nombre reservado con ASOCIACION GREMIAL DE PESCADORES Y BUZOS DE PEÑUELAS IV REGION

nombre reservado

Asociación de Pescadores y Buzos de Peñuelas IV Región Recurso de Protección Rol Nº 142-2022.- La Serena, veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha tres de febrero del corriente comparece el abogado don DUSAN PAPIC RECABARREN, en favor de don nombre reservado, pescador, interponiendo acción de protección en contra de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES Y BUZOS DE PEÑUELAS, RUT RUT reservado, representada convencionalmente por su presidente, don nombre reservado, RUN RUT reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado.

Señala que don nombre reservado es socio de la Asociación Gremial de Pescadores y Buzos de Peñuelas, desde el año 1992, y se ha dedicado la mayor parte de su vida a ejercer el oficio de pescador, en la bahía de Coquimbo, en la cual extrae productos del mar, tales como la macha, y que el día 8 de abril de 2020, don nombre reservado, en su calidad de presidente de la Asociación, comunicó al cautelado, mediante una carta, que, a raíz de imputaciones tales como: 1) denuncias por delito de apropiación indebida; 2) irregularidades financieras contables; y 3) nula transparencia respecto al manejo de los dineros de la asociación; el día 7 de abril de 2020, en dependencias de la Asociación, se reunió la Comisión de Disciplina y determinó aplicar las siguientes sanciones: A) ser alejado de todo beneficio que pueda recibir o adquirir de la Asociación; B) no tener opción de reingreso como calidad de socio activo. Lo anterior, refiere la Asociación, por haber su representado infringido los artículos 27 letra b), esto es, fiscalizar la marcha de la Institución; c), esto es, cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Directorio y de las Asambleas Generales y las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos; d) firmar, conjuntamente con el Tesorero, los cheques, pagarés, letras de cambio y otros efectos de comercio, en representación de la Institución, los balances y, en general, todos los documentos relacionados con el movimiento de fondos de la Asociación Gremial; y el artículo 13 letra c), esto es, haber cometido delitos relacionados con los fondos a los bienes sociales, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que corresponda.

Refiere que su representado niega todas los delitos e infracciones al estatuto que se le imputan y que, a la fecha, no ha sido investigado, ni formalizado, sometido a proceso ni se ha dictado sentencia definitiva firme o ejecutoriada que tenga por acreditado algún delito y aplique sanciones penales. Es más, la Asociación Gremial fue sancionada por estas irregularidades, por la SEREMI de Economía, quien aplicó la multa respectiva.

Hace presente que el estatuto de la Asociación no contempla las sanciones que se le han impuesto a su representado y tampoco se encuentra estatuariamente conformado el órgano Comisión Disciplinaria.

Por otra parte, su representado ha intentado reiteradas veces pagar sus cuotas, pero el tesorero se niega a recibir los pagos, debido a “haber sido expulsado o suspendidos sus derechos”. Lo anterior, ha sido refrendado mediante el Oficio Ordinario 4.313, de fecha 24 de junio de 2020, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

En este sentido, la asociación gremial, por intermedio de sus dirigentes, ha conculcado, los siguientes derechos constitucionales:

1) El derecho contemplado en el artículo 19 n° 1, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Esto por cuanto durante 2 años su representado ha sido sometido, injustamente, a sanciones no contempladas en el estatuto prohibiéndole ejercer su oficio, lo que claramente le ha provocado un deterioro en su salud.

2) El estatuto, que nace de un acto jurídico que reúne las voluntades de distintas personas, es una ley para los asociados, al tenor del artículo 1.545 del Código Civil. En este sentido, a su representado no se le ha tratado como un igual, en su calidad de asociado, toda vez que se le han aplicado sanciones ilegítimas, de acuerdo al estatuto, lo que determina que se ha vulnerado el artículo 19 n° 3 inciso 1° de la Constitución;

3) Se ha conculcado el derecho contemplado en el artículo 19 n° 3 inciso 5 de la Constitución, toda vez que la directiva de la asociación ha actuado como comisión especial, imputando un delito, investigando y sancionando punitivamente, sin haber sido su representado sometido a un juicio penal, legalmente tramitado.

4) Se ha conculcado el numeral 15° del artículo referido, esto es, el derecho de asociarse sin permiso previo, toda vez que se le ha privado de su calidad de socio sin cumplir con los requisitos estatutarios;

5) Lo expuesto en los numerales anteriores ha provocado que se vulnere el derecho fundamental contemplado en el numeral 16° del artículo referido, esto es, la libertad de trabajo y su protección, debido a que su representado se ha visto impedido, por casi 2 años, de ejercer la única actividad económica que le permitía sustentarse y a su familia, privándosele de ejercer su oficio.

En definitiva, solicita que, acogiendo el recurso, ordene a la recurrida cesar en los actos arbitrarios o ilegales en contra de su representado y resuelva que deben restituírsele su calidad de asociado y sus derechos estatutarios, por no haber sido legítimos y legales los apremios decretados por la recurrida en su contra, con costas.

Acompaña a su presentación: 1.- Ordinario n° 3542, de 26 de abril de 2019, emitida por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño; 2.- Carta de la Asociación Gremial, dirigida al recurrente, de fecha 8 de abril de 2020; 3.- Ordinario n° 4313, de fecha 24 de junio de 2020, emitido por la Subsecretaría referida; 4.-Ordinario n° 4532, de fecha 13 de julio de 2020, emitid por la Subsecretaría referida; 5.- Carta del recurrente a la directiva, de fecha 11 de septiembre de 2020; 6.- Carta del recurrente a la Unidad de Asociaciones Gremiales y de Consumidores, Subsecretaría de Economía, de fecha 1 de octubre de 2020; 7.- Ordinario n° 4881, de fecha 10 de octubre de 2020, emitido por la Subsecretaría referida; 8.- Ordinario n° 4409, de fecha 21 de diciembre de 2021; 9.- Estatuto de la Asociación Gremial.

SEGUNDO: Que con fecha dieciocho de marzo comparece evacuando informe por la recurrida el abogado don JORGE FERNANDO VILLAR GUTIÉRREZ, quien en primer lugar alega la extemporaneidad del recurso, ya que los hechos denunciados no hacen referencia a un hecho permanente en el tiempo, como pretende la contraria, sino que lo cuestionado es el pronunciamiento de órgano institucional que ha puesto en conocimiento a su asociado de una medida disciplinaria, que según los dichos de la propia actora, aconteció con fecha 8 de abril de 2020. Es decir, la presentación del recurso excede latamente los 30 días de plazo establecidos artículo primero del auto acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, señala que, una vez que asumió un nuevo directorio, éste le comenzó a solicitar al señor nombre reservado que diera cuenta documentada (en lo posible) de su gestión como presidente de la Asociación Gremial, en atención a que se detectaron una serie de irregularidades, la falta de fondos en las cuentas de la organización, y el no pago de cotizaciones previsionales de una trabajadora de la Asociación, entre otros.

Refiere que ante la negativa del señor nombre reservado a dar cuenta de su gestión, el directorio pasó los antecedentes al Comité de Disciplina, que es un órgano que sí tiene reconocimiento institucional, y que si bien no está en el Estatuto, está reconocido en el Reglamento Interno de la Asociación Gremial y su área de manejo de recursos bentónicos, órgano que definió que no procedía expulsarlo de la organización, pero que lo suspendía en sus derechos de socio, mientras no “solucione su problemática”, lo que implica que el señor nombre reservado se mantendrá en tal situación de suspensión de sus derechos de socio, hasta que decida dar cuenta de su gestión, incluso sin perjuicio de que dicha cuenta sea aprobada o no por el directorio o por la asamblea de socios.

Añade que no es efectivo que el gremio ha sido sancionado por la SEREMI de Economía, lo que además es imposible, toda vez que dicha repartición no tiene facultades sancionatorias respecto de las Asociaciones Gremiales. Quién sí tiene dichas facultades es la Unidad de Asociaciones Gremiales y consumidores del Ministerio de economía, Fomento y Turismo, órgano que sólo ha requerido información, sin establecer sanciones.

Arguye que tanto la sanción aplicada al Sr. nombre reservado, como el procedimiento, si bien no nacen de las disposiciones estatutarias que rigen el actuar institucional de nuestra asociación, lo hacen del “Reglamento nombre reservado de Manejo A.G. de Pescadores y Buzos de Peñuelas - IV Región, Caleta de Peñuelas”, que fue adoptado y entró en vigencia el día 5 de agosto de 2002 y se ha utilizado ininterrumpidamente desde esa fecha hasta el día de hoy. Dicho reglamento establece en su título V denominado “De la Comisión de Disciplina”, el artículo 12 que indica: “Esta comisión tendrá bajo su responsabilidad hacer cumplir fielmente sus estatutos y el presente reglamento de la organización, proponiendo sanciones a los infractores previa recopilación de los antecedentes necesarios para ser presentados al Directorio de la Organización”. Señalando en el inciso siguiente una serie de conductas que serán consideradas faltas. Por su parte el mismo reglamento en el artículo 13 señala las medidas disciplinarias a las que podrá ser compelido un socio: Entre las que se cuentan la amonestación verbal, multas en dinero, censura por escrito, suspensión de funciones y finalmente la expulsión de la asociación Gremial. Adicionalmente en el artículo 14, el reglamento instituye un procedimiento de apelación, que consiste en un recurso, para ante la asamblea que deberá ser interpuesto en el plazo de 5 días desde notificada la sanción.

En cuanto a las vulneraciones reclamadas, sostiene que, respecto a la garantía del N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no entrega elementos de juicio que puedan acreditar el grave detrimento de salud que alega, tampoco resulta razonablemente efectiva la circunstancia de que tal deterioro sea efectivo.

En cuanto a la garantía del N° 3, inciso primero, aduce que resulta lógicamente imposible que haya contravención en la causa de marras, pues ni a la asociación gremial ni a sus miembros, ni a sus órganos le corresponde aplicar ley alguna, ni tampoco entregar el amparo en virtud de ningún cuerpo normativo, resultando inadmisible extender la teoría del “contrato-ley” para las partes, no existiendo tampoco un trato desigual con el ciudadano vulnerado, ya que las normas, procedimientos y sanciones han procedido de sus normas ubicadas en los dos principales cuerpos normativos de la organización, que nacen de la autonomía de la voluntad de las partes: el estatuto y el reglamento de la organización.

En relación a la garantía del inciso quinto del mismo numeral, señala que el Directorio de la Asociación Gremial no ha actuado ni funcionado como Comisión especial ni como cuerpo que ejerza ningún grado de jurisdicción ni tampoco potestad punitiva alguna, lo que ha ocurrido es que al Directorio, en especial a su presidente y secretario, les ha correspondido comunicar una decisión de un órgano interno disciplinario que ha tomado una decisión, que es la suspensión de la calidad de socio activo, mientras el presidente saliente no rinda cuenta de su gestión, amparado en el Título V del “Reglamento nombre reservado de Manejo A.G. de Pescadores y Buzos de Peñuelas - IV Región, Caleta de Peñuelas”, como se ha dicho previamente, situación que depende de él mismo subsanar, simplemente rindiendo cuenta.

Respecto de la garantía del N° 15, manifiesta que la actora yerra el enfoque de la garantía invocada, ya que no se cuestiona alguna interferencia de alguna autoridad en su ejercicio, no habiendo perdido tampoco su calidad de socio, sino que solamente sus derechos como tal se encuentran suspendidos en tanto no proceda a cumplir con sus obligaciones estatutarias.

En tanto, estima que tampoco se ha vulnerado la garantía del N° 16, pues el caso en cuestión no tiene nada que ver con la libertad de trabajo, pues los miembros del gremio son sus socios y no sus trabajadores y ejercen la actividad de la pesca artesanal asociados a una caleta, pero por cuenta propia. Adicionalmente, nada impide a que ejerza sus actividades laborales en otra caleta, en otra organización gremial, vinculado a un sindicato de trabajadores independientes o simplemente por cuenta propia en virtud de su registro (o matrícula) de pescador artesanal Concluye que todas las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales esgrimidas por la parte actora, no son más que impresiones erróneas, basadas en suposiciones, omisiones, explicaciones a medias y supuestos hechos que no son efectivos y ninguno de los elementos que esgrimen para que sean tutelados tienen los elementos y entidad para que proceda la acción de protección de garantías constitucionales interpuesta.

Acompaña a su presentación: 1. Mandato Judicial de fecha 5 de agosto de 2020, otorgado ante el notario Oscar Soto Hernández, suplente del titular nombre reservado; 2. Carta de fecha 8 de abril de 2020, dirigida a don nombre reservado; 3. Informe aclaratorio de fecha 17 de noviembre de 2020; 4. Informe de Mora Previsional; 5. Reglamento nombre reservado de Manejo AG de Pescadores y Buzos de Caleta Peñuelas; 6. Estatuto de Asociación Gremial de Pescadores y Buzos de Peñuelas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por parte de la magistratura, de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que antes de entrar a conocer del fondo del asunto, corresponde revisar la extemporaneidad alegada por una de las recurridas.

QUINTO: Que si bien el actor señala que el recurso es admisible en cuanto al plazo, en razón de que la vulneración que sufre, en su criterio, es de carácter permanente y persistente, lo cierto es que de los antecedentes de la causa, y de los propios dichos del reclamante, se desprende que el acto que se reclama es el contenido en la comunicación enviada a la recurrente mediante la cual se le da a conocer las sanciones establecidas en su contra, acto del que tomó conocimiento el día ocho de abril de dos mil veinte, siendo aquella la fecha en que estos sentenciadores estiman se materializó el hecho que se reputa vulneratorio de garantías fundamentales. A su vez, de la revisión de la causa, se aprecia que la acción cautelar fue interpuesta con fecha tres de febrero de dos mil veintidós.

SEXTO: Que acorde con lo expuesto y teniendo en especial consideración la circunstancia de haberse deducido la presente acción de cautela de derechos constitucionales en la fecha señalada en el considerando precedente, esto es, superando el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre su tramitación, la misma debe ser rechazada en razón de haberse interpuesto extemporáneamente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción de protección deducida por el abogado don DUSAN PAPIC RECABARREN, en favor de don nombre reservado, en contra de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES Y BUZOS DE PEÑUELAS, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 142-2022 Protección