Protección contra COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol Nº1456-2026 La Serena, quince de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de las licencias médicas NUM000; NUM001; NUM002; NUM003; NUM004, extendidas por un total de 150 días, a contar del 18 de marzo del año 2026, por reposo injustificado.

Señala que tomó conocimiento presencialmente de los pronunciamientos el 6 de agosto de 2026, en dependencias de COMPIN La Serena, y que las causales invocadas fueron “sin causa médica que justifique el reposo”, “antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” y “reposo prolongado para patología”.

Expone que la propia recurrida habría reconocido anteriormente su situación médica y el rol terapéutico de sus licencias, asociado a un trastorno del disco cervical y hernia C5-C6, citando la Resolución Exenta NUM005 y un acta de comisión médica de 23 de noviembre de 2022. Añade que esta Corte de Apelaciones ya habría acogido anteriores recursos de protección promovidos por el actor contra COMPIN, entre ellos la causa Rol N° 2118-2025, ordenándose la autorización de licencias médicas por estimarse que cumplían una finalidad terapéutica.

Sostiene que el 22 de mayo de 2026 entregó certificados, informes y antecedentes destinados a acreditar su patología, por lo que califica de arbitrario el rechazo, afirmando que las decisiones carecen de fundamentación suficiente.

Señala que ello vulnera su integridad psíquica y su derecho de propiedad, pues el rechazo de las licencias le impide acceder al subsidio por incapacidad laboral y repercute directamente en su patrimonio. Invoca, además, el deber de la Administración de fundar sus decisiones y actuar objetivamente, conforme a la Ley N° 19.880.

Agrega que, frente a los reiterados rechazos, debió practicarse particularmente diversos exámenes: una tomografía computarizada de columna cervical el 23 de marzo de 2026, una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa el 21 de abril y una resonancia de columna cervical el 6 de julio de 2026.

Afirma que estos antecedentes acreditan las patologías que lo afectan y que el actuar de la recurrida vulnera las garantías del artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución, al comprometer su integridad, generar una desigualdad respecto de otras personas que pueden acceder al subsidio y privarlo de los ingresos provenientes de éste.

Luego, refiere que se encuentra evaluando una intervención quirúrgica, cuyo costo se ve dificultado por la falta de ingresos derivada del rechazo de las licencias.

Indica que el 4 de agosto de 2026 se solicitó intervención por diagnóstico de hernia de núcleo pulposo C5-C6 izquierda, mediante una discectomía cervical, quedando incorporado a lista de espera del Hospital San Pablo de Coquimbo y citado posteriormente a exámenes preoperatorios. Asimismo, señala que continúa en tratamiento en el CESFAM El Sauce de Coquimbo por un cuadro de ansiedad generalizada y depresión severa, vinculado principalmente a su condición física y a circunstancias familiares, y que recibe tratamiento farmacológico y controles de salud mental. Agrega que se mantiene en controles de Neurocirugía en el Hospital San Pablo de Coquimbo y en tratamiento kinesiológico y de rehabilitación musculoesquelética.

Finalmente, sostiene que las decisiones de rechazo no se apoyan en antecedentes que permitan comprender adecuadamente sus fundamentos y que, por ello, carecen de contenido suficiente para justificar la negativa al pago del subsidio por incapacidad laboral.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se disponga la aprobación de las licencias médicas rechazadas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ METROPOLITANA, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que revisado el expediente administrativo y el sistema informático SIF, respecto de la licencia NUM006 el recurrente presentó recurso de reposición, el que fue rechazado porque, si bien constaban antecedentes de patología e indicación de intervención quirúrgica, no se acompañó certificado de lista de espera ni otros antecedentes que justificaran la prolongación del reposo.

En cuanto a las restantes licencias, señala que sólo cuentan con rechazo en primera instancia, porque el recurrente no habría ejercido el recurso de reposición contra esas decisiones. Añade que los rechazos obedecieron a que no se aportaron antecedentes suficientes para justificar la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, precisando que no se acompañó informe del médico tratante, plan de manejo, exámenes o imágenes, acreditación de terapias de rehabilitación ni fecha probable de alta.

Invoca al efecto el artículo 16 del D.S. N°3.

Añade que COMPIN es un organismo eminentemente técnico y que su actuación se rige, entre otras normas, por el Decreto N° 7/2013, relativo a las guías clínicas referenciales sobre exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas. Asimismo, cita el D.S. N° 3/1984, cuyo artículo 14 entrega a COMPIN o a la ISAPRE la competencia para aprobar o rechazar licencias, reducir o ampliar el período solicitado o modificar su carácter, debiendo dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista.

Concluye que sus decisiones se adoptaron dentro de los parámetros objetivos establecidos por la ley y la normativa vigente, procurando asegurar que las licencias médicas cumplan efectivamente su finalidad terapéutica y transitoria, mientras el trabajador recupera su salud y puede volver a sus funciones laborales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en las respectivas resoluciones de rechazo de las licencias reclamadas, vale consignar que aquel se sustenta, sucintamente, en dos ideas: por una parte “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología”, y en otros casos se consigna como fundamento “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, es preciso considerar que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

SÉPTIMO: Que, además, conviene tener presente lo previsto en el artículo 16 del cuerpo legal previamente citado y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

OCTAVO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas a la persona trabajadora es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

A ello, resulta indispensable añadir que, en la especie, la extensión del reposo se debe también a la falta de atención oportuna del sistema de salud, pues es del caso considerar que el recurrente presenta una dolencia que se encuentra pendiente de ser intervenida quirúrgicamente en el sistema de salud. Por consiguiente, las dificultades que puedan presentar los organismos del sistema de salud público para la gestión de las cirugías –ya sea administrativas, de recursos, de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al Estado y jamás ser ello constituirse en un obstáculo para denegar el reposo prescrito por el facultativo competente al paciente, más aún, existiendo antecedentes médicos de sobra que justifican las dolencias que aquejan al paciente y licencias médicas previas que fueron autorizadas sin cuestionamiento.

NOVENO: Que, en el escenario antes descrito, conviene tener presente que el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, carece del debido sustento, por cuanto no entrega una justificación suficiente respecto al motivo de rechazo de las licencias objeto del presente recurso, con relación a las licencias médicas anteriores que fueron autorizadas por la recurrida, sobre la base de las mismas patologías y los antecedentes de salud del actor. Abona a lo anterior, la circunstancia que no se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, dejando además al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que el motivo de rechazo de las licencias dado en este asunto es carente de sustento fáctico suficiente.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la parte recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho de la parte recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, disponiendo que se autorizan las licencias médicas NUM000; NUM001; NUM002; NUM003; NUM004, extendidas por un total de 150 días, a contar del 18 de marzo del año 2026, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1456-2026.- (Protección)