nombre reservado CONTRA nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Ministerio del Interior y Seguridad Pública y otros Recurso de Protección Rol N° 1430-2018.- La Serena, once de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho Claudia Navarro Salinas, abogado, en representación de nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; El Servicio de Gobierno Interior, del mismo domicilio, representado por don nombre reservado; nombre reservado, Gobernador Provincial de Choapa, domiciliado en domicilio reservado, Región de Coquimbo; y la Gobernación Provincial de Choapa, del mismo domicilio que el anterior, representada por don nombre reservado o quien lo subrogue, en base a los siguientes antecedentes.

Expone que su representado ingresó a prestar servicios a la Gobernación Provincial de Choapa, en calidad de contrata a contar del 01 de mayo de 2015, como profesional grado 12 de la Escala Única Remuneraciones, según Resolución Exenta Nº 892 de fecha 13 de mayo de 2015. Dicha designación a contrata se prorrogó anualmente desde dicha fecha y sin solución de continuidad hasta el año 2018.

Agrega que, con fecha 23 de noviembre del año 2018, se dictó la Resolución Exenta N° 7016, por la cual el actual nombre reservado, nombre reservado, resolvió lo siguiente:

“SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR. Dispone no prorroga de contrata a quien indica.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 7016.- SANTIAGO, 23 de NOVIEMBRE de 2018 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24, 32 Nº7 y Nº 10, 33 y 38 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 2, 5, 8 y 12 de la ley 18.575; ley 20.502; artículos 3 y 10 de la ley 18.834, artículos 1, 2, 3 y 5 de la ley 19.880 y Ley 10.336.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el artículo 3°, letra c), de la ley N°18.834, define el vínculo a contrata como aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; mientras que su artículo 10 puntualiza que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año.

2.- Que, la Contraloría General de la República ha establecido en sus dictámenes Nº 85700 de 2017 y N° 6.400, que la renovación de una contrata durante más de dos años consecutivos genera para el servidor la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, de manera que para adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explique los fundamentos que motiven tal decisión.

3.- Que, conforme al inciso primero del artículo 3° de la Ley 19.880, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos y su inciso segundo establece que para efectos de dicha ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

4.- Que, la Contraloría General de la República ha establecido que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en cuanto a la atribución de decidir la no renovación de una contrata, lo que ha sido consignado de manera expresa en los dictámenes de dicha entidad fiscalizadora números 12.421, 25.530 y 33.999, todos de 2017.

5.- Que, el costo de la dotación de personal excede el monto de la asignación contenida para esos efectos en la Ley de Presupuestos, lo que ha obligado a la autoridad a solicitar a en diversas oportunidades a la Dirección de Presupuestos- mediante Oficios Nº 26118 de 4 de septiembre de 2018: Nº 27391 y 27397, ambos de 13 de septiembre de 2018- incrementos o aumentos en el gasto de personal y a efectuar reasignaciones en detrimento de algunos programas, a pesar de lo cual no se ha podido salvar el déficit generado por la situación referida, resultando imposible, por tanto, mantener la dotación actual, la que imperativamente debe ser reducida.

6.- Que, la Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia y las autoridades tienen el deber legal de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

7.- Lo señalado por el Gobernador Provincial de Choapa en documento Reservado de fecha 13 de noviembre de 2018 dirigido a la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria del Interior, en cuanto a que el funcionario ha acumulado una deficiente evaluación en su calificación regular dado que su mayor insuficiencia se relaciona con la baja capacidad de integrar equipos y escasa proactividad limitándose a sus procesos administrativos tal cómo da cuenta Informe de Desempeño 2018, donde se le ha pedido más compromiso con el servicio, mayor exactitud y precisión en sus labores y mejorar disposición laboral, no existiendo mejoras hasta la fecha.

La ley 18.834, en el artículo 61, letra c), impone a todo funcionario público la obligación de realizar sus labores con esmero, dedicación y eficiencia. En consecuencia, para satisfacer la exigencia legal, el funcionario tiene que proceder con “sumo cuidado y atención diligente en hacer las cosas con perfección”, esforzándose para que su labor tenga un efecto determinado.

Además, la misma norma exige a los funcionarios públicos desarrollar sus labores con cortesía, es decir, con “demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra persona”. La autoridad, por su parte, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 18.575, tiene el deber legal de ejercer “un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”, lo que implica velar por el cumplimiento de las obligaciones funcionarias antes referidas, deber en el que no puede proceder con laxitud, toda vez que, según indica el artículo 3 de esa misma Ley “la Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley”.

RESUELVO: No prorrogar la designación a contrata de don nombre reservado, R.U.N Nº RUT reservado, la que, por tanto, espirará el 31 de diciembre de 2018. ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE”.

Destaca que dicha resolución exenta fue notificada personalmente a su representado con fecha 27 de noviembre del año 2018, a través de la Jefatura Informante, esto es, el Gobernador Provincial de Choapa, don nombre reservado y recibida el día 29 por correo certificado en su domicilio.

En cuanto a la eventual arbitrariedad de la resolución impugnada, sostiene que, en primer lugar, se hace referencia a que el costo de la dotación del personal del servicio excede el monto de la asignación contenida para esos efectos en la Ley de Presupuestos y que, a pesar de los intentos, esto no ha podido resolverse, debido a ello es que se hace necesario reducir el personal. Acto seguido, en el considerando séptimo se hace mención al documento Reservado de fecha 13 de noviembre de 2018, enviado por el Gobernador Provincial de Choapa, don nombre reservado, en el que aparentemente formuló una comunicación a la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria del Interior señalando que su representado, adolecía de una “deficiente evaluación de desempeño”, basada según indica, en el Informe de Desempeño 2018.

Sobre el particular, sostiene que su representado desconoce totalmente el documento reservado al que hace referencia el acto impugnado, los hechos que se describen en él, las imputaciones que se le formulan, la supuesta deficiente evaluación particular.

Por otro lado, y lo que es aún más grave, en el mes de agosto de 2018 y de acuerdo a lo que se consigna en el ORD Nº 1208 de fecha 07 de agosto de 2018, emanado de la Intendenta de la Región de Coquimbo, doña nombre reservado, su representado integró la Junta Calificadora Regional, constituyéndose la misma el día 21 de septiembre de 2018. Es del caso, que de acuerdo a lo señalado en el Reglamento General de Calificaciones de la Administración Pública aprobado por el Decreto Nº 1825, del 07 de septiembre de 1998, que en su artículo 5 señala “No serán calificados el Jefe Superior del Servicio de la Institución, su subrogante legal, los integrantes de la junta calificadora central, los delegados del personal y los dirigentes antes mencionados (…). Dichos funcionarios conservarán la última calificación cuando corresponda”. Dado que su representado en el periodo 2018 fue integrante de la Junta Calificadora, no fue evaluado en dicho periodo, conservándose su calificación del año anterior, esto es, del año 2017, correspondiente a nota 100,0 sobresaliente, por tanto malamente puede existir un Informe de Desempeño, y si existiere, su representado lo ignora absolutamente, ya que en ningún momento fue notificado de su resultado, etapas, ni plazos, que le permitieran de algún modo impugnarlo legalmente como prescribe el Estatuto Administrativo, vulnerándose así gravemente su derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, libertad de trabajo y propiedad.

Respecto del procedimiento de calificación, éste se encuentra contenido y regulado en las Leyes N°18.834 (Estatuto Administrativo) y N°19.165 y en el Decreto 1825/1998 que establece el Reglamento De Calificaciones De La Administración Pública, los que establecen que es por medio de un procedimiento reglado, objetivo e imparcial, con fecha de inicio y término, con etapas diferenciadas, que contempla listas de calificación, de carácter anual y general que se logra establecer y determinar la calificación de un funcionario público, como así lo exige y establece la Ley.

Indica que el acto administrativo, por las razones precedentemente expresadas, es ilegal, además de arbitrario, ya que se basa en fundamentos inexistentes que contravienen y pugnan de forma absoluta las garantías establecidas legal y constitucionalmente, afectándose los derechos esenciales de su representado.

Por estas consideraciones y previas citas normativas y jurisprudenciales, solicita se acoja el presente recurso y se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de tal parte afectada, en particular, declarar como arbitrario e ilegal el acto administrativo Resolución Exenta N° 7016, de fecha 23 de noviembre de 2018, ordenando se reintegre a su representado como Profesional grado 12 de la Escala Unida de Remuneraciones, de la Gobernación de Choapa, con jornada de 44 horas semanales, o lo que esta Corte estime que en derecho corresponda.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Ordinario Nº 1208 de fecha 07 de agosto de 2018 de la Intendenta Región de Coquimbo; 2.- Resolución Nº 892 de fecha 13 de mayo de 2015 de nombre reservado y nombre reservado nombre reservado; 3.- Certificado de Antigüedad Nº3425 de fecha 16 de noviembre de 2018, suscrito por nombre reservado, Jefe Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas; 4.- Acta de notificación de fecha 27 de noviembre firmada por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; 5.- Resolución Exenta N º7016 de fecha 23 de noviembre de 2018 de don nombre reservado; 6.- Hoja de acuerdo y calificación año 2017 de don nombre reservado; 7.- Resolución exenta Nº 242/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, suscrita por nombre reservado Salinas, Gobernador Provincial de Choapa.

SEGUNDO: Que, con fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve evacuó informe la abogada Alexandra Maringuer Pastene, por el Servicio de Gobierno Interior, quien expone que el recurrente ingresó al Servicio de Gobierno Interior en el año 2015, para desempeñarse como encargado de adquisiciones y operador de Chile Compras de la Gobernación de Choapa. Su designación fue prorrogada sucesivamente en el 2016 y 2017, siendo su última prórroga la correspondiente al año 2017 que extendió su contratación hasta el 31 de diciembre de 2018.

Ahora bien, pese a que la función del Sr. nombre reservado implicaba la realización de gestiones técnicas de la más alta relevancia para el servicio, se evidenció una baja productividad e integración al equipo, una nula proactividad en el ejercicio de sus funciones, lo que redundó en notorias deficiencias en el desarrollo de la labor del servidor, las que en concepto del Gobernador no fueron subsanadas durante el año 2018.

Estas deficiencias fueron observadas por el anterior Gobernador de Choapa don nombre reservado, quien con fecha 14 de junio de 2018, y habiendo transcurrido varios meses desde la instalación de la nueva administración, emitió el correspondiente primer informe de evaluación o precalificación de desempeño del sr. nombre reservado el cual, además fue notificado y suscrito por el recurrente.

En dicho informe la autoridad provincial anterior consigna una serie de observaciones negativas respecto del desempeño del Sr. nombre reservado. Así, en el ítem de “Rendimiento Laboral”, se exigió un mayor compromiso por el servicio. En el subfactor “Calidad y competencia en el trabajo”, se solicitó reforzar exactitud y precisión en sus labores. En los subfactores “Disponibilidad y Flexibilidad en el trabajo”, la autoridad solicita mejorar la disposición y adaptación al grupo. Enseguida, en el ítem de “Idoneidad Laboral” y “Actitudes laborales”, la jefatura observa la falta de iniciativa del funcionario y debilidad con el compromiso hacia el servicio y equipo de trabajo, respectivamente. En todos estos factores y subfactores, la jefatura directa le asignó una nota 6 de un máximo de 10.

Finalmente, el funcionario se compromete a mejorar la proactividad y trabajo en equipo, así como a ingresar a un taller de liderazgo y a entregar con periodicidad al Gobernador el trabajo que desarrolla.

Destaca que el proceso de calificación del sr. nombre reservado fue interrumpido dado que dicho funcionario fue elegido como representante regional de la Junta Calificadora de Coquimbo, circunstancia que fue comunicada por la Intendenta Regional, mediante el oficio N° 1208, de 7 de agosto de 2018, a las gobernaciones de Elqui, Limarí y Choapa.

El día 9 de agosto de 2018 asumió el sr. nombre reservado como nuevo gobernador de Choapa, autoridad que observó desde el mes ese mes hasta noviembre de dicho año, las mismas deficiencias ya anotadas en el desempeño del Sr. nombre reservado, sin observar una mejora en la ejecución de los compromisos adoptados en un mes antes de que fuera elegido.

Lo anterior, implicó que la autoridad regional enviara a la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaria del Interior, un memorándum de fecha 19 de noviembre de 2018, el cual contiene exactamente la misma información vertida sobre la resolución de no renovación.

Los hechos manifestados en esa comunicación dan cuenta que el recurrente “ha acumulado una deficiente evaluación en su calificación regular dado que su mayor insuficiencia se relaciona con la baja capacidad de integrar equipos y escasa proactividad, limitándose a sus procesos administrativos tal cómo da cuenta Informe de Desempeño 2018, donde se le ha pedido más compromiso con el servicio, mayor exactitud y precisión en sus labores y mejorar disposición laboral, no existiendo mejoras hasta la fecha”.

Con todos estos antecedentes, de acuerdo a los hechos expuestos, y de conformidad a lo instruido por Contraloría General de la República a partir del dictamen N° 85.700 de 2016 y N° 6400 de 2018, que exigen la dictación de una resolución fundada, en caso de determinarse la no renovación a la contratación de un funcionario que ha prestado servicios por más de dos años consecutivos en la Administración, se emitió la Resolución Exenta N° 7016, de 23 de noviembre de 2018, que determina no renovar su contrata del recurrente para el período 2019, por tanto sus servicios deben finalizar el 31 de diciembre de 2018. Resolución que fue debidamente notificada al recurrente con fecha 27 de noviembre de 2018.

Luego, aduce que el nombre reservado no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el propio dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700/2016, sobre confianza legítima en la contratas.

En virtud de lo expuesto cabe concluir que fue el propio legislador y el ente fiscalizador, quienes han establecidos los mecanismos de impugnación del acto administrativo en comento, que no han sido ejercidos por el recurrente o ejercidos en forma errónea, siendo ella la vía idónea para reclamar su ilegalidad. Por tanto, lo que se presenta en el recurso, excede a las materias que deben ser conocidas por el nombre reservado, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que ellos deben ser discutidos y probados en el procedimiento judicial correspondiente, ante el cual podrán hacerse las alegaciones respectivas, condiciones en la que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el número 2 del auto acordado sobre tramitación y fallos del Recurso de Protección.

Sin perjuicio de lo anterior, aduce que las autoridades no han vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente. En efecto, se dictó un acto administrativo que expresa cada uno de los fundamentos de la decisión de no renovar su contrata, medida que además obedece a las restricciones presupuestarias que afectan al Servicio de Gobierno Interior y al desempeño deficiente del Sr. nombre reservado, claramente explicados en la resolución exenta N° 7016/2018 y detallados en lo que va de este informe.

Respecto de la supuesta indefensión que habría afectado al recurrente producto de una evaluación de desempeño inconclusa y documentos supuestamente secretos, rechaza absolutamente esas alegaciones. En primer lugar, el preinforme de desempeño del Sr. nombre reservado se efectuó en el mes de junio de 2018, en el marco del proceso ordinario de evaluación de desempeño respecto de todo el personal de la Administración Pública y con anterioridad a que el sr. nombre reservado fuera elegido como miembro de la Junta Calificadora. En este sentido, es un documento válidamente emitido y que fue suscrito por el propio funcionario y en donde pudo exponer sus descargos libre y voluntariamente y no se trató de un procedimiento secreto como lo asegura el sr. nombre reservado. Asimismo, cabe señalar que la medida de no renovación se funda en la apreciación del Gobernador provincial y en la observación directa del desempeño del sr. nombre reservado a partir de agosto de 2018, y no en la precalificación de desempeño.

Por otra parte, el memorándum remitido con fecha 19 de noviembre de 2018, se encuentra contenido íntegramente en la resolución exenta N° 7016, por lo tanto, el recurrente tuvo pleno conocimiento de su contenido desde la resolución de ese acto, y además pudo acceder a una copia por medio del portal de transparencia. Por tanto, la medida fue enteramente transparente con el afectado.

Por otra parte, la misma Contraloría General de la Republica ha sostenido que sus pronunciamientos “no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado […]”.

En efecto, la jurisprudencia reciente de la Contraloría General de la Republica, -contenida entre otros en los dictámenes número 23.518/2016, 85.700/2016 y 6.400/2018-, ha reafirmado la validez y ha pormenorizado el alcance y sentido de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”.

Dicha afirmación condensa en una fórmula jurídico – administrativa, que alude a la facultad que asiste a la Autoridad para poner término a una contratación o a su prórroga en el momento que estime conveniente, siempre y cuando se expresen adecuadamente sus motivos, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado la decisión, los que pueden incluir razones presupuestarias, de reorientación técnica e incluso consideraciones referidas a las aptitudes personales del empleado. Esta motivación y fundamentación, está debidamente cumplida en la resolución impugnada al señalar los antecedentes tenidos a la vista para solicitar la desvinculación, puesto que el recurrente no cumple con las expectativas en cuanto a la idoneidad para desempeñar su cargo y los demás fundamentos esgrimidos en el acto administrativo impugnado.

Del mismo modo, carece totalmente de sustento la pretensión del actor en orden a que esta Subsecretaría habría incurrido en una vulneración al principio de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental, al no renovar su contrata dado que, como se ha señalado previamente, la autoridad facultada para determinar la continuidad de los funcionarios resolvió no prorrogar la contrata del recurrente por medio de la dictación de un acto fundado y debidamente notificado.

En consecuencia, no existiendo un deber jurídico de renovar la contrata del recurrente, a lo cual se suman antecedentes de deficiencias en los deberes funcionarios, mal puede considerarse que la Subsecretaría del Interior haya incurrido en una omisión ilegal, ni menos que la no renovación sea arbitraria, a la luz de las deficiencias ya anotadas.

Asimismo, no se advierte como –ni tampoco el recurrente lo explica- de qué manera el aviso de no renovación de su contrata podría amenazar, perturbar o privarles de su derecho a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, es decir, cualquier empleo que no se oponga a la moral, a la seguridad y a la salubridad pública. Sin perjuicio de lo anterior, señala que la garantía del inciso primero del N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política ampara sólo el legítimo ejercicio de la libertad de trabajo, pero no incluye la protección al derecho de conservar el empleo.

Por último, en relación a una eventual infracción al derecho de propiedad, manifiesta que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas, ni menos derechos derivados de las mismas.

Por estas consideraciones, solicita se rechace en todas sus partes, con costas, la acción cautelar deducida.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Memo Res N° 7 de fecha 19 de noviembre de 2018; 2.- Resolución exenta N° 7016, de 2018; 3.- Informe de precalificación de nombre reservado de fecha 16 de junio de 2018; 4.- Oficio N° 1208, de 07 de agosto de 2018, Intendencia Regional de Coquimbo.

TERCERO: Que, con fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve evacuó informe nombre reservado, Gobernador Provincia de Choapa, en los mismos términos que el Servicio de Gobierno Interior.

CUARTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a estos autos y de lo expuesto por los intervinientes en audiencia, se desprende que la decisión adoptada por la autoridad administrativa en la Resolución Exenta N° 7016, de 23 de noviembre de 2018, en cuanto a no renovar la contrata del recurrente para el periodo 2019, aparece ajustada a la normativa que regula la duración del vínculo jurídico que ligó a las partes, esto es, el artículo 10 de la Ley N° 18.834, disposición legal que señala que los empleados a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que las sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos.

Así las cosas, la alegación relativa a la eventual ilegalidad del acto administrativo impugnado deberá ser desestimada.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la eventual arbitrariedad de la decisión consistente en la desvinculación del recurrente, y que se basa en una supuesta falta de fundamentación, cabe consignar que basta con la mera lectura de la resolución recurrida para apreciar que aquella explicita el conjunto de motivaciones que tuvo la administración para prescindir de los servicios del actor, donde destaca, por una parte, el costo de la dotación actual de personal del servicio, el cual excede el monto de la asignación contenida para tal efectos en la Ley de presupuestos –circunstancia que no ha sido desconocida ni controvertida por el recurrente-, y por otra, la deficiente evaluación en la calificación regular del actor, que se relaciona con su baja capacidad de integrar equipos y escasa proactividad, sin presentar mejoras a la fecha, no obstante los compromisos adquiridos.

Respecto de este último motivo, si bien el recurrente sostiene que en el mes de agosto del año 2018 habría integrado la Junta Calificadora Regional, citando al efecto lo señalado en el artículo 5° del Reglamento General de Calificaciones de la Administración Publica, disposición que exime a las integrantes de dicha junta de la calificación por parte del Jefe Superior del Servicio, indicando que conservaran su última calificación, lo cierto es que, de conformidad a los documentos allegados por la autoridad recurrida se desprende que el Sr. nombre reservado fue objeto de una pre calificación de desempeño, en el mes de junio del año 2018, la cual, ya en ese entonces, daba cuenta de las deficiencias que, en definitiva, llevaron a la Administración a prescindir de sus servicios.

A mayor abundamiento, consta en estos antecedentes documento denominado “Pauta de Entrevista Retroalimentación del Desempeño”, suscrito por el propio actor, el cual permite tener por establecido que efectivamente la pre calificación reseñada fue puesta en su conocimiento oportunamente, adquiriendo el recurrente compromisos a fin de mejorar las deficiencias observadas, desechándose de esta forma la alegación relativa a que el acto impugnado se basaría en antecedentes desconocidos por su parte. Así las cosas, la decisión plasmada en la resolución recurrida aparece como ajustada a la realidad.

En mérito de lo anterior, encontrándose debidamente fundamentada, tanto en lo factico como en lo jurídico, la resolución reprochada, estos sentenciadores estiman que el principio de la confianza legítima en favor del funcionario debe ceder en beneficio de las disposiciones legales que rigen la relación entre aquellos y la autoridad administrativa, y conforme a las cuales, como ya se expresó, los empleos a contrata terminan, de pleno derecho, el día 31 de diciembre de cada año, no habiéndose verificado la hipótesis contemplada en la misma norma, que autoriza la prórroga del mismo.

OCTAVO: Que, así las cosas, ajustándose la resolución recurrida a la normativa legal vigente y expresando los fundamentos por los cuales se adoptó la decisión impugnada, los que son efectivos, es que estos sentenciadores son del parecer de rechazar el presente arbitrio constitucional, al no verificarse sus requisitos de procedencia, a saber, la existencia de una acción u omisión que merezca el calificativo de ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto por Claudia Navarro Salinas, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Gobierno Interior y la Gobernación Provincial de Choapa, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1430-2018 (nombre reservado).- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

La Serena, a once de febrero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.