Protección contra Resolución de multa Nº 1294/14/30-1

Correos de Chile Inspeccion Provincial del Trabajo de La nombre reservado

Recurso de Proteccion Rol Nº 1424-2014.- La nombre reservado, veintiuno de enero de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 14 comparece don Armando Miranda Contador, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, del giro de su nombre, con domicilio en domicilio reservado e interpone acción constitucional de protección en contra la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA nombre reservado, persona jurídica de derecho público, representada por su Jefa Provincial, doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Edificio de Servicios Públicos, oficina N° 200, La nombre reservado, con motivo de la Resolución Ordinaria N° 1560 de fecha diecisiete de noviembre del dos mil catorce que no dio curso a la reconsideración administrativa formulada por su representada en contra de la Resolución de multa Nº 1294/14/30-1, por estimar, erróneamente, que había sido deducida fuera de plazo.

Señala que la resolución Ord. Nº 1560 constituiría un acto arbitrario e ilegal que ha perturbado y privado del legítimo ejercicio de sus garantías fundamentales, toda vez que la recurrida cursó una resolución de multa, Nº 1294/14/30-1 la cual fue notificada el día veintitrés de Septiembre del año dos mil catorce y conforme lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, la recurrente presentó dentro de plazo, una petición de reconsideración administrativa el día cinco de Noviembre del dos mil catorce, esto es, dentro del plazo de 30 días hábiles, sin embargo mediante resolución Ord. Nº 1560 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce la recurrida no le dio curso a la reconsideración administrativa por estimar que se había presentado fuera del plazo legal, contabilizando los 30 días administrativos como corridos, decisión que le fue notificada por medio de carta certificada el día dieciocho de noviembre del dos mil catorce.

Expone que lo resuelto por la Inspección Provincial del Trabajo de La nombre reservado es ilegal, pues entiende un plazo de días corridos, en circunstancias que la correcta aplicación de la ley indica que el plazo es de días hábiles, denominados en el ámbito administrativo como "plazos administrativos" y que el artículo 512 del Código laboral no indica si es que el plazo en comento es de días hábiles o corridos, por lo que para buscar la solución es necesario recurrir a la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que en su artículo 25 establece que los plazos del procedimiento administrativo son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, lo que se encuentra en total y absoluta armonía con lo resuelto en forma sistemática por nuestros Tribunales Superiores de Justicia y cuya jurisprudencia reproduce.

Agrega que la correcta interpretación e integración de la Ley indica que el plazo para pedir que se reconsidere la multa, es de 30 días hábiles y no corridos como erróneamente lo entiende la recurrida, por lo que su actuar es una abierta acción ilegal, que vulnera garantías fundamentales de los administrados y que, además, también es arbitrario, pues no hay sustento fáctico ni jurídico valedero para resolver como lo hace la Inspección del Trabajo, más aún cuando la jurisprudencia judicial ha sido muy clara y tajante al respecto, afectándose las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, en particular la consagrada en el artículo 19 Nº2, la igualdad ante la ley, al imponer una forma de cómputo del plazo que no es la que previó el legislador, siendo la normativa legal es igual para todas las personas, cualquiera sea su calidad, lo que no se ha respetado y la del artículo 19 Nº3 inciso 5, el debido proceso, pues forma parte integrante del mismo el que se respeten los plazos legales para ejercer determinadas defensas o prerrogativas, privándolo de una defensa jurídica pertinente, desconociendo la recurrida los plazos legales previstos al efecto.

Concluye solicitando acoger la presente acción de protección y ordenar a la recurrida que tenga por interpuesta la petición de reclamación y que la admita a tramitación regular, declarando que la recurrida debe dejar sin efecto la Resolución Ordinaria Nº 1560 de diecisiete de Noviembre del año dos mil catorce, y admitir a tramitación la petición de reconsideración planteada por la EMPRESA DE CORREOS DE CHILE respecto de la Resolución Nº 1294/14/30-1 de fecha 23 de Septiembre del año 2014, por haberlo efectuado dentro del plazo legal; con expresa condena en costas.

Acompaña documentos con su acción, consistentes en copia de la resolución de multa Nº 1294/14/30-1, Copia de la presentación efectuada por la recurrente de reconsideración, de cinco de Noviembre del dos mil catorce, copia de la resolución ordinaria Nº 1560 de diecisiete de Noviembre del dos mil catorce, acta de notificación de multa n° 1294/1/30-1 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce y mandato.

A fojas 46 evacua informe doña Claudia Pinto Robles, abogada, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso en todas sus partes, con costas.

Indica que el día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, en el marco de la fiscalización don nombre reservado, fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de La nombre reservado notificó a la Empresa Correos de Chile la multa administrativa Nº 1294/2014/30-1, por el monto de 40 U.T.M., la cual fue cursada, en términos generales, por no pagar horas extraordinarias respecto del trabajador indicado en la misma resolución y que, con fecha 05.11.2014 el recurrente solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada, adjuntando al formulario respectivo una nota con los descargos de la empresa en relación a las multas cursadas y un mandato judicial al efecto.

Expone que habiéndose verificado que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, la Inspectora Provincial del Trabajo de La nombre reservado mediante Ordinario Nº 1560 de diecisiete de noviembre de dos mil catorce informó a la empresa que no se admitiría a tramitación tal solicitud por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que la solicitud no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

En cuanto al derecho sostiene que la Carta Fundamental consagró en los artículos 6 y 7 el Principio de Juridicidad en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho y que, en la especie, la actuación de la Sra. nombre reservado, se ha efectuado de acuerdo a las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento del mandato legal para el cual fue investida, actuando en todo momento dentro de la legalidad y conforme a las facultades que le han entregado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, artículo que no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza, corresponde en primer término, recurrir a las restantes disposiciones del Código del Trabajo cuyo artículo 435 del Código del Trabajo establece en su inciso 1º que los plazos establecidos en el Libro V son fatales, con excepción de aquéllos establecidos para la realización de las actuaciones propias del tribunal, cualquiera sea la forma en que se expresen y que, en consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue, por el solo ministerio de la ley, con el vencimiento del plazo y que los términos de días que establece el Título I del Libro V se entenderán suspendidos durante los días feriados, siendo inaplicable la norma del artículo 435 por cuanto se refiere expresamente al Título I del Libro V y no al Título Final que es donde se encuentra regulada la solicitud de reconsideración administrativa en el artículo 512.

Agrega que el artículo 312 del Código del Trabajo, referido a los plazos de la negociación colectiva, señala expresamente que cuando un plazo de días establecido en el Libro IV venciere en día sábado, domingo o festivo, se entiende prorrogado hasta el día siguiente hábil, la que tampoco es aplicable al caso, dado que se refiere únicamente a plazos de días del Libro IV relativos a la negociación colectiva.

Razona precisando que, para determinar si el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es un plazo de días hábiles o corridos, y no siendo aplicables al caso las disposiciones de los artículos 435 y 312 como ya se ha señalado, resulta procedente aplicar las normas supletorias del derecho común establecidas en el Código Civil, en especial lo dispuesto en el artículo 50 de dicho cuerpo legal que señala que por regla general los plazos comprenden los días feriados, a menos que expresamente se señale que se trata de días útiles y dado que el artículo 512 no señala que se trata de días hábiles, debe entenderse que se trata de días corridos, lo que se encuentra en armonía con la disposición del artículo 503 del Código del Trabajo, pues en esta última norma, establecida fuera del Título I y referida al plazo para interponer la reclamación judicial respecto de la aplicación de una multa por parte de este Servicio, el legislador estableció expresamente que se trata de días hábiles y que similar situación se produce en el artículo 508, norma ubicada en el mismo Título que el artículo 512, referida a la notificación por carta certificada y en la que el legislador señala expresamente que se trata de un plazo de días hábiles, de lo que deriva que, según la interpretación armónica de las disposiciones citadas, cuando el legislador laboral ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha señalado expresamente y que cuando nada ha dicho debe entenderse que se trata de un plazo de días corridos, citando jurisprudencia sobre la materia.

Sostiene la inaplicabilidad del artículo 25 de la ley 19.880 por existir norma legal expresa y especial que regula la presentación de solicitudes de reconsideración administrativa ya que tiene el carácter de supletoria y que resulta ajena a la realidad y principio laborales, criterio que la Dirección del Trabajo ha aplicado a este caso, entendiendo que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y por ello no se suspende los días sábado, domingo o festivos, interpretación que también la Contraloría General de la República ha adoptado mediante Dictamen de 20.11.2009, cuyos dictámenes son vinculantes para la Dirección del Trabajo, de modo que, su falta de aplicación significa tanto el incumplimiento de lo allí resuelto como la transgresión del artículo 99 de la ley 19.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, actuaciones ambas que pueden hacer incurrir a la autoridad administrativa renuente a su acatamiento en responsabilidad administrativa.

Señala que, por lo expuesto, en caso alguno la decisión de la Sra. nombre reservado obedeció a un acto arbitrario, infundado, carente de razonabilidad o caprichoso sino que su actuación es sólo producto de la facultad que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo, tanto en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional como respecto del ejercicio de la facultad establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los procedimientos, doctrina de este Servicio y de la Contraloría General de la República y que, de igual manera no se ha vulnerado garantía alguna, por haber aplicado la ley e interpretado para en igual sentido respecto de todos los administrados.

Adiciona que todas las actuaciones de ese Servicio son esencialmente revisables y revocables por los Tribunales de Justicia a través de las acciones judiciales respectivas, por lo que tampoco se ha impedido al recurrente ocurrir ante el Tribunal competente ni se ha vulnerado su derecho a defensa, por lo que la presente acción no puede prosperar, solicitando su rechazo, con costas.

Acompaña con su informe Resolución de multa Nº 1294/2014/30-1 y acta de notificación, formulario de reconsideración de multa de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, Ordinario Nº 1560 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce y guía de despacho, Sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce y Dictámenes de la Contraloría General de la República.

A fojas 51 se traen los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala y permite a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados- privados, amenazados o perturbados- por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas.

Que, siguiendo lo antes expuesto, es supuesto forzoso de acogimiento de la acción cautelar de protección, la comprobación de la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

2º Que, la controversia planteada estriba en determinar si el plazo de treinta días para presentar reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles.

3° Que, la solicitud de reconsideración en cuestión se ha presentado en la etapa administrativa del procedimiento de reclamación por lo que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la misma ley, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Este, por lo demás, es el criterio que ha establecido nuestro máximo tribunal en causa rol 12637-2011.

4° Que, a partir de lo anterior, cabe entender que la reconsideración planteada por la recurrente con fecha cinco de Noviembre del dos mil catorce fue presentada dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación de la multa en cuestión, lo que ocurrió el día veintitrés de Septiembre del año dos mil catorce, lo que se desprende del documento que rola a fojas 1, siendo un punto no controvertido por las partes.

5° Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, quebrantando así la garantía del debido proceso consagrada en la Carta Fundamental. En efecto, que al interpretar la recurrida el artículo 512 del Código del Trabajo en la forma en que lo hizo, esto es, decidir que se trata de un plazo de días corridos y no de días hábiles, lo que le llevó a estimar extemporánea la reconsideración planteada por la recurrente no ha respetado el procedimiento previsto por el legislador para resolver las solicitudes de reconsideración de las multas administrativas impuestas por funcionarios del servicio por lo que la resolución atacada aparece adoptada por una comisión especial, violentando así el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

6° Que, por último, no se vislumbra violación, perturbación o amenaza a la garantía de igualdad ante la ley toda vez que no se acreditó que la recurrida haya hecho diferencias arbitrarias entre sujetos sometidos a la misma situación.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 14, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° N° 1560 de fecha diecisiete de noviembre del dos mil catorce dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de La nombre reservado, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente el cinco de noviembre de dos mil catorce, respecto de la Resolución de multa Nº 1294/14/30-1 de veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del Ministro señor Christian Le-Cerf Raby.-.

ROL N° 1424-2014.-.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La nombre reservado, integrada por los Ministros señor Jaime Franco Ugarte, Christian Le-Cerf Raby y el abogado integrante señor Carlos del Río Ferretti. No firma el señor del nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

nombre reservado

Secretaria (S)

La nombre reservado, veintiuno de enero de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.