Protección contra Caja de Compensación de Los Andes

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andres Recurso de Protección Rol N° 1453-2018.- La Serena, cinco de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1° Que, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, químico, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Los Andes, representada por don nombre reservado, contador auditor o ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, por conculcar las garantías constitucionales que se encuentran contenidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 del Constitución Política de la República.

Indica que durante el año 2014 contrajo una deuda con la Caja de Compensación Los Andes que ascendía a la suma de $5.667.120, pagadera en 48 cuotas iguales y sucesivas de $176.219.

Señala que con fecha 31 de diciembre de 2015 fue demandado en juicio ejecutivo por la Caja de Compensación Los Andes, para efectos de materializar el cobro de pagaré, por el monto total de $8.458.518, la referida Caja de Compensación, haciendo uso de sus facultades en calidad de acreedor, inició las diligencias pertinentes, en causa Rol C-5.555-2018 del 2do Juzgado de Letras de La Serena, ordenándose el archivo del respectivo expediente.

Afirma que después del archivo indicado, no ha tenido novedad alguna acerca de la Caja de Compensación Los Andes.

Sostiene que durante la época en que incurrió en mora antes dicha, sufrió una insolvencia general, la que lo llevó a incumplir una serie de obligaciones.

Relata que siempre con el ánimo de superarse en calidad de persona natural, con proyecciones laborales y profesionales, logró reinventarse y actualmente trabaja para una empresa minera de gran tamaño y percibe un sueldo mensual y fijo por las gestiones realizadas mes a mes.

Continúa indicando que durante los últimos meses ha encontrado un trabajo en una empresa de minería de gran tamaño, llamada Kinross (Compañía Minera Maricunga), y que en los meses de octubre y noviembre se le ha efectuado un descuento bajo el acápite denominado “descuentos personales”, por concepto de “Préstamo CCAF”, por el monto de $333.161, suma que resulta ser sumamente desproporcionada, toda vez que el total de sus ingresos líquidos a pagar no superan el millón de pesos.

Agrega que actualmente se encuentra en una total y absoluta indefensión frente a la Caja de Compensación Los Andes, dado que esta última, haciendo uso y abuso de su posición privilegiada ante la ley, le basta con informar una supuesta deuda a su empleador para que éste proceda al descuento de sus remuneraciones.

Señala que determinar si la obligación resulta exigible, si presenta o no el carácter suficiente como para someterla a cobro, etc., es una cuestión que necesariamente debe ser conocida y fallada por un Tribunal Ordinario de Justicia, pero la recurrida haciendo uso y abuso del derecho informa a su empleador para que se descuenten parte de sus remuneraciones sin que haya definido al menos si la deuda presenta el carácter de exigible o no, perturbando seriamente su derecho a defensa y su patrimonio, debido a que a todas luces se le está descontando más del 15% de sus remuneraciones, por lo que previo a señalar la argumentación de derecho, solicita que se deje sin efecto el descuento de su remuneración del mes de enero de 2019 por la suma de $333.161.- por concepto de “Préstamo CCAF Los Andes” disponiendo que la recurrida restituya el importe de los descuentos que ha efectuado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018; se ordene a la recurrida abstenerse de informar y requerir a su empleador actual o futuro del descuento de sus remuneraciones por este concepto, y se condene en costas a la recurrida.

2° Que, informa el recurso don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, señalando que la Caja Los Andes con fecha 18 de julio de 2014, otorgó al Señor nombre reservado el crédito código 050298664-3, por la suma de $5.667.120 a una tasa de interés nominal de 1.77%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $190.378, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de agosto de 2014.

Añade que por el no pago de las cuotas por parte del Sr. nombre reservado, su representada, con fecha 3 de diciembre de 2015, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación.

Aclara que posteriormente, a través de descuentos efectuados en las remuneraciones del recurrente de los meses de octubre y noviembre de 2018, fueron pagadas las cuotas de los meses de agosto y septiembre de 2014.

Afirma que si bien es cierto que su representada dedujo demanda para el cobro del pagaré que garantiza la operación referida, ello no obsta a que el cobro de las cuotas del crédito social hayan de efectuarse en la forma establecida en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Señala que el recurrente, erróneamente, refiere que las deducciones para el cobro de los créditos sociales se encuentran afectas a la limitación establecida en el inciso 3º del artículo 58 del Código del Trabajo. Dicha disposición trata sobre aquellos descuentos de carácter facultativo y que requieren acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador, y no es aplicable a las deducciones de carácter obligatorio como las que se efectúan para el pago de créditos sociales, las cuales se hallan reguladas en la Ley N°18.833 que fija el Estatuto que regula a las Cajas de Compensación y que, además, se rigen por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Sostiene que ha sido la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quien ha dispuesto los límites a los que deben ajustarse los descuentos para el cobro de cuotas de crédito social; es así como la Circular N°2052 de SUSESO, imparte instrucciones respecto al régimen de crédito social.

Indica que de las liquidaciones de remuneraciones aportadas por el recurrente, se aprecia que su remuneración líquida, efectuados los descuentos legales (cotización obligatoria de AFP e ISAPRE) bordea la suma de $1.390.000.- aproximadamente, por lo que el descuento realizado por concepto de pago de las cuotas de crédito social no supera el 25% de aquella.

Termina indicando que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833, por lo que no se requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, por lo que el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado, por lo que solicita que se rechace el nombre reservado con costas.

3º Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

4º Que, los requisitos de procedencia de un nombre reservado- existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas- son copulativos de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio.

5° Que, en cuanto a esta exigencia, solo cabe decir que no fue posible entenderla cumplida pues si bien la parte recurrente relata unos determinados hechos como sustento de su acción cautelar- perturbación del derecho de propiedad e igualdad ante la ley- no es menos cierto que la recurrida indica que el descuento efectuado por concepto de pago de crédito social, lo que en concepto de esta Corte debe ser esclarecido a través de un juicio de lato conocimiento, por lo que no existiendo elementos de juicio que permitan entender que estos supuestos fácticos fundantes del recurso efectivamente existen o existieron, lo que es bastante para rechazar este arbitrio constitucional.

6° Que, además, cabe recordar que el nombre reservado es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie pues del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela una diferente apreciación de los hechos acaecidos lo que no puede ser solucionado vía nombre reservado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el nombre reservado deducido por don nombre reservado.

Notifíquese y regístrese.-.

Rol IC Protección N° 1453-2018.-.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

En La Serena, a cinco de febrero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.