nombre reservado con COMISIÓN MEDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado

Comisión Médica Central Recurso de protección Rol Nº1428-2024 La Serena, quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, por la dictación de la Resolución CMC N°10.766/2024, de 29 de julio de 2024, a través de la cual se revocó el dictamen de reevaluación de invalidez emanado de la comisión médica de La Serena y, en su lugar, resolvió que procede otorgar invalidez parcial definitiva, acto que amaga sus derechos fundamentales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 10 de julio 2019 fue operado por una Hernia Núcleo Pulposo Lumbar, estando más de 1 año con licencias médicas.

Señala que, con motivo de lo anterior, se le sugirió realizar solicitud de pensión de invalidez por patología osteoarticular.

Así, señala que el 23 de septiembre de 2020, a través de dictamen N°005.3192/2020 se estableció un menoscabo de la capacidad de trabajo 55.0 (igual o mayor que 50% y menor a 2/3), dictaminando invalidez transitoria parcial.

Posteriormente, debido a que se encontraba pensionado por invalidez parcial transitoria, debía tramitar la reevaluación de invalidez antes del día 31 de diciembre de 2023.

En tal sentido, señala que el 7 de diciembre de 2023, en Sesión N°196, la Comisión Médica Regional acordó otorgar pensión de invalidez total, puesto que el porcentaje global de menoscabo es de 68%, por lo que mediante Dictamen de Reevaluación del Grado de Invalidez N°005.7556/2023, acordó modificar el grado de invalidez a invalidez total definitiva.

No obstante, señala que contra dicho dictamen apelaron las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Luego, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, en sesión N°554 de 29 de julio 2024 analizó su caso, acordando revocar el dictamen de Reevaluación del Grado de Invalidez N° 055.7556/2023 de la Comisión Médica La Serena, del 07 de diciembre 2023 y resolver que procede otorgar Invalidez Parcial Definitiva, determinando que su capacidad global alcanza un 50%.

No obstante, el recurrente reclama que los síntomas de su enfermedad persisten en un grado mayor e insoportable, padeciendo un dolor agudo que irradia desde la espalda a piernas izquierda hasta el primer dedo del pie izquierdo y pierna derecha, presentado altas dificultades para desplazarse, así como para realizar cosas cotidianas como amarrase los zapatos, corte de uñas, ducharse lavarse o aseo cotidiano, requiriendo de bastones de ayuda para su desplazamiento. Asimismo, hace presente que asiste a kinesoterapia y, además, presenta leve discopatía degenerativa cervical multisegmentaria.

Señala no estar de acuerdo con la opinión de indicar pensión transitoria, ya que el 23 de septiembre 2020 en dictamen N° 005..3192/2020 se indicó que su incapacidad global alcanza 55% y, luego, el 07 de diciembre de 2023 en dictamen de la Comisión Médica Regional de La Serena, en reevaluación de invalidez N° 005.7556/2023, estableció menoscabo de la capacidad de trabajo: 68.0% igual o mayor de 2/3.

En tal sentido, cuestiona que un solo médico sea capaz de dejar sin efecto toda la percepción que tienen los profesionales de una comisión. Asimismo, argumenta que existiendo dos apreciaciones respecto a una misma enfermedad, la apreciación que tiene más sustento corresponde a la de la Comisión Médica de La Serena, por razones lógicas, imparcialidad, el número de profesionales, frente a la apreciación de un solo médico que es contradictoria.

Afirma, que en la decisión de la Comisión Médica Central prevalece un interés económico, más que un interés respecto a la salud del trabajador.

Por otra parte, sostiene que la Comisión Médica Central, siendo un órgano técnico a quien le compete decidir el asunto desde el punto de vista de la ciencia médica, está obligada a fundar sus decisiones, dado que toda resolución de la Administración, de la que ciertamente forma parte, debe cumplir con la obligación de motivar y justificar sus resoluciones, conforme a lo que manda el artículo 11 inciso 2° y artículo 41 de la Ley N°19.880. Sin embargo, estima que en la especie, la recurrida no fundamentó clínicamente su dictamen, rechazando la solicitud de manera arbitraria y antojadiza.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, alega la afectación al derecho de propiedad, con relación al derecho subjetivo a la pensión de invalidez, por haber reunido los requisitos de salud y jurídicos que establece tanto el Decreto Ley No 3.500 de 1980, como la norma reglamentaria.

Asimismo, señala que se amaga su derecho a la vida e integridad física y psíquica, al negarle la posibilidad de poder recuperarse debidamente, sin perder los beneficios y ayudas estatales que para las situaciones de salud de esta índole establece el propio legislador.

Por último, sostiene que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que la decisión de la recurrida no se encuentra clínicamente fundada y, además, ha sido discriminado arbitrariamente en comparación a otras personas que han sido y serán tratadas de un modo distinto ante una situación similar o idéntica.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, se reestudien los antecedentes y se deje sin efecto a Resolución N° C.M.C 10766/2024 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

SEGUNDO: Que, a folio 12 del expediente digital, se evacuó informe por la Comisión Médica Central, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente ha tramitado dos solicitudes de pensión y calificación de invalidez.

La primera, data del 4 de mayo del año 2020 y fue resuelta por la Comisión Médica Regional de La Serena, la que mediante Dictamen de Invalidez N°005.3192/2020, acordó declarar la invalidez parcial transitoria a favor del recurrente, representada por la pérdida de un 55%, dictamen que fue confirmado por la Comisión Médica Central.

Posteriormente, señala que el recurrente fue citado ante la Comisión Médica Regional para la reevaluación del grado de invalidez, dada la naturaleza transitoria de la invalidez parcial que le fuera otorgada, procedimiento iniciado el 15 de junio del año 2023, correspondiendo la reevaluación a la Comisión Médica Regional de La Serena, la que el 7 de diciembre de 2023, en Sesión N°196, acordó otorgar pensión de invalidez total, puesto que el porcentaje global de menoscabo es de 68%. Por lo que, mediante Dictamen de Reevaluación del Grado de Invalidez N°005.7556/2023, se acordó modificar el grado de invalidez a invalidez total definitiva.

No obstante, expone que contra dicho dictamen apelaron las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, argumentando que el impedimento por lumbociática estaría sobrevalorado, ya que no hay afección sensitiva y motora, como también existe discrepancia entre especialistas neurocirujano y traumatólogo.

Por consiguiente, se elevaron los antecedentes ante la Comisión Médica Central, la que conforme a lo expuesto por los especialistas acordó aceptar el reclamo, y mediante Resolución CMC N°10.766/2024, revocó el dictamen de reevaluación de invalidez en cuestión y resolvió que procede otorgar invalidez parcial definitiva a favor del actor.

Luego, sostiene que la decisión no es ilegal ni arbitraria, toda vez que la Resolución C.M.C. N°10766/2024 contiene sus fundamentos en el acta de la Sesión N°554, haciendo presente que se realiza de esta forma en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°19.628, relativa a la protección de datos personales, como también, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°20.584, en cuanto a la ficha clínica de los pacientes como información de carácter sensible.

Agrega, que los fundamentos para revocar la decisión de la Comisión Médica de La Serena, principalmente, se explica en que el impedimento lumbar del recurrente no le produce afectación sensitiva y motora, requisito esencial para clasificar una afectación a la columna en clase III rango alto, como lo había efectuado la Comisión Médica Regional de La Serena.

Señala que, en el caso del recurrente, según lo señalado por el traumatólogo Dr. Melgarejo, “la función motora y sensitiva en las extremidades superiores se encuentra conservada”. De forma que, al no cumplir con aquel requisito no se puede configurar el impedimento en clase III, rango alto, sino que tiene que ser en clase III, rango medio.

En consecuencia, afirma que no existe un actuar que pueda calificarse como arbitrario o ilegal y, por lo mismo, que tampoco existe alguna vulneración a los derechos fundamentales que invoca el recurrente.

TERCERO: Que, a folios 21, 22, 23 y 24 se evacuó informe por las compañías de seguros PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A., ZURICH SEGUROS DE VIDA S.A. y 4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A., respectivamente, coincidiendo en términos generales en sus alegaciones, en los siguientes términos:

En primer lugar, hacen presente que no tienen la calidad de recurridas en la especie. Afirman que, si bien, efectivamente participan del seguro de invalidez y sobrevivencia correspondiendo al periodo del recurrente, este no les imputa la realización o ejecución de un acto u omisión arbitrario o ilegal, por lo que no son las recurridas en el presente recurso de protección.

Luego, refieren que el recurrente no tiene derechos indiscutidos y preexistentes y que el procedimiento de calificación aún está en tramitación. En efecto, afirman que un dictamen no ejecutoriado de una Comisión Médica Regional no genera derechos ni concede una pensión de invalidez parcial o total, precisamente porque en el procedimiento establecido en la ley se contempla la segunda instancia ante la Comisión Médica Central.

Señalan que, luego que en el año 2023 la Comisión Médica Regional de La Serena incrementara a 68% el porcentaje de pérdida de capacidad de trabajo y determinara que la invalidez escalaba de invalidez parcial a invalidez total, ejerciendo los derechos establecidos en la ley, en conjunto con las otras partícipes del seguro de invalidez y sobrevivencia para el período, presentaron una apelación ante la Comisión Médica Central.

Luego, por Resolución CMC N° 10.766/2024, la Comisión Médica Central acogió la apelación, revocando el dictamen de la Comisión Regional de La Serena, determinando que el recurrente tiene derecho a pensión definitiva de invalidez de tipo parcial.

Sin embargo, destacan que el referido dictamen no se encuentra ejecutoriado, toda vez que se encuentra pendiente un recurso de reposición interpuesto por el señor nombre reservado, razón por la cual el procedimiento de calificación de invalidez se encuentra aún en tramitación.

Por lo mismo, sostienen que no existe derecho de propiedad sobre un dictamen de la Comisión Médica Regional ni de la Comisión Médica Central, si acaso éste no se encuentra ejecutoriado, es decir, mientras exista plazo para reclamar del mismo o no se haya resuelto el o los reclamos interpuestos.

CUARTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, por la dictación de la Resolución CMC N°10.766/2024, de 29 de julio de 2024, a través de la cual se revocó el dictamen de reevaluación de invalidez emanado de la comisión médica de La Serena y, en su lugar, resolvió que procede otorgar invalidez parcial definitiva.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección, se reestudien los antecedentes y se deje sin efecto a Resolución N° C.M.C 10766/2024 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia De Pensiones.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, de los antecedentes aparejados el recurso de protección, resulta un hecho no discutido entre las partes que el recurrente interpuso un recurso de reposición ante la Comisión Médica Central, contra la resolución que se impugna mediante el presente arbitrio constitucional y que, además, dicho recurso actualmente se encuentra en tramitación, pendiente de resolución.

De forma que, es un hecho asentado en autos que la resolución de la Comisión Médica Central no se encuentra ejecutoriada.

OCTAVO: Que, concordante con lo expuesto en forma precedente, es oportuno tener presente lo previsto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, en cuanto otorga al administrado diversas vías de impugnación de una decisión emanada de un órgano perteneciente a la Administración, en términos que, habiendo escogido la vía administrativa, el interesado debe esperar el término de aquella para interponer una acción judicial.

NOVENO: Que, de esta forma, es necesario tener presente que, de los hechos expuestos ante estrado, se desprende que aún existe un procedimiento administrativo pendiente, por lo que el acto impugnado no tiene carácter terminal, sino que es un acto de trámite o intermedio que forma parte de un procedimiento complejo, condiciones en las que lo solicitado por el actor sobrepasa los márgenes del recurso de protección, toda vez que la autoridad no ha emitido una decisión final sobre le pensión de invalidez.

DÉCIMO: Que, atendido lo anterior, se advierte que la decisión de la recurrida se erige como un acto intermedio, no susceptible de ser enmendada por esta vía cautelar de urgencia, sin que tampoco se aprecie afectación a las garantías fundamentales invocadas por el recurrente, por lo que la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1428-2024 Protección.-