Protección contra SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN

nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol Corte N° 1438-2018-Protección La Serena, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, periodista, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN, REGIÓN DE COQUIMBO, en adelante SECRETARÍA REGIONAL, servicio público desconcentrado, representado por su Secretario Regional Ministerial de Educación al don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Resolución Exenta Siaper N°0061, en la que se le comunica la no renovación de su contratación con la institución, y que le fue notificada con fecha 29 de noviembre del año 2018, decisión que constituye un actuar ilegal y arbitrario por parte de la Secretaría Regional, que ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de la recurrente consagrados en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución.

Indica que ingresó a prestar servicios como funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de Coquimbo, con fecha 20 de mayo de 2015, en calidad de contrata, como profesional grado 10°, con jornada de 44 horas semanales, tal como consta en Resolución N° 0022 de fecha 28 de mayo de 2015, tomada de razón con fecha 02 de julio de 2015. Dicha contratación tenía duración hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que en dicha contratación y tampoco en las posteriores se le indicara que fuera funcionaria de exclusiva confianza.

Agrega que su vínculo laboral con la Secretaría Regional fue renovado sucesivamente en el tiempo desde el año 2015 al año 2018, de forma ininterrumpida, registrando a la fecha, 3 años y 6 meses en el servicio, cumpliendo funciones propias de su profesión de periodista, y que para el último año la respectiva prórroga de contratación consta en la Resolución Exenta RA N°111299/18/2018 de fecha 9 de enero de 2018; dicha renovación, tenía duración desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, y que sus funciones consistían en ser Periodista de la Unidad de Comunicaciones, encargada de la difusión de los programas, proyectos y políticas públicas del Ministerio de Educación en la Región de Coquimbo.

Refiere que durante todos los años en que prestó funciones para la Secretaría Regional, éstas siempre fueron cumplidas con la mayor rigurosidad, profesionalismo y ética, teniendo por finalidad posicionar en la opinión pública todos los programas, proyectos y políticas públicas del Ministerio de Educación en la Región de Coquimbo.

Indica que dentro de sus labores diarias se encontraba el desarrollo de comunicaciones internas en la Secretaría Regional, así como el desarrollo de comunicaciones externas. Dentro de las primeras, debía analizar e investigar el contenido de las comunicaciones emitidas por el servicio, desarrollar resúmenes de prensa, boletines, cuartillas, invitaciones, minutas, libretos, vocativos, organizaciones y producciones de ceremonias, actos, conferencias de prensa, entre otros. Dentro de las segundas, debía realizar el registro fotográfico de las actividades realizadas, llevar a cabo entrevistas, edición de textos, audios, e imágenes para publi-reportajes, para insertos y campañas comunicacionales en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, encargarse de la difusión de comunicados de prensa y noticias a medios de comunicación regionales, así como publicaciones en redes sociales: facebook y twitter, y en la página web institucional.

Hace presente que, debido a las características de la función realizada para la Secretaría Regional, y en el afán de ejecutarlas de la forma más óptima, instantánea y eficaz posible, en los hechos, su jornada era superior a las 44 horas semanales, extendiéndose en varias oportunidades las 12 horas diarias, especialmente al realizar actividades en terreno en las 15 comunas de la Región de Coquimbo, y luego registrando y difundiendo dichas actividades a la opinión pública a través de los medios de comunicación, página web de la Secretaría Regional y a través de redes sociales, y que como resultado de lo anterior, al momento de su desvinculación mantenía 358 horas compensadas pendientes, por la ejecución de trabajo fuera de su horario laboral, las que no pudo utilizar antes de mi desvinculación.

Añade ejemplos de la forma eficiente y oportuna en que siempre realizó sus funciones, es lo acontecido en el terremoto y tsunami del 16 de septiembre de 2015; que durante el año 2018, fue designada como periodista de la Consulta Indígena en Educación, a partir de la segunda etapa, indicando sus funciones, y que en dicho cargo realizó de forma inmediata la cobertura y difusión necesarias, desde la comuna sede de la actividad, a través de redes sociales, medios de comunicación escritos, radiales e invitando a medios televisivos, indicando que en el mes de diciembre de 2018, ya estando notificada de su desvinculación y en uso de su feriado legal, hizo entrega al equipo regional del programa, el informe de prensa con todos los hitos comunicacionales de la consulta, con el afán de cumplir con sus labores de manera óptima en todo momento.

Sostiene que durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, fue cumpliendo a cabalidad, con su labor de difundir cada una de las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Educación, y que el programa de gobierno en educación del Presidente nombre reservado, las ideas fuerzas y el mensaje político, lo ha transmitido de forma veraz, certera y oportuna, con apego total a los lineamientos comunicacionales, emitidos desde el Departamento de Comunicaciones del nivel central del Ministerio de Educación, siendo monitoreada diariamente por periodistas desde Santiago, que revisan el desempeño profesional en cada una de las regiones, revisando las publicaciones de las noticias, a través de los medios de comunicación y canales informativos institucionales.

Indica que durante los 8 meses del actual gobierno en 2018, siempre aportó con su experiencia de 17 años de trayectoria profesional, gran parte de ella desarrollada en instituciones públicas, entregando su análisis periodístico del acontecer educacional de la región y las provincias, o las acciones comunicacionales a implementar en situaciones de conflicto en comunidades escolares, opiniones efectuadas directamente al Seremi de Educación o los Jefes de los Departamentos Provinciales de Educación, y también a diario, al periodista que fue contratado como su Jefe de Comunicaciones, al Jefe de Gabinete, y a la periodista contratada en la Unidad de Comunicaciones, durante el año 2018.

Señala que lo anterior se demuestra a través de distintas felicitaciones recibidas por medio de correos electrónicos enviados por compañeros funcionarios, respecto a la ejecución de sus labores, y que fueron enviadas con pocos días de anterioridad a la fecha en que se me comunicó que mis funciones ya no eran necesarias, entre las que menciona las manifestadas por el ex Seremi Luis Tello González dirigidas a todo el equipo comunicacional del servicio con fecha 29 de Julio; y en el mismo sentido, con fecha 23 de noviembre, solo una semana antes de la notificación de desvinculación, recibió agradecimientos y felicitaciones directas por sus labores realizadas, también a través de correo electrónico, de parte de la encargada Regional de Programas de Apoyo y Mesas Intersectoriales de la Seremia de Educación, y de parte de profesionales de apoyo del departamento de Educación Parvularia.

Sostiene que además de lo ya señalado, dan cuenta de su excelente calidad como funcionaria, las calificaciones en nota 10 que ha obtenido en todos y cada uno de los periodos de calificaciones realizadas en el transcurso de los más de 3 años en que prestó funciones en la Secretaria Regional, siendo ésta la nota máxima, y que jamás fue objeto de sumarios administrativos dentro de la Secretaría Regional.

Añade que en el año 2018 se llevó a cabo su tercera renovación, por lo que atendiendo a la calidad, relevancia y necesariedad de mis funciones, al Principio de Confianza Legitima que le ampara respecto a mi permanencia en el servicio, y a la manifiesta falta de fundamentación existente en la resolución a través de la cual se puso término a mi contratación, es que correspondía en derecho que ésta fuese renovada por el periodo correspondiente al año 2019.

Indica que el día 29 de noviembre de 2018, a través de su Secretaria Regional Ministerial de Educación Subrogante, doña nombre reservado, la Secretaría Regional puso término a su contrato, expresando que éste no sería renovado, puesto que "las funciones desempeñadas por nombre reservado no se consideran necesarias, por lo que se ha decidido no renovar su contrata para el año 2019”, agregando que las razones de hecho que se expresan en la resolución que contiene dicha decisión, son que conforme a lo dispuesto en el Dictamen N° 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República y en la sentencia dictada en causal Rol 58.010-2014 de la E. Corte Suprema, el jefe de servicio está habilitado para establecer la condición de necesidad de los servicios. Continúa citando normas de la Ley 19.880 (artículo 2°, 11 inciso 2°, 16° y 41°) en virtud de las cuales los actos que afecten derechos de terceros deben expresar las razones que los motiva; señala que con ocasión del cambio de gobierno ocurrido el 11 de marzo de 2018, procede el nombramiento de autoridades, incluidos las SEREMIS, junto con ello, expresa que para esta nueva administración existen nuevas prioridades de acción y gobierno, haciendo forzoso revisar las funciones y dotación de la SEREMI de Coquimbo con el fin de establecer la necesidad de distintos servidores, "entre los que se incluye la funcionaria en cuestión", pensando en la proyección del trabajo de la administración para el año 2019.

Afirma que los supuestos argumentos que a continuación expresa el recurrido, en ningún caso indican quiénes son los distintos servidores cuya necesidad de sus servicios será revisada, como tampoco explican razonadamente por qué la actora se encuentra entre esos funcionarios.

Añade que la resolución indica que, "para el correcto funcionamiento de la asesoría comunicacional de la SEREMI de Coquimbo, es indispensable contar con personal que desempeñe dichas funciones en un contexto de absoluta confianza y sincronía con el Secretario Regional, lo cual conlleva que los profesionales que formen parte de dicho equipo cumplan con ese requisito, de manera tal que las relaciones públicas y comunicaciones que emanen del servicio se encuentren ordenadas en armonía con los lineamientos y directrices que el Gobierno de Chile impulse, circunstancia que no concurre en la referida funcionaria, atendida su relación de confianza con las autoridades de la anterior administración".

Refiere que se afirma que no es una funcionaria de absoluta confianza y sincronía con el Secretario Regional, y que frente a ello es de vital relevancia destacar que su cargo no es de aquellos de exclusiva confianza en la administración pública, los que vienen dados por ley, lo que se confirma con el hecho que su Resolución de Contrato con toma de razón N°0022 del 28/05/15, indica que su calidad de nombramiento es Profesional Contrata grado 10, pero en ningún caso señala que "un cargo de confianza" de las autoridades o del gobierno de turno, jurídicamente el cargo de periodista no es un cargo de exclusiva confianza.

Refiere que la confianza de la que habla el recurrido solo podría decir relación con la forma en que he ejercido sus funciones, siendo también absolutamente falso que no concurren en la actora las características de confianza y sincronía con el Secretario Regional y con los lineamientos y directrices del Gobierno de Chile, ya que desde el primer día que asumió la actual administración nacional y regional en el Ministerio de Educación, desde el equipo de comunicaciones del nivel central enviaron a todos los periodistas de regiones el Programa de Gobierno en Educación del Presidente nombre reservado, y periódicamente minutas y comunicados de prensa con el contenido de los proyectos, programas e iniciativas a implementar, cumpliendo su función periodística con rectitud, veracidad y con total apego a los lineamientos comunicacionales de la institución, obteniendo excelentes resultados en la elaboración y divulgación, a través de los diversos soportes periodísticos de cada una de las políticas ministeriales implementadas por el actual gobierno en la región, noticias redactadas y enviadas a los medios de comunicación, desde su correo institucional y publicadas con su nombre en la página web regional de la Seremi de Educación de Coquimbo, antecedentes que pueden dar fe el equipo nacional de comunicaciones.

Sostiene que en cuanto a la afirmación final del recurrido: "atendida su relación de confianza con las autoridades de la anterior administración", la resolución exenta N° 0061 no explica de forma alguna cómo se arribó a dicha conclusión, y esa importantísima omisión, que torna totalmente arbitraria la referida afirmación, demuestra que en los hechos no existe fundamento alguno que demuestre que existe una relación de confianza entre la recurrente y las autoridades de la anterior administración, y además de ello, una vez más, reiterando que su función no corresponde a un cargo de confianza, los que se encuentran determinados por ley.

Señala que luego de destacar la relevancia de las comunicaciones y las relaciones públicas dentro de un servicio, indica la resolución N° 0061 que, "se requiere que los funcionarios a cargo de vital función cumplan con los requisitos buscados por la administración que los dirige", señalando que en este orden de ideas la confianza cumple un rol básico. "Se trata en definitiva del desempeño de funciones de orden estratégico y político, y no meramente ejecutivo o de gestión, considerando que la tarea de gobernar implica fundamentalmente el comunicar. Así, se hace indispensable para el Servicio que dentro de las cualidades que hagan apto o adecuado para el cargo al funcionario, se encuentre esa relación de confianza y adhesión a la agenda gubernamental departe de quienes desempeñan esta función en particular." Sostiene que además de lo señalado sobre el referido "requisito" de confianza que el recurrido afirma que no posee la actora, a partir de marzo de 2018 ésta ha sido parte de la Unidad de Comunicaciones de la Seremi de Educación Coquimbo, como periodista encargada de difusión, junto a otra periodista, ambas dirigidas y supervisadas por el periodista Jefe de Comunicaciones de la Unidad, además del Jefe de Gabinete, y de periodistas de nivel central del Ministerio de Educación, todos encargados de inspeccionar su desempeño profesional, el cual siempre ha sido veraz, oportuno y responsable, y dando cumplimiento a cabalidad a cada una de las tareas entregadas por la jefatura regional y nacional en comunicaciones.

Refiere que la labor y función de un periodista de una institución pública, debe decir relación con la función pública propiamente tal, la que en los hechos, es la función que durante todos estos años ha ejercido en la Secretaria Regional de manera profesional y ética y con espíritu de servicio público, ya sea en la administración anterior, así como con la administración actual desde el mes de marzo del año 2018, y que la función de asesoría comunicacional puede y debe cumplirse con total transparencia, objetividad, ejercicio ético del periodismo, de las ciencias y técnicas de la comunicación social, informando los programas, proyectos y políticas públicas del Ministerio de Educación en la Región de Coquimbo, regido por los principios de veracidad y responsabilidad que ordena el Colegio de Periodistas de Chile, al cual pertenece como socia.

Agrega que no pertenece, no milita y no adhiere a ningún partido político y en los hechos ha demostrado antes y después del 11 de marzo de 2018 hasta la fecha, que ha cumplido con sus funciones de forma plena, eficaz y sin reparo alguno, no existiendo ninguna razón suficiente para afirmar que carezco de la confianza necesaria, o de cualquier otra capacidad personal o profesional para continuar prestando servicios en la Secretaria Regional, y que en este contexto, grave resulta que la Administración del Estado acuda al argumento de "atendida su relación de confianza con las autoridades de la anterior administración", sosteniendo que tal imputación es la muestra palpable de un obrar discriminatorio que además atenta en contra de su honra y dignidad como persona, y constituye una ilegalidad ya que no fue designada en un cargo de exclusiva confianza, y es sabido que en derecho administrativo, en virtud del principio de legalidad, sólo se puede hacer lo que la ley permite, y en este caso, no es posible aplicar argumentos de confianza si el funcionario respectivo no se encuentra dentro de esa categoría de funcionarios, pues la calidad de funcionario de exclusiva confianza no constituye una modalidad que pueda ser establecida por la autoridad de un determinado servicio a su arbitrio, sino que requiere necesariamente una normativa que la sustente, cuyo no es el caso.

Añade que es evidente que tratar a un determinado funcionario como de exclusiva confianza, sin serlo, importa aplicarle ilegal y arbitrariamente, condiciones de remoción que no le corresponden y obviar la exigencia de dar fundamentos o razones objetivas para tal remoción o término anticipado de contrato, como ha ocurrido en la especie, y que concluir lo contrario generaría el efecto perverso de afectar a la seguridad y certeza jurídicas entregándole a la autoridad de turno una potestad que podría utilizar a su exclusivo arbitrio y capricho, bastando un cambio de gobierno, o lo que es peor, del jefe superior de un servicio, para justificar la no renovación de la contratación o el término anticipado del mismo, con el único argumento de no merecer de la confianza de dicha autoridad, por haber sido designado el respectivo funcionario por la anterior administración o por un jefe de servicio distinto.

Sostiene que en su calidad de funcionaria a contrata, gozaba de la legítima confianza de que su contratación sería renovada, atendiendo a que posee 3, por los años 2016, 2017 y 2018, correspondiendo en derecho la renovación por el período del año 2019, al poseer la legítima expectativa que ello ocurriera, invocando al efecto parte de lo sostenido en el dictamen 006400N18 de fecha 02 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República, señalando asimismo que tal dictamen indica que los únicos servidores públicos que no se encuentran beneficiados con la "legítima confianza" al tener dos o más renovaciones, son los jefes de gabinetes y asesores en gabinete de ministros, subsecretarios y jefes de servicio, y mis funciones no correspondían con ninguno de los referidos cargos.

En causa Rol N° 22.059-2018, por sentencia dictada con fecha 4 de diciembre de 2018, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado: "Cuarto: Que, en la actualidad, constituye un verdadero axioma que si una relación laboral a contrata se renueva reiteradamente genera en el funcionario la legítima expectativa de continuidad, transformando, por decisión de los órganos de la administración, en indefinido un vinculo que en abstracto debía ser transitorio, situación que ha dado origen a la elaboración del principio de “confianza legítima” que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, y que ha sido recogido de manera uniforme en la jurisprudencia reciente de esta Corte.

Quinto: Que, de esta manera, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que el acto que dispone tal medida esté dotado de la motivación y fundamento suficiente que permita vencer la expectativa de continuidad antes mencionada.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión, sostiene que en su caso la Administración no ha actuado con objetividad, ya que el motivo de su desvinculación no es real, su cargo no es de aquellos denominados de confianza, no tiene una relación de confianza con las autoridades de la administración anterior y tampoco carece de las aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones en la actual, dándosele un trato desigual en la aplicación de la normativa legal y administrativa,.

Añade que tampoco se ha respetado el principio de probidad, ya que la resolución recurrida no expresa ni explica ningún fundamento de hecho que demuestre sus afirmaciones, a pesar de tratarse de un acto que le priva de todos sus derechos legítimamente adquiridos ante la Secretaría Regional.

Nada de ello fue respetado por la Institución recurrida, volviendo su actuar flagrantemente arbitrario al carecer de todo fundamento de hecho que justifique la decisión adoptada, y también ilegal, al incumplir abiertamente las exigencias de los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

ARBITRARIEDAD DE LA DECISIÓN. La arbitraria decisión contenida en la Resolución recurrida, carece de toda razonabilidad, ya que como expliqué en párrafos anteriores, no tengo una relación de confianza con las autoridades de la administración anterior (por lo demás, y no existe hecho alguno que demuestre lo contrario, y del mismo modo, la forma en que he ejercido mis labores durante más de 3 años, dan cuenta de mis plenas capacidades para ello, sin que en esto influya la administración que se encuentre al mando.

Añade que el oficio circular N°21 sobre orientaciones generales a los jefes superiores de servicios sobre el proceso de renovación del personal a contrata, emanado del Ministro de Hacienda Felipe Larraín a Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Jefes Superiores de Servicios, con fecha 28 de noviembre de 2018 indica que: las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias, en el ejercicio de las facultades correspondientes: los criterios deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los/as funcionarios/as, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicio en la respectiva institución, señalando asimismo que la falta de fundamentación torna en arbitraria la determinación, que al estar desprovista de fundamentos de hecho se sustenta en el solo capricho o voluntad desnuda de la autoridad que la adopta.

En cuanto a la ilegalidad de la actuación, añade que si bien es cierto que los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo permiten a la autoridad poner término al empleo a contrata antes del vencimiento del plazo consignado en el nombramiento, lo cierto que la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley; que la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, entre los cuales se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en el artículo 16, en el cual se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él, para que el afectado con esa decisión esté en condiciones de reclamar en contra de ese acto; que se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso 2°, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas.

Sostiene que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada", por lo que es un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento, pues la omisión está vinculada a una exigencia que ha sido puesta como condición de mínima legalidad y racionalidad, al afectar derechos de las personas, por lo que la resolución impugnada es ilegal porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 antes referido, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley al haber sido discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados que, desempeñándose en cargos a contrata, permanecen en ellos hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones veraces que han de expresarse.

Señala que del mismo modo resulta ilegal, ya que es la misma resolución la que menciona lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 19.880, pero dicha norma dice relación con la regulación y requisito de los Procedimientos Administrativos, norma que se encuentra en el Capítulo II de la Ley, "El Procedimiento Administrativo", párrafo 4° "Finalización del Procedimiento". Pero que de la sola lectura de la resolución, se aprecia que ésta no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 41 referido.

Sostiene que en el Dictamen n° 6400 de fecha 2 de marzo de 2018, también citado por la resolución recurrida, la Contraloría General de la República expresa de forma clara que resultó necesario actualizar las instrucciones y criterios fijados en Dictámenes anteriores sobre CONFIANZA LEGÍTIMA EN LAS CONTRATAS, con el objeto de incorporar la jurisprudencia generada en los últimos tiempos. De modo general, señala que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, y reconoce que ya en el año 2016, el Dictamen 23.518 señaló que en el término anticipado de una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sea necesarios sus servicios", corresponde "que la autoridad que lo dicta exprese los motivos -esto es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión-, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión." Agrega que, por otro lado, la referida Resolución Exenta N° 0061, señala que la recurrente no cumple con el requisito de absoluta confianza con la actual SEREMI, pero dichos cargos, en donde se habilita a poner término a la contratación de un funcionario por haber perdido esta confianza, están dados por ley, y cita al efecto el artículo 7° del Estatuto Administrativo, afirmando que su cargo no se encuentra dentro de aquellos mencionadas en dicha disposición.

Agrega que además, el procedimiento para desvincular un cargo de exclusiva confianza es preciso y determinado, el que tampoco corresponde a lo que ha ocurrido en mi caso, ya que en ellos, se debe solicitar la renuncia del funcionario y luego declarar la vacancia del cargo, todos procesos que en este caso no corresponden.

Señala además que la persona que dictó la resolución exenta N° 0061 no contaba con las facultades necesarias para hacerlo, habiendo actuando excediendo las propias, indicando que tal resolución exenta indica dentro de los antecedentes vistos para su dictación, la Resolución N° 10 de 2012 modificada por resolución 395 de 2015, en cuya virtud, el Ministro de Educación delega facultades precisas y determinadas, dentro de las cuales no se encuentra la facultad de poner término a la contrata de ningún funcionario.

Sostiene que es el mismo dictamen 006400N18 de fecha 02 de marzo de 2018, el que respecto a la naturaleza del acto administrativo que pone fin a una contrata, señala que de acuerdo al inciso primero del artículo 3° de la ley N°19.880, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Su inciso segundo prevé que para efectos de esa ley estos serán "las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública". Su inciso tercero preceptúa que los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos o resoluciones. Luego, su inciso cuarto define qué es un decreto supremo, mientras que su inciso quinto prescribe que las resoluciones son actos de análoga naturaleza a ellos, que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión, y que en la medida que aquel sea suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y en el ámbito de sus competencias, éste reúne las características necesarias para calificarlo como un acto administrativo, requisito que en este caso no se cumple.

Agrega que la resolución exenta N° 0061 que puso término a su contratación resulta ilegal, debido a que la persona que la dicta además de la circunstancia de no poseer las facultades necesarias para tomar esa decisión, doña lanina nombre reservado, Secretaria regional Ministerial de Educación Subrogante, el día en que firma la resolución, esto es, el 29 de noviembre de 2018, se encontraba con licencia médica, la que se extendió desde dicha fecha hasta el día 10 de diciembre de 2018.

Señala como garantías constitucionales afectadas, en primer lugar, la del Artículo 19 n°2 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, sosteniendo que señala la Constitución de la República, que ni la ley, ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, pero es del caso, que la Secretaría Regional de Coquimbo ha vulnerado gravemente la referida garantía, ya que a través de la Resolución que puso término a su contratación, no se cumplió con los requisitos que exige la Ley 19.880 y el Estatuto Administrativo para proceder de esa forma, y que en los hechos, he sufrido una distinción y exclusión injustificada, por el solo hecho de no militar o adscribir abiertamente a un partido político perteneciente a la actual administración, lo que se ha manifestado en la misma resolución, pero encubriéndolo a través de una supuesta "relación de confianza", argumento carente de toda razonabilidad. Cita jurisprudencia sobre el punto.

Invoca también como garantía vulnerada, la prevista en el artículo 19 N° 3, esto es, el derecho a un procedimiento racional y justo, indicando que el artículo 41 de la ley 19.880 es parte de la regulación que establece el legislador para la realización de los Procedimientos Administrativos, y por los motivos ya expuestos, el recurrido no cumplió con ninguno de los requisitos exigidos por la ley para que el referido procedimiento resulte con un acto administrativo final debidamente fundado, por lo que con ello se ha vulnerado mi derecho a que la Secretaria Regional llevara a cabo un procedimiento legalmente tramitado, cuya tramitación y resultado final fueran racionales, justos y fundados, y que solo en su virtud se determinara que efectivamente no cuento con "las cualidades que hagan apto o adecuado para el cargo al funcionario", tal como lo afirma la resolución exenta N° 0061, procedimiento que en los hechos no tuvo lugar.

Sostiene que, además, se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 24, de la Constitución Política, esto es, el derecho de propiedad, toda vez que al incurrir la institución cuestionada en un acto arbitrario e ilegal le ha privado de su derecho a las remuneraciones sobre las que tenía el legitimo derecho de percibir durante el periodo 2019, como consecuencia de la legítima confianza que poseía para ser renovada en su contratación por dicho periodo.

Finalmente, afirma que el acto de la recurrida vulnera también la garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el que en este caso se ha visto vulnerado dados los fundamentos de la no renovación de contrato en donde se extiende un manto de duda respecto a su profesionalismo y ética, por el sólo hecho de haber ingresado a la SEREMÍA durante la anterior administración, como si esa circunstancia la etiquetara bajo el rótulo de "sospechosa" o de "no comprometida", lo cual afecta su honra y dignidad, y que bajo esa premisa entonces no podría postular a cargo alguno en otra repartición pública durante los años que le restan al actual gobierno, lo que se podría extender para otros períodos, lo cual es muy grave que se tolere.

Solicita se acoja la acción deducida, y se declare ilegal y/o arbitraria la decisión contenida en la Resolución Exenta Siaper N° 0061, dictada por la Secretaria Regional Ministerial de Educación Subrogante de la Región de Coquimbo, dejándola sin efecto, ordenando al recurrido se haga pago de todas las remuneraciones devengadas por la actora desde el día de cese de sus funciones hasta su efectivo reintegro a mis labores en la Secretaria Regional Ministerial de Educación, con costas.

Acompaña a su recurso la siguiente documental:

1.- Resolución Exenta Siaper N° 0061 de fecha 29 de noviembre de 2018, dictada por la Secretaria Regional Ministerial de Educación Subrogante de la Región de Coquimbo.

2.- Resolución con toma de razón N° 0022 de fecha 22 de mayo de 2015 dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo.

3.- Resolución Exenta Siaper N° 0181 de fecha 11 de diciembre de 2015 dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo.

4.- Resolución Exenta Tra n°111290/1/2017, tomada de razón con fecha 4 de enero de 2017.

5.- Resolución Exenta Tra n°111299/18/2018, tomada de razón con fecha 9 de enero de 2018.

6.- Dos Actas de calificaciones de funcionaria, respecto a nombre reservado, por los periodos septiembre 2016 a agosto 2017 y septiembre 2017 a agosto 2018.

7.- Hoja de vida por el periodo septiembre 2017 a agosto de 2018 a nombre nombre reservado.

8.- Correo electrónico de fecha 29 de julio de 2018, enviado por Luis Tello González, asunto: Estado de Avance Comunicaciones Regiones Sistema de Admisión Escolar.

9.- Correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018, enviado por nombre reservado, asunto: Antecedentes y registro difusión Día Educación Parvularia.

10.- Correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018, enviado por nombre reservado.

Por la recurrida, comparece don nombre reservado, Profesor, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, domiciliado en domicilio reservado, quien en su informe sostiene que efectivamente, mediante Resolución N° 22/2015 se designó a contrata doña nombre reservado, como Profesional Grado 10° EUS, con desempeño en esta Secretaría regional Ministerial de Educación, y su última renovación se dispuso mediante resolución N° 18/2018, que sus funciones eran la de Periodista o asesora comunicacional, y que mediante resolución Exenta Siaper N° 0061 de 29 de Noviembre de 2018, se dispuso la no renovación de la mencionada contrata, la que expiró en su plazo de vigencia, el 31 de Diciembre de 2018.

Indica que con fecha 11 de marzo de 2018 se produjo el cambio de Gobierno, procediéndose a la asunción y nombramiento de las nuevas autoridades, incluyendo a los Secretarios Regionales Ministeriales; que la actual administración regional ha estimado que para el correcto funcionamiento de la asesoría comunicacional, es indispensable contar con personal que desempeñe dichas funciones en un contexto de absoluta confianza y sincronía con el Secretario Regional Ministerial, lo que conlleva que los profesionales que formen parte de dicho equipo cumplan con este requisito, de manera tal que las relaciones públicas y comunicacionales que emanen del servicio se encuentren ordenadas en armonía con los lineamientos y directrices que el Gobierno de Chile impulse, circunstancia que se ha estimado que no concurre en el caso de la referida funcionaria, atendida su relación de confianza con las autoridades de la anterior administración.

Refiere que las comunicaciones y relaciones públicas dentro de un servicio como Educación son de absoluta relevancia, por lo que se requiere que los funcionarios a cargo de tal vital función cumplan con los requisitos buscados por la administración que los dirige, y que en este mismo orden de ideas la confianza cumple un rol básico para las relaciones de la autoridad con el equipo que trabaja a diario con ésta, se trata en definitiva del desempeño de funciones de orden estratégico y político, y no meramente ejecutivo o de cualidades que hagan apto o adecuado para el cargo al funcionario, se encuentre esa relación de confianza y adhesión a la agenda gubernamental de parte de quienes desempeñan esa función en particular.

En cuanto al fondo del recurso, refiere en primer término el marco normativo que lo regula, citando el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y la Ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación Pública.

Luego sostiene que en las resoluciones exentas que dispusieron el nombramiento a contrata de la recurrente y aquella que dispuso la prórroga de ésta para la anualidad 2018, se dejó expresa constancia que ello era sólo hasta el 31 de diciembre de ese año o mientras sus servicios fueran necesarios, y que en tal sentido, cabe recordar que los empleos a contrata configuran una modalidad expresamente reconocida y regulada en el Estatuto Administrativo, en su artículo 3° y 10 ° de la citada ley.

Sostiene que los empleos a contrata son de carácter precario y transitorio consultados en la dotación de un servicio, tienen una vigencia temporal que puede estar determinada por la llegada del plazo fijado que no puede exceder del 31 de diciembre de cada año o por la decisión de la autoridad de no ser necesarios los servicios del funcionario, si la designación incluyó la fórmula de contratación “mientras los servicios sean necesarios”.

Añade que el término de su designación, formalizado mediante la Resolución Exenta Siaper N° 0061 de 29 de Noviembre de 2018, se encuentra debidamente fundamentada, cumpliendo con la exigencia dispuesta en el artículo 11, con su correlativo expresado en el artículo 41 ambos de la Ley N° 19.880, ya referida, en cuanto a la motivación del Acto Administrativo.

Reitera que existe constancia que el nombramiento del recurrente fue realizado bajo la fórmula “mientras sus servicios sean necesarios”, motivo por el cual la autoridad podría incluso ponerle término en el momento que estime conveniente, incluso antes del vencimiento de la anualidad respectiva.

Añade que se debe tener presente que las funciones fundamentales entregadas por ley a los Ministerios y Autoridades en general, es la de administrar, pero no de cualquier forma, sino de manera idónea y de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia, tal como reza el artículo 5° de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; que la decisión de poner término a la contrata se materializó en un acto administrativo fundado, en que se detallaron los antecedentes que le sirvieron de sustento a la autoridad para adoptarla.

Sostiene que en la situación planteada por el recurrente no existe arbitrariedad ni ilegalidad por lo que, tal como se acreditará, lo obrado por el Ministerio de Educación se ajusta plenamente a derecho, y que en lo que dice relación con la legalidad del acto impugnado, señala que el actuar de esta Cartera Ministerial se encuentra estrictamente ajustado al principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 2° del DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone en su artículo 2°, que los órganos de la administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia, no teniendo más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

Señala asimismo el informante la inexistencia de actos que afecten los derechos y garantías que se reclaman en el recurso, indicando que en la decisión de terminar anticipadamente la designación a contrata del recurrente mediante un acto administrativo fundado, no existe vulneración ni afectación alguna a los derechos cuyo ejercicio garantiza la Constitución Política de la República, porque la decisión de cesar en forma anticipada su contratación, se dictó con plena sujeción a la normativa legal vigente y aplicable a la materia, afirmando que no existen indicios suficientes que demuestren que el cese de funciones del actor es producto de actos discriminatorios ni que afecten sus derechos y garantías constitucionales, pues ninguna de los antecedentes que se citan como indiciarios de vulneración de derechos – que dicen relación con aspectos políticos y una supuesta falta de fundamentación de la terminación de la contrata -, tienen la suficiencia para configurar un despido lesivo de derechos, como se sugiere en este proceso recursivo, lo que en todo caso, es cuestión de lato conocimiento cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales ordinarios con competencia en la materia.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

a.- Copia de Resolución con Toma de Razón N° 0022 de 20 de mayo de 2015, correspondiente al nombramiento a contrata de la recurrente.

b.- Copia de Resolución Exenta Siaper N° 0061 de 29 de noviembre de 2018, que dispuso la no renovación del nombramiento a contrata de la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

CUARTO: Que en la especie, y a objeto de contextualizar el asunto debatido, el acto que motiva el recurso es la dictación de la Resolución Exenta Siaper N° 0061, de fecha 29 de noviembre de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región de Coquimbo, por la cual se comunica a la recurrente la no renovación de su contrata con la referida repartición, decisión que la recurrente estima arbitraria e ilegal, atendido en síntesis, a que se desempeña en el organismo público desde el año 2015, habiéndose renovado su contratación en tres oportunidades a la fecha de comunicación de la resolución señalada, 29 de noviembre de 2018, a que durante su permanencia en el cargo ha tenido un desempeño sobresaliente, con buenas calificaciones y habiendo incluso recibido felicitaciones por su desempeño, y que en virtud del Principio de la Confianza Legítima, le asiste el derecho a que su contratación fuese renovada para el año 2019, siendo infundado el acto administrativo que cuestiona, al no contener las razones que lo motivan, y al señalar éste que en el área de desempeño de la recurrente, se requería personal de absoluta confianza del Secretario Regional, confianza que no se aplicaba a la actora, en circunstancias que, refiere el recurso, su cargo no es de aquellos de exclusiva confianza, que están establecidos por ley; tales aspectos, a juicio de la recurrente, tornan en arbitraria e ilegal la actuación de la recurrida.

QUINTO: Por su parte, don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación, sostiene que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en la dictación de la Resolución cuestionada, por cuanto la actuación del ente que la dictó se ha enmarcado dentro de sus facultades previstas en los cuerpos normativos que invoca, esto es, D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y la Ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación Pública, añadiendo que el término de la contrata de la recurrente fue mediante un acto administrativo fundado y suficientemente motivado.

SEXTO: Que de los hechos expuestos por las partes en sus respectivas presentaciones, así como de la prueba documental acompañada, no objetada, es posible dar por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que mediante Resolución N° 22/2015, de fecha 22 de mayo de 2015, se designó a contrata a doña nombre reservado, como Profesional Grado 10° EUS, con desempeño en la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

2.- Que su vinculación con dicho servicio fue renovada sucesivamente mediante Resolución Exenta Siaper N° 0181, de fecha 11 de diciembre de 2015; Resolución TRA N° 111299/1/2017, de fecha 04 de enero de 2017 y Resolución RA N° 111/18/2018, de fecha 09 de enero de 2018.

3.- Que mediante Resolución Exenta Siaper N° 0061, de fecha 29 de noviembre de 2018, se dispuso la no renovación de la contrata de doña nombre reservado.

SÉPTIMO: Que, atendido lo expuesto por las partes, el aspecto central planteado en autos, estriba en resolver si resultaba procedente la no renovación de los servicios que, bajo la modalidad de contrata, prestaba doña nombre reservado para la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo.

OCTAVO: Que en la materia, útil resulta tener en consideración las razones esgrimidas por la recurrida como justificación de la decisión de disponer la no renovación de los servicios a contrata de la funcionaria indicada, y que se consignan en la ya mencionada Resolución Exenta Siaper N° 0061, de fecha 29 de noviembre de 2018, en su parte considerativa, que señala lo siguiente:

“Que, mediante Resolución N° 22/2015 se designó a contrata a doña nombre reservado como Profesional grado 10° EUS, con actual desempeño en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo, a contar del 20/05/2015. Su última renovación se dispuso mediante Resolución N° 18/2018.

Que la situación de los funcionarios públicos es regulada, entre otras normas legales, por el estatuto Administrativo, cuyo artículo 3° señala que se entiende por contrata “.(…)aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; por su parte, el artículo 10 reitera y resalta una condición esencial de este tipo de contratación, cual es la transitoriedad, señalando que durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley.

Por su parte, según lo ha estimado la Contraloría General de la República, entre otros en el dictamen N° 6.400 de 2018 y la Excelentísima Corte Suprema, en el considerando 6° del fallo en causa Rol N° 58.010-2014, la indicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, habilita al jefe de servicio para establecer dicha condición de necesidad, la que puede estar determinada por características del servicio o bien de la persona (Dictámenes N° 12.248 y 18.901, ambos de 2017, de la Contraloría General de la República); en ambos casos, siempre la decisión debe estar fundada, señalando la razón que justifica cada acto administrativo, en la que se incorporarán los elementos de hecho y de derecho de la decisión; en definitiva, corresponden a los fundamentos, según los artículos 2°, 11 inciso segundo, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, los que prescriben que los actos que afecten derechos de terceros, deben expresar las razones que lo motivan.

Que con fecha 11 de marzo de 2018 se produjo el cambio de gobierno, por el que asume el Presidente nombre reservado, procediendo al nombramiento del resto de autoridades, incluyendo los SEREMIS. En particular, como para toda nueva administración existen nuevas prioridades de acción y gobierno, se hace forzoso revisar las funciones y dotación de la SEREMI de Coquimbo, para establecer la necesidad de distintos servidores, entre los que se incluye la funcionaria en cuestión pensando en la proyección del trabajo de la administración para el año 2019 que se avecina.

Es del caso que la actual administración regional ha estimado que para el correcto funcionamiento de la asesoría comunicacional de la SEREMI de Coquimbo, es indispensable contar con personal que desempeñe dichas funciones en un contexto de absoluta confianza y sincronía con el Secretario Regional, lo cual conlleva que los profesionales que formen parte de dicho equipo cumplan con ese requisito, de manera tal que las relaciones públicas y comunicaciones que emanen del servicio se encuentren ordenadas en armonía con los lineamientos y directrices que el Gobierno de Chile impulse, circunstancia que no concurre en la referida funcionaria, atendida su relación de confianza con las autoridades de la anterior administración.

Aquí cabe señalar que las comunicaciones y relaciones públicas dentro de un servicio como el de Educación son de absoluta relevancia, debido al impacto que las políticas públicas promovidas tienen en la comunidad y la necesidad de que ella tome oportuno y eficaz conocimiento de estas. Es por ello que se requiere que los funcionarios a cargo de tan vital función cumplan con los requisitos buscados por la administración que los dirige. En este mismo orden de ideas la confianza cumple un rol básico entre las relaciones de la Jefatura Regional con el equipo que trabaja a diario con esta, especialmente con aquellos llamados a promover las actividades, las interacciones y la implementación de las políticas educacionales, todo lo cual requiere de esta necesaria cercanía entre los actores ya mencionados. Se trata en definitiva del desempeño de funciones de orden estratégico y político, y no meramente ejecutivo o de gestión, considerando que la tarea de gobernar –que es parte importante de la labor que realizan los Secretarios Regionales Ministeriales- implica fundamentalmente el comunicar. Así, se hace indispensable para el Servicio que dentro de las cualidades que hagan apto o adecuado para el cargo al funcionario, se encuentre esa relación de confianza y adhesión a la agenda gubernamental de parte de quienes desempeñan esta función en particular.

De este modo, las funciones desempeñadas por nombre reservado no se consideran necesarias, por lo que se ha decidido no renovar su contrata para el año 2019.

Que finalmente se requiere de un acto administrativo que formalice esta decisión, debidamente comunicada a la persona indicada, por lo que se procede a la dictación de este documento.”

NOVENO: Que, como se puede advertir, la decisión impugnada, si bien se funda en la falta de necesidad de los servicios prestados por la actora, la fundamentación para configurar dicha hipotética causal de no renovación del vínculo a contrata, se basaría en que la funcionaria no contaría con la confianza requerida para el cargo en que se desempeña, atendidas las funciones que involucra su puesto dentro del servicio sin embargo, de los antecedentes incorporados al proceso, no aparece debidamente justificada la causal invocada por el ente administrativo para disponer la no renovación de la contrata de la actora, puesto que en la Resolución Exenta Siaper N° 0061, transcrita precedentemente, se alude a un motivo derivado de la falta de confianza que existiría respecto de la funcionaria, derivada de su relación de confianza con las autoridades de la anterior administración, sin que por lo demás, se acompañara antecedente alguno que denotara dicha relación de confianza a que se alude en la resolución indicada. En otras palabras, la justificación última de la decisión de no renovar el contrato de la actora, no ser necesarios sus servicios, no se condice con los argumentos con los cuales se pretende configurar dicha causal, falta de confianza, por lo que desde tal perspectiva, la decisión aparece no fundada en la normativa vigente, sino más bien en razones distintas de la causal invocada, lo que torna la decisión en carente de justificación legal, y por lo mismo, en arbitraria.

DÉCIMO: Que abona a lo concluido precedentemente, la circunstancia no controvertida por la recurrida, respecto del desempeño de la funcionaria durante el tiempo que prestó sus servicios, acreditado con las actas de calificaciones de la actora, entre los cuales se encuentra el correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2017 a agosto de 2018, es decir, una vez ya asumidas las funciones respectivas por la actual administración, con un puntaje final de 100 puntos, y calificación en Lista 1, y que aparece firmado por la funcionaria evaluada con fecha 22 de octubre de 2018, es decir, poco más de un mes antes de la notificación de la no renovación de su contrata.

DECIMOPRIMERO: Que asimismo, los conceptos vertidos por la recurrida en su resolución, referentes todos ellos a la falta de confianza en la funcionaria recurrente, se caracterizan por ser genéricos y ambiguos, insuficientes para constituirse como un fundamento objetivo que permita justificar adecuadamente la decisión de no renovar la contrata de una funcionaria pública, lo que torna, como se ha señalado, en arbitraria la decisión del servicio recurrido, puesto que tales conceptos han sido interpretados a su voluntad, con el propósito de revestir de fundamento plausible su decisión.

DECIMOSEGUNDO: Que por otra parte, debe tenerse en consideración que son cinco los elementos del acto administrativo, a saber, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, y que puede existir ilegalidad del mismo en relación a cualquiera de ellos; que en este caso y tal como ya se razonó, se configura respecto de sus motivos. Este hecho constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, por ser además arbitrario, por los motivos ya expuestos.

DECIMOTERCERO: Que a todo lo anterior y sin perjuicio de lo ya razonado, se añade el hecho reconocido por la recurrida, en orden a que la actora se desempeñó desde el 20 de mayo de 2015, esto es, durante más de tres años, y en este punto cabe tener presente que el artículo 10 de la Ley N°18.834, sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año (si bien la administración ha hecho habitual incorporar la frase “o hasta que sus servicios sean necesarios” o similares, dicha exigencia no ha sido contemplado por el legislador), y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del Dictamen N° 6.400 de la Contraloría General de la República, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, lo que se traduce en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior. En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley N° 19.880, acto administrativo que además deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan potestades particulares; y a su artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta; es decir, no basta entonces con haber ejercido oportunamente la facultad legal en orden a decidir la no renovación de la contrata de la funcionaria afectada, sino que además dicha decisión debe aparecer suficientemente motivada, cuestión que en la especie no ocurre, al haberse fundado la decisión en una causal fáctica (carecer de la confianza de la autoridad administrativa) que no se condice con la no necesidad de los servicios prestados por la funcionaria, que dice relación más bien con circunstancias objetivas, derivadas, por ejemplo, de la reestructuración del servicio u organismo en que se desempeñaba el funcionario cuya contrata no será renovada, o la supresión del cargo o de la función para la cual fue contratado en su oportunidad.

DECIMOCUARTO: Que por otra parte, es el propio Estatuto Administrativo que en su artículo 89 plasma el principio según el cual, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a quienes detentan la condición “a contrata”, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los funcionarios a contrata, porque el artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña “a contrata”. Estas normas, artículo 10 y 89 de la Ley 18.834, sumado al hecho que desde el año 2016 en adelante se ha prorrogado la contrata de la recurrente sin solución de continuidad, permiten generar la confianza legítima en el funcionario que su contrato será prorrogado hasta el 31 de diciembre del año siguiente. En este sentido, en la actualidad, se reconoce que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima ya aludido, y que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.884.

DECIMOQUINTO: Que en consecuencia, la no renovación de la contrata de la recurrente, dispuesto por Resolución Exenta Siaper N° 0061, de fecha 29 de noviembre de 2018, devino en ilegal al no dar cumplimiento a la normativa vigente, Ley 18.834 y 19.880, y arbitrario, porque vulneró el principio de confianza legítima sin otra fundamentación que invocar una causal genérica de falta de necesidad de los servicios de la funcionaria, sustentado en que no contaría con la confianza de la autoridad, obviando lo mandatado por las disposiciones citadas y lo resuelto en el mencionado Dictamen de la Contraloría General de la República.

DECIMOSEXTO: Que con su proceder la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales que los números 2 y 24 del artículo 19 de La Constitución Política de la República aseguran al recurrente, en la medida que se le ha dado un trato desigual al aplicársele una facultad para un caso no previsto, privándole de las remuneraciones a que tiene derecho, desestimándose el arbitrio en cuanto sostiene existir una vulneración a la garantía del derecho a un procedimiento racional y justo, toda vez que dicha garantía, no es de aquellas tuteladas por la acción constitucional que nos ocupa, conforme lo señalado por el artículo 20 de la Carta Fundamental, como también será desestimado en lo relativo al derecho al respeto y protección la vida privada y a la honra de la persona y su familia, puesto que no se avizora cómo la conducta de la recurrida podría vulnerar dicha garantía, no siendo suficiente para ello el sostener, como lo hace la actora, que al no renovarse su contrata se arrojaría un manto de duda acerca de su profesionalismo y ética, pues ningún antecedente ha aportado para acreditar dicho aserto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región de Coquimbo, representada por el Secretario Regional Ministerial de Educación don nombre reservado, y en consecuencia se ordena dejar sin efecto Resolución Exenta Siaper N° 0061, de fecha 29 de noviembre de 2018, que dispuso el término anticipado de la contratación de la recurrente, ordenándose la inmediata reintegración por la recurrida de la funcionaria desvinculada, con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, reintegro que se realizará en las mismas condiciones en las que aquélla se desempeñaba al momento de ser desvinculada.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1438-2018-Protección Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. No firman los señores nombre reservado y Fernández no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso y por haber cesado en sus funciones, respectivamente.

La Serena, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.