nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol n° 1422-2024 La Serena, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, el 20 de agosto de 2024, comparece nombre reservado, chilena, divorciada, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, en su calidad de Superintendenta de Seguridad Social, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución exenta N° R-01-UME-56956-2024 de 05 de abril de 2024, que rechaza las licencias médicas N°s 92776131-9, RUT reservado, 96358694-9, y en contra de la Resolución exenta N° R-01-DC-114800-2024 de 22 de julio de 2024 que rechaza las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100795810-9, 101848586-5, lo que manifiesta vulnera sus garantías constitucionales, dispuestas en el artículo 19 N°s 1º, 2°, 9º, 24° y 26° de la Constitución Política del Estado.

Funda su recurso indicando que en octubre de 2023 fue diagnosticada con depresión, presentando problemas para conciliar el sueño, lo que acarreaba dolores de cabeza y permanente sensación de cansancio, motivo por el cual le extendieron licencias medidas, las que se mantienen hasta la fecha, por persistir los síntomas.

Refiere que entre octubre de 2023 y abril de 2024 se extendieron diez licencias médicas, las que fueron rechazadas, apelando de dicha decisión ante Compin, y confirmada dicha decisión por la Superintendencia de Seguridad Social.

Agrega que el fundamento del rechazo de las licencias médicas que ha sostenido la autoridad administrativa consiste en que "licencias no se encontraban justificados”, pese a que ni Fonasa ni el compin, realizaron ningún tipo de peritaje psicológico ni psiquiátrico para efectos de establecer la veracidad de su situación mental, como comúnmente se realiza.

Conforme a lo anterior el rechazo en cuestión es evidentemente abusivo e ilegal, al carecer de una adecuada fundamentación, agravando su situación emocional.

En cuanto a los fundamentos de derecho indica que se atenta contra las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1º, 2, 9º, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que se ha visto afectada su integridad física y psíquica, de igual forma su libre acceso a una acción de promoción de la salud y el derecho de propiedad sobre sus ingresos mensuales.

Previa citas legales pide tener por presentado recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ya individualizada y se acoja el mismo, dejando sin efecto la resolución recurrida y en consecuencia se autorice y ordene el pago de las licencias médicas rechazadas, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1. Copia de dictamen R-30189-2024, Resolución exenta N° R-01-UME-56956-2024 de 05 de abril de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social. 2. Copia de dictamen R-86868-2024, Resolución exenta N° R-01-DC-114800-2024 de 22 de julio de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social. 3. Copia con 3 informes Médicos. 4. Copia de 11 licencias médicas.

SEGUNDO: Que a folio 9, el 24 de septiembre de2024, comparece nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, menciona que consta el expediente administrativo se constata que la recurrente el 28 de febrero de 2024 presentó reclamo contra la resolución de COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 92776131-9, RUT reservado y 96358694-9, extendidas por un total de 40 días a contar del 11 de octubre de 2023, por reposo no justificado.

Añade que mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-56956-2024, de 5 de abril de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 92776131-9, RUT reservado, 96358694-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 92776131-9, RUT reservado, 96358694-9, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Señala que consta igualmente en expediente administrativo que la interesada el día 27 de mayo de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100795810-9 y 101848586-5, extendidas por un total de 147 días a contar del 21 de diciembre de 2023, por reposo no justificado, petición que fue contestada por medio de Resolución Exenta Nº R-01-DC-114800-2024, de 22 de julio de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, mi representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100795810-9, 101848586-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 145 días discontinuos se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación.

Que se describe la aplicación de un plan de tratamiento adecuado, asociando un plan de reposo médico acorde a las necesidades terapéuticas.

Que, en suma, el tiempo de reposo ya autorizado se considera suficiente para el inicio del plan de tratamiento farmacológico, realizar ajustes al mismo y lograr respuesta clínica, así como para realizar un tratamiento psicológico enfocado en el enfrentamiento o aceptación, a fin de permitir el reintegro laboral”.

En cuanto al marco legal regular indica que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y que el actuar Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, por lo que el presente recurso desborda los límites de la acción de protección, no existiendo respecto de la recurrente un derecho preexistente e indubitado.

Agrega que dos profesionales del servicio evacuaron informe relación a la Sra. nombre reservado, el primero nombre reservado, quien el 05 de abril de 2024, concluyó “Se sugiere rechazar Se trata de paciente con reposo ya autorizado de 120 días, ahora reclama por 40 dado por MGs al parecer particulares IMT no describe tratamiento, ajustes al mismo o síntomas/disfuncionalidad”; y el segundo nombre reservado, quien concluyó el 19 de julio de 2024: “ Cuadro ansioso depresivo leve, sin descripción de interferencias funcionales significativas por salud mental que contraindiquen el reintegro laboral Estresores psicosociales no modificables con reposo médico. plan de tto adecuado y suficiente. Debe priorizarse la exposición a fin de no facilitar la cronificación de síntomas ansioso depresivos. Reposo prolongado tendría este efecto negativo. Completó tiempos suficientes de reposo con el ya autorizado Sin fundamento psicopatológico ni funcional para justificar la mantención del reposo médico por causa de salud mental no acoge”.

De esta forma, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo”

Conforme a lo anterior concluye que los dictámenes impugnados por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas resoluciones y que cumplen con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880.

Respecto de la vulneración de garantías constitucionales indica que no se han vulnerado, no siquiera amenazado su derecho a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Lo anterior por cuanto Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, no se le ha impedido consultar con su médico tratante y ha podido aplicar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud.

En cuanto al derecho de propiedad indica que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución exenta N° R-01-UME-56956-2024 de 05 de abril de 2024, que rechaza las licencias médicas N°s 92776131-9, RUT reservado, 96358694-9, y en contra de la Resolución exenta N° R-01-DC-114800-2024 de 22 de julio de 2024, que rechaza las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100795810-9, 101848586-5.

SÉPTIMO: Que, para el análisis del rechazo del pago de las licencias, es preciso indicar que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene en su artículo primero que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)”

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estas sentenciadoras, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida es escueta y no logra, a juicio de esta Corte, informar a la actora de los motivos del rechazo. En efecto, tal actuar deja al paciente en una situación compleja, pues debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que -aunque aparezcan los actos recurridos en un primer momento como fundados- dicha fundamentación de rechazo al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución que logren desvirtuar las recomendaciones médicas que las precedieron, carece de sustento fáctico, por lo cual no cumple con el estándar legal de fundamentación, deviniendo así en un acto infundado y en consecuencia arbitrario.

NOVENO: Que este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.-Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II.- Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la Resolución exenta N° R-01-UME-56956-2024 de 05 de abril de 2024, que mantuvo el rechazo las licencias médicas N°s 92776131-9, RUT reservado, 96358694-9, y la Resolución exenta N° R-01-DC-114800-2024 de 22 de julio de 2024, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 100795810-9, 101848586-5, por reposo no justificado, debiendo procederse por la recurrida a efectuar un peritaje a la actora, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de aquellas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos, desde que esta sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento que, de no cumplir lo ordenado dentro del plazo indicado, deberá la recurrida proceder a autorizar y disponer el pago de las licencias indicadas, de plano y sin más trámite.

Acordada con la prevención efectuada por la Ministra (S) Sra. María José Hernández Soto, quien concurre a la decisión, sin compartir lo dispuesto en la última parte de lo resolutivo indicado en punto II, en cuanto a hacer efectivo apercibimiento de pago en caso de no cumplir lo ordenado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1422-2024 Protección.-