Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Coquimbo nombre reservado

Rol Nº 1415-2013.- La Serena, cinco de Diciembre de dos mil trece.

Vistos:

Que a fojas 3, comparece don nombre reservado, ingeniero civil, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, representada para estos efectos por don nombre reservado, arquitecto, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario cometido por la recurrida, consistente en el rechazo de la solicitud de renovación de la inscripción en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su calidad de ingeniero civil.

Indica el recurrente que el referido Registro Nacional, fue creado por el Decreto Supremo N° 135 de 1978, destinado a la inscripción de personas naturales y jurídicas, que una vez efectuada, quedan habilitadas para participar en licitaciones del sector vivienda o de otros organismos públicos o privados, estableciendo el referido decreto que sólo los consultores inscritos podrán ejecutar los estudios, asesorías y proyectos que requiera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servicios de Vivienda y Urbanización.

Expone que con fecha 26 de Septiembre del año en curso, solicitó un pronunciamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respecto a la renovación de su inscripción en el Registro Nacional de Consultores, recepcionando el oficio N° 1545, de fecha 03 de octubre pasado, emitido por la entidad recurrida, en que se le informa el “estado de vencido” de su inscripción en el referido registro, decisión fundada en la circunstancia de constar en la documentación que había acompañado, morosidades y protestos en el sistema financiero, situación que al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 20 y 21 del DS 135/1978 impediría la renovación de su inscripción.

Señala el recurrente que desde Julio de 2008 se desempeña, en su calidad de ingeniero civil, como trabajador independiente, desarrollando proyectos de agua potable, alcantarillado, diseño, etc, tanto para instituciones públicas como privadas, actividad que constituye su único sostén económico.

Agrega que la inscripción como consultor en el MINVU le permite postular a licitaciones que se publican en la página web de “mercado público” y que corresponden a llamados de organismos del estado y Municipalidades, las que en su gran mayoría exigen contar con inscripción vigente en el Registro de Consultores y presentar boletas de garantía para asegurar tanto la seriedad de la oferta como, eventualmente, el fiel cumplimiento del contrato.

Aclara que el ingeniero civil, como consultor del MINVU, es un profesional independiente que postula a un trabajo en el cual aplica su intelecto y que si bien no firma un contrato de trabajo, sí firma un contrato en que se compromete a desarrollar una asesoría, asumiendo los gastos asociados a ella.

Expresa, en síntesis, que actualmente su situación económica es deficitaria, reflejada en sus informes comerciales, lo que en ningún caso se relaciona con su desempeño como ingeniero civil, de forma tal que la recurrida al no permitirle la renovación de su inscripción en el tantas veces mentado registro ha incurrido en una acto claramente discriminatorio, que le impide postular a licitaciones y generar recursos que le son tan necesarios, teniendo presente que incluso su hija cursa estudios universitarios, no encontrándose al día en el pago de las mensualidades.

Estima, en consecuencia, que el acto referido vulnera la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley , derecho reconocido también en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, normas que en virtud del artículo 5 de nuestra Constitución se han incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y que en conjunto con la norma constitucional que se estima vulnerada, vienen a limitar el ejercicio de la soberanía y las normas jurídicas de rango inferior.

Señala de esta forma que al negarle la renovación de la inscripción en el Registro de Consultores por encontrase en DICOM se ha conculcado su derecho a la igualdad al ser discriminado por su situación económica, recibiendo un trato desigual respecto de otras personas de igual formación profesional y experiencia laboral por este solo motivo, lo que de ninguna manera resulta razonable.

Añade que el acto que se impugna asimismo atenta contra la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, su derecho a desarrollar una actividad económica, pues al establecer la citada garantía que se debe respetar las normas legales que la regulen, lo que hace es reservar a la ley la regulación respectiva, lo que permite bajo ciertas condiciones la remisión a la potestad reglamentaria de ejecución sin que, en todo caso pueda afectarse el derecho en su esencia.

Finalmente indica que en el presente caso se ha afectado igualmente la garantía del numeral 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, su derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que el Estado y sus organismos deben dar en materia económica, señalando que se encuentra de la esfera de la potestad reglamentaria el establecer criterios para un tratamiento diferenciado, siendo que una de las categorías que la ley ha señalado expresamente como constitutiva de discriminación arbitraria se refiere precisamente a la situación económica de las personas, habiéndose incorporado en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 20.609 a fin de establecer medidas contra la discriminación, agregando que incluso recientemente se promulgó la Ley 20.575 que ha venido a limitar el uso de DICOM a fin de evitar su utilización como elemento de discriminación.

En virtud de lo expuesto solicita acoger la presente acción ordenando a la recurrida dejar sin efecto el oficio N° 1545 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Coquimbo y revocar el rechazo a la solicitud de renovación de la inscripción del recurrente en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su calidad de ingeniero civil, con costas.

Que a fojas 33, comparece son Fernando Martel Costa, abogado quien actuando en representación de la recurrida evacuó el informe solicitado en relación al presente recurso en los siguientes términos.

Expone que los Registros Técnicos, entre los cuales se cuenta el registro Nacional de Consultores corresponden a un conjunto de Registros Nacionales, creados por Decreto Supremo, que se hallan a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, destinados a la inscripción de personas naturales y jurídicas, especializadas en determinados rubros.

Expresa que conforme establece el artículo 4 del Decreto Supremo N° 135 de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que reglamenta el Registro Nacional de Consultores, para poder inscribirse en este Registro técnico, las personas naturales o jurídicas interesadas, deben dar cumplimiento a una serie de requisitos y exigencias de orden técnico, administrativo, económico, de idoneidad, etc., los cuales, están expresamente indicados en el respectivo Decreto Supremo resultando necesario para que la inscripción mantenga su vigencia, la presentación de determinados documentos.

Añade que la razón de tales exigencias reglamentarias, estriban fundamentalmente en que la inscripción en el respectivo Registro Técnico, certifica un alto estándar de experiencia, seguridad, calidad y seriedad del inscrito que constituye un elemento de importancia en la contratación pública, contratación en la que están involucrados por cierto caudales públicos, de forma tal, que aquella persona natural o jurídica que realizará una obra o prestará un servicio al Estado de Chile que será retribuido con fondos públicos, debe acreditar, entre otras circunstancias, que tales dineros no están expuestos a riesgos.

Luego de citar los artículos 20 y 21 del Decreto Supremo N° 135 de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que contiene el "Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, indica que el recurrente don nombre reservado, a objeto de renovar su inscripción en el Registro Nacional de Consultores, presentó un Certificado de Antecedentes Comerciales (los cuales tal como indica la citada norma tienen una validez de 60 días) que daba cuenta de una serie de morosidades y protestos impagos con instituciones financieras.

En virtud de lo anterior y frente a la consulta del recurrente, con fecha 03 de Octubre de 2013, mediante Oficio Ordinario N° 1.545, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, le informó que en virtud de las citadas normas jurídicas, su situación comercial impedía la "vigencia de su inscripción en el Registro Nacional de Consultores".

Señala que en el presente caso no ha existido arbitrariedad o ilegalidad alguna pues la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo ha actuado en virtud de una norma jurídica expresa que no tan sólo le entrega una atribución, sino que le impone una obligación, por lo que esta entidad ha debido ajustarse a ella tal como establece el artículo 6 de la Constitución Política de la República que consagra el principio de juridicidad que rige a los órganos de la Administración del Estado estableciendo, expresamente, los artículos 20 y 21 del Decreto Supremo N° 135 de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no pueden estar inscritos en el Registro Nacional de Consultores aquellas personas naturales o jurídicas que registren documentos protestados o documentos impagos en el sistema financiero, que no hubieren sido debidamente arreglados, o que sean deudores morosos de establecimientos comerciales o de instituciones financieras; por lo que no existe ni puede existir un actuar o una omisión ilegal por parte de este órgano de la Administración del Estado, dado que actuando dentro de la esfera de sus atribuciones y deberes, en la especie ha aplicado la norma jurídica competente.

En el mismo sentido, señala que tampoco existe arbitrariedad en la aplicación de la referida normativa, ya que los requisitos que aquella establece son generales para todas las personas naturales y jurídicas que figuran inscritas o quieren inscribirse en el Registro Nacional de Consultores.

Estima que el recurrente mediante la interposición de este recurso pretende que se haga una excepción a su respecto en la aplicación de la norma jurídica, pese a que los documentos que él acompañó acreditan que no cumple los requisitos que la misma preceptiva establece, al registrar numerosas morosidades y protestos impagos, pretensión que por este mismo motivo no puede sino constituir a su vez una ilegalidad y arbitrariedad.

Considera que el recurrente ha errado en la acción interpuesta, ya que pretende impugnar la norma misma, al explayarse en su recurso sobre la eventual injusticia de ésta; pretensión, respecto de la cual, es ineficaz el nombre reservado, debiendo intentar uno de distinta naturaleza, en la sede que corresponda, más aún si la norma jurídica reclamada fue sometida en su oportunidad al control de legalidad materializado a través del trámite de toma de razón.

Agrega el informante, que en este caso no existe un tratamiento desigual pues los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 135 de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son exigidos por igual a todas las personas naturales y jurídicas que figuran inscritas o quieren inscribirse en el Registro Nacional de Consultores, no existiendo tampoco una vulneración del derecho a desarrollar cualquier actividad, ya que tanto la Ley N° 19.886 "De Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" de 2003 como su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°250 de 2004, no establecen la exigencia de registro para participar en estos procesos de contratación y que, a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha reafirmado, mediante Dictamen N°71.953 de fecha 17/11/2011 el principio de la "Libre concurrencia de los oferentes", consagrado en la referida Ley N° 19.886 y en el artículo 9 de la Ley 18.575 "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado", que inspira el sistema de contratación administrativa.

De este modo, la circunstancia de estar o no inscrito en los Registros Técnicos a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no son ni pueden ser un elemento que impida a una persona natural o jurídica postular a licitaciones públicas, ya que de ser así, se estaría atentando contra el señalado principio de la libre concurrencia de los oferentes, siendo además que la posibilidad de quedar vigente en el registro por parte del recurrente sólo depende de él, bastando que dé cumplimiento a los requisitos que establece el Decreto Supremo N° 135 de 1978 y que, por lo demás, siempre subsiste para él la posibilidad de desempeñarse en el sector privado Ahora en cuanto a la supuesta vulneración de la Ley N° 20.575, expresa que el referido texto legal, restringió la "comunicación" de la información financiera, entendiendo esta comunicación como la transmisión directa de datos personales entre la empresa que mantiene la información comercial de las personas y un tercero que la consulta, siendo el caso que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, no efectúa consultas con las empresas dedicadas a conservar la información comercial de las personas, sino que es el interesado el que la proporciona y sólo en lo que se relaciona con lo exigido en el Decreto Supremo N° 135 de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Añade que por lo demás la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° 45.145 de fecha 26/07/2012, ha avalado que pueda exigirse estos certificados para ciertas contrataciones, teniendo presente las reglas que al efecto establece el propio Código del Trabajo, estimando que dado que la finalidad perseguida por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, al solicitar estos certificados referido a la situación financiera del solicitante, es lícita y necesaria, al tenor de los artículos 20 y 21 del Decreto Supremo N°135 de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, corresponde en consecuencia cumplir con lo que la norma impone, sin que la información proporcionada tenga otra finalidad como no sea determinar la procedencia de la inscripción en el registro Nacional de Consultores.

Con fecha 29 de noviembre se efectuó la vista del recurso.

Considerando:

Primero: Que el nombre reservado establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Segundo: Que, de lo expuesto se desprende que la acción cautelar supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que todo ello provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que como se advierte de la relación ya efectuada en la parte expositiva de esta sentencia, por la acción constitucional deducida se ha solicitado que esta Corte ordene a la recurrida dejar sin efecto el oficio N° 1545 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Coquimbo, revocando el rechazo a la solicitud de renovación de la inscripción del recurrente en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su calidad de ingeniero civil.

Cuarto: Que por de pronto habrá de precisarse que por el oficio Nº 1545 referido precedentemente, que obra a fojas 1, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, don nombre reservado, en respuesta a una carta enviada por el recurrente, le informa los motivos por los cuales no se le renovó su inscripción en el Registro Nacional de Consultores, indicándole que la documentación presentada daba cuenta de morosidades y protestos en el sistema financiero, circunstancia que de conformidad a lo señalado en los artículos 20 y 21 del Decreto Supremo Nº 135 del año 1978, que transcribe, impedía la vigencia de su inscripción en el mencionado Registro.

En consecuencia, habrá de entenderse que en definitiva, lo que en esencia cuestiona el accionante, es la decisión de la autoridad, adoptada con anterioridad a tal oficio de no incluirlo en el indicado Registro.

Quinto: Que el recurrente ha alegado, en síntesis, que lo decidido por la Secretaría Regional Ministerial y Urbanismo, vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, contemplada en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, garantía que también reconoce el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Considera, en definitiva, que su derecho a la igualdad se encuentra conculcado en cuanto ha sido discriminado arbitrariamente por la recurrida por el solo hecho de encontrarse en DICOM, debido a que no ha podido pagar algunas deudas, de manera que todo ello constituye una discriminación por situación económica.

Además, señala que con el actuar de la recurrida, ha vulnerado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica consagrado en el Nº 21 de artículo 19 de la Carta Fundamental. En este punto también considera el accionante que existe reserva absoluta de ley en tal materia, de manera que al tenor de lo preceptuado en el Nº 2 del artículo 63 de la misma Constitución, toda regulación referida a la actividad económica, “en principio escapa de la potestad reglamentaria de Presidente de la República, siendo de exclusiva competencia del legislador” .

También el recurrente acusa que con la cuestionada decisión del organismo público, se ha vulnerado la garantía establecida en el Nº 22 del artículo 19 de nuestro Texto Fundamental, que asegura la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, garantía que no es sino la singularización del principio de igualdad ante la ley, consagrado en el ya citado Nº 2 del mismo artículo 19. Explica que si la ley contiene diferencias arbitrarias, es inconstitucional, y si la misma entrega atribuciones que permitan a una autoridad discriminar arbitrariamente, dicho acto administrativo, así emitido, adolecería de “nulidad de derecho público”, de conformidad con el precepto en comento y en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Constitucional, lo cual hace procedente el nombre reservado. Agrega que uno de los elementos de discriminación es considerar la situación económica, como lo indican los tratados internacionales ya referidos.

En este acápite, además el recurrente hace presente la ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminación arbitraria, entendiendo por tal toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República, o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por último, señala que la ley Nº 20.575 precisamente limita el uso del registro DICOM con el objeto de evitar su utilización discriminatoria, comentando que su artículo primero, acerca del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, señala que deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito. Tal artículo, en su inciso final dispone que en ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección de personal, admisión pre-escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.

Sexto: Que planteado así el asunto, con el objeto de examinar lo decidido por el ente administrativo, habrá de señalarse, en concordancia con lo manifestado en el oficio Nº 1545, ya referido en los motivos tercero y cuarto del presente fallo, que el mencionado Decreto Supremo Nº 135 del año 1978, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que contiene el “Reglamento del Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, establece en el inciso final de su artículo 20, lo siguiente: “En caso alguno podrán inscribirse personas naturales o jurídicas que registren documentos protestados o documentos impagos del sistema financiero, que no hubieren sido debidamente arreglados, o que sean deudores morosos de establecimientos comerciales o de instituciones financieras; ni las personas jurídicas respecto de las cuales alguna de las personas naturales que las integran, en cualquiera de las calidades señaladas en el inciso segundo, se encuentre en dicha situación. Tratándose de letras de cambio por falta de pago. La circunstancia de no estar inhabilitado por cualquiera de estas causas se acreditará mediante la presentación de certificados de situación comercial emitidos por alguna empresa especializada del ramo, los que tendrán una vigencia de 60 días”.

En tanto, su artículo 21, es del siguiente tenor: “Los certificados deberán presentarse en original o fotocopia autorizada por Notario. La validez de la certificación de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos así como la declaración de impuestos, caducará el 30 de Abril del año siguiente al de su emisión. El certificado bancario al igual que los certificados de antecedentes, tanto del Registro Civil como comerciales, tienen un periodo de validez de 60 días a contar de la fecha de su emisión”.

Es necesario consignar que el citado inciso final del artículo 20, fue agregado por el Decreto Supremo Nº 175 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 06 de mayo de 2005, cuerpo normativo que que también reemplazó el artículo 21 por el actual texto que ya ha sido trascrito.

Sexto: Que en el informe evacuado por la recurrida se comenta, al tenor de lo que preceptúa el cuerpo normativo en estudio, que para poder inscribirse en tal Registro técnico, las personas naturales o jurídicas interesadas, debían dar cumplimiento a una serie de requisitos y exigencias de orden técnico, administrativo, económico, de idoneidad, entre otros, los cuales estaban expresamente indicados en el respectivo Decreto Supremo, siendo necesario para que la inscripción mantuviese su vigencia, la presentación de determinados documentos. La razón de todas aquellas exigencias reglamentarias se debe, según se explica fundadamente, a que la inscripción en el respectivo Registro Técnico, certifica un alto estándar de experiencia, seguridad, calidad y seriedad del inscrito, lo que constituye un elemento de importancia en la contratación pública, ámbito donde están involucrados caudales públicos, de forma tal, que aquella persona natural o jurídica que ha de realizar una obra o prestar un servicio al Estado de Chile retribuido con fondos públicos, debe acreditar, entre otras circunstancias, que tales dineros no están expuestos a riesgos.

Séptimo: Que así las cosas, siendo un hecho no controvertido que fluye de la propia exposición efectuada por el accionante, de que el certificado de informes comerciales por él obtenido y presentado, daba cuenta de morosidades y protestos en el sistema financiero, la decisión de la autoridad administrativa recurrida de no mantener en vigencia su inscripción en el Registro Nacional de Consultores, no puede ser considerada ilegal puesto que ha actuado en cumplimiento a un precepto legal vigente que le impone una prohibición en el inciso final del artículo 20 del Decreto Supremo ya señalado, ya transcrito, en orden a que “En caso alguno podrán inscribirse personas naturales o jurídicas que registren documentos protestados o documentos impagos del sistema financiero, que no hubieren sido debidamente arreglados, o que sean deudores morosos de establecimientos comerciales o de instituciones financieras…”. Tampoco puede existir arbitrariedad en el accionar del ente recurrido, dado que ha debido obrar precisamente en cumplimiento de un deber impuesto por la norma jurídica aplicable al caso concreto de autos.

Octavo: Que, como consecuencia de lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de esta Región, no ha podido con su actuar vulnerar, de manera ilegal o arbitraria, aquellas garantías constitucionales cuya protección ha solicitado el compareciente. En cuanto a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria (Nº 2 y 22 del artículo 19 del Texto Fundamental), las violaciones acusadas no han acontecido, toda vez que en relación con la vigencia de la inscripción del recurrente en el Registro Nacional de Consultores, la cual fue suspendida, la institución simplemente aplicó normas jurídicas expresas que son exigidas por igual a todas las personas naturales y jurídicas que postulen a ser inscritas o mantenerse en el señalado Registro. El impedimento que por cierto tiene un carácter eminentemente transitorio, se concreta a raíz de incumplimientos contractuales actuales y no a consecuencias de una determinada situación económica. Como bien ha explicado la recurrida, la exigencia cuestionada constituye un elemento de importancia en la contratación pública, ámbito donde están involucrados caudales públicos, de forma tal, que aquella persona natural o jurídica que ha de realizar una obra o prestar un servicio al Estado de Chile retribuido con fondos públicos, debe acreditar, entre otras circunstancias, que tales dineros no están expuestos a riesgos. Lo indicado, entonces, también aleja aquella discriminación arbitraria que por aplicación de la norma jurídica se le ha reprochado.

Noveno: Que en cuanto a la garantía establecida en el numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, basta reiterar todo lo ya expuesto para concluir que el obrar del órgano público de que se trata, lo ha sido en cumplimiento a una norma jurídica vigente ––Decreto Supremo–– del cual la Contraloría General de la República tomó en su oportunidad debida razón de conformidad con lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley Nº 10.336.

Por lo demás, como se ha señalado, la no renovación de la inscripción en el Registro Nacional de Consultores, no tiene carácter de permanente ni general, y a mayor abundamiento, por cierto que tal situación, de manera alguna afecta la actividad económica del accionante en el sector privado.

Décimo: Que, en fin, en relación con la ley Nº 20.575, comentada por el recurrente, que a su entender “limita el uso del registro DICOM con el objeto de evitar su utilización discriminatorio…”, se ha de advertir que el ente recurrido, como tantas veces se ha señalado, ha debido considerar la información proporcionada por el propio interesado acerca de su situación comercial, por exigirlo así la norma contenida en el último inciso del artículo 20 del Decreto Supremo Nº 135 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de manera que no ha existido ilegalidad o arbitrariedad en su proceder. Por lo demás, si bien el artículo 1º de la ley Nº 20.575 señala que debe respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito y que en ningún caso se podrá exigir tal información “en los procesos de selección personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público”, cuyo no sería precisamente el caso, se ha de advertir que su artículo 5º, prescribe que “En caso que el titular de los datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, requiera presentar información contenida en los registros o bancos de datos a que se refiere esta ley para fines diferentes a la evaluación de riesgo en el proceso de crédito, podrá solicitar al responsable de éstos una certificación para fines especiales, el que deberá entregarla considerando únicamente las obligaciones vencidas y no pagadas que consten en él”. Es decir, esta última disposición viene en establecer-tácitamente- la posibilidad de que existan excepciones a la prohibición general contenida en el artículo 1º antes referido, en lo que se refiere al uso de información comercial para fines ajenos a la evaluación de riesgo crediticio, como acontece en la especie.

En consecuencia, a virtud de todo lo expuesto precedentemente corresponderá rechazar la acción de protección deducida en autos.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se RECHAZA el nombre reservado interpuesto por don nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, sin costas por estimarse que han existido plausibles motivos para deducirlo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Shertzer Díaz.

Rol N° 1415-2013.- Civil.- Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado Shertzer Díaz, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Reinaldo Villalobos Pellegrini. No firma el abogado integrante señor Villalobos por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.

Jorge Colvin Trucco Secretario La Serena, cinco de diciembre de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.