Comisiones Médicas, como también la facultad de dictarles las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. Describe sobre las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, como se determina si una enfermedad es un impedimento o menoscabo laboral, y la relación causa-efecto entre Impedimento y Menoscabo lo que permite declarar la invalidez, y que los impedimentos configurados permiten asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas. Que frente a la falta de ciertos requisitos el impedimento se considerará no configurado y, por lo tanto, no procederá asignar menoscabo laboral permanente. Los Impedimentos no configurados no señalan ausencia de enfermedad, sólo el incumplimiento de las condiciones que permiten considerarlo para calificar la invalidez.

Concluye, que en la especie los integrantes de la Comisión Médica Regional han actuado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones con estricto apego a la ley y a las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones, por lo que solicita rechazar el recurso de protección interpuesto, por haber perdido oportunidad por la concreción de lo solicitado, pues su proceso de calificación de invalidez fue retrotraído, de manera que la afiliada será notificada nuevamente del Dictamen N°005.1719/2020 de 6 de mayo de 2020, emitido por esta Comisión Médica Regional, pudiendo ejercer su derecho a apelación.

Por la Comisión Médica Central, evacua informe su Presidenta, refiriendo como primera defensa, la inadmisibilidad de la acción deducida en autos, por cuanto la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue la Fundación Valídame, ya que por esta vía es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, y no llevar a cabo un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como es la Resolución de la Comisión Médica Central, ya que la acción deducida no es el medio idóneo al efecto, al no tratarse de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con ello es que no resulta admisible, por medio de esta acción cautelar, el resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento. Resulta evidente que lo que manifiesta es su disconformidad con la conclusión a la que llegó la Comisión Médica Central, pues evidentemente discute el porcentaje y grado de invalidez otorgado, siendo el objetivo final de este arbitrio constitucional que la Corte declare que la señora nombre reservado tiene derecho a una pensión de invalidez.

Realiza idéntico análisis que la Comisión Médica Regional, en relación a las normas aplicables en la materia, y como en definitiva se califica la situación de invalidez, solicitando que sea declarado inadmisible el recurso de protección interpuesto, por cuanto excede el ámbito de aplicación del Recurso de Protección; y en subsidio de ello, se pronuncie rechazando dicho recurso de protección atendido que evidentemente, la acción constitucional interpuesta por la Fundación recurrente perdió oportunidad y decayó en su fundamento, justamente por la concreción de lo solicitado, pues su proceso de calificación de invalidez fue retrotraído, de manera que la afiliada será notificada nuevamente del Dictamen de la Comisión Médica Regional, pudiendo ejercer su derecho a reclamo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19…podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que el artículo 1° del auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o, la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Agrega, el inciso segundo del artículo 5°, que la Corte apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías, es una acción de cautela destinada a resguardar el ejercicio de las garantías y derechos que en el referido artículo 20 de la Carta Magna se enumeran, a través de medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho y garantizar la protección del afectado que ha sido objeto de un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza dicho ejercicio.

CUARTO: Que por tanto, es requisito indispensable del recurso de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en cuanto se vulnera un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, de manera que el actuar u omitir es ilegal, cuando basándose en algún poder jurídico que se detenta, se extralimitan en su ejercicio; o bien arbitrario, vale decir, derivado del mero capricho, de modo que la arbitrariedad indica ausencia de razonabilidad en la actuación u omisión, pero además se requiere que el acto u omisión ilegal o arbitrario afecte a las garantías resguardadas con el referido recurso de protección.

QUINTO: Que según consta del Dictamen N°005.1719/2020, de fecha 6 de mayo de 2020, de la Comisión Médica, IV Región , La Serena, de la Superintendencia de Pensiones, se acordó rechazar la solicitud de pensión de invalidez presentada por nombre reservado, en consideración a que las enfermedades alegadas como invalidantes están bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado aún la pérdida de a lo menos del 50% de la capacidad de trabajo.

SEXTO: Que a su vez, según consta de la Resolución N° C.M.C. 7002/2020, de fecha 24 de junio de 2020, dictada por la Comisión Medicina Central de la Superintendencia de Pensiones, se rechazó el reclamo presentado por nombre reservado, referente al Dictamen N°005.1719/2020 de la Comisión Médica La Serena, por haber sido presentado fuera de plazo y se declara que el Dictamen queda ejecutoriado al día siguiente de vencido el plazo de apelación.

SEPTIMO: Que de acuerdo al artículo 11 del Decreto Ley N°3.500, “Los dictámenes que emitan las Comisiones serán reclamables mediante solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento, por el solicitante…” y “El reclamo deberá interponerse por escrito, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación del dictamen, ante la Comisión Regional que lo emitió y sin necesidad de patrocinio de abogado”.

OCTAVO: Que se ordenó en su oportunidad, como trámite previo e indispensable para entrar a la vista de esta causa, que informe la Comisión Medica Regional de La Serena, si el proceso de calificación de la recurrente fue retrotraído, de manera que la afiliada señora nombre reservado será notificada nuevamente del dictamen N°005.1719/2020 de fecha 06 de mayo del año 2020, debiendo adjuntar todos los antecedentes que sobre la circunstancia indicada obren en su poder.

NOVENO: Que el Presidente de la Comisión Médica Regional de Coquimbo, informa que mediante oficio Ordinario N°24368 de fecha 30 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y por las razones en él expuestas, instruyó a esta Comisión Médica Regional que dejara sin efecto de ejecutoria el Dictamen de Invalidez N°005.1719/2020 de 6 de mayo de 2020, debiendo efectuar una nueva notificación de dicho Dictamen a las partes e indicarles el nuevo plazo de apelación, verificándose así el debido emplazamiento de la afiliada, mediante oficio Ordinario N°131/2020 de fecha 24 de diciembre de 2020, adjuntando ambos ordinarios señalados.

DECIMO: En cuanto a la falta de legitimación pasiva de doña nombre reservado, en cuanto Coordinadora Administrativa de la Comisión Médica Central, y de doña nombre reservado, en cuanto Coordinadora Administrativa de la Comisión Médica Regional, cabe indicar que, tal como lo plantea la recurrente, el acto que se considera como arbitrario o ilegal es el pronunciamiento revocatorio de la Comisión Médica Central, y no actuaciones propias de dichas personas naturales. Además, en el texto del libelo pretensor no se identifican actuaciones personales de tales recurridas, que hagan procedente ejercitar una acción constitucional de protección en su contra. En consecuencia, cabe concluir que efectivamente en la especie concurre la falta de legitimación pasiva de dichas personas naturales UNDECIMO: Que en relación a los demás recurridos, del tenor del recurso y del análisis del informe evacuado por los Presidentes de la Comisión Médica Regional y de Comisión Médica Central, aparece con nitidez que el acto que motivó la acción de protección ha dejado de producir sus efectos, desde que se dispuso practicar una nueva notificación a la recurrente, respecto del Dictamen de Invalidez N°005.1719/2020, de 6 de mayo de 2020, permitiéndosele así, la interposición de los recursos administrativos que estime pertinentes. Consecuencialmente cabe concluir que el presente recurso de protección ha perdido oportunidad.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la Fundación Validame, en representación de nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central ; de la Comisión Médica Regional de La Serena; de la Jefa de Oficina de la Fundación para la Administración de Comisiones Medicas FACM ; y de la Coordinadora Administrativa de la Comisión Médica Regional de La Serena FACM.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1457-2020 (Protección)

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros suplentes señor nombre reservado, señor nombre reservado y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a veinte de abril de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.