UNIVERSIDAD DE LA SERENA con DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS

Universidad de La Serena Dirección de Compras y Contratación Pública Recurso de Protección Rol 1412-2024 La Serena, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1 comparece el abogado DANIEL ALBERTO SAAVEDRA LATORRE en representación de la UNIVERSIDAD DE LA SERENA, RUT N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, legalmente representada por nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado.

Luego de establecer que la Universidad de La Serena, es una universidad regional y estatal, que desarrolla programas formativos de profesionales y postgraduados contribuyendo a la generación de conocimiento a través de la realización de investigaciones focalizadas preferentemente a temáticas regionales y la vinculación con el medio, expone que debido a la sentencia recaída en causa T-36-2020, su representada fue agregada al registro de infractores de garantías fundamentales a contar del día trece de octubre de dos mil veintidós, señalando que en la referida causa se reclamó ya que no fue renovada la contrata del demandante lo que a juicio del Tribunal vulneró su derecho a la integridad física y psíquica.

Agrega que su representada acató esta condena, dando pago en tiempo y forma a la misma, sin recurrir en contra de la sanción accesoria y en definitiva no se buscó la reincorporación en los registros de la recurrida hasta que transcurriera el plazo de dos años lo que generó una pérdida de cientos de millones de pesos en bienes que no pudieron ser vendidos, asesorías practicadas, unidades cerradas, funcionarios desvinculados, en definitiva una condena accesoria mucho más gravosa que la principal.

Añade que, no obstante estar pronta a terminar el plazo de dos años antes señalado, en causa laboral T-121-2023, del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, con fecha diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, el Jefe de Causas de dicho tribunal remitió correo electrónico a la Dirección del Trabajo adjuntando "copias autorizadas de las sentencias de primera y segunda instancia y certificado de ejecutoria para los fines pertinentes", habiendo el Tribunal acogido la acción de tutela que se dedujo en esos antecedentes.

Refiere que, conforme con lo anterior, la Universidad de La Serena se encuentra excluida del Registro de Contratistas y Proveedores e inhabilitada para, en su calidad de proveedor, contratar con órganos del Estado, en virtud de una actuación ilegal y arbitraria por parte de la Dirección de Compras Públicas, actuar que ha devenido en afectar gravemente las garantías constitucionales que se individualizarán más adelante.

Aclara que la sentencia de la causa T-121-2023 no autoriza ni ha autorizado a la recurrida para excluir a la Universidad del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, ni de ningún otro registro a su cargo, ni menos le ha hecho incurrir en un estado de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado ni para participar en licitaciones a las que para proveerse de bienes y servicios, éstos puedan llamar en los términos exigidos por la Ley 19.886 o en otras leyes especiales.

Continúa indicando que es preciso señalar que el fallo dictado en juicio laboral señala escuetamente que una copia de la sentencia ejecutoriada deberá ser remitida a la Dirección del Trabajo para su archivo, sin indicar para qué efectos, ni menos hace alusión a la Dirección de Compras y Contratación Pública ni a la aplicación del artículo 4 inciso primero de la Ley 19.886, de ahí que la inhabilidad de la que es objeto su representada, así como su exclusión del Registro de Proveedores, solo puede ser consecuencia de un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida, transcribiendo al efecto la parte resolutiva del fallo.

Arguye que el actuar de la recurrida es de carácter ilegal, toda vez que su representada, es un servicio público que forma parte de la Administración del Estado según lo han reconocido expresamente la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de La República y la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional, y en caso alguno le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4 inciso primero de la Ley 19.886.

Asimismo, señala que el actuar de la recurrida aparece como un acto caprichoso, contrario a la razón y desmotivado, en cuanto no considera una serie de elementos de razonabilidad que hacen del todo arbitrario su actuar.

Previas citas legales y jurisprudenciales, realiza alegaciones en torno a la improcedencia de aplicar a su representada la normativa de la Ley 19.886, haciendo referencia a la historia del establecimiento de dichas normas legales. Su principal argumento dice relación con que el propósito fundamental del establecimiento de esta disposición fue fomentar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito de una relación laboral entre privados. Agrega que, si se trata de oferentes públicos, como ocurre con la Universidad de La Serena, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para ejercer un control sobre su actuación en esta materia, como la realización investigaciones sumarias o sumarios administrativos, la fiscalización de la Contraloría General de la República o la existencia de Contralorías Internas en estas Instituciones, por lo que extender a ellos mecanismos sancionatorios adicionales, como el de la especie, sólo vienen a dificultar el cumplimiento de la función pública de tales Casas de Estudios y refiere jurisprudencia administrativa al efecto.

Alude también al principio de coordinación entre los órganos del Estado consagrado en los artículos 3 y 5 de la Ley 18.575, pues la Ley 19.886 en su artículo 1° inciso primero, establece que a los contratos celebrados por los organismos públicos les resultan aplicables, supletoriamente, las normas de Derecho Público.

Refiere también que las inhabilidades y prohibiciones son de derecho estricto haciendo presente el principio de proporcionalidad en los actos de gravamen aduciendo los perjuicios económicos que ha debido soportar su representada.

Indica que el actuar de la recurrida vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, destacando la desproporción de la medida y reiterando nuevamente los perjuicios que ello acarreó a su mandante.

Asimismo, considera que el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pues su decisión ocasiona un grave detrimento patrimonial para la Universidad de La Serena que ponen en serio peligro su financiamiento, su desarrollo y capacidad para cumplir los diversos fines que la ley le impone.

Solicita que se declare ilegal y/o arbitrario el acto por el cual la recurrida excluyó a la Universidad de La Serena del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas; estableciendo que la Universidad de La Serena no está afecta a la sanción estipulada en el artículo 4° inciso primero de la Ley 19.886, no pudiendo haber sido declarada inhábil para contratar con los demás Órganos de la Administración del Estado en calidad de Proveedor ni excluida del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas; procediendo a dejar sin efecto dicha inhabilidad y a reincorporar a su representada al citado Registro.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1) Sentencia T-121-2023, Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena; 2) Sentencia ROL 48-2024, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena; 3) Acuse Recibo Transparencia de veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro; 4) Respuesta Transparencia de quince de abril de dos mil veinticuatro; 5) Historia de la Moción Parlamentaria Ley 20238; y, 6) Correo electrónico de diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

SEGUNDO: Que a folio 7, y con fecha dos de septiembre de los corrientes, evacuó informe doña nombre reservado, directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública, quien señala que la segunda parte del inciso primero del artículo 4° de la Ley 19.886, establece que quedarán excluidos de contratar con la Administración quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de presentar un oferta, formular una propuesta o suscribir una convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contrataciones directas, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Agrega, previas citas legales, que el Reglamento de la Ley 19.886, reguló de manera más exhaustiva el Registro de Proveedores en su artículo 80 y siguientes, estableciéndose en el artículo 92 las causales por las cuales los proveedores estarían inhabilitados para inscribirse en el mencionado registro. En particular, el numeral 7 del artículo 92 del Reglamento de la Ley 19.886 señala como causal de inhabilidad la siguiente: “Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador”. Esta inhabilitación para formar parte del Registro de Proveedores es de carácter temporal y conforme lo establecido en el citado cuerpo reglamentario es de dos años contados desde que el respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado, por tanto, no constituye una eliminación del Registro como afirma la recurrente.

Refiere que el artículo 93 del Reglamento de la Ley 19.886 señala que “[s]i a un proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto”. En consecuencia, las circunstancias descritas en el artículo 92 del Reglamento no sólo impiden a los proveedores inscribirse en el Registro de Proveedores, sino que también, en caso de verificarse con posterioridad a la inscripción, permiten dejar esta última sin efecto.

Añade que la inhabilidad del artículo 92 N°7 del Reglamento de la Ley 19.886 importa que los proveedores permanecen inhábiles en el Registro de Proveedores por el plazo de dos años desde que la sentencia que los condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador queda firme. Esta consecuencia jurídica está expresamente establecida en el Reglamento de la Ley N°19.886 (por remisión del artículo 17 de la Ley 19.886) y procede al cumplirse el supuesto de hecho establecido por la norma reglamentaria, esto es, que el proveedor sea condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Manifiesta que, conforme con lo expuesto, resulta claro que la Dirección de Compras y Contratación Pública ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.886 y su Reglamento al inhabilitar al recurrente por un periodo de dos años desde que la sentencia que lo condenó por infracción a los derechos fundamentales del trabajador en causa rol T-121- 2023 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena quedó ejecutoriada, pues ha dejado sin efecto la habilidad de la empresa en el Registro de Proveedores, no de manera ilegal o arbitraria, sino en virtud de la referida sentencia ejecutoriada.

Aclara que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 294 bis y 495 del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador, las que deben ser remitidas por los tribunales respectivos. Así las cosas, la notificación de sentencias como la dictada en contra de La Universidad de La Serena se realiza a la Dirección del Trabajo que luego, remite la información relativa a los fallos condenatorias por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales de los trabajadores a la DCCP que, finalmente, materializa la correspondiente inhabilidad en el Registro de Proveedores dejando sin efecto la habilidad del proveedor afectado.

Hace presente que, en el marco del principio de colaboración entre los organismos públicos y con el objeto de contar con las sentencias condenatorias de manera oportuna y expedita, es que la Dirección de Compras y Contratación Pública y la Dirección del Trabajo suscribieron un convenio de colaboración el veinte de enero de dos mil nueve, en cuya virtud la Dirección del Trabajo entrega a la Dirección de Compras y Contratación Pública la información relativa a las condenas por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador que registran los proveedores.

Hace referencia también a los artículos 6 y 7 de la Constitución, que consagran el principio de juridicidad, para sustentar que la inhabilitación de la actora por el periodo de dos años a la luz de lo dispuesto en la Ley 19.886 y su Reglamento, deriva de la información entregada por la Dirección del Trabajo relacionada con la sentencia condenatoria por infracción de los derechos fundamentales del trabajador dictada en contra de La Universidad de La Serena por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, son solo la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal corresponden a la Dirección de Compras y Contratación Pública, no pudiendo, por ende, calificarse de ilegales tales actos.

Expresa que, en consecuencia, la inhabilitación de La Universidad de La Serena no ha sido carente de fundamento, sino que se ha sustentado en una sentencia firme y ejecutoriada del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de manera que un acto que se ajusta a la norma legal y reglamentaria mal podría infringir los derechos fundamentales de la recurrente.

Previas citas legales y jurisprudenciales, concluye que el actuar de la recurrida en estos autos se ajusta al marco constitucional y legal.

TERCERO: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

CUARTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la inhabilidad de la Universidad estatal recurrente en el Registro de Proveedores para contratar con los organismos del Estado, en los términos del artículo 92 N°7, del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886.

SEXTO: Que es un hecho reconocido por las partes que la recurrente fue condenada por sentencia ejecutoriada en la causa laboral T-121-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena en procedimiento de tutela laboral por lesión de derechos fundamentales deducida por un ex funcionario de dicha Casa de Estudios.

SÉPTIMO: Que sobre el particular, cabe señalar que las normas que rigen la materia son las siguientes:

a) Artículo 4 de la Ley 19.886: “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

b) Artículo 92 N°7 del Reglamento de la Ley 19.886: “Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”.

c) Los artículos 36 y 37 de la Ley 21.094: “Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebren las universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del decreto con fuerza de ley No 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento”. Y “Convenios excluidos de la ley No 19.886. No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley No 19.886 los convenios que celebren las universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas universidades entre sí. De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los contratos que celebren las universidades del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile”.

OCTAVO: Que lo cierto es que de la lectura de las normas precedentemente relacionadas, no es posible establecer que exista en favor de la recurrente un derecho cierto e indubitado que cautelar. En efecto, no es posible soslayar que la recurrente haya sido condenada por sentencia ejecutoriada en un procedimiento de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, por lo que se configura de esta forma el presupuesto base para la inhabilidad dispuesta en el artículo 4 de la Ley 19.886, norma que no distingue en su aplicación según quien sea la persona natural o jurídica que fuere condenada.

NOVENO: Que las disposiciones de la Ley 21.094, tampoco permiten establecer la no aplicación de la inhabilidad dispuesta en la Ley 19.886, pues precisamente el artículo 36 hace aplicable a las universidades estatales este último cuerpo legal lo que refrenda entonces la procedencia de la inhabilidad cuestionada y, enseguida, cuando el artículo 37 hace una exclusión, solo se refiere a los Convenios, siendo que, la forma de contratar con el Estado puede desarrollarse de otras formas como lo son las contempladas en el artículo 7 de la Ley 19.886, por lo que no corresponde que por esta vía constitucional y cautelar, se determine el alcance de la referida exclusión y, por ende, de la inhabilidad cuestionada.

DÉCIMO: Que así, al no verificarse una actuación arbitraria o ilegal que atente contra un derecho de carácter cierto y determinado de la recurrente, el recurso no puede prosperar, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales por inoficioso.

En efecto, se trata en definitiva de una materia que no puede ser dilucidada a través del ejercicio de la acción cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República SE RECHAZA, sin costas la acción constitucional de protección interpuesta por la Universidad de La Serena en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora Carolina Salas Salazar.

Rol 1412-2024 (Protección)