nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de Protección Rol N°1416-2023.- La Serena, diez de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia, en interponer recurso de protección en favor de don nombre reservado, auxiliar de aseo, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, a fin de que este Ilustrísimo Tribunal adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N.º 3 y 24 de la Constitución Política de la República, amenazándose, privándose y perturbándose su legítimo ejercicio.

Fundamentó su recurso indicando que durante el año 2017, mientras prestaba servicios para la empresa Carozzi, don nombre reservado solicitó un préstamo a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por la suma de $2.950.411, pagadero en 48 cuotas mensuales, cada una por la suma de $103.571, crédito que le fue otorgado con fecha 05 de septiembre de 2017, pero sólo pudo cancelar las cuotas hasta el mes de diciembre de ese año, producto que debió presentar su renuncia para poder hacerse cargo de los cuidados de su madre, adulta mayor, quien presenta varias patologías que la mantenían postrada y dependiendo de otras personas para poder vivir.

Precisó que, desde esa época, la Caja acreedora nunca tomó contacto con don nombre reservado para renegociar los valores que quedaron impagos, ni se hicieron gestiones de cobranza por vía extrajudicial ni judicialmente.

Indicó que actualmente don nombre reservado se encuentra trabajando como auxiliar de aseo (especialista de limpieza) en el MALL PLAZA LA SERENA, prestando servicios para la empresa I.S.S. Servicios Generales Ltda y en el mes de enero del año en curso, don nombre reservado se percató que, en su liquidación de sueldo del mismo mes, apareció un descuento por un monto de $79.566, bajo la nomenclatura “CCAF LOS ANDES PRESTAMO”, lo que consultó a su empleador, quien señaló desconocer antecedentes y solamente recibía la orden de efectuar el descuento.

Que realizadas diversas gestiones de averiguación y especialmente porque en los meses posteriores continuaron apareciendo descuentos en su remuneración, pues en febrero se le descontó la suma de $80.795, en marzo la suma de $84.353, en abril valor de $93.576, y en el mes de mayo se le efectúa un descuento de $105.637, siempre bajo el mismo ítem, esto es, “CCAF Los Andes Préstamo”, alcanzando la suma de $443.927 aproximadamente hasta el mes de mayo de 2023.

Refirió que por lo anterior, don nombre reservado, a principios del mes de mayo de 2023, se contactó con la C.C.A.F. Los Andes, donde se le explicó que era por una deuda que mantenía con la mencionada CCAF 18 de Septiembre; y al acudir a la misma, se le indicó que se trataba del cobro de la mencionada deuda del año 2017.

Aclaró que los descuentos sólo se produjeron a partir de enero de 2023, esto es, más de 5 años desde que dejó de pagar el crédito, y que dichos descuentos no le fueron avisados previamente, vía carta de aviso o de alguna resolución que explicara que se volverían a descontar de su remuneración las cuotas restantes del crédito referido.

Explicó que las Cajas de Compensación recurridas suscribieron un “Acuerdo Intercajas”, que consiste en un sistema sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas mediante una Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación y Asignación Familiar de la Superintendencia de Seguridad Social, tiene por objeto facilitar el cumplimiento de la normativa vigente relativa al riesgo del crédito y considera la creación de una herramienta de reporte a disposición de las Cajas de Compensación y Asignación Familiar para facilitar la entrega de la información a dicha superintendencia, señalando que para estos efectos dichas instituciones celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios que tiene por objeto que la caja acreedora de un crédito social pueda acceder a información esencial y ubicar a sus deudores, acordando con la caja a la cual se ha incorporado dicho deudor la recaudación de las cuotas adeudadas.

Agregó que las recurridas, presuntamente amparadas en la ley de Cajas de Compensación, efectúan descuentos que no han sido informados de manera alguna, y que se corresponderían con una deuda que en todo caso se encuentra prescrita, reiterando que nunca se ha notificado a don nombre reservado acción judicial alguna, tendiente al cobro de dicha deuda, ni menos se le ha notificado demanda alguna. Que con este descuento ilegal, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 De Septiembre pretende por esta vía corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito, el que por lo demás no consta en instrumento ejecutivo alguno.

En cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, sostiene que el acto recurrido ha perturbado y vulnerado su derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, pues el acto arbitrario e ilegal ha colocado al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria, en relación con todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios.

Continua expresando que también se ha afectado su derecho de propiedad, toda vez que el acto arbitrario e ilegal ha privado al recurrente del derecho a percibir su remuneración en forma completa.

Finalmente solicitó se ordene a las recurridas el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; que se abstengan de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte del actual empleador del recurrente, o por cualquier otra entidad que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones; todo, con condena en costas.

Junto con su recurso acompañó los siguientes documentos: Copia liquidación de remuneraciones mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023; Certificado de Deuda emitido por la Caja de Compensación 18 de septiembre, con fecha 03 de mayo de 2023, por un total a pagar de $10.373.570; Detalle de Deudas Directas, emitido por C.C.A.F. 18 de septiembre con fecha 03 de mayo de 2023.

SEGUNDO: Que con fecha 10 de julio de 2023, comparece INES RIQUELME ARAO, abogado, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y evacuando el informe solicitado, en síntesis, confirma que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. 18 de Septiembre la gestión de descuentos en la remuneración del recurrente, por concepto de cobro de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución. En dicho contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 19 n° 7 de la Ley N°18.833.

Agregó que, a su juicio, no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte que afecte garantías constitucionales del recurrente, pues la Caja Los Andes, a requerimiento de Caja 18 de septiembre y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833, rigiéndose además con las normas de la diputación de los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato.

Refirió que el pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Finalmente solicita se rechace el recurso de protección intentado en contra de Caja Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por esta última en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que comparece ERICKA VERA OHBERG, Abogada, en representación de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE evacuando el informe requerido solicitando el rechazo de la acción pretendida.

Refirió que con fecha 05 de septiembre de 2017, el señor nombre reservado solicitó a su representada la suma de $2.880.000 (dos millones ochocientos ochenta mil pesos), pagadero en 48 cuotas; operación registrada bajo el folio 1311070310, y que el actor pagó de forma oportuna, sólo hasta la segunda cuota del mencionado crédito, de vencimiento 10 de diciembre de 2017. Luego de ello, cayó en mora desde la cuota número 3, con vencimiento el 10 de enero de 2018.

Indicó que una vez advertida la circunstancia que el crédito del señor nombre reservado se encontraba moroso, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes; entre ellos, la incorporación del crédito en la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas a la deudora, mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por las demás C.C.A.F. que forman parte de la plataforma Intercajas.

Explicó que ante el fracaso de la cobranza extrajudicial, y en estricto cumplimiento de la normativa que regula la materia -particularmente del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar- se debió deducir la correspondiente demanda ejecutiva en contra del deudor, dándose de esa forma inicio al proceso judicial, causa ROL C-2551-2019 del 1° Juzgado de Letras de San Bernardo en el cual no fue posible notificar la demanda ejecutiva, en consecuencia, el procedimiento se encuentra actualmente archivado, y gracias a la intermediación de la Caja Los Andes, en febrero de 2023, se retomó la recaudación por la operación de crédito referida, por lo que a su juicio, el cobro de las cuotas del crédito del actor se ha realizado en estricto apego a Derecho.

Transcribe las disposiciones de los artículos 1º, 22° de la Ley 18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley 17.322, indicando además que las deudas del recurrente no se encuentran prescritas.

Sin perjuicio de lo anterior y, sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime el actor en el presente recurso de protección, la recurrida indicó que ha dispuesto el cese del cobro del crédito y la restitución a don nombre reservado, de las sumas descontadas en sus remuneraciones, desde enero 2023, a la fecha, debiendo aportarse los datos de cuenta bancaria del que sea titular a objeto de instruir la restitución referida mediante transferencia electrónica.

CUARTO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, luego de lo dicho, cabe atender que el acto reprochado como ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida requirió el descuento por planilla de las cuotas adeudadas por el actor en virtud de un contrato de mutuo de crédito social celebrado entre las partes en el año 2017 y lo pretendido por el recurrente dice relación, en primer lugar, con el cese de los descuentos que reprocha; y, en segundo lugar, con la restitución del monto descontado.

SEXTO: Que cabe dejar asentado que la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE reconoce en su informe en forma explícita la existencia del crédito y el hecho de haberse producido los descuentos denunciados por el recurrente.

SEPTIMO: Que, asentados los hechos expuestos en el motivo precedente, cabe dilucidar si al reanudar el cobro del crédito social que el actor mantenía con Caja 18 de Septiembre mediante la modalidad de descuentos directos del pago de su remuneración, dicha entidad ha actuado de modo ilegal o arbitrario conculcando garantías constitucionales del recurrente.

Al respecto es necesario tener presente que la Ley N°18.833 prescribe en su artículo 22 que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Esta disposición contempla una potestad legal que la Caja de Compensación acreedora puede ejercitar con el objeto de obtener el pago de los créditos sociales, y constituye, en definitiva, una garantía para la entidad acreedora.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de reconocer que la recurrida goza de la potestad legal para cobrarse del crédito social otorgado por la vía de realizar deducciones a la remuneración del afiliado, es necesario tener presente que tal atribución no puede ser ejercida de modo arbitrario o abusivo.

Pues bien, en el caso en examen la señalada atribución se ejercita respecto de una deuda contraída por el afiliado en el año 2017, esto es, hace más de 5 años, lo que permite inferir que, tal como éste alega en su libelo, se trataría de una obligación cuya vigencia aparece razonablemente discutida por el deudor y respecto de la cual el acreedor no ha demostrado mayor diligencia e interés en su cobro, pues a pesar de haber iniciado en su oportunidad el correspondiente juicio ejecutivo para proceder al respectivo cobro, lo cierto es que no perseveró en el mismo. Por estos motivos sólo cabe concluir que el ejercicio de la facultad legal conferida a la recurrida en el presente caso se devela como carente de razonabilidad e inoportuna.

NOVENO: Que la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE dispuso el cese de los cobros cuestionados, lo que se materializó el día 04 de agosto de 2023, consta en autos que la recurrida efectuó transferencia electrónica por la suma de $552.299 a la cuenta Banco Estado [cuenta reservada] informada por el recurrente, sin embargo el recurrente indica que en el mes de julio, de manera posterior a la presentación del recurso y del compromiso adquirido por la recurrida, aún persiste el cobro de la deuda continuándose con los descuentos en la remuneración del recurrente.

DÉCIMO: Que, por las razones expuestas estimando que la parte recurrida ha obrado de manera arbitraria y que al privar al actor de parte de su remuneración ha amagado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, el presente recurso deberá ser acogido cómo se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado Ramírez en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Que, en consecuencia, la recurrida deberá restituir al actor todas las sumas descontadas de su remuneración a partir del mes de enero de 2023 y que tengan su origen en el crédito social bajo el folio 1311070310.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1446-2023 Protección.-