nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de Protección Rol N°1416-2024 La Serena, siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 19 de agosto de 2024, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad colombiana, pasaporte N° RUT reservado, e interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago y en contra de la Subsecretaria del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por nombre reservado, Médico, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria, consistente en la no dictar pronunciamiento respecto de la solicitud de regularización extraordinaria, pedida el 13 de octubre de 2023, lo que vulnera su garantía constitucional de igualdad ante la ley, dispuesta en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que el recurrente ingresó a Chile por paso no habilitado, realizando la debida declaración de voluntaria de ingreso clandestino N°32323348.

Agrega que el recurrente con el propósito de residir legalmente en Chile, establecerse y desarrollar su proyecto de vida, el 13 de octubre de 2023, envía solicitud correspondiente a Regularización Extraordinaria ante la Subsecretaria del Ministerio de Seguridad Pública, normada en el artículo 155 N°9 de la Ley N° 21.325, sin que a la fecha exista pronunciamiento a su respecto.

Acota que es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Refiere que si bien la normativa sectorial no establece los plazos dentro de los cuales la autoridad administrativa debe pronunciarse, ya sea en relación con la permanencia de extranjeros en Chile o al otorgamiento de visa, en cualquiera de sus modalidades, por la naturaleza de estos procedimientos administrativos, requieren de la autoridad un pronunciamiento oportuno, de ahí la necesidad de establecer un tiempo de sustanciación del mismo.

Agrega que se debe aplicar en forma supletoria las normas de la Ley 19.880, en especial el artículo 27 que dispone que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Finaliza solicitando acoger el recurso interpuesto y al ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo no mayor a 60 días, o el plazo que disponga esta Corte y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña al recurso los siguientes documentos: 1. Comprobante de envío de solicitud vía Correos de Chile. 2. Pasaporte del recurrente. 3. Certificado de antecedentes penales. 4. Comprobante de declaración voluntaria de ingreso clandestino. 5. Comprobante de empadronamiento. 6. Contrato de Trabajo. 7. Certificado AFP SEGUNDO: Que, a folio 5, el 03 de septiembre de 2024, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que el recurrente ingresó al país por paso no habilitado y el 23 de febrero de 2024 remitió carta certificada solicitando que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, siendo remitido los antecedentes mediante ordinario N° 46.726, de fecha 03 de septiembre de 2024 a la Subsecretaría del Interior, entidad encargada de resolver la petición.

A continuación, cita el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325. concluyendo que carece de legitimación pasiva.

TERCERO: Que, a folio 12, el 25 de octubre de 2024, comparece nombre reservado, en representación de Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Se explaya en primer término respecto de la normativa aplicable a la solicitud de residencia excepcional, la que diferencia de la de carácter general, teniendo la primera como fundamento en casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

En cuanto al estado de solicitud de la petición refiere que se encuentra, actualmente, en sus últimas etapas de tramitación, previo a que la autoridad suscriba el acto que lo resuelve, lo que será debidamente notificada Agrega que este tipo de solicitudes son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Haciendo presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia temporal.

Conforme a lo anterior, la no dictación del acto administrativo terminal no es una conducta caprichosa, sino que es el resultado de un procedimiento reglado y el aumento exponencial de las peticiones realizadas.

Acota de igual forma que el artículo 27 de la Ley 19.880, no contiene un plazo fatal.

Señala que se debe recordar que el solo hecho de solicitar permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, significa que la persona extranjera ha incurrido previamente, de manera voluntaria, en una o más contravenciones a la normativa migratoria que normalmente podrían ser sancionables incluso con la expulsión del país, y precisamente por ello solicita a la autoridad que, de manera excepcional y, a pesar de dicha contravención legal, se le permita regularizar su situación migratoria, no siendo procedente imputar las consecuencias que de aquello se deriven-directamente o indirectamente- ni a la administración ni a la eventual demora que pudiese afectar la resolución de su solicitud, sino solo a las acciones de la propia parte recurrente.

Al mérito de lo anterior, no existiendo un acto ilegal, ni arbitraria, manifiesta que no pudo verse mermada garantía constitucional alguna.

Acota que, en el evento de acogerse el recurso, aquello implicaría una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de residencia por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización de condición migratoria extraordinaria presentada el 13 de octubre de 2023, lo cual el actor califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud realizada dentro de un plazo razonable, conforme los principios que impone la legislación vigente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, respecto del recurrido Servicio Nacional de Migración, constando en autos, que el 03 de septiembre de 2024, dicha repartición remitió los antecedentes mediante oficio ordinario N° 46.726, a la Subsecretaría del Interior, concluyendo a su respecto, la tramitación de la solicitud, quedando así bajo el amparo de la referida subsecretaria la resolución de la petición, por lo que no existe en consecuencia, en la actualidad un acto u omisión que pueda ser imputado a su respecto, de modo que no quedará sino rechazar en esta parte el recurso, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

OCTAVO: Que, en relación con la segunda recurrida, esto es, la Subsecretaria del Interior, es preciso referir que los antecedentes relativos a la petición de regularización extraordinaria le fueron remitidos el 03 de septiembre de 2024, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve, en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Así las cosas, en consideración a la fecha en que fueron recibidos los antecedentes por la referida subsecretaria y no pudiéndose soslayar un hecho de público conocimiento, como es la alta cantidad de peticiones que actualmente se encuentran en tramitación, es que no se advierte en el procedimiento de aquella una dilación de la entidad, suficiente, que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida y que implique una discriminación arbitraria en relación a otros interesados, por lo que la acción a su respecto también deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1416-2024 Protección