nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRO

nombre reservado

Tesorería General de la República y otro Recurso de protección Rol N°1418-2024.- La Serena, diez de septiembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Raúl Rivera Alfaro, abogado, en favor de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República y del Consejo de Defensa del Estado, señalando como acto ilegal y arbitrario el embargo practicado por la primera institución, respecto de los fondos destinados al pago de la indemnización por despido injustificado, lo que representa una violación a los derechos de igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y de propiedad, establecidos en el artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a trabajar para el Servicio Regional Ministerial de Minería de la Región de Coquimbo el 15 de junio de 2015, desempeñándose en dicho cargo hasta el 10 de marzo de 2021, data en la que fue desvinculado de manera verbal, lo cual motivó la interposición de una demanda por despido lesivo de derechos fundamentales en contra del Fisco de Chile.

Refiere que en el proceso judicial antes referido, se dictó sentencia condenatoria en favor del actor, condenando al Fisco a pagar la suma de $20.841.703 por concepto de despido injustificado, por lo que luego de todos los arbitrios que se intentaron en su contra, mediante oficio emitido por el Ministerio de Justicia, el pasado 1 de julio de 2024, se instruyó que el pago de la indemnización fuera realizado por la Tesorería General de la República.

Manifiesta que al presentarse en la sede regional de la recurrida, fue informado de que los fondos correspondientes a su indemnización habían sido embargados, atendida la existencia de una deuda de abril de 2014, es decir, de antes del inicio de su relación laboral con el Servicio Regional Ministerial de Minería. En ese sentido, señala que tal deuda se encuentra actualmente prescrita, lo cual torna en arbitraria e ilegal la retención de los fondos que legítimamente al recurrente.

Finaliza solicitando se deje sin efecto el embargo efectuado, restableciendo el imperio del derecho mediante la inmediata restitución de los fondos a su patrimonio, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Resolución de 19 de Julio de 2024, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena; y 2. Resolución Exenta emitida por el Ministerio de Justicia, de 1 de julio de 2024.

SEGUNDO: Que, a folio 7, comparece doña nombre reservado, en representación de la Tesorería Provincial de Coquimbo, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción intentada.

Alega la improcedencia del recurso de protección. En efecto, indica que respecto de los montos adeudados por el recurrente existe un proceso de cobro que se ha gestionado por la Tesorería Provincial de Coquimbo, en los autos administrativos 10.481-2018, sin que se haya pronunciado una sentencia que declare la prescripción de los montos adeudados.

Precisa que ante el Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, en causa Rol C-38-2019, se sigue el proceso en virtud del cual se solicitó a dicho Tribunal el pronunciamiento respecto de una excepción de prescripción que el contribuyente opuso al cobro en cuestión, la cual se encuentra en estado de citación para oír sentencia.

Expresa que el Servicio de Tesorerías mantiene, en forma plena, la atribución exclusiva de, antes de proceder a una devolución solicitada por cualquier contribuyente, revisar previamente la cuenta tributaria de aquel, con el objeto de verificar si posee obligaciones con el Fisco que se encuentren insolutas. Así, de ser efectivo, inmediatamente y sin más trámite, debe compensar el monto que determine de la devolución e imputarlo a la deuda en su totalidad o parte de ella, según corresponda, sin perjuicio de iniciar paralelamente su cobro.

Culmina enfatizando que, dado que se determinó la existencia de una deuda del recurrente con anterioridad a la solicitud de devolución de un crédito fiscal; que esa obligación todavía está pendiente; y que se había iniciado su cobro administrativo, que el Servicio actuó diligentemente, de acuerdo a las facultades que la ley e instrucciones le otorgan para proceder a llevar a cabo la compensación respectiva de deudas.

Acompaña a su informe: 1. Certificado de deuda fiscal del recurrente; y 2. Ebook causa Rol C-38-2019 del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo.

TERCERO: Que, a folio 8 comparece Carlos Vega Araya, en representación del recurrido Consejo de Defensa del Estado, emitiendo el informe solicitado.

Manifiesta que el recurso intentado debe ser rechazado, por cuanto el Consejo no ha participado de modo alguno en los actos que se señalan para sostener la acción intentada. Sobre el particular, refiere que es un supuesto del recurso de protección la existencia de una acción u omisión de una autoridad o de un particular que prive, perturbe o amenace los derechos taxativamente enumerados en la Carta Fundamental. En ese sentido, añade que para ser sujeto pasivo del recurso, resulta imprescindible que haya participado, ya sea activa o pasivamente de la decisión que por el arbitrio se ataca, lo que no acontece en la especie, toda vez que el recurrente ha expresado que el recurso tiene por fundamento la existencia de un embargo de los fondos ordenados a pagar al actor.

Por último, hace presente que el Consejo de Defensa del Estado se encuentra dotado de una personalidad jurídica a la del Fisco de Chile, órgano respecto del que ha debido dirigirse la acción constitucional, lo que abona al rechazo del recurso.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, considerando la alegación de falta de legitimación pasiva realizada por el Consejo de Defensa del Estado al momento de alegar en estrado, y aun cuando la excepción fue invocada sólo en esa oportunidad, igualmente esta Corte debe verificar, respecto de quien se recurre, si cometió o no el acto que por esta vía se reprocha, fluyendo de los antecedentes, que en la conducta calificada de ilegal o arbitraria por el recurrente, consistente, como se ha dicho, en el embargo practicado por la Tesorería General de la República, respecto de los fondos destinados al pago de la indemnización por despido injustificado, no ha tenido intervención alguna, por lo que resulta claro que a su respecto no se verifican los presupuestos de la acción intentada, circunstancia que permite rechazar la acción deducida a su respecto por tal motivo.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, conviene tener presente que el arbitrio de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos indubitados, circunstancia que no se verifica en la especie, dado que el actuar que el recurrente reprocha a la recurrida Tesorería General de la República, se funda en las atribuciones que la ley confiere para el ejercicio de su función y, asimismo, existe actualmente en tramitación la causa Rol C-38-2019, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, en la que se discute justamente la prescripción del cobro de las obligaciones tributarias, de manera tal que resulta palmaria la existencia de una controversia que impide la concurrencia de los presupuestos exigidos en el presente arbitrio, motivo que abona al rechazo del recurso intentado conforme se dirá en lo resolutivo Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República y del Consejo de Defensa del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1418-2024 Protección.-