nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 21 de octubre de 2020
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1430-2020, sentencia de 21 de octubre de 2020
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena a la recurrida abstenerse de publicar en redes sociales contenido que afecte la honra o imagen del recurrente, por constituir sus publicaciones un acto ilegal y arbitrario que vulnera la vida privada y la honra.
Texto íntegro
nombre reservado
nombre reservado
Recurso de Protección Rol N° 1430-2020.- La Serena, veintiuno de octubre de dos mil veinte.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, con fecha 03 de agosto de este año, se presenta nombre reservado, chileno, divorciado, empresario, domiciliado en domicilio reservado y recurre de protección en contra de nombre reservado, ignora profesión y oficio, con domicilio en domicilio reservado.
Relata que el 24 de julio del año en curso, comenzó a recibir llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp por parte de amigos y familiares, quienes le informan y reenvían las publicaciones injuriosas efectuadas por doña nombre reservado en su cuenta de Instagram “nombre reservado_i.b.e.m”, quien publicó en su perfil de la red social indicada, fotografías suyas sin consentimiento, iniciando así una “funa” en su contra, tildándolo de violador y efectuando un relato de hechos que decía relación con la denuncia que la recurri-da estampó en su contra el año 2015, producto de lo cual se le persiguió criminalmente resultando absuelto, según consta en autos RUC 1610029704-7 de la Fiscalía Local de Vicuña RIT 587–2016 del Juzgado de Garantía de Vicuña.
Refiere que efectivamente, mediante Parte N° 838 de la Policía de Investigaciones de Vicuña, de fecha 8 de noviembre de 2015, se inicia investigación penal en su contra en calidad de autor de una presunta violación impropia en perjuicio de la recurrida, siendo formalizado con fecha 18 de enero del año 2017, en calidad de imputado de un delito reiterado de violación impropia, previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, atribuyéndole participación en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado, producto de lo cual se decreta la medida cautelar de prisión preventiva, recuperando su libertad luego de casi cinco meses de privación de la misma, al comunicarse el veredicto absolutorio al término del juicio oral seguido en su contra, lo cual consta de sentencia de fecha 5 de junio de 2017, que se encuentra firme, dictada en autos RIT 107-2017 del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena.
Agrega que la recurrida efectuó estas publicaciones en perfecto conocimiento de que las mismas eran constitutivas del delito de injurias y calumnias con publicidad, pero las hace en clara manifestación de una acción de “autotutela judicial”, al despreciar el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, emitido luego de realizarse un juicio oral y público, con estricta sujeción a los principios de contradictoriedad, inmediatez y publicidad, que garantizan un debido proceso, haciendo caso omiso del mismo y desacreditando el accionar de los Tribunales de Justicia, vulnerando de paso sus garantías constitucionales.
Denuncia que la recurrida ha adoptado una decisión arbitraria e ilegal, que se sostiene en su sola voluntad, por la cual se afecta gravemente su integridad psíquica, y además su derecho a la privacidad y honra, infringiendo la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 y N° 4 de la Carta Fundamental.
Refiere que si bien la recurrida pudiese considerar que ejerce su derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar a través de su perfil “nombre reservado_i.b.e.m”, lo cierto es que el ejercicio de su derecho a expresarse a través de su perfil de Instagram, colisiona con sus derechos, específicamente con el respeto y protección de su honra.
Afirma que de la simple lectura de las publicaciones señaladas, se advierte que se han publicado imágenes suyas, se han proporcionado datos de su familia y lugar de residencia, todo lo cual viene en transgredir los derechos ya expresados.
Solicita, previa las citas constitucionales, que se acoja el recurso disponiendo que la recurrida deberá: 1) eliminar del perfil que mantiene en la red social Instagram y/o Facebook y demás redes sociales que utilice la recurrida, la publicación tanto de las fotografías de su persona como de las expresiones incorporadas a la misma, en el caso que subsistan; 2) abstenerse de divulgar datos y antecedentes privados, de su domicilios y lugares de trabajo, tanto para sí como para su familia; 3) Abstenerse, en lo sucesivo, de realizar otras publicaciones de similar tenor por ésta u otra vía análoga, y; 4) Que se condene en costas a la recurrida.
Acompaña siguiente documental: 1. Sentencia dictada en autos RIT 107-2017 del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena de fecha 5 de junio del año 2017; 2. Publicaciones en redes sociales de fecha 24 de julio de 2020 efectuadas por doña nombre reservado desde su perfil de Instagram “nombre reservado_i.b.e.m” de fotografías suyas, identificándole con nombre y apellido, y 3. Copia de su cédula de identidad y de la abogada Fabiola García Larenas.
Segundo: Que, el veintitrés de septiembre pasado, comparece el abogado don Hugo Walter Tramujo Briosso, por la recurrida doña nombre reservado, quien solicita tener en consideración los fundamentos que expone para dictar el fallo en la presente causa.
Señala en primer lugar, que existió una causa penal en donde se buscaba determinar la responsabilidad del recurrente, que incluso motivaron que se decidiera la prisión preventiva a su respecto, y que en definitiva terminó con un veredicto absolutorio.
Refiere que lo anterior ocurrió porque el tribunal estimó insuficiente la prueba allegada al juicio para determinar la responsabilidad del recurrente, precisando que lo decidido en la causa penal es solo una verdad procesal más no una representación de la realidad, agregando que en causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Vicuña, en contra de otro imputado, se dictó veredicto condenatorio.
Afirma que en el mes de julio del año en curso, fruto de una indignación súbita por las noticias que conmueven a la sociedad chilena de estos tiempos, su representada procedió a efectuar una publicación en la red social Instagram, con el único objeto de evidenciar su rabia e impotencia por los hechos que tuvo que sufrir por años, pero en ningún caso con la intención de que un tercero pueda atentar contra los imputados, - uno de ellos, condenado-, ni “hacer justicia por su propia mano” o como un mecanismo de “autotutela”, toda vez que éste último criterio se utiliza generalmente para presionar o intentar torcer, vía la opinión pública, la opinión de un magistrado o un tribunal colegiado, en un proceso en tramitación.
Indica que su representada solamente persiguió hacer notar su situación personal, y asimismo, advertir a quienes tienen niños a cargo, acerca de las dificultades que ocurren muchas veces para detectar a los agresores sexuales, los cuales, como vemos casi todos los días con sólo ver las noticias, generalmente son de buena posición económica, no despiertan sospechas y niegan sistemáticamente los hechos.
Añade que la recurrida quiso representar su propia impotencia de no haber tenido más pruebas, por más que consideraba suficientes las que tenía, para obtener un fallo condenatorio en el caso del recurrente, precisando que no efectuó la publicación realizando una creación “desde la nada”, sino después de dos procesos legalmente tramitados.
Expone que si bien nombre reservado, resultó absuelto en el juicio oral, claramente la denuncia resultó poseer una alta dosis de credibilidad, a punto que los elementos vertidos en la carpeta investigativas llevaron al Ministerio Público a efectuar la acusación y motivar la prisión preventiva del recurrente.
Sostuvo que en el caso de la otra persona, nombre reservado, el proceso abreviado en su contra, terminó con sentencia condenatoria, según consta en el acta del Tribunal de Garantía de Vicuña, que acompaña.
Hace referencia al dictamen de la Psicóloga nombre reservado, realizado en el marco de la investigación, el cual determina que el testimonio de su representada, en ambos casos, (nombre reservado y nombre reservado), resultó ser creíble.
Agrega que actualmente su mandante está sometida a tratamiento psicológico, concurriendo a la consulta de la psicóloga nombre reservado del Servicio de Salud de Vicuña, y durante los meses que duró la investigación fue atendida por una psicóloga de la institución CAVIS.
Añade que para determinar la legalidad o no de la publicación efectuada en la red social Instagram, realizada por la recurrida, debe analizarse a la luz del contexto que emerge de los terribles hechos narrados en el presente escrito, que, además, sometieron a la entonces menor nombre reservado a un desgaste emocional y a una sobre-exposición ante los tribunales de justicia y la fiscalía, situación que la sumió en un estado de angustia y depresión desde noviembre de dos mil quince, vale decir, cuatro años y diez meses.
Señala que debe analizarse caso a caso la eventual vulneración de derechos del recurrente, toda vez que hay una evidente colisión entre dos derechos de raigambre constitucional: la libertad de expresión de la recurrida, y el derecho a la honra del recurrente.
Afirma que no existió intencionalidad de la demandada de provocar un llamamiento, o petición a terceros en orden a castigar al recurrente, agregando que el registro de Instagram fue efectuado en forma visceral, producto de indignación e impotencia súbita provocada por una crisis gatillada ante los sonados y aberrantes casos que repugnan el sentir de la sociedad chilena de estos días.
Puntualiza que la publicación fue eliminada con fecha 16 de septiembre de 2020, y que no existió ninguna otra de este tipo, ni en diarios, ni en redes sociales, desde que ocurrieron los hechos y hasta la única publicación existente.
Entiende que, a la luz de todo lo expresado y a la conducta asumida por la recurrida, no resulta procedente la imposición de costas del recurso.
Acompaña: 1. Captura de pantalla del sitio en Instagram de nombre reservado, de 16 de septiembre de 2020, en donde no aparece la fotografía del recurrente; 2. Acta emitida por el Juzgado de Garantía de Vicuña, en juicio penal abreviado seguido en contra nombre reservado, RIT 358-2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, en la cual consta que el encausado admitió responsabilidad en los hechos atribuidos, y; 3. Informe Pericial Psicológico, emitido por la psicóloga nombre reservado, respecto a la credibilidad del relato de nombre reservado, en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, de fecha 22 de junio de 2016.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.
CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.
Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.
QUINTO: Que, de los antecedentes acompañados al recurso aparece acreditada la efectividad que la recurrida realizó publicaciones en Instagram, en las que imputa a nombre reservado la comisión de hechos con caracteres de ilicitud.
SEXTO: Que la actividad descrita se ha efectuado en una red social, que es pública para quienes forman parte de ella y, consecuencialmente no es realizada de manera inocua, por el contrario, evidencia una intención, encuadrándose en lo que suele llamarse “funa”, expresión que grafica una denuncia destinada a buscar adhesión pública al repudio a una conducta que se atribuye a una persona, como una suerte de sanción social a su respecto y no como una forma de informar. La Excelentísima Corte Suprema se ha referido a esta conducta expresando que “no es otra cosa que un llamado a la violencia y al repudio, un acto de auto tutela que es contrario al ordenamiento jurídico” (Rol N° 2682-2019).
SEPTIMO: Que, lo relevante para la resolución del asunto planteado no es si es efectivo o no lo afirmado por la recurrida en la red social antes referida, por cuanto ello debe ser esclarecido legalmente por las vías idóneas establecidas al efecto, correspondiendo por este medio solamente dilucidar si ha existido vulneración de garantías resguardadas por la acción impetrada.
OCTAVO: Que, las publicaciones, que constituyen el actuar de la recurrida, resultan un acto ilegal y arbitrario que amenaza el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza nuestra Constitución en su artículo 19 N° 4, esto es “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales”. En efecto, la reputación, el buen nombre, debe ser objeto de protección constitucional, cuando por la divulgación pública de hechos que involucran a una persona de forma tendenciosa, se busca socavar su imagen, esto es el concepto que otros tienen de ella, mediante imputaciones no comprobadas de forma legal. Tal derecho es consustancial a la dignidad de la persona y consecuencialmente es protegido por el Estado, motivo por el cual esta Corte, aun cuando hayan sido eliminadas las publicaciones, acogerá el presente arbitrio, disponiéndose las medidas que procedan para restablecer y asegurar el imperio del derecho.
Y visto, además, lo dispuesto por en los artículos 19 Nº 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto la recurrida deberá abstenerse de realizar cualquier publicación en redes sociales que afecte la honra o imagen del recurrente, como las efectuadas.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del ministro suplente señor Jorge Corrales Sinsay.
Rol Nº 1430-2020.