nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 1449-2024 La Serena, once de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado.

Expone que el recurrido es dueño de un predio denominado lote tres, resultante de la subdivisión de la hijuela número treinta, Pisco Elqui, comuna de Paihuano, provincia de Elqui, Cuarta Región. Dicho predio colinda por el Norte con el predio del cual detenta derechos, como asimismo un usufructo inscrito a su favor.

Refiere que ambos predios, tanto el de su posesión como el del recurrido, se ubican y tienen acceso mediante la calle denominada callejón uno, próximos a intersección de calle o callejón Baquedano.

Destaca que junto a su familia han vivido en el lote 29, colindante al del recurrido, por más de 40 años y actualmente se encuentra inscrito a fojas 324, número 293, del Registro de Propiedad del Conservador de Vicuña, correspondiente el año 2018, dominio transmitido de la herencia quedada a ocasión del fallecimiento de su padre, don nombre reservado, quien detentada inscripción a fojas 184, número 171, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña, correspondiente el año 1982.

Adicionalmente, señala ser beneficiaria de usufructo sobre casa habitación existente en el inmueble ubicado en domicilio reservado, Provincia de Elqui, Cuarta Región, construida en adobe que se encuentra en la entrada principal por el callejón vecinal, perpendicular a la calle Baquedano y según inscripción de fojas 346, numero 213 correspondiente al registro del ramo del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña, del año 2007, los siguientes deslindes; AL NORTE, con nombre reservado; AL NORORIENTE, con varios propietarios; AL SUROESTE, con hijuela número veintiocho, y al SUROESTE, con hijuela número treinta.

Añade que para acceder a la propiedad, que como tal se mencionó, fue heredada por su padre, como así a su casa habitación, se ha hecho uso permanente del callejón vecinal 1, Este tránsito se ha realizado tanto de forma vehicular como peatonal durante más de 40 años.

Ahora bien, en julio del año en curso, observaron que su vecino, don nombre reservado se encontraba realizando obras en su propiedad, situación que inicialmente no los alertó, debido a que el recurrido mantiene un complejo turístico en su propiedad, pero al pasar de los días, enorme fue su sorpresa al darse cuenta que estaba construyendo unos pilares, que perturbaban el paso vehicular, pero finalmente se dieron forma a un muro de concreto justo frente al ingreso de propiedad, dejando solo una separación aproximada de un metro o metro y medio, lo anterior entre su portón de acceso y muro que instaló el recurrido, que deja obsoleto su acceso, dicho muro ha ido avanzando, hoy contempla el cierre total de ingreso a su propiedad, a los medidores de servicios básicos, como también incorpora una cámara de vigilancia dirigida hacia su predio, la única opción de ingreso es un puerta reja estrecha que instaló el recurrido, de menos de un metro de ancho, como una eventual opción de paso, manteniéndose la llave de dicha puerta bajo poder del recurrido.

Aduce que la única información de las razones que tuvo el recurrido para en la práctica perturbar su derecho, es el hecho de que el recurrido no desea que su propiedad sea “visible” desde su complejo turístico, como asimismo evitar todo transito o acceso a su propiedad por dicho callejón uno de forma arbitraria.

Lo concreto, es que su persona como su familia se han visto privados de circular por dicho callejón uno, impidiendo o dificultando el ingreso vehicular desde finales de julio del año en curso, y restringiendo todo acceso o tránsito ya sea vehicular o peatonal desde el día 12 de agosto y hasta la fecha, ya que ilegal y arbitrariamente se ha ejecutado una obra que impide el paso y la circulación por dicho camino afectando gravemente las garantías constitucionales que indica más adelante.

Hace presente que, conforme al decreto alcaldicio N° 862 de Paihuano, de 20 de junio de 2019, que aprueba plan Regulador Comunal de Paihuano, Localidades de Paihuano, Pisco Elqui y Montegrande, en los términos en que fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Paihuano, mediante Sesión Extraordinaria Nº07 de 13 de agosto de 2013, por lo que no existe duda alguna que en el sector en que se emplaza el muro de la parte recurrida y donde se impide el tránsito a personal y vehículos, tiene el carácter de público.

Sostiene que el recurrido ha intervenido ilegalmente el camino público, construyendo un grueso muro de mediana altura a cada costado del camino, dejando solamente una pequeña pasada en el costado de la ruta, la que ahora, además, han cerrado con una puerta de metal y barrotes para impedir el libre tránsito de personas y vehículos, hacia y desde su propiedad sobre dicho camino.

Profiere que no existe justificación jurídica o fáctica alguna que permita al recurrido bloquear u obstruir el camino, sea público o privado ni menos para impedir su libre tránsito, privándola de acceso a su predio y hogar.

Adiciona que la actuación de las recurridas infringe abiertamente el artículo 36 del D.F.L. N°850 del Ministerio de Obras Públicas, 1997, conocido como Ley de Caminos. También se infringe el artículo 24 del mismo D.F.L.

Puntualiza que la acción de las recurridas no solo atenta al libre tránsito, contraviniendo derechamente la prohibición citada anteriormente, sino que constituye además un actuar arbitrario y carente de razonabilidad, que ocasiona evidente peligro para el tránsito de vehículos y para la generación de accidentes, ya que el área perdió iluminación y los muros solo dejan una pequeña pasada peatonal, de difícil acceso al costado de la calle.

Expresa que esta conducta arbitraria e ilegal perturba y amenaza el ejercicio de sus derechos constitucionalmente protegidos, pretendiendo modificar, por la fuerza de los hechos, situaciones jurídicas consolidadas, como ha sido el ejercicio permanente del derecho de su parte a acceder al proyecto y predio citado, de transitar por un camino público, y de desarrollar una actividad económica lícita, por lo que debe ser enmendada por este Ilustrísimo Tribunal, disponiendo las medidas que le garantice la libre circulación por el denominado callejón uno.

Precisa que el recurrido pretende justificar el cierre de la de la calle en la circunstancia de existir título inscrito del lote en el cual se superpone la calle, pero dicho eventual derecho no habilita el afectar derechos de rango constitucional de otros, debido a que básicamente la ha dejado “encerrada”.

Hace presente que el verdadero trasfondo de este cierre de calle, es la alegación del recurrido de que, desea determinar y limitar su calidad de vida, ya que si de tratarse de haber valer su supuesto derecho de propiedad sobre el camino, habría realizado su muro en otra ubicación, no necesariamente frente a su hogar.

En consecuencia, la discusión jurídica de fondo que pretenden el recurrido está sometida al imperio del derecho, siendo absolutamente improcedentes las vías de hecho tendientes a cerrar la calle e impedir el tránsito, violando una prohibición legal.

Destaca que ha sido diagnosticada de Fibromialgia y Espondiloartrosis, ambas patologías que requieren cuidado y precaución en los movimientos, por lo que a su vez detenta un grado global de discapacidad moderada del 35,70%.

A ella y a su familia la situación generada por el recurrido los tiene altamente preocupados ya que también tiene síntomas de tipo cardiacos, que se han acrecentado con lo que hoy está sufriendo para poder salir o entrar libremente de su hogar, como también tal como mencionó es que ya no es posible que un vehículo ingrese a su propiedad, ello incluye ambulancias. Y en el evento de querer salir, debe tener la prerrogativa del recurrido para que abra la reja instalada, todo ello de forma peatonal y no como hace unos días en el cual podía salir en vehículo. Insisto todo en el contexto de su condición de salud.

Indica que el recurso se deduce dentro del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado. En efecto, los trabajos realizados pero el recurrido inician a mediados de julio, pero es hasta el día miércoles 24 de julio donde ya no hubo acuerdo con el vecino, y concretó el cierre vehicular, aparentemente de forma irreversible, como asimismo del día lunes 12 de agosto se realiza la instalación de la puerta de reja que limita o condiciones el acceso peatonal. Los actos arbitrarios e ilegales que ocasionan privación y perturbación de sus derechos fueron ejecutados por el recurrido y han continuado durante los días siguientes.

Invoca la garantía establecida en el artículo 19 Nº3 de la Constitución: la recurrida, de pretender un derecho sobre el callejón 1, debe reclamarlo por la vía judicial y no mediante artificios que buscan tomar la justicia en sus propias manos. Mas aun que el recurrido solo ha realizado obras para perjudicar sus derechos, no así con los restantes propietarios que hacen uso del callejón 1, más aún si con ocasión de dicha pretensión de cerramiento, se produce una abierta contravención a normas legales prohibitivas que persiguen evitar la autocomposición, la protección del orden público y la libre circulación de bienes y personas.

Cita también la garantía establecida en el artículo 19 Nº24 de la Constitución: La instalación de una puerta y el bloqueo del callejón para el tránsito, atenta gravemente contra el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de su propiedad y de su familia, como asimismo del correcto derecho de hacer uso de su usufructo. En este caso, a través de los actos arbitrarios e ilegales de la recurrida, le privan de utilizar el camino público tantas veces aludido, siendo una vía de acceso existente, autorizada, proyectada y reconocida como pública, por lo que este Tribunal debe adoptar en forma urgente las providencias que estime necesarias para poner término a esta ilegalidad. Si no hay forma de que el dueño de un predio pueda ingresar a él, mal puede ejercer los atributos que por su dominio le corresponden.

Trae a colación del mismo modo la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución: tal como se señaló, el recurrido en su actuar afecta su salud, disminuye o limita su calidad de vida y genera elementos que irán incrementando sus afecciones, toda vez que dificulta su tránsito para ingresar o salir de su propiedad y determina que sea solo peatonal, y en los horarios que el decida establecer.

Por estas consideraciones solicita se ordene el inmediato cese de cualquier restricción al libre tránsito del callejón 1, tanto por acto del recurrido o trabajadores del mismo; la apertura total de la puerta de metal que impide el paso y obstruye la libre circulación; la destrucción de los muros construidos en el camino por el evidente peligro que constituyen para el libre tránsito de esas características, ordenado dicha gestión a la Municipalidad o Servicio Público competente; y la adopción de todas las demás medidas que esta Corte estime procedentes para los efectos de otorgar una debida protección de sus derechos, y su familia, tanto en relación con el impedimento de tránsito actual como con aquellos que pretendan realizarse en el futuro.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Certificado posesión efectiva, número 61092, en relación a la propiedad rol 93-21, Paihuano, fojas 184, N°171, año 1982; 2. Inscripción de fojas 184, número 171, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña correspondiente al año 1983; 3. Set de fotografías que muestran la situación previa a la construcción del muro; 4. Set de fotografías que muestran la construcción del muro; 5. Certificado médico emitido por doña nombre reservado, Medica-cirujana, del Servicio de Salud de Coquimbo; 6. Certificado médico emitido por doña nombre reservado, Medico general, del centro de salud de Paihuano; 7. Informa kinésico, emitido por don nombre reservado, Kinesiólogo, del Centro de Salud Paihuano; 8. Copia ambos lagos de credencial de discapacidad de la recurrente; 9. Set de proceso de saneamiento de título a nombre de su padre, incluye plano lote 29 y 30, colindantes en el caso puesto a conocimiento de esta Corte; 10. Copia autorizada de especial de herencia de la cual es parte, a fojas 324 numero 293, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña, correspondiente al año 2018, referido al lote hijuela número 29, ubicado en Pisco Elqui; 11. Copia inscripción usufructo a su favor, a fojas 346 numero 213, del Registro de Hipotecas u Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña, Correspondiente al año 2007; 12. Captura de celular, de mensaje que pone en conocimiento de la instalación de cierre, de 12 de agosto de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado.

Refuta completamente los antecedentes fácticos referidos por la recurrente en los cuales sustenta la acción cautelar. Al respecto, señala que el 04 de marzo del año 1997, ante Notario Público Titular y Conservador de la Comuna de Vicuña y Paihuano doña nombre reservado (sic) Figari Rojas celebró contrato de compraventa con nombre reservado respecto del nombre reservado Número nombre reservado, resultante de la subdivisión de la Hijuela número 30 ubicada en Pisco Elqui, comuna de Paihuano, singularizado en el plano que se encuentra archivado bajo el número 8 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano del año 1997. Dicha subdivisión predial fue aprobada conforme Resolución número 62 del año 1996 y Resolución siete del año 1997, ambas dictadas por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la IV región.

Destaca que la inscripción de dominio rola inscrita a fojas 120 número 104 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano correspondiente al año 1997.

Añade que el predio adquirido denominado nombre reservado Número nombre reservado tiene una superficie de 2.186,63 metros cuadrados y su Rol de avalúo es el 93-10 de la comuna de Paihuano. El dominio del dueño anterior don nombre reservado rola inscrito a fojas 100 número 94 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano correspondiente al año 1991. Don nombre reservado subdividió la hijuela número 30 en cuatro Lotes denominados nombre reservado Uno, Dos, nombre reservado y Cuatro.

El nombre reservado Número nombre reservado respecto del cual es dueño, según el plano señalado tiene los siguientes deslindes: Al Norte, con camino público quebrada de Pisco Elqui de por medio; Al Este, con hijuela número 29; Al Sur con nombre reservado número Dos; y al Oeste con nombre reservado Cuatro.

Señala que efectivamente en el mes de julio del presente año inició trabajos de construcción en orden a cerrar su terreno completamente y mejorar notablemente la calidad y estética de la entrada a su propiedad. Para ello construyó una pared de estructura metálica rellena con bolones de piedra, un portón de dos hojas de estructura de fierro con madera para entrada de autos y una reja de metal forjado para uso peatonal. El costo del trabajo más los materiales fue de aproximadamente $4.500.000.

Fue así como efectivamente hizo mejoras sustanciales en su propiedad, cerró completamente su terreno siempre ajustado con estricto rigor a los títulos, superficie y plano de dominio ya señalados.

Agrega que de acuerdo con el plano de subdivisión archivado bajo el número 8 al final del Registro de Propiedades del año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano, ya señalado, efectivamente existe una servidumbre de paso, que es la que se estableció en la misma subdivisión referida y mediante la cual tiene acceso hasta su sitio lote Número nombre reservado.

Precisa que esta servidumbre de paso tiene un acceso por el callejón Baquedano, bordeando el nombre reservado Uno, el nombre reservado Dos y una pequeña franja del nombre reservado Cuatro de la subdivisión predial y está establecida únicamente para los propietarios de los lotes Uno, Dos, nombre reservado y Cuatro de la misma subdivisión predial ya indicada. Hace presente, que actualmente el lote Uno y Dos se encuentra con subdivisión predial, por lo que la servidumbre de paso beneficia a varios predios dominantes todos de la antigua hijuela 30.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo plano ya referido de subdivisión, la servidumbre de paso termina en su nombre reservado, es decir, no se extiende más allá como pretende aducir el recurrente. Muy por el contrario, justamente es el nombre reservado el último lote al que le beneficia esta servidumbre de paso o tránsito la cual fue establecida en la subdivisión predial de la hijuela 30 de Pisco Elqui.

En efecto, al observar el plano legalmente aprobado e inscrito se puede apreciar que a su nombre reservado no le afecta servidumbre alguna. Ello también se corrobora con los deslindes señalados en el título de dominio. En este sentido, su deslinde Este delimita con la hijuela número 29, de propiedad del recurrente y su deslinde Sur limita con el nombre reservado Dos donde se encuentra la servidumbre de paso.

Precisa que, dado que no había construido un cierre total de paso en su terreno, quedaba una superficie sin cerrar completamente, esto permitía un paso irregular al lote 29 de la recurrente. Sin embargo, al decidir efectuar las mejoras de cerramiento y demarcación en su nombre reservado, la recurrente se ha visto impedía de transitar de manera irregular por su propiedad para acceder a la suya.

Hace presente que el nombre reservado 29 de propiedad de la recurrente tiene acceso por el camino público de La Quebrada de Pisco Elqui, actualmente transitable, como da cuenta el plano que acompaña.

Destaca que se hace alusión en el recurso a un “croquis de plano regulador vigente de Pisco Elqui”, cuando en la realidad no se trata de lo que se indica, sino que se trataría de una “propuesta de estudio del año 2002”, que nada dice relación con la situación fáctica y legal actual.

Por otro lado, se acompaña una fotografía del plano de la propiedad lote 29, plano muy antiguo donde no se visualizan las subdivisiones ni las servidumbres establecidas.

Agrega que la recurrente es vaga en sus alegaciones y sin fundamentos, pretende establecer que ha intervenido un camino público destinado al “libre tránsito”, sin embargo, claramente los planos aprobados e inscritos y los títulos de dominio, ciertamente dan claridad de que la recurrente está errada en sus apreciaciones y que, a contrario sensu, es la recurrente la que actúa de manera arbitraria, ilegal y carente de razonabilidad.

Siendo así las cosas, no existe acto alguno de su parte que pueda perturbar o amenazar derechos constitucionales de terceras personas, máxime si tiene el respaldo legal de ser absoluto dueño, amo y señor del nombre reservado, el cual no está afecto a servidumbre alguna y respecto del cual tiene el libre derecho de usar, gozar y disponer arbitrariamente, y como lo estime conveniente.

Adiciona que en su calidad de dueño del nombre reservado ha dispuesto y he obrado como señor y dueño, bajo el alero de la ley y conforme a sus títulos de dominio, por lo que su actuar no puede ser considerado como una conducta perturbadora o amenazante para con terceras personas.

Con todo, de acuerdo con su título de dominio no tiene servidumbre alguna constituida en su favor, que permita a la recurrente pretender limitar o coartar su legítimo derecho a efectuar las mejoras o construcciones necesarias para delimitar su propiedad, por lo que el presente recurso de protección debe ser desestimado por no existir en la especie vulneración alguna a garantías constitucionales amparadas por la presente acción cautelar.

Invoca los artículos 582, 822 y 844 del Código Civil.

Sostiene que, así las cosas, de acuerdo a los antecedentes expuestos avalados por la documentación legal que acompaña, queda fehacientemente establecido que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de la recurrente de los derechos y garantías que el constituyente ha establecido, toda vez que es dueño y poseedor de un derecho real indubitado de dominio oponible a la recurrida y amparado en nuestra legislación, y en tal condición puede construir en su propiedad las paredes, cierres o mejoras que estime conveniente. A mayor abundamiento, de acuerdo a nuestra jurisprudencia chilena señala, en primer lugar, que el recurso de protección no es la vía adecuada para declarar el derecho de propiedad en favor del recurrente o de terceras personas, esto se debe a que el recurso de protección se enfoca en proteger derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la integridad física y la seguridad, y no en resolver disputas sobre la propiedad.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido en su contra, con expresa condenación en costas, toda vez que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de la recurrente de los derechos y garantías que el constituyente ha establecido, y que se encuentran amparadas por la presente acción cautelar.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Escritura pública de compraventa de 4 de marzo de 199, celebrada entre don nombre reservado como vendedor y su persona como comprador, respecto del nombre reservado resultantes de la subdivisión de la hijuela número 30 ubicada en Pisco Elqui; 2.- Inscripción de dominio de fojas 120 número 104 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano, correspondiente al año 1997; 3.- Certificado de dominio vigente de inscripción de fojas 120 número 104 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano, correspondiente al año 1997; 4.- Plano de subdivisión de la hijuela número 30 archivado bajo el número ocho al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano del año 1997.

TERCERO: ​​ Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se define como una acción cautelar de derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado.

Se trata de una acción cautelar destinada a restablecer de manera rápida y eficaz el imperio del derecho cuando se ha vulnerado, perturbado o amenazado, por acción u omisión arbitraria o ilegal, el ejercicio legítimo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso se hacen consistir en el numeral 7 literal a) de su artículo 19.- Constituye una acción por cuanto ha sido establecida para provocar el ejercicio de la función jurisdiccional, de manera urgente, excepcional y concentrada, con el objetivo de dar protección eficaz a ciertos derechos reconocidos en la Constitución.

​ CUARTO: Que, tal como reiteradamente ha expresado esta Corte, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

​ QUINTO: Que, son presupuestos de esta acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

​​ SEXTO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

SÉPTIMO: Que, en el presente caso la acción ilegal y/o arbitraria que se le reprocha al recurrente es haber alterado una situación de hecho que se había mantenido por aproximadamente por cuatro décadas, consistente en restringirle a la recurrente el libre tránsito por el callejón 1, hasta el predio o lote N° 29 en donde tiene su casa habitación y vive con su familia, mediante la construcción de un y una reja de acceso cuyas llaves sólo mantiene el recurrido.

OCTAVO: Que, de los antecedentes que se allegaron a los autos y del relato de las propias partes puede darse por razonablemente establecido, lo siguiente: 1. Que doña nombre reservado, es beneficiaria de usufructo sobre casa habitación existente en el denominado nombre reservado 29, ubicado en calle Baquedano sin número, Pisco Elqui, comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Cuarta Región, lote que en el plano acompañado a folio 12 se identifica con el señalamiento de su anterior propietario don nombre reservado; y que es colindante con el nombre reservado N° 3.- 2. Que don nombre reservado es dueño del predio denominado lote tres, resultante de la subdivisión de la hijuela número treinta, Pisco Elqui, comuna de Paihuano, provincia de Elqui, Cuarta Región, cuyo dominio rola inscrita a fojas 120 número 104 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano correspondiente al año 1997. Dicho predio colinda por el Norte con el predio del cual doña nombre reservado detenta derechos, como asimismo un usufructo inscrito a su favor.

3. Que el acceso que ha tenido la recurrente, por larga data, para ingresar o salir de su domicilio particular, ubicado en domicilio reservado, hacia la vía pública, es un callejón o camino vecinal, lo que no es controvertido por el recurrido, el cual actualmente se encuentra interrumpido por la instalación de un muro y una puerta metálica cerrada con llave en el predio de este último, situación que impide el normal desplazamiento desde y hacia el domicilio de la actora.

NOVENO: Que, habiéndose reconocido por el recurrido que efectivamente en el mes de julio del presente año construyó una pared de estructura metálica rellena con bolones de piedra, un portón de dos hojas de estructura de fierro con madera para entrada de autos y una reja de metal forjado para uso peatonal, que impide y entorpece el acceso que la recurrente mantuvo por años hacia el callejón Baquedano, sin que mediara sentencia previa dictada en el procedimiento jurisdiccional que corresponda, importa una alteración de la situación de hecho prexistente y constitutiva de autotutela, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

Así las cosas, las obras ejecutadas por el recurrido constituye una actuación que resulta arbitraria e ilegal, toda vez que, la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente el reconocimiento de los derechos que invoca el recurrido, y mientras aquéllos no sean ejercidos y resueltos, no resulta lícito recurrir a vías de hecho como la descrita para resolver la controversia o anticipar sus eventuales resultados.

Bajo estas condiciones, que no fueron discutidas, el recurrido no se encuentra jurídicamente autorizado, por sí y ante sí, para ejercer acciones que alteren de manera ostensible y permanente la vía de tránsito que la recurrente y su familia ha utilizado sin mediar oposición de su vecino, y menos a cerrarla, privando de hecho al terreno en donde vive la actora de una vía de comunicación y tránsito expedita y segura con que contaba con antelación, habida consideración de la condición de salud que se ha acreditado (Hipertensión arterial, asma, hipotiroidismo, Espondiloartrosis lumbar multisegmentaria, discopatía degenerativa L5-S1 con protrusión discal - Edema óseo L2, fibromialgia).- DÉCIMO: Que, de lo expuesto precedentemente, queda en evidencia que, el obrar del recurrido, priva y perturba el ejercicio de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República que, fue invocada expresamente por la actora, y que se desprende de los hechos denunciados y los antecedentes acompañados, motivo por el cual necesariamente la acción de protección debe ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, solo en cuanto se ordena a este recurrido mantener libre de todo obstáculo el camino vecinal que se ha usado para el tránsito de personas y vehículos, y que permite acceder al predio en donde vive la recurrente, absteniéndose de realizar cualquier actividad que importe entorpecer ese tránsito.

Redacción del abogado integrante Jorge Fonseca Dittus.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1449-2024 (Protección).