nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1415-2024.

La Serena, quince de octubre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-116350-2024, de 24 de julio de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo, a contar del 6 de abril de 2023; y las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado extendidas por un total de 120 días, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, de 52 años, quien a la época en que se desencadenaron los hechos que motivaron la interposición del recurso se desempeñaba como vendedora en una perfumería, durante el 2022 comenzó a experimentar episodios relacionados con su salud mental que dificultaban el correcto desempeño de sus labores habituales.

Manifiesta que en abril de 2023 se le diagnosticó depresión severa y trastorno de ansiedad generalizado, indicándosele tratamiento farmacológico y psicoterapia, lo que se mantuvo durante todo ese año. Agrega que en enero de 2024, si bien estaba presentando avances en algunos aspectos, como la agorafobia, no demostraba mejoras significativas, ello en atención al episodio acaecido en diciembre de 2023, oportunidad en la que ingresó a su domicilio un grupo de delincuentes, lo que reactivó la sintomatología ansiosa.

Refiere que continúa con tratamiento, no encontrándose en situación de reintegro laboral y que las licencias médicas que han sido presentadas por la actora con anterioridad a las que son materia de la presente causa han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo.

A continuación, explica que por la presente acción reprocha el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo, a contar del 6 de abril de 2023; y las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días. En efecto, la resolución que se pronuncia respecto del rechazo no da cuenta de ninguna explicación, limitándose a indicar “por reposo no justificado”.

Expresa que contra el rechazo de las primeras 6 licencias médicas presentó recurso de apelación ante la recurrida, la que por dictamen NºR-01-IBS-28322-2024, de 21 de febrero de 2024, confirmó los rechazos dispuestos por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, decisión respecto de la que interpuso recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N°R-01-IBS-116350-2024, de 24 de julio de este año, confirmó lo resuelto en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas. Acota, respecto del último pronunciamiento, que la recurrida se pronunció por primera vez respecto de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, confirmando el rechazo.

Expresa que la Superintendencia de Seguridad Social consigna en su resolución que “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 201 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los informes médicos no describen compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”. Sobre el particular, explica que el diagnóstico de la enfermedad que afecta a la recurrente se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado. Es más, se logra evidenciar por medio de su historial médico, el carácter permanente de su tratamiento.

Afirma que el actuar de la recurrida no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos. Así, estima que resulta lógico que para proceder al rechazo de una licencia médica, el órgano fiscalizador deba efectuar una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que la licencia médica cuestionada ha sido otorgada por médicos especialistas, previa atención y evaluación del profesional.

Expone que la Superintendencia de Seguridad Social ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de la actora, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud, basando su conclusión en la extensión del reposo, como si ello fuera una causal suficiente para rechazar licencias médicas.

Refiere que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante, siendo improcedente esgrimir como argumentos de rechazo la falta o insuficiencia de antecedentes aportados por aquél.

Argumenta que la conducta del órgano recurrido constituye una conculcación al derecho a la vida e integridad física, pues la priva de gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud; y al de propiedad, toda vez que le impide obtener el subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deben autorizar, disponiendo su pago.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución Exenta N°R-01-IBS-116350-2024, de 24 de julio de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social; 2. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 20 abril de 2023; 3. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 13 de junio de 2023; 4. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 7 de agosto de 2023; 5. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 5 de octubre de 2023; 6. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 27 de noviembre de 2023; 7. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 8 de enero de 2024; 8. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 14 de febrero de 2024; 9. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 28 de junio de 2024; y 10. Certificado de atención psicológica en CESFAM Dr. Sergio Aguilar, emitido por el psicólogo nombre reservado, de 9 de julio de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso, por cuanto ha sido interpuesto una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto por el legislador.

En ese sentido, arguye que tal como consta en el expediente de la presente causa, mediante Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-118100-2023, de 5 de septiembre de 2023, se rechazó la solicitud de reposición, confirmando lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Metropolitana, respecto del rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, agregando que a través de Resolución Exenta N°R-01-IBS-116350-2024, de 24 de julio de 2024, se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Esgrime que la recurrente ejerció esta acción constitucional el 19 de agosto de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de interposición estaba vencido, toda vez que la actora ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez hace más de 11 meses. En efecto, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien, afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida el recurso constitucional de orden cautelar.

Señala, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional no es aplicable a la acción de protección.

En segundo lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio de lo anterior, informa en cuanto al fondo, exponiendo el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal.

Manifiesta que constan los informes que realizaron especialistas de la Superintendencia, uno de los cuales señala: “Mujer de 52 años, trabaja como vendedora en comercio. Con permiso autorizado por 201 días con diagnóstico de F32.2 - Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, F32.1 - Episodio depresivo moderado. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia. Se rechaza”.

Refiere que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad invocada, será rechazada, pues del examen de los antecedentes, particularmente, la data del acto administrativo que por esta vía se reprocha, fluye que el arbitrio intentado lo fue dentro del término que para ello prevé el Auto Acordado N°94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema.

SEXTO Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y el de propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra Resolución Exenta N°R-01-IBS-116350-2024, de 24 de julio de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo, a contar del 6 de abril de 2023; y las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado extendidas por un total de 120 días, por reposo no justificado.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala “estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad temporal más allá de los 201 días de reposo ya autorizados por la misma patología”.

OCTAVO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

NOVENO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

DÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

UNDÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que la trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a la recurrida la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, la recurrida no ha dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable de la trabajadora al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberá proceder al pago de las licencias objeto del recurso, pues las dificultades que pueda presentar el organismo para la gestión de aquellas –ya sea administrativas, de recursos o de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al órgano público y jamás debe ser ello un asunto de cargo del paciente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZAN, las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección.

II.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, proceda o no al pago de aquellas, según corresponda, y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos, contados desde que la presenten sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Decisión acordada con la prevención del Ministro Titular señor Corona, quien, conforme el mérito de los antecedentes, fue del parecer ordenar de inmediato y sin más trámite el pago de las licencias médicas reclamadas por esta vía.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1415-2024 Protección.-