Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1439-2026 La Serena, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, empleado, nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la orden de pago de derechos y la remisión del proyecto de carta de nacionalización al Ministerio del Interior, lo cual fue solicitado el 21 de febrero de 2024, vulnerando el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente ingresó al país en calidad de turista, estando en el país cambio su condición a residente temporario por visa otorgada, obteniendo posteriormente el beneficio de residencia definitiva, vigente a la fecha de interposición del recurso. Añade que el 21 de febrero de 2024 ingresó solicitud de carta de nacionalización, sin embargo, el recurrido no ha liberado la orden de giro de su solicitud, ni ha emitido el proyecto de decreto de carta de nacionalización al Ministerio del Interior.

Prosigue citando antecedentes de derecho e indica que el recurrido a vulnerado los principios que rigen los actos administrativos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se ordene al recurrido que se pronuncie dentro de un plazo de 60 días, o el que se determine, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4, don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección por no haber existido acto u omisión que vulnere las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Señala que el, 19 de junio de 2019, se otorgó al recurrente el beneficio de residencia definitiva, el cual se encuentra vigente, solicitando, el 24 de febrero de 2024, carta de nacionalización bajo el ID trámite N°NUM001, la cual, desde el 13 de octubre de 2025 se encuentra en etapa de análisis, luego de haber recepcionado el informe de Policía de Investigaciones.

Prosigue señalando que el plazo de 6 meses establecido en la Ley N°19.880 no tiene el carácter de fatal, por lo que puede ampliarse, considerando especialmente la crisis migratoria que experimenta el país, lo que constituye un caso fortuito. Añade que todos los trámites solicitados por extranjeros se llevan a cabo en igual tiempo y forma, considerando que el trámite solicitado requiere un tiempo que es superior a los demás trámites administrativos, además, refiere que el recurrente se encuentra en situación migratoria regular, por lo que el hecho que la solicitud se encuentre en trámite no afecta su estatus migratorio.

Continúa señalando antecedentes de derecho.

Concluye solicitando el rechazo de la presente acción de protección, así como el rechazo a la condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción se erige en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación en la dictación de la orden de pago de derechos y la remisión del proyecto de carta de nacionalización al Ministerio del Interior, en razón de la solicitud presentada por el recurrente el 21 de febrero de 2024, señalando el recurrido que dicha solicitud se encuentra en etapa de análisis desde el 13 de octubre de 2025, agregando que, atendida la naturaleza del beneficio solicitado, requiere mayor tiempo de tramitación lo que no afecta las garantías del recurrente, quien goza del beneficio de permanencia definitiva.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización efectuada por el recurrente, cuya presentación fue realizada el 21 de febrero de 2024, encontrándose en etapa de análisis desde el 13 de octubre de 2025.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la autoridad respectiva en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a este último dictar la resolución que en derecho corresponda, a objeto que la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente pase a la siguiente etapa de tramitación, dentro del plazo de treinta días corridos, desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Iván Corona, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, teniendo presente que el sólo retardo en la tramitación de la solicitud del recurrente no llega a constituir una vulneración a la igualdad ante la ley, considerando para sostener aquello que existe un gran número de personas cuyas solicitudes se encuentran en espera de ser resueltas, al igual que la del actor, y que, de acogerse el recurso, se otorgaría a la parte recurrente una preferencia que, paradojalmente, si atentaría contra el igual trato de la ley respecto de los demás postulantes; que, además, se estima por que la entidad del beneficio que se pretende requiere de la autoridad administrativa un acucioso estudio de los antecedentes, por lo que el supuesto retardo que se reclama no es otra cosa que la utilización del tiempo necesario que se requiere para resolver adecuadamente tan trascendente asunto. Por último, considera que ninguna vulneración de otras garantías se produce con la espera de la resolución de su caso, ya que contando con residencia definitiva su condición es equivalente a la de cualquier otro habitante del país, por lo que la demora denunciada no le provoca perjuicio alguno.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1439-2026 Protección.