Protección contra Comunidad Agrícola Quebrada de Talca y su Directorio

nombre reservado, nombre reservado

Comunidad Agrícola Quebrada de Talca Recurso de Protección Rol N° 1425-2018.- La Serena, veinte de febrero de dos mil diecinueve.- Vistos:

Primero: Que don Juan Pablo Castro Cortes, abogado, domiciliado en domicilio reservado en representación de don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, interpone una acción constitucional de protección en contra de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca y su Directorio, representada actualmente por doña nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en la sede comunitaria Los Corrales, camino principal, Quebrada de Talca, Comuna de La Serena por las actuaciones arbitrarias e ilegales al remover, con fecha 09 de diciembre de 2018, a don nombre reservado de su cargo de Presidente del Directorio de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, lo que además lo inhabilita para ocupar cualquier otro cargo directivo de la referida Comunidad Agrícola, con el fin de que se invalide dicha actuación por ser esta arbitraria e ilegal, toda vez que no existió para su representado un procedimiento racional y justo que arribara a la decisión de remoción de su cargo, infringiendo con ello las Garantías Constitucionales aseguradas en los artículo 19 N° 3 inciso quinto, de la Constitución Política de la República, como también las Garantías Fundamentales del artículo 19 N° 2, de igualdad ante la ley; 19 N° 12, sobre derecho a la libre expresión, artículo 19 N° 15, sobre el derecho a asociarse libremente, todas normas de nuestra Carta Fundamental, infringiendo además lo dispuesto en la ley 20.500.-, que modificó el Código Civil en su artículo 553 inciso segundo, referido a las personas jurídicas.

Segundo: Que fundando el recurso expresa que el día 09 de septiembre del presente año, se instaló la Comisión Electoral de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, en la sede comunitaria Los Corrales, ubicada en el sector de Quebrada de Talca, comuna de La Serena, con el objeto de llevar a efecto la elección de un nuevo Directorio, conforme lo establecen los Estatutos de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca. En aquella oportunidad, y luego de la votación de los comuneros asistentes, se estableció el nuevo Directorio, dentro de los cuales se acordó que don nombre reservado sería el nuevo Presidente del Directorio de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, como queda de manifiesto en el Acta de fecha 09 de septiembre de 2018, documento que fue protocolizado bajo el número 1.178, según anotación N° 3.277, del Repertorio de Instrumentos Públicos de fecha 13 de septiembre de 2018, de doña nombre reservado, Notario Público de La Serena. Añade que luego de asumir el cargo de Presidente de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, don nombre reservado comenzó a percatarse de una serie de irregularidades en cuanto al funcionamiento de la anterior administración, debiendo tomar decisiones con el fin de resguardar los bienes e intereses de la Comunidad Agrícola. Tal situación comenzó a generar una serie de incomodidades de los comuneros que integraban el Directorio saliente y a algunos de los actuales integrantes del Directorio. Precisa que es del caso que el día 09 de diciembre de 2018, en la sede comunitaria Los Corrales, se celebró una de Talca, la cual fue solicitada por la Junta de Vigilancia de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, en la cual la señora Norma Carrillo Jaramillo, en su calidad de Secretaria del Directorio, luego de pasar asistencia a los comuneros asistentes, informa a don nombre reservado que se encuentra impedido de presidir dicha asamblea, toda vez que el punto a tratar en la misma era la votación para la remoción de su cargo de Presidente , debiendo presidir la asamblea en esa oportunidad el Primer Director de la Directiva, don nombre reservado. Señala que ante lo ocurrido, don nombre reservado solicitó se le dieran a conocer los motivos y causas por las cuales se le impedía presidir la asamblea, por lo que la señora secretaria Norma Carrillo, indicó que la asamblea extraordinaria había sido solicitada expresamente por la Junta de Vigilancia de la Comunidad, en base a una carta dirigida hacia la Junta General de Comuneros, pero que no podía dar a conocer tales antecedentes. Enfatiza que después de un extenso debate entre los comuneros asistentes acerca del motivo y la procedencia de la Asamblea Extraordinaria para esos efectos y si don nombre reservado se encontraba o no impedido de presidir la misma, se logró un acuerdo para dar lectura de la carta enviada por la Junta de Vigilancia, la cual es del siguiente tenor:

"Referencia: Solicita la remoción del Presidente del Directorio por infracciones reiteradas y graves a los estatutos.

De mi mayor consideración, conforme lo dispuesto al artículo 28 letra a) de los Estatutos, corresponde a la junta de vigilancia velar por el estricto cumplimiento de los estatutos. Ha quedado en evidencia en este corto espacio de tiempo, que don nombre reservado, ha violado de forma grave y reiterada los estatutos de la Comunidad, lo que conforme lo que se expondrá justifica sobradamente su remoción del cargo de Presidente del Directorio y de la Comunidad.

En efecto, enumeraremos en lo posible, cronológicamente las violaciones a los estatutos cometidas por el director, señalando a saber:

1.- requisar públicamente la camioneta de la comunidad que se encontraba en poder del Presidente saliente, don nombre reservado, sin consideración al cargo que ejerció ni a su dignidad como persona, sin autorización de la junta de comuneros ni del directorio, excediendo sus atribuciones.‑ 2.- Decidir, sin autorización ni conocimiento de la Junta General de Comuneros, ni del Directorio, trasladar el vehículo señalado a un taller, encargando su reparación, sin consultar valores de otros talleres autorizados por la marca, encargando un repuesto a Japón, por un valor de $951.000.-, siendo que la camioneta Nissan NP 300, de la Comunidad, se fabricó en México. Ello, sin conocimiento ni autorización de la Juta General de Comuneros ni del Directorio. – 3.- Despedir, sin causa justificada, a la Secretaria de la Comunidad, señora Sandra Barahona González, excediendo sus atribuciones y sin cumplir las formalidades legales del despido, lo que significará ser condenado judicialmente al pago de las indemnizaciones legales y los recargos, debido a su negligencia inexcusable. Debemos señalar que la contratación de la señora Secretaria fue autorizada por la Junta General de Comuneros, en cumplimiento del programa de trabajo del Directorio 2015 — 2018, y realizó una labor impecable en el ordenamiento de la oficina de la comunidad, que fue objeto de felicitaciones, incluso por parte de la Gobernadora Provincial‑ 4.- Concurrir a la citación de la Inspección del Trabajo sin la documentación solicitada, lo que significó la aplicación de dos multas administrativas cuantiosas, la primera por un valor equivalente en pesos a 9 UTM, significa que son $433.440.- pesos, y la segunda de una UTM, equivalente a $185.778.- pesos. Estimamos, deben ser de su costo personal al igual que las indemnizaciones, incrementos y costos a que sin lugar a dudas será condenada la comunidad en el juicio laboral incoado, por ser absolutamente evitables con una buena gestión.‑ 5.- Contratar, sin autorización ni conocimiento de la Junta General de Comuneros ni del Directorio, a un secretario personal, don nombre reservado, ajeno a la Comunidad, en reemplazo de nombre reservado, contraviniendo la facultad de la Junta General de Comuneros, establecido en el artículo 6 letra N) de los estatutos, esto es, velar por el respeto a los usos y costumbres de la comunidad.‑ 6.- No respetar las atribuciones de cada Director, asumiendo labores de la Secretaria, como citaciones, custodia de documentos, como en el acta de conciliación ante la Inspección del Trabajo y correspondencia, sin darlas a conocer al resto del Directorio y a la Junta General de Comuneros, de hecho, en la Primera Junta General de Comuneros no hubo lectura de correspondencia y del Tesorero retirando dinero de la vente del maicillo y de pago de cuotas sociales y arriendos, autorizando a su secretario llevar el dinero a su casa para depositarlo al día siguiente en la cuenta corriente de la comunidad.‑ 7.- Omitir deliberadamente, la citación a miembros del directorio en beneficio de sus objetivos, violando sus derechos de directores válidamente elegidos, lo que motivó la intervención de la Junta de Vigilancia, que lamentablemente no obtuvo el efecto esperado para la Comunidad. El Presidente en lo sucesivo, se hizo acompañar del Presidente de la Junta de Vigilancia en calidad de ministro de fe, legalmente improcedente e ineficaz, pero que indudablemente genera pago de viajes.‑ 8.-. Excesivo gasto de combustible y estacionamiento de su vehículo particular, por valores de $230.000.- en veinte días, sin justificación ni control, careciendo de bitácora donde se registre el kilometraje y destino, a fin de determinar si corresponde a actividades relacionadas con la Comunidad.

Debemos dejar establecido que por propias declaraciones, el Presidente está estudiando Derecho en jornada vespertina‑ 9.- Negarse a cumplir acuerdos del Directorio y de la Junta de Vigilancia, como por ejemplo, la denuncia por un robo frustrado y daños en la semillera o la invitación a la Intendente para el día de la Junta General Extraordinaria correspondiente al 25 de noviembre recién pasado, a pesar del acuerdo previo de no hacerlo en dicha fecha.‑ 10.- Contratar abogado sin consentimiento ni conocimiento del Directorio ni de la Junta General de Comuneros, según sus propias declaraciones, dijo: "ya contraté un abogado y daremos vuelta esta situación en el tribunal"‑ 11.- Con su personalismo y ánimo persecutor inquisitivo, ha perjudicado a la Comunidad en la venta de maicillo y rocas, en efecto, cuando asumió la presidencia, estuvo paralizada la venta de maicillo por dos semanas, para contratar personalmente, recientemente frustró un gran negocio de un valor de $72.000.000.- porque supuso que la compra de 30.000 toneladas de roca que quería don nombre reservado era para el puente de Vicuña, siendo que se utilizaron para paisajismo en la ciudad de Chañaral. Por supuesto que con esa actitud y desconfianza el comprador adquirió en otro lugar, dejando constancia de su molestia ante la Junta General de Comuneros, de fecha 25 de noviembre recién pasado.‑ 12.- No obtener el acuerdo del Directorio en la aprobación del acta, ni la valorización del programa de trabajo que no se presentó, a consideración de la Junta General de Comuneros.‑ 13.- Tratar de obtener mediante amenazas al tesorero el pago de sueldo de su secretario personal, cuya contratación no fue autorizada por la Junta General de Comuneros ni por el Directorio, del mismo modo, también ha presionado por el pago de la reparación de la camioneta, gasto no autorizado por la asamblea ni el directorio.‑ Por tanto, en mérito de lo expuesto y lo que disponen los artículos inciso 5°, 8 letra c), 28 letra a) y 34, todos los estatutos de la Comunidad; solicitamos a la Junta de Vigilancia se reúna con el Directorio, a fin de que cite a una Asamblea Extraordinaria, con el objeto de poner en conocimiento de la Junta General de Comuneros la presente solicitud y se vote la remoción del Presidente don nombre reservado, por el notable abandono de deberes en el ejercicio de su cargo y la violación grave y reiterada de los estatutos, en abierto perjuicio de la Comunidad".- Agrega que posterior a la lectura de la referida carta, donde se hicieron imputaciones graves a la actuación de don nombre reservado en su calidad de Presidente del Directorio, el mismo solicitó la palabra para tener derecho a responder las graves acusaciones que se formulaban en su contra y solicitar copia de la misma carta acusatoria, sin embargo esto no pudo realizarse atendida la oposición de comuneros asistentes de negarse a escuchar sus descargos, principiando por la señora Secretaria, doña Norma Carrillo Jaramillo, quienes sólo buscaban la remoción de don nombre reservado y a consecuencia de ello, inhabilitarlo para ocupar algún cargo en la referida Comunidad Agrícola, sin que tampoco se hiciera entrega de una copia de la carta a don nombre reservado, quedando ésta en poder de la Secretaria del Directorio. Manifiesta que finalmente se votó la remoción del cargo de Presidente del Directorio de don nombre reservado, con 44 votos a favor y 6 en contra, comunicándose dicha decisión a todos los comuneros vía WhatsApp y redes sociales. Puntualiza que con fecha 16 de diciembre de 2018, se celebró una nueva Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, oportunidad en la cual se nombró como nuevo Presidente del Directorio a doña nombre reservado, oportunidad en que nuevamente fue leída la carta en que se imputaron las acusaciones a don nombre reservado, sin que este estuviera presente, donde además se agregaron nuevas acusaciones, ahora por supuesto robo de maicillo en contra de don nombre reservado, sin que existiera oportunidad para defenderse de tales cargos, ni tampoco se hizo entrega a alguna persona del Directorio ni de los demás comuneros, de la carta que contiene las acusaciones en contra de don nombre reservado.- Tercero: Que el recurrente agrega que para que proceda el recurso de protección debe existir una acción u omisión ilegal o arbitraria que amenace, perturbe o prive el legítimo ejercicio de los derechos y garantías descritas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, precisando que tales actos arbitrarios e ilegales ocurrieron el día 09 de diciembre de 2018, en la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, respecto de la cual se puede desprender lo siguiente:

I) LA CITACION: Como bien se indicó en la relación de los hechos, la citación a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 09 de diciembre de 2018, no fue comunicada oportunamente a todos los miembros de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, y el tema a tratar no fue comunicado sino hasta el momento de iniciada la Asamblea Extraordinaria, momento en el cual se impidió al Presidente de ese entonces, don nombre reservado para que presidiera la referida asamblea, comunicándole además en ese momento de una carta acusatoria. Tal circunstancia es absolutamente arbitraria y contraria a los propios estatutos de la comunidad, toda vez que el artículo 9 letra a) señala que "para remover a algún Director. En este caso, /a propuesta de remoción debe ser realizada por a lo menos 5 comuneros". Como se ve, la citación a Asamblea Extraordinaria, se realizó sin que se comunicara el motivo de la misma, sin que existiera propuesta de remoción, infringiendo de manera grave la norma de los estatutos antes señalada, lo cual no se ajusta a lo realizado el día 09 de diciembre de 2018.- II) DECISION DE REMOCION: Conforme a todo lo ya expuesto, la decisión de remover del cargo de Presidente a don nombre reservado, es absolutamente ilegal porque se desajusta a todos los parámetros estatutarios de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, la cual, para efectos de remover a un miembro del Directorio, debe primero existir una propuesta de remoción, la cual debe ser realizada, a lo menos, por 5 comuneros, requisito expresamente establecido en el artículo 9 letra a) de los estatutos. Finalmente, la decisión de remover de su cargo a don nombre reservado, se realizó mediante votación de los comuneros asistentes a la Asamblea Extraordinaria, sin que se diera la oportunidad de escuchar los descargos de don nombre reservado, sino que lisa y llanamente, imponiéndose los términos de una carta que no reúne ni siquiera los requisitos de la norma de los estatutos señalada anteriormente.- III) INEXISTENCIA DE UN DEBIDO PROCESO: Ya se ha dicho que la decisión de remoción del cargo de Presidente de don nombre reservado solo se realizó mediante una votación de los comuneros asistentes a la Asamblea Extraordinaria del día 09 de diciembre del presente año. Si bien es cierto, tal Sesión Extraordinaria acordó conocer el contenido de la carta que imputaba hechos graves a don nombre reservado en su calidad de Presidente del Directorio, en definitiva esta Sesión se transformó derechamente en un tribunal, cuya resolución fue la expulsión del Presidente del Directorio, situación extremadamente grave que no debió ocurrir, toda vez que el propio estatuto de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, no establece ningún procedimiento que permita investigar, formular cargos, recibir descargos y en definitiva, resolver la remoción o no de un miembro del Directorio, por lo que tal asunto, en silencio de los estatutos, debe ajustarse a lo señalado en la ley, que para el caso concreto corresponde a lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil, el cual fue modificado por la la Ley. 20.500.-, que establece "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.".- Expresa además la disciplina de los integrantes de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, y en especial en lo tocante a desvinculación, separación, expulsión, o como se quiera llamar al alejamiento forzado de uno de sus miembros del Directorio, debe ajustarse a un procedimiento racional y justo, que en el presente caso no ha ocurrido y por lo tanto debe entenderse que la remoción de don nombre reservado, corresponde a un acto totalmente arbitrario e ilegal, promovido solo por un número minoritario de personas, sin que se respetaran los derechos fundamentales de mi representado.- Cuarto: Que dicho recurrente termina solicitando que en definitiva, se restablezca el imperio del Derecho amparando a su representado en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales de no ser juzgado por comisiones especiales, además de verse afectada la igualdad ante la ley, puesto que una comisión especial, no conformada legalmente, ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario de apartar indebidamente y sin un debido proceso ni derecho a defensa a don nombre reservado, afectando sus derechos como miembro del Directorio de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, todo ello con expresa condenación en costas, por cuanto se ha atropellado gravemente su dignidad como persona, y si se estimare procedente y de la misma forma, declarar que dicho Directorio, deberá ceñirse a la legalidad vigente en su funcionamiento futuro.- Quinto: Que la recurrida, evacuando el respectivo informe, expresa que no son efectivas las imputaciones que el recurrente atribuye a sus representados, en cuanto a que sean responsables de realizar actos ilegales y arbitrarios tendientes a conculcar, perturbar, amenazar o privar las garantías constitucionales previstas en los numerales 3, 2, 12 y 15 del artículo 19 de la Constitución Política de La República y su artículo 20, específicamente, el derecho a un debido proceso, a la igualdad ante la ley, libertad de expresión y libertad de asociación. Sustenta esta afirmación en los argumentos de hecho y derecho que pasa a enunciar y posteriormente desarrollar con más detalle:

A. La entidad recurrida corresponde a un grupo intermedio denominado Comunidad Agrícola, creado y reconocido por el DFL N° 5 de 1968 del Ministerio de Agricultura, ley que permite a su asamblea de comuneros remover a sus directores de manera autónoma, actuando como primera autoridad en la organización. Potestad que se encuentra refrendada también por los estatutos comunitarios.

B. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo la asamblea de comuneros potestad suficiente para remover a cualquier director, el actuar de la asamblea tiene su origen en un requerimiento de la Junta de Vigilancia de Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, institución que también tiene su origen en la norma invocada, así como en los propios estatutos de mi representada.

C. El recurrente equivoca la vía procesal a través de la cual pretende enervar la decisión de la asamblea general de comuneros, pues no es la acción de protección la vía idónea, toda vez que la ley 18.593 que crea los Tribunales Electorales Regionales otorga competencia específica a este órgano jurisdiccional.

D. El análisis de la gravedad de las imputaciones tenidas en cuenta por la asamblea de comuneros para decidir la remoción del director constituye una cuestión de lato conocimiento que excede las materias y tramitaciones propias de un recurso de protección.

E. Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, S.S Iltma. debe tener presente que el recurrente presentó su renuncia al cargo de director en la misma asamblea que determinó su remoción.

En cuanto al desarrollo de los argumentos que sustentan dicho informe, la recurrida expresa:

1. La Comunidad Agrícola fue creada y reconocida por el DFL N°5 de 1968 del Ministerio de Agricultura y la potestad de remoción de los directores es otorgada a la asamblea de comuneros. Precisa que corresponde a la asamblea general de comuneros la facultad exclusiva de remover a los directores en ejercicio según se desprende del tenor literal del artículo 16 de la ley del ramo, que indica "Artículo 16° La Junta General de comuneros es la primera autoridad de la Comunidad Agrícola y sus acuerdos obligan a todos los comuneros, siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida en el respectivo estatuto y no fueren contrarios a las leyes o reglamentos". Añade que por su parte el mismo cuerpo legal mandata en su artículo numero 1 inciso 4°: "Los directores podrán ser removidos por acuerdo de la Junta General adoptado con el voto favorable de dos tercios de los asistentes o por resolución del Tribunal, dictada a petición de cualquier comunero". Precisa que en concordancia con la normativa aplicable al caso los estatutos de su representada en su artículo 9° permiten a la Junta General de Comuneros la remoción de un director por voto favorable de los dos tercios de los asistentes. Enfatiza que son efectivos los hechos narrados por el recurrente en su acción de protección, solo en cuanto, este fue removido de su cargo por la asamblea general de comuneros celebrada en la sede comunitaria con fecha 9 de diciembre 2018, a la cual concurrieron 56 comuneros de los cuales 50 se encontraban habilitados para votar, de un universo total de 95 comuneros y la señalada asamblea general, convocada con el objeto exclusivo de discutir la remoción del recurrente del cargo de director y por ende de presidente, decidió removerlo de su cargo por 44 votos a favor de la cesación en el cargo contra 6 votos en contra de su destitución, lo cual consta del acta de la comisión electoral de fecha 9 de diciembre de 2018, conformada por los comuneros nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, acta que se encuentra protocolizada en la Notaria de La Serena servida por don nombre reservado con fecha 13 de diciembre de 2018, bajo el número 328 en el registro de instrumentos públicos y anotado en el repertorio con el número 9350.

2.- El actuar de la asamblea fue motivado por requerimiento de 24 comuneros a la Junta de Vigilancia de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca. Precisa que son efectivas las razones para requerir la remoción, esgrimidas por 1a Junta de Vigilancia a la asamblea de comuneros, las cuales constan de la misiva de fecha 30 de noviembre de 2018, que el recurrente transcribe de manera íntegra en su acción de protección. Sin embargo, es necesario aclarar que la referida misiva es enviada a la junta de vigilancia por 24 comuneros en ejercicio. Al respecto se debe tener presente que los estatutos en su artículo 9 letra a) establecen como mínimo una solicitud de 5 comuneros para que la solicitud de remoción pueda ser discutida en asamblea general. Añade que por su parte el artículo 28 de los estatutos comunitarios otorgan a la junta de vigilancia las facultades suficientes para velar por el cumplimiento de los estatutos y preservar la integridad patrimonial de la comunidad. Señala que advirtiendo esta entidad que ambos aspectos se encontraban amenazados por el actuar del demandante solicitó a los restantes miembros del directorio convocar a la asamblea general de comuneros que se celebró con fecha 9 de diciembre de 2018, en la que se acordó remover al recurrente de su cargo por 44 votos contra 6. Manifiesta que de las graves actuaciones y omisiones del actor derivaron, sendos perjuicios patrimoniales directos para su representado, como la paralización de la venta de áridos que es su principal fuente ingreso, gastos excesivos en viáticos, multas laborales por un actuar desprolijo ante la entidad fiscalizadora e impedir el ejercicio de labores de otros directores, entre otros actos, que motivaron su destitución y la calificación y análisis de estas imputaciones excede lo propio de una acción de protección y obedecería a una tramitación de lato conocimiento.

3. La competencia específica para conocer este tipo de controversias es otorgada por la ley 18.593 a los Tribunales Electorales Regionales. Señala que el recurrente equivoca la acción por la cual pretende impugnar su destitución, pues a todas luces no es el recurso de protección la vía idónea para ello, puesto que, actuando la asamblea general de comuneros en el marco de lo previsto en el DFL N° 5 de 1968 y de sus propios estatutos ha obrado dentro de su marco jurídico, por lo que si lo pretendido por el recurrente es enervar la decisión de la asamblea señalada correspondía recurrir a un órgano jurisdiccional distinto, con competencia específica para este tipo de controversias, para ello la ley 18.593 ha entregado competencia en estas materias al Tribunal Electoral Regional de Coquimbo, que en virtud del artículo 10 de la citada norma posee competencia suficiente, citándola en forma textual:

"Corresponde a los Tribunales Electorales Regionales: Conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios. En el caso de los grupos intermedios no comprendidos en el número 1° de este artículo, la reclamación deberá ser formulada por, a lo menos, diez de sus miembros".

Agrega que a este respecto se debe tener presente que dicho tribunal se ha pronunciado anteriormente respecto de elecciones y remociones de integrantes de directorios de comunidades agrícolas como consta del fallo de fecha 2 de diciembre de 2015 pronunciado en autos rol 11.809/ 2015, que zanja la controversia suscitada en la remoción de directores acaecida en Comunidad Agrícola Punitaqui.

4. Existe renuncia voluntaria al cargo directivo que detentaba el recurrente. Señala que por último se debe considerar que tal como reconoce el recurrente en su libelo y según se desprende de su carta acompañada al presente informe, don nombre reservado con fecha 9 de diciembre de 2018, presentó su renuncia al cargo ante la asamblea general de comuneros dejando copia firmada de la misma y remitiendo otra copia a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo. Precisa que teniendo presente la teoría de los actos propios, resulta evidente que la acción de protección pretendida carece de todo sustento por cuanto el mismo recurrente ha abandonado el cargo que detentaba, resultando, a la luz de hechos, insostenibles las conculcaciones a las garantías constitucionales que arguye.

Sexto: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que “ El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación , perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…,…podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones, respectiva, la que adoptara de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Séptimo: Que el artículo 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Octavo: Que a su vez, el inciso segundo del artículo 5° del Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales , dispone que la Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación.

Noveno: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de cautela destinada a resguardar el ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, a través de medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho, y garantizar la protección al afectado que ha sido objeto de un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva , perturba o amenaza dicho ejercicio.

Décimo: Que por lo tanto, es requisito indispensable del recurso de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en cuanto se vulnera un precepto normativo obligatorio, aplicable al caso concreto, de manera que el actuar u omitir es ilegal, cuando basándose en algún poder jurídico que se detenta, se extralimita en su ejercicio; o bien arbitrario, vale decir, derivado del mero capricho , de modo que la arbitrariedad indica ausencia de razonabilidad en la actuación u omisión. Pero además se requiere que el acto u omisión ilegal o arbitrario, afecte a las garantías resguardadas con el referido recurso de protección.

Undécimo: Que según se desprende del recurso de protección, se pretende impugnar la remoción del recurrente de su calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, como así también la elección de nuevo presidente de la misma.

Décimo Segundo: Que si el recurrente pretende impugnar la elección de nuevo Presidente de la referida comunidad, debió recurrir a los Tribunales Electorales, ya que según el numeral 2° del artículo 10 de la Ley N°18.593, le corresponde a los Tribunales Electorales conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios, de manera que mal pudo recurrir de protección, puesto que no es la vía idónea al efecto, procediendo su rechazo desde ya, en cuanto se pretende impugnar la elección de nuevo presidente, por lo que corresponde enseguida sólo entrar al fondo del amparo constitucional en lo concerniente a la remoción del accionante de su calidad de Presidente de la Comunidad Quebrada de Talca.

Décimo Tercero: Que siguiendo el orden indicado por el recurrente, en cuanto al derecho invocado contemplado en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, esto es, “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, cabe señalar que se está en presencia de una comisión especial, cuando una persona es juzgada por un tribunal establecido por una fuente distinta a una ley o por un tribunal establecido con posterioridad a la de un determinado hecho, de lo contrario no cabe considerarlo como una comisión especial, siendo del caso precisar que no se puede tampoco calificar como comisión especial, a un tribunal que no pertenezca al Poder Judicial, ya que perfectamente puede tratarse de un tribunal que ejerza jurisdicción que ha sido creado por el legislador para funcionar al interior de otros poderes del estado, siempre y cuando no tengan atribuciones que están reservadas por ley al Poder Judicial.

Décimo Cuarto: Que el artículo 16 del DFL N° 5 de 1968, del Ministerio de Agricultura, establece que “La Junta General de Comuneros es la primera autoridad de la Comunidad Agrícola y sus acuerdos obligan a todos los comuneros, siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida en el respectivo estatuto y no fueren contrarios a las leyes o reglamentos”, agregando el artículo 17 que “Los directores podrán ser removidos por acuerdo de la Junta General adoptado con el voto favorable de dos tercios de los asistentes o por resolución del Tribunal, dictada a petición de cualquier comunero”.

Décimo Quinto: Que a su vez, el artículo 9 de los Estatutos de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, dispone que “Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes a la Junta General. Sin embargo se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los asistentes en los siguientes casos:”, entre ellos el contenido en la letra a), esto es “Para remover a algún Director. En este caso, la propuesta de remoción debe ser realizada por lo menos por 5 comuneros”.

Décimo Sexto: Que el recurrente enfatiza en que luego de asumir el cargo de Presidente de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, comenzó a percatarse de un serie de irregularidades en cuanto al funcionamiento de la anterior administración, debiendo tomar decisiones con el fin de resguardar los bienes e intereses de la Comunidad Agrícola, sin embargo no precisa ni especifica en su recurso cuales eran las irregularidades de las cuales se percató.

Décimo Séptimo: Que según consta de la misiva de fecha 30 de noviembre de 2018, dirigida a la Junta de Vigilancia de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, fueron 21 comuneros quienes solicitaron la remoción del Presidente don nombre reservado.

Décimo Octavo: Que a su vez, del Acta de la Comisión Electoral de Remoción del Presidente en Junta General Extraordinaria de la Comunidad Quebrada de Talca de fecha 09 de diciembre de 2018, se desprende que concurrieron 56 comuneros, 6 de los cuales no pudieron votar porque sus poderes no estaban en regla, consignándose que se procedió a abrir la urna , sacándose los votos, arrojando como resultado 44 votos por la remoción y 6 votos en contra.

Décimo Noveno: Que como se pude apreciar, la propuesta de remoción fue realizada por 21 comuneros, siendo que bastaba que a los menos fueran 5, como así también la remoción fue con el voto favorable de más de los dos tercios de los asistentes.

Vigésimo: Que si bien el artículo 553 del Código Civil, establece que la potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados, acontece que en la especie prima la especialidad contemplada en el artículo 16 del DFL N°5 de 1968 del Ministerio de Agricultura, disposición que le atribuye facultades a la Junta General para la remoción de los directores, por lo demás la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, si bien modifico el referido artículo 553 del Código Civil, no contiene ninguna modificación al referido artículo 16 del DFL N°5.

Vigésimo Primero: Que en todo caso, si el recurrente pretende calificar a la Junta General de Comuneros, como una comisión especial, incurre en un equívoco, ya que dicha junta se encuentra establecida en el referido DFL N° 5 de 1968 con anterioridad a los hechos que motivan la remoción del mismo, por lo que en la especie no se ha vulnerado la garantía contemplada en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, resultando útil añadir que aún cuando además el recurrente invoca el debido proceso, contenido en el inciso sexto de dicho numeral, acontece que este último no se encuentra resguardado con el recurso de protección, atendido el claro tenor del artículo 20 de la Constitución Política de Chile, que se refiere en forma expresa a la garantía inserta en el inciso quinto del N°3 de dicha Carta Magna, la que si cuenta con reguardo proteccional.

Vigésimo Segundo: Que en cuanto al derecho invocado contemplado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, esto es “La igualdad ante la ley” , cabe señalar que dicha garantía trasunta el principio contenido en el inciso primero del artículo 1° de dicha carta fundamental, esto es de que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Vigésimo Tercero: Que por ende, la igualdad ante la ley tiene como sustento basal, la circunstancia de que las personas que se encuentran en una determinada situación análoga y neutral, deben tener el mismo régimen jurídico y por ende iguales derechos, sin que puedan ser discriminadas en virtud de diferencias arbitrarias.

Vigésimo Cuarto: Que no obstante, en la especie no existe el menor atisbo de que la recurrida haya incurrido en una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, habiendo actuado conforme a la normativa legal e interna que regula su marco de atribuciones, esto es, los artículos 16 y 17 del DFL N° 5 de 1968, del Ministerio de Agricultura y 9 de los Estatutos de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, de manera que no se ha violentado dicha igualdad ante la ley, por lo demás no consta que la recurrida haya actuado de manera diferente para casos análogos.

Vigésimo Quinto: Que en cuanto al derecho invocado contemplado en el N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, esto es “La libertad de emitir opinión”, cabe señalar que dicha garantía dice relación con la libertad de expresión, cuyo objetivo es permitir la exteriorización de pensamientos e ideas, sin embargo en la especie no se visualiza de que forma al recurrente se le ha impedido ejercer su libertad de emitir opinión y si se pretende por el accionante invocar dicho derecho, ya que según sostiene no se le dio la oportunidad de efectuar sus descargos, previo a su remoción, tal garantía resulta ajena a dicha circunstancia.

Vigésimo Sexto: Que en cuanto al derecho contemplado en el N° 15 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, esto es “El derecho de asociarse sin permiso previo”, cabe señalar que dicha garantía resguarda el derecho de cada persona de asociarse o no, sin que requiera una autorización previa, aunque prohibiéndose las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado, aconteciendo que en la especia tampoco se visualiza de qué forma se está impidiendo al recurrente de su derecho de asociarse, por lo demás al recurrente no se le ha privado de su calidad de integrante de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, ya que a pesar de su remoción como Presidente de dicha comunidad, mantiene su titularidad como socio, al margen de que mediante carta de fecha 9 de diciembre de 2018, presentó su renuncia provisoria a su cargo de Presidente de la comunidad en referencia.

Vigésimo Séptimo: Que en consecuencia, cabe rechazar el recurso de protección intentado por el recurrente, ya que en la remoción del recurrente de su calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola Quebrada de Talca, no consta de manera fehaciente la existencia de actos u omisiones arbitrarias e ilegales que hayan privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el recurrente considera como conculcados, no modificando en nada las conclusiones arribadas en esta sentencia la restante documentación acompañada.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección se declara que se RECHAZA el Recurso de Protección interpuesto por el abogado don Juan Pablo Castro Cortés en representación de don nombre reservado, sin costas por existir motivos plausibles.

Redacción del Fiscal Judicial, don nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol I. Corte N° 1425-2018.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal.

La Serena, veinte de febrero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.