nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 1444-2024.- La Serena, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que don nombre reservado, de 68 años de edad, persona en favor de quien interpone la presente acción de protección, a la época en que se desencadenan los hechos se desempeñaba como vendedor en empresa contratista Quasar Ltda., ubicada en la ciudad de Calama.

Refiere que don nombre reservado, durante el año 2019, comenzó a experimentar varias molestias en lo que respecta a su salud física, experimentando síntomas tales como dificultad y debilidad muscular para levantarse de la cama, levantar los brazos, sentarse, pararse, bañarse, bajar y subir escaleras, manejar su vehículo, además de otras tareas cotidianas, dificultándosele aún más el desempeño de sus funciones laborales.

Como consecuencia de tales síntomas, don nombre reservado durante el año 2020 concurrió a la Clínica Alemana ubicada en la ciudad de Santiago, donde tras la realización de una serie de exámenes le detectaron creatina quinasa (CK) sobre 5 mil, le realizaron igualmente una electromiografía detectándole patrón miopático y poli neuropático mixto. Por otra parte, le realizaron una biopsia muscular compatible con miopatía inflamatoria, iniciando tratamiento farmacológico con Ciclofosfamida a fin de estabilizar el cuadro.

Luego, en abril de 2021, don nombre reservado concurre al Hospital San Juan De Dios La Serena, el cual, tras ser evaluado por los médicos especialistas, le suspenden el tratamiento con Ciclofosfamida a consecuencia de infecciones urinarias recurrentes, indicándole iniciar tratamiento farmacológico con Prednisona, Azatioprina y Pregabalina aliviando el dolor en la cadera y el dolor urente distal.

Ya en abril de 2023, don nombre reservado acude nuevamente al Hospital San Juan de Dios de La Serena, siendo atendido por la médico neuróloga Dra. nombre reservado, quien le realiza un panel autoinmune detectándole anticuerpo anti HMGCR positivo, confirmando una miopatía necrotizante autoinmune.

Añade que en abril de 2024, don nombre reservado es atendido nuevamente por la Dra. nombre reservado, profesional que certifica que el paciente evolucionó a tratamiento oral con Azatioprina con muy buena respuesta.

Señala que, actualmente don nombre reservado ha disminuido considerablemente sus dolores musculares y molestias, pudiendo realizar con mucha más facilidad sus tareas cotidianas, presentando un notable avance en la evolución de su enfermedad.

Destaca que esta enfermedad autoinmune que lo afecta, si bien es crónica, no le impide trabajar. Es cierto que en los periodos de crisis queda imposibilitado de hacerlo, pero una vez pasada la crisis queda en condiciones de seguir cumpliendo sus labores con absoluta normalidad.

También hace presente que las licencias médicas que han sido presentadas por don nombre reservado con anterioridad a las que son materia de estos autos, han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo.

Precisa que las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección corresponden a las N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 240 días de reposo, a contar del 06 de noviembre de 2023.

Destaca que las resoluciones de rechazo de todas dichas licencias médicas dictaminadas por la COMPIN no dan cuenta de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar “Diagnóstico Irrecuperable”

Puntualiza que contra tal rechazo don nombre reservado presentó apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N° R-01-UME-105333-2024 de 3 de julio de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas entregado por COMPIN.

Posterior a ello, presentó reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-118828-2024 de 29 de julio de 2024 confirmó lo resuelto, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso de protección.

Indica que el diagnóstico de la enfermedad de don nombre reservado se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos acompañados en su oportunidad. Es más, se logra evidenciar el carácter de permanencia en el tiempo de los tratamientos y medicamentos que don nombre reservado debe mantener en razón de la complicada situación de salud a la que se ve enfrentada, logrando únicamente con los tratamientos y fármacos recetados desarrollar su vida en calma y tranquilidad.

A su juicio, la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos.

Señala que resulta lógico estimar que, para proceder al rechazo de una licencia médica, el órgano fiscalizador debe efectuar una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que las licencias médicas cuestionadas han sido otorgadas por médicos especialistas, previa atención y evaluación del profesional, y que las mismas no han sido otorgadas de manera caprichosa ni antojadiza por parte del profesional de la salud que las emitió.

En la especie, la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de don nombre reservado, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud y más aún, fundamenta principalmente su decisión de rechazo por la circunstancia de tratarse de un diagnóstico irrecuperable, no obstante, es aquí donde surge la duda de porqué SUCESO arriba a tal conclusión, presumiéndose que ello sería únicamente por la extensión del reposo del recurrente, lo cual resulta sumamente ilógico dado que para arribar a dicha conclusión es necesario e indispensable que previamente SUCESO haya efectuado una evaluación médica al paciente así como un estudio completo de su historial médico que permita establecer de manera fehaciente e incuestionable el carácter irrecuperable de su diagnóstico, cuestión que no existió en este caso en particular, y más aún pone de cargo del recurrente la necesidad de obtener nuevos informes y antecedentes médicos que reiteren el diagnóstico ya establecido de manera fundada por profesionales de la salud, incurriendo en una evidente negligencia.

Por otra parte, señala que, a pesar del carácter crónico de la enfermedad de don nombre reservado, al contar con 68 años de edad no tiene derecho a la pensión de invalidez, es por ello que desde el 18 de junio del presente año, don nombre reservado se encuentra pensionado en la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Capital S.A., obteniendo una pensión de vejez edad.

Sin embargo, destaca que las licencias médicas rechazadas fueron extendidas por un total de 240 días, es decir, 8 meses, a contar del 06 de noviembre de 2023 hasta julio del presente año.

En este sentido, durante todo ese periodo don nombre reservado ha sido privado de su subsidio de incapacidad laboral, no recibiendo por tanto el pago de sus licencias médicas ni tampoco el pago de la pensión de vejez que comenzó a percibir recientemente, como ya se señaló anteriormente, quedando absolutamente desamparado económicamente durante ese lapso de tiempo.

Es así como el rechazo de las licencias médicas por parte de la SUSESO carece de una adecuada fundamentación, fundando su conclusión en una argumentación que carece de todo fundamento y coherencia lógica, deviniendo en absolutamente arbitraria la resolución en cuestión, fundamentada lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido.

Añade que basta con observar la escueta resolución dictada para observar que se trata de un formato tipo de rechazo que hace el funcionario administrativo.

La resolución de la SUSESO se limita a señalar “diagnóstico irrecuperable”.

Puntualiza que la arbitrariedad denunciada en estos autos, consistente en que todos los antecedentes médicos que informa el expediente administrativo de don nombre reservado, dan cuenta que su afección está clínicamente justificada, siendo su reposo indispensable para la recuperación de su salud.

Por otra parte, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la SUSESO en la resolución que por este acto se impugna, devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, no se puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud física, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y pagando sus servicios, obtenga nuevos informes que ratifiquen el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Adiciona que en este caso la argumentación esgrimida en la Resolución dictaminada por la SUSESO da cuenta de un análisis de los antecedentes e informes médicos acompañados por el paciente, por parte de un funcionario o profesional que jamás tuvo una entrevista con el paciente, ni siquiera de manera telemática. Limitándose a revisar someramente los antecedentes documentarios acompañados, sin conocer la historia clínica del paciente, por lo que sus conclusiones resultan ser arbitrario, antojadizo y carente de toda razonabilidad y fundamentación.

Sostiene que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de don nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de sus licencias médicas, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de don nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por estas consideraciones, solicita se deje sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección, resolviendo que se deberá autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago. En subsidio a la petición principal, solicita se acoja la presenta acción de protección disponiendo que la SUSESO deberá, dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos (computados de conformidad a la Ley N°19.880) a partir de la fecha de la sentencia, cumplir con las siguientes actuaciones: A.- Realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas. B.-Dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas. C.- En su caso, pagar al actor el monto del subsidio que corresponda. D.- Informar a esta Corte de Apelaciones el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en esta sentencia. En caso de no cumplir la recurrida con cualquiera de las obligaciones impuestas en el numeral anterior, dentro del plazo antes indicado y no informar a esta Corte de aquella circunstancia dentro del mismo lapso de tiempo, deberá autorizar el pago de las referidas licencias, de plano, sin más trámites y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UNAAD-118828-2024, de 29 de julio de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2.- Copia certificado médico de 22 de mayo de 2023, emitido por la Dra. nombre reservado; 3.- Copia informe médico de 25 de abril de 2024, emitido por la Dra. nombre reservado; 4.- Copia certificado de calidad de pensionado en AFP Capital S.A. de 25 de julio de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que como consta en el expediente de autos, que el Sr. nombre reservado concurrió el 26 de junio de 2024 a esa Superintendencia, reclamando por cuanto la COMPIN Región de Coquimbo, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 06 de noviembre de 2023, por diagnóstico irrecuperable.

Al respecto mediante Resolución Exenta R-01-UME-105333-2024, de 3 de julio de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social Resolvió:

“Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 1379 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente”.

Añade que con posterioridad concurre el Sr. nombre reservado el 10 de julio de 2024, a esa Superintendencia, presentando un Recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-105333-2024 de 3 de julio de 2024 a través de la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 06 de noviembre de 2023, por diagnóstico irrecuperable.

Al respecto mediante Resolución Exenta R-01-UNAAD-118828-2024, de 29 de julio de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social Resolvió:

“Que, esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

A mayor abundamiento, indica que esa Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado. Cita el informe de 21 de junio de 2024, elaborado por la especialista doña nombre reservado, que señala como antecedentes relevantes:

“Fundamentos de la resolución: Paciente con 1379 días de reposo autorizado, reclama por 240 días rechazados, emitidos por médico neurólogo, modalidad institucional. Patología crónica, buena evolución, pero no es suficiente para reintegro. Informe médico indica inicio de TPI pero tiene 67 años. Reposo sin rol terapéutico, diagnóstico irrecuperable. Rechazo…”

Por tanto, se aprecia efectivamente que las licencias médicas presentadas por el recurrente no cumplen con los parámetros de temporalidad que es necesario en una licencia médica conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud.

Por lo anterior, dado que la patología de la recurrente, no se engloba dentro del ámbito temporal, pues se aprecia que es una patología de carácter crónica lo que se vislumbra del análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, constando incluso en los documentos proporcionado por el Sr. nombre reservado consta que alcanza 1379 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente. En razón de todo lo expuesto el rechazo de las licencias médicas esta medico administrativamente justificado.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, se sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza como indica la contraria, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita rechazar la acción en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-118828-2024, de 29 de julio de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechazó el recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-105333-2024, de 3 de julio de 2024, a través de la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 06 de noviembre de 2023, por diagnóstico irrecuperable.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea “Que, esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología física, de buscar uno y otro profesional del área que sea de su confianza y por el que, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren lo derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica del paciente y el informe evacuado por profesionales de la Superintendencia, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente al afectado.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 240 días de reposo, a contar del 06 de noviembre de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponerse derechamente el pago de las referidas licencias médicas, en el evento de no darse cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo previamente indicado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1444-2024 (Protección).