Recurso de protección

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Recurso de protección Rol N°1442-2026.- La Serena, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Jaime Thenoux González, abogado, en favor de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de fiscal instructor en el sumario administrativo incoado mediante Resolución Exenta NºNUM000, de 30 de septiembre de 2025, emanada del Hospital San Juan de Dios de La Serena, reprochando la dilación injustificada en la tramitación del referido procedimiento disciplinario. Al respecto, argumenta que su agravio se sustenta en la naturaleza de los hechos investigados, en las perjudiciales consecuencias laborales y profesionales derivadas de los mismos y en la extensión temporal que ha alcanzado el proceso. Añade que recientemente ha tomado conocimiento de la práctica de nuevas diligencias investigativas, esgrimiendo la ausencia de una resolución de término que le haya sido notificada, así como el desconocimiento tanto de las razones que justifican el estado actual de tramitación como del período que corresponde efectivamente a la conducción al recurrido, haciendo presente que no atribuye a éste la totalidad de la demora transcurrida desde la instrucción del proceso.

Destaca que al tratarse de un procedimiento vinculado a hechos previstos en las letras l) o m) del artículo 84 del Estatuto Administrativo, el ordenamiento jurídico reconoce derechos específicos a la denunciante, tales como ser notificada de las resoluciones que afinan el procedimiento y, por último, estima que el actuar descrito importa una vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo expuesto, solicita se ordene al recurrido adoptar las actuaciones necesarias para otorgar un efectivo y oportuno impulso al procedimiento disciplinario, conduciendo la etapa instructiva hacia su conclusión sin nuevas dilaciones injustificadas y dentro del plazo prudencial que se determine, respetando sus atribuciones investigativas sin predeterminar el contenido de sus decisiones; requerir las medidas necesarias para asegurar la conservación, integridad y disponibilidad de los registros audiovisuales correspondientes a los hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2025 y de cualquier otro antecedente probatorio objetivo relevante, evitando su pérdida, alteración o destrucción; respetar y asegurar los derechos que la ley le reconoce en su calidad de denunciante, víctima o persona afectada, en particular aquellos relativos a la notificación de resoluciones y al oportuno ejercicio de los mecanismos de impugnación procedentes; con costas.

Acompaña a su recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece el Hospital San Juan de Dios de La Serena en representación del fiscal instructor recurrido y emite el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que durante la tramitación del procedimiento intervinieron tres fiscales y, en lo que interesa, mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 29 de enero de 2026, se designó como nuevo instructor al recurrido.

Menciona que el 17 de febrero pasado se efectuó una primera formulación de cargos, la que fue dejada sin efecto al acogerse parcialmente los descargos del funcionario inculpado. Luego, se practicó una segunda formulación, cuya tramitación continuó conforme al procedimiento correspondiente, esto es, el inculpado presentó descargos y solicitó diligencias probatorias, actuaciones que necesariamente incidieron en la extensión temporal del procedimiento y que debían ser resueltas antes de avanzar a la etapa siguiente.

Expresa que el 7 de agosto del presente año se gestionó la agilización del procedimiento y el sumario ingresó a la Unidad de Asesoría Jurídica el 26 de agosto de la anualidad en curso, acompañado de la respectiva propuesta fiscal. No obstante, mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 22 de septiembre de 2026, se dispuso su reapertura con el objeto de subsanar defectos advertidos en la vista fiscal.

Destaca que la duración total del procedimiento no puede atribuirse al recurrido, pues parte sustancial de la investigación fue desarrollada con anterioridad a su designación y, desde que asumió su función constan actuaciones concretas destinadas a dar curso al sumario, tales como formulación de cargos, resolución de incidencias derivadas de los descargos, recepción y tramitación de diligencias probatorias solicitadas por el inculpado y posterior elaboración de la propuesta fiscal.

Finalmente, en lo referido a las medidas de resguardo respecto de los registros de las cámaras de seguridad, afirma que estos fueron debidamente incorporados a la carpeta investigativa en formato digital y contenidos en un pendrive que forma parte del expediente sumarial.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene tener en consideración que no se encuentra discutido que mediante Resolución Exenta NºNUM000, de 30 de septiembre de 2025, emanada del Hospital San Juan de Dios de La Serena, se instruyó sumario administrativo para investigar las responsabilidades derivadas de los hechos denunciados por la protegida a propósito de un eventual episodio de maltrato laboral. Asimismo, tampoco existe controversia en relación con que, a la fecha, el procedimiento sumarial no se encuentra afinado, lo que se advierte del documento aparejado por el recurrido consistente en la Resolución Exenta N°NUM003, de 22 de septiembre del presente año, que ordenó su reapertura, retrotrayéndolo a la etapa de vista fiscal.

SEXTO: Que, en ese orden de cosas y teniendo en consideración, especialmente, lo dispuesto en el artículo 135 del Estatuto Administrativo, disposición que mandata al fiscal efectuar la investigación en el término de veinte días, a lo que se suma que la causa que motivó la instrucción del proceso se vincula con aquellas materias a que refiere el artículo 84 letra l) y m) de la Ley N°18.834, lo que obliga a la Administración a tramitar con celeridad estos procesos, teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 119 de dicha normativa, sólo cabe concluir que el recurrido ha incurrido en una dilación excesiva, considerando que a la fecha el sumario permanece pendiente, motivo por el que se acogerá el arbitrio al estimar que la demora resulta ilegal afectando las garantías de la denunciante, conforme se indicará a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena al recurrido que culmine la intervención que le corresponde en el proceso disciplinario en el término de veinte días hábiles administrativos contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1442-2026 Protección.