nombre reservado con SEREMI SALUD REGIÓN METROPOLITANA

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 1403-2018.- La Serena, doce de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, COMPIN, de la Región de Coquimbo, representada legalmente por doña nombre reservado o por quien haga sus veces, con domicilio en domicilio reservado y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, “SUSESO”, representada legalmente por don nombre reservado o por quien haga sus veces, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto mediante Resolución Exenta IBS Nº 37344 de fecha 06 de Noviembre de 2018 de la Superintendencia de Seguridad Social reitera el rechazo de las licencias médicas Nºs 52978130, 53475858, 50205936, extendidas por un total de 67 días a contar del día 25 de mayo de 2017, señalando que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado, cuyo acto administrativo conculca la garantía constitucional establecida en el Artículo 19 Nº 1, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política, resolución que le fue notificada por medio de carta certificada la cual fue recibida en el domicilio de la actora con fecha 16 de Noviembre de 2018.

Refiere que el año 2016, se encontraba vinculada laboralmente en EMPRESA REGIONAL DE CAPACITACION S.A, desempeñándose desde el día 07 de Enero de 2013, como coordinadora de capacitación, y que en tal periodo se encontraba con fuero maternal dado que el mes de Septiembre de 2015, nació su hija de 3 años de edad a la fecha de interposición del recurso, pero que sin embargo, desde que su jefatura se entera de su estado de gravidez, el ambiente laboral cambió, generándose un acoso laboral en su contra que la llevó a generar una depresión en su embarazo, la cual continuó en una depresión post parto y fue derivada a tratamiento psiquiátrico, comenzando tratamiento con el profesional nombre reservado, quien diagnostica Depresión Mayor y Trastorno Fóbico Grave; de esta manera desde el 26 de Septiembre de 2016, comenzó su reposo según tratamiento médico, otorgándosele las respectivas licencias médicas, que en total fueron 6 y las cuales fueron aprobadas una vez que se iban extendiendo.

Añade que a raíz de un primer peritaje ordenado por la COMPIN, fue atendida por la profesional psiquiatra, doña nombre reservado, con fecha 03 de Noviembre de 2016, quien diagnostica Depresión post parto y señala la necesidad de continuar con licencia médica por un periodo de dos meses más. Posteriormente con fecha 01 de marzo de 2017, la misma profesional realiza segundo peritaje, en el cual se le sugiere cambio de médico tratante por la poca evolución en el tratamiento con el médico que hasta ese momento la trataba; además se señala la necesidad de mantener licencias médicas por dos meses más, y posteriormente, y en atención a la sugerencia mencionada, cambia de médico tratante, continuando tratamiento con la profesional nombre reservado en Marzo de 2017, quien diagnostica Trastorno Depresivo recurrente, Trastorno de Ansiedad generalizada, Trastorno Límite de la personalidad, quien indica tratamiento farmacológico y Psicoterapia, todo lo cual cumplió a cabalidad.

Agrega que con fecha 23 de Mayo de 2017, la profesional doña nombre reservado, extiende Licencia Médica Nº 52978130, la cual comenzaba desde el día 25 de Mayo de 2017 por un periodo de 30 días, licencia que fue rechazada por la COMPIN, a lo cual presentó Recurso de Reposición con fecha 14 de Junio de 2017, acompañando antecedentes médicos, el cual mediante Resolución Exenta Nº 2330 de la COMPIN fue rechazado, fundamentando el rechazo en un Reposo Prolongado.

Señala que con fecha 23 de Junio de 2017, la misma profesional extiende Licencia Médica Nº 53475858, la cual comenzaba desde el día 24 de Junio de 2017 por un periodo de 30 días, ésta licencia fue rechazada por la COMPIN, a lo cual ingresó Recurso de Reposición con fecha 19 de Julio de 2017, acompañando antecedentes médicos, el cual fue rechazado mediante Resolución Exenta Nº 2753 de la COMPIN, señalando como motivo del rechazo Reposo Prolongado.

Refiere que con fecha 24 de Julio de 2017, el profesional nombre reservado, extiende Licencia Médica Nº 50205936 a contar desde el día 24 de Julio de 2017 por un periodo de 7 días, ésta licencia fue rechazada por la COMPIN, a lo cual presenté Recurso de Reposición el cual mediante Resolución Exenta Nº 3178, acompañando antecedentes médicos, fue rechazado señalando como motivo del rechazo Reposo Prolongado.

Señala que con fecha 31 de Julio de 2017, retomó su actividad laboral; sin embargo, ese mismo día su empleador la desvincula de la empresa, entregándole la respectiva carta de despido, pero que con fecha 03 de Agosto de 2017, entregó a su empleador la información sobre su segundo embarazo, por lo que la empresa la reincorpora; sin embargo, indica que la empresa vulnera mis derechos no otorgándole ninguna función, y que con fecha 03 de Octubre de 2017 se pone término a su relación laboral por mutuo acuerdo de las partes.

Añade que además, el día 10 de Octubre de 2017, concurriendo a un control ginecológico, el médico le señaló la pérdida de su bebé, lo cual habría agudizado su diagnóstico y frente a todo lo ocurrido ha mantenido sus tratamientos médicos psiquiátricos hasta la fecha actual con la profesional tratante doña nombre reservado. Sostiene que frente al rechazo de todos los recursos presentados en COMPIN por el rechazo de las licencias médicas, con fecha 26 de Octubre de 2017, presentó Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual mediante Resolución Exenta IBS Nº 953 de fecha 11 de Enero de 2018, confirma el rechazo de las licencias médicas Nº 52978130, 53475858, 50205936, señalando lo siguiente: “Que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias Nºs 52978130, 53475858, 50205936, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.”

Refiere que posteriormente, y agotando todas las instancias administrativas para poder revocar la decisión del rechazo a mis licencias, presentó Recurso de Reconsideración ante la SUSESO con fecha 06 de Junio de 2018, el cual mediante Resolución Exenta IBS Nº 37344 de fecha 06 de Noviembre de 2018, notificada con fecha 16 de Noviembre de 2018, confirma el rechazo de las licencias médicas, señalando “Que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias Nºs 52978130, 53475858, 50205936, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista.”

Refiere que las licencias médicas, que fueron dadas por la médico psiquiatra doña nombre reservado, con quien se encuentro en tratamiento desde el mes de Marzo de 2017, fueron dadas en relación al cuadro clínico que le fue diagnosticado, esto es, Trastorno Depresivo recurrente, Trastorno de Ansiedad generalizada, Trastorno Límite de la Personalidad, al cual responde con tratamiento farmacológico indicado que es sertralina, carbamazepina y aripiprazol, sumado a psicoterapia que mantuvo con la Psicóloga Clínica doña nombre reservado.

Señala que si la médico tratante ha indicado el tiempo de reposo estimado en cada licencia médica, se debe únicamente para la mejoría del cuadro clínico diagnosticado, por lo que el rechazo constante a dichas licencias, habiendo realizado a cabalidad las indicaciones médicas, los peritajes médicos solicitados y los exámenes médicos para acreditar que el diagnóstico y tiempo de reposo se condicen con su estado de salud, solo han vulnerado sus derechos fundamentales, en este caso, su integridad psíquica, su derecho a defensa y su patrimonio.

Sostiene que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a través de resoluciones sin fundamentos y antojadizas, dado que solo señalan como fundamento del rechazo “Reposo prolongado”, ha rechazado tres licencias médicas, lo cual es un acto administrativo arbitrario, ya que con dicho rechazo impide el pago de tales licencias médicas, lo cual le ha perjudicado económicamente.

Añade que posteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), mediante Resolución Exenta IBS Nº 953, confirma la decisión de rechazo de la COMPIN, señalando como fundamento “Que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias Nºs 52978130, 53475858, 50205936, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista”, y que el mismo fundamento indicado anteriormente se señala en Resolución Exenta IBS Nº 37344, la cual resuelve recurso de apelación presentado como última instancia administrativa, en el cual se rechazan las mencionadas licencias médicas.

Afirma que los argumentos o fundamentos señalados para rechazar las licencias médicas son arbitrarios, ya que no se respaldan con antecedentes médicos, que desvirtúen tanto el diagnóstico como el tiempo de reposo indicado por el médico tratante, más aún cuando en los distintos recursos de reposición se acompañaron informes médicos, recetas médicas e incluso se realizó los peritajes solicitados realizados por la médico psiquiatra nombre reservado. Por lo que tanto la COMPIN como la SUSESO, solo han rechazado a su antojo las licencias médicas extendidas ya que de todos los antecedentes médicos que he acompañado en todas las oportunidades se señala que los tiempos de reposo indicado por su médico tratante sí se condicen con su diagnóstico.

Luego transcribe los artículos 16, 21 y 22 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, sosteniendo que tanto la COMPIN como la SUSESO, han actuado arbitrariamente, no ejerciendo ninguna de las alternativas por las cuales se rigen, y sobre todo ignorando todos los antecedentes médicos que se han acompañado en las distintas instancias administrativas, rechazando las licencias médicas sin fundamentos concretos, siendo que dichas licencias médicas fueron extendidas por un profesional idóneo quien hasta la fecha actual ha tratado las afecciones de la actora, no tomando en consideración su opinión profesional, por lo que las decisiones de rechazo de las licencia médicas señaladas sin fundamento, es a todas luces un acto ilegal y arbitrario que ha vulnerados los derechos fundamentales de la actora.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala en primer término el Artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, pues se ha transgredido el derecho fundamental establecido en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política, que resguarda el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en atención a que con el no pago de las licencias médicas señaladas, le ha causado a la recurrente un desmedro en su salud psicológica, al habérsele provocado angustia y ansiedad por no haberse acogido dichas licencias, todo lo cual le provocó un retroceso en sus tratamientos, incluso se habrían agudizado al tener que estar preocupada de la reclamación administrativa por el no pago de dichas licencias, generándole un profundo estrés.

Invoca asimismo como vulnerada la garantía del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Carta Fundamental, toda vez que no ha existido por parte de las recurridas un procedimiento y una investigación racional y justa, que fundamente las decisiones de rechazo de las licencias médicas señaladas.

Finalmente, sostiene que se vulnera la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativa al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, señalando que se ha transgredido este derecho fundamental en razón a que con el rechazo de las licencias médicas no ha podido obtener la retribución monetaria que le corresponde, lo cual ha provocado un grave perjuicio en su patrimonio, teniendo en cuenta que con lo que le correspondía recibir podría haber hecho frente a los gastos de los medicamentos que debe tomar por prescripción médica, cubrir atenciones psiquiátricas y psicológicas y también los gastos propios y familiares que toda persona mantiene, todo lo cual le ha perjudicado enormemente.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección deducido, en todas sus partes, y se ordene sean aprobadas y pagadas las licencias médicas números 52978130, 53475858 y 50205936, sin perjuicio de las demás medidas que S.S.I estime pertinentes, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Cédula de identidad de nombre reservado.

2.- Sobre ORD 3734 4, enviado por Superintendencia de Seguridad Social, U. de Gestión de Correspondencia (Huérfanos 1376-Stgo), con dirección al domicilio domicilio reservado.

3.- Resolución Exenta IBS Nº 37344 de fecha 06 de Noviembre de 2018.

4.- Recurso de reconsideración de fecha 06 de Junio de 2018.

5.- Recurso de apelación ante Superintendencia de Seguridad Social de fecha 26 de Octubre de 2017.

6- Resolución Exenta Nº 953, de fecha 11 de Enero de 2018 emitida por Departamento de Licencias Médicas.

7.- Resolución Exenta Nº 376, de fecha 29 de Enero de 2018 emitida por COMPIN Coquimbo.

8.- Recurso de Reposición de fecha Junio de 2017, suscrito por doña nombre reservado.

9.- Resolución Exenta Nº 2330, de fecha 15 de Junio de 2017, emitida por COMPIN Región de Coquimbo.

10.- Recurso de Reposición de fecha Julio de 2017, suscrito por doña nombre reservado.

11.- Resolución Exenta Nº 2753, de fecha 27 de Julio de 2017, emitida por COMPIN Región de Coquimbo.

12.- Resolución Exenta Nº 3178, de fecha 18 de Agosto de 2017, emitida por COMPIN Región de Coquimbo.

13.- Licencias Médicas Nºs 52978130, 53475858, 50205936.

14.- Peritaje Medico de fecha 03 de Noviembre de 2016.

15.- Peritaje Medico 01 de Marzo de 2017.

16.- Informe médico de fecha Junio de 2018, emitido por Médico Psiquiatra doña nombre reservado.

17.- Informe médico de fecha 30 de Junio de 2017, emitido por Psicóloga doña nombre reservado.

18.- Informe médico 13 de Febrero de 2017 emitido por médico psiquiatra don nombre reservado.

19.- Informes médicos emitidos por don nombre reservado de fechas 22 de Septiembre de 2016, 25 de Octubre de 2016, 24 de Noviembre de 2016 y 24 de Enero de 2017.

20.- Copia de recetas médicas de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, emitidas por el médico nombre reservado.

21.- Informes médicos emitidos por médico nombre reservado.

22.- Recetas médicas emitidas por doña nombre reservado.

23.- Examen médico de fecha 03 de Julio de 2017.

Previa notificación legal, comparece por la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, el abogado don Sergio Ansieta Calderón, quien informa al tenor del recurso, señalando en síntesis que se ha interpuesto recurso de protección por el rechazo, de las licencias médicas N° 52978130, N° 53475858 y N° 50205936, efectuadas por la COMPIN de Coquimbo, específicamente, en contra de las siguientes resoluciones: 1. Resolución Exenta N° 2330 de la COMPIN, de 15.06.17; recaída en una reposición interpuesta el 14.06.17, que confirma el rechazo de la licencia médica N° 52978130; 2. Resolución Exenta N° 2753 de la COMPIN, de 27.07.17, recaída en uno reposición interpuesta el 19.07.17, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° 53475858; y 3. Resolución Exenta N° 3178 de la COMPIN, de 18.08.17, recaída en una reposición interpuesta el 17.08.17, que confirmo el rechazo de la licencio médica N° 50205936.

Como primera cuestión, alega la recurrida la improcedencia del recurso de protección en materia de seguridad social, establecida en el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar deducida en estos antecedentes, ello conforme lo dispuesto en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre autorización de Licencias Médicas.

Sostiene que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter, excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República; que debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, y que tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Asimismo, alega la recurrida la inexistencia de un derecho indubitado, sosteniendo que la jurisprudencia uniforme consignada en los últimos fallos de los tribunales superiores de Justicia, ha establecido, a propósito del rechazo de licencias médicas efectuadas por la COMPIN, que no existe derecho alguno incorporado al patrimonio de la afectada recurrente, cuando le ha sido denegado el pago de los subsidios reclamados por estimar que las licencias médicas contienen un reposo injustificado, transcribiendo parte de las sentencias que señala, indicando que al no existir un derecho indubitado, el recurso de protección en contra del rechazo efectuado por la COMPIN, no puede prosperar ya que no reúne los requisitos de procedencia del mismo, al no contar la actora con un derecho de carácter indubitado que pueda ser tutelado por esta vía.

En subsidio de lo anterior, sostiene la informante que el recurso debe ser rechazado por infundado, ya que tal cual señala la propia recurrente en su recurso, el año 2016 fue diagnosticada con Depresión Mayor y Trastorno Fóbico Grave, razón por la cual se le extendieron licencias médicas continuas por un total de 241 días, todas las cuales fueron autorizadas por la COMPIN, y que en noviembre de 2016 se le practicó un peritaje por la psiquiatra Dra. nombre reservado., quien diagnosticó Depresión Post Parto, misma profesional que, en marzo de 2017, realizó un segundo peritaje, sugiriendo mantener licencia médica por dos meses más, vale decir, el período de reposo indicado por la perito no debía extenderse más allá del mes de abril, pero que no obstante, contra la opinión experta de la perito psiquiatra que la había evaluado, la recurrente volvió a presentar tres nuevas licencias por el período de comprendido desdé el 23 de mayo al 31 de julio del año 2018, que fueron rechazadas por la COMPIN por reposo no justificado.

Sostiene que el D.S. N° 3/84, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas, y que a su vez, el artículo 16 señala que tanto la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el periodo solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida y que en ese sentido, la COMPIN determinó rechazar el reposo contemplado en las licencias médicas individualizadas, lo que se encuentra debidamente justificado conforme las normas legales y administrativas que regulan su actuar.

Hace presente que debido a la necesidad de contar con una normativa universal que facilite el quehacer de la contraloría médica en la evaluación técnica de los casos relacionados con el uso de !a licencia médica, el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral y la verificación de las declaraciones contenidas en las certificaciones médicas, el Ministerio de Salud dictó el Decreto N° 7/2013 que Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar a Emisión de Licencias Médicas", decreto que hace mención a los elementos que deben contener las licencias médicas, según el tipo de patología y duración del reposo laboral.

Añade que respecto de la licencia médica impugnada, el Listado Maestro de Licencias Médicas de la recurrente, señala como causal de la misma "Episodio depresivo, grave sin síntomas psicóticos" es decir, patología de carácter mental, a propósito de la cual el Decreto N° 7/2013 señala el rango de días de reposo laboral estimado como adecuado para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral, y que en este sentido, la decisión de la COMPIN Coquimbo de rechazar las tres últimas licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, debido a que no se han cumplido los criterios establecidos en el decreto señalado, ya que no existían antecedentes que respaldaran médicamente el reposo de la recurrente entre el 23 de mayo y el 31 de julio de 2017, y que a mayor abundamiento, el último peritaje médico-psiquiátrico realizado en marzo de 2017 a la recurrente, había concluido que a Sra. nombre reservado debía mantener licencia médica sólo por dos meses más, razón que explica el rechazo de las licencias presentado a partir de mayo de 2017, lo que era de conocimiento de la recurrente.

Refiere que el D.S. N° 3/84, ha conceptualizado la licencia médica en su artículo primero, definiéndola como "...El derecho del trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por médico cirujano...", vale decir, es un reposo de carácter temporal, que supone necesariamente la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo. En esta situación, la suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador o trabajadora debe hacer uso de licencia médica, reposo que, unido en la mayoría de los casos, a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Indica que la situación de la recurrente se aparta completamente del objetivo y finalidad de la licencio médica, ya que consta del último peritaje médico realizado por la COMPIN en marzo de 2017, que no se justificaba extender las licencias médicas más allá de dos meses, por lo que el reposo que se pretendía con las tres licencias médicos extendidas o partir del 25 de mayo de 2017, no se encontraba justificado, que por la vía de este recurso se pretende mantener una situación anómala, ya que sin trabajar y sin que exista causa médica justificada por el organismo técnico competente, la recurrente pretende mantener el pago de un subsidio, lo que a juicio de la recurrida, constituye un claro abuso de un derecho que otorga la seguridad social, pues lo que correspondía en este caso es que la recurrente, a partir del mes de mayo, se hubiese reincorporado a la vida laboral con apoyo farmacológico y supervisión médica.

Señala que la COMPIN Coquimbo ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3, de 1984 y Dto. N° 7, de 2013, ambos del Minsal, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario o ilegal.

Cita jurisprudencia en apoyo a sus argumentos.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Acompaña copia simple de los siguientes documentos:

1. Copia de los 2 Peritajes realizados a la recurrente por la Dra. nombre reservado Frindtz, de a COMPIN, de 03 de noviembre de 2016 y 01 de marzo de 2017.

2. Transcripción del peritaje de fecha 01 de marzo de 2017.

3. Lista maestro de licencias médicas de la recurrente, correspondiente a los años 2010 a 2017.

4. Cartola médica de la recurrente.

5. Mandato judicial otorgado en la Notario nombre reservado de La Serena, de fecha 13 de diciembre de 2018.

Por su parte, por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, comparece don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Indica que consta de la copia del expediente administrativo que acompaña a su informe, que por presentación de fecha 26 octubre de 2017, la Sra. nombre reservado reclamó ante dicho Servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO , confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 52978130, 53475858, 50205936, extendidas por un total de 67 días a contar del 2510512017, por reposo no justificado; que mediante RESOLUCIÓN EXENTA lBS N° 953 DE 11-01-2018, la Superintendencia dictaminó: "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias N°s 52978130, 53475858, 50205936, no se encontraba iustiflcado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista", concluyendo: "Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias N°s 52978130, 53475858, 50205936, de acuerdo a lo anteriormente expuesto".

Añade que posteriormente, mediante presentación dirigida a esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado solicitó la reconsideración del dictamen citado precedentemente, mediante el cual se resolvió rechazar las licencias médicas N° 52978130, 53475858, 50205936, extendidas por un total de 67 días a contar del 25 de mayo de 2017, por cuanto no se acreditó la existencia de incapacidad laboral durante el período de las licencias reclamadas, y que mediante el ORDINARIO N° 17382 DE 09-04-2018, la Superintendencia dictaminó lo siguiente: "Sobre el particular, y considerando que en su presentación usted no aporta nuevos antecedentes que pudieren hacer variar lo resuelto, esta Superintendencia, lamentablemente, no puede dar curso a su solicitud de reconsideración".

Sostiene que luego, mediante presentación de fecha 06 de junio de 2018 dirigida a la Superintendencia, la Sra. nombre reservado solicitó la reconsideración del dictamen N° 17382 de fecha 08 de abril de 2018, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden a mantener el rechazo de sus licencias médicas N°s 52978130, 53475858, 50205936, extendidas por un total de 67 días a contar del 25 de mayo de 2017, por reposo no justificado, señalando que al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° 37344 de 06 de noviembre de 2018, se dictaminó lo siguiente: "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias Nos 52978130, 53475858, 50205936, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista", y que concluye dicha Resolución señalando que: "Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias N°s 52978130, 53475858, 50205936, de acuerdo a lo anteriormente expuesto".

Refiere que la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 16 de diciembre de 2018, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada Compin de los formularios en comento, pues en virtud de la presentación de fecha 26 de octubre de 2017 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante la Superintendencia, por lo que se evidencia que ya desde casi un año y dos meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de junio de 2018, y la señalada COMPIN los rechazó a contar de la resolución 2330 de 15 de junio de 2017, y que a mayor abundamiento, la Superintendencia ratificó lo obrado mediante Resolución Exenta IBS N° 953, del 11‑ de enero de 2018.

Refiere que se colige de lo expuesto que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico; que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es de competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, sostiene, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción constitucional de marras, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Señala que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, y que la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante la Corte tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, indica que la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción constitucional es manifiesta, cuestión que evidencia la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula.

Cita jurisprudencia en apoyo a su argumento, sosteniendo además que no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 2O de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, "...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes." Refiere que una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar, citando jurisprudencia sobre el punto.

Solicita el rechazo de la acción de protección, por extemporánea.

Luego, en subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, sosteniendo que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, de tal forma que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Reitera que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República; que debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a "actos u omisiones arbitrarios o ilegales", y que tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio de esta alegación, informa el fondo del recurso, señalando en primer término el marco jurídico-normativo que regula la materia, sosteniendo que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad; que tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria, y que para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (l.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Añade que respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. N° 1, del año 2005, y en el D.S. N° 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal, y que en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Sostiene que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

Indica que el artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: "Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, y en virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L, el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Señala que la licencia médica está definida en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, y es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Agrega que debido a la necesidad de contar con una normativa universal que facilite el quehacer para resolver este tipo de materias, fue dictado el Decreto Supremo N° 7/2013 que Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas". En dicha normativa se hace mención a los elementos que deben contener las licencias médicas, según el tipo de patología y duración del reposo laboral, y transcribe al efecto el contenido del aludido decreto Supremo en relación a las Patologías Mentales, Guías Referenciales de Reposo Laboral, indicando que “el rechazo impugnado de las licencias médicas individualizadas anteriormente, NO se encuentra justificado” (sic), según lo indicado, debido a que no se cumple íntegramente con los criterios establecidos D.S. N° 7, lo que se ve corroborado en los antecedentes médicos adjuntados respecto de la recurrente.

Añade que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, ello de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que el legislador ha establecido en el artículo 21 de la Ley N° 16.395, modificado por la Ley N° 20.691 de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

Transcribe a continuación los artículos 3°, 27, 38 de la Ley N° 16.935, refiriendo que a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, la informante debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con -miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Sostiene la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, señalando en síntesis que en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, y que en consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, y que además, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, en el cual se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas, conforme al cual el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución, y que en caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante la Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Añade que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario "...sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19...", y que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su "derecho a licencia médica" no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas, lo que debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la informante, señalando que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite, y que tratándose de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Cita nuevamente jurisprudencia en respaldo a sus argumentos.

Agrega que consta un peritaje efectuado a la recurrente, practicado por la psiquiatra Dra. nombre reservado, el día 03 de noviembre de 2016, el que concluye que para la paciente amerita un reposo de dos meses más, y que posteriormente, en virtud de lo indicado por Cartola Médica del Servicio de Salud, acompañado al expediente, consta (en forma concordante con lo afirmado por la recurrente), que se recibió un nuevo peritaje realizado por la Dra. Friendt, con fecha 1 de marzo de 2017, el que concluye que amerita reposo por dos meses más, por lo que es concordante, luego de los 2 peritajes a que fue sometida, que se rechacen sus licencias médicas extendidas a contar del 25 de mayo de 2017, luego de los dos últimos meses autorizados por la Dra. Friendt; cita nuevamente jurisprudencia en la materia.

Señala que se aprecia que la resolución impugnada por la recurrente, referida a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Indica que al no existir acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección.

Acompaña copia de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, habiéndose alegado en primer lugar por la recurrida la extemporaneidad del recurso de protección deducido en estos antecedentes, corresponde previamente resolver dicho argumento de defensa, para efectos de dilucidar tal cuestión antes de entrar a conocer del tema de fondo planteado en este caso.

CUARTO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la Superintendencia de Seguridad Social respecto del rechazo de las licencias médicas indicadas, refiere la informante que la acción constitucional que nos ocupa fue deducida con fecha 16 de diciembre de 2018, en circunstancias que la actora reclamó ante la Superintendencia mediante presentación de fecha 26 de octubre de 2017, por cuanto la COMPIN Región de Coquimbo confirmó el rechazo de sus licencias médicas N°s 52978130, 53475858 y 50205936, extendidas por un total de 67 días a contar del 25 de mayo 2017, por reposo no justificado, resolviéndose dicha solicitud mediante Resolución Exenta IBS N° 953, de fecha 11 de enero de 2018, la que en síntesis concluye que el reposo prescrito en tales licencias no se encontraba justificado, confirmando el rechazo; que luego con fecha 20 de marzo de 2010(sic), la recurrente solicitó a la superintendencia la reconsideración de tal dictamen, solicitud que fue resuelta desfavorablemente para la actora mediante Ordinario 17382 de fecha 09 de abril de 2018, resolución esta última respecto de la cual, posteriormente con fecha 06 de junio de 2018, la Sra. nombre reservado solicitó a la Superintendencia su reconsideración, la que fue resuelta negativamente para sus intereses mediante Resolución Exenta N° 37344, de fecha 06 de noviembre de 2018.

Concluye en esta parte la Superintendencia que entre la fecha de la reclamación de la recurrente (26 de octubre de 2017) y la fecha de interposición del recurso ante esta Corte (16 de diciembre de 2018), había transcurrido con creces el plazo de 30 días que contempla el Auto Acordado que regula la materia, siendo en consecuencia extemporáneo el recurso deducido en estos antecedentes.

QUINTO: Que en esta materia, resulta conveniente tener presente que el inciso 2° del artículo 54 de la Ley N° 19.880, dispone que una vez interpuesta una reclamación en contra de una resolución administrativa, se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso de protección, puesto que es a partir desde ese momento que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente.

SEXTO: Que asimismo, debe tenerse en consideración que el acto administrativo impugnado consiste en el rechazo de las licencias médicas que se refieren en el recurso, deduciendo la acción constitucional en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, siendo este último organismo quien pronunció la Resolución Exenta N° 37344, de fecha 06 de noviembre de 2018, confirmando el rechazo de las licencias médicas que refiere la recurrente, poniendo término a la etapa administrativa de reclamación iniciado con ocasión del rechazo por la COMPIN de las licencias médicas otorgadas a doña nombre reservado, acto terminal que decidió confirmar el dictamen de la aludida Comisión, constituyendo las actuaciones previas a su Resolución, actos trámites respecto de los cuales no podría haber ejercido esta acción cautelar, por cuanto a través de aquellos reclamos o recursos intermedios, no se veía aún afectada alguna garantía constitucional, que puede estimarse vulnerada sólo una vez dictado el acto administrativo terminal que cierra la etapa de reclamación en la Superintendencia, por lo que habiéndose presentado el recurso de protección el día 16 de diciembre del año 2018, se debe concluir que la acción fue interpuesta dentro de plazo.

SÉPTIMO: Que aclarado ya el debate en cuanto a la oportunidad en que se ha deducido la acción constitucional de protección en estudio, corresponde también desestimar la alegación de improcedencia del recurso sostenida por las recurridas COMPIN y SUSESO en sus respectivos informes, en cuanto señalan que la garantía constitucional que la recurrente considera vulnerada, sería el derecho a la seguridad social, previsto en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, el que no se encontraría amparado por la acción constitucional de protección, según se desprende del tenor de la norma del artículo 20 de la carta Fundamental.

En efecto, sobre esta materia debe tenerse en consideración que el numeral 2° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el catálogo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la simple lectura del recurso es posible advertir que la recurrente reclama a través del presente arbitrio la decisión de la SUSESO que confirmó el rechazo señalado de las licencias médicas por reposo prolongado dictaminado por la COMPIN, actos que, a juicio de esta Corte, efectivamente podrían eventualmente constituir una transgresión al derecho a la vida e integridad física de la accionante y/o del derecho de propiedad, garantías protegidas en el artículo 19 N° 1° y 24° de la Constitución Política de la República, respectivamente; por tanto, la argumentación sostenida por la recurrida en este aspecto, carece de sustento, criterio que por lo demás ha sido sostenido por esta Corte (sentencia de fecha 17 de julio de 2018, Rol N° 518-2018-Protección).

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, la recurrente hace consistir los actos ilegales y arbitrarios en que la SUSESO, a través de la Resolución Exenta IBS N° 37344, de fecha 06 de noviembre de 2018, habría confirmado el rechazo de licencias médicas N°s 52978130, 53475858 y 50205936, extendidas a su nombre, señalando que el reposo prescrito en ellas no se encontraba justificado.

NOVENO: Que a fin de resolver sobre la acción constitucional entablada, útil resulta recordar que el artículo 5° de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone que el procedimiento administrativos y los actos administrativos a los cuales dé origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos; mientras que en su artículo 3º establece que se entenderá como acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, que en el caso de ser dictadas por autoridades administrativas dotadas de poder de decisión, distintas a la del Presidente de la República, adquieren la forma de resoluciones.

Por su parte, en el inciso 2° de su artículo 11 dispone la obligatoriedad de expresar los hechos y fundamentos de derecho en aquellos actos que de cualquier forma afectaren los derechos de los particulares; en tanto que en el artículo 16, relativo a los principios de transparencia y publicidad del procedimiento, prescribe que el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él; en fin, el artículo 41 inciso 4º del mismo texto legal impone la obligación que las resoluciones que contengan la decisión del asunto sometido al conocimiento de la autoridad administrativa deberán ser fundadas.

Los preceptos reseñados, por lo demás, resultan concordantes con lo previsto en el artículo 8º inciso 2º de nuestra Ley Suprema y con lo establecido en el artículo 13 inciso 2º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

DÉCIMO: Que, conforme a lo señalado precedentemente, la motivación o fundamentación de un acto administrativo, constituye un requisito esencial para su validez y dice relación con las circunstancias de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo y que se expresan formalmente en su escrituración, deber de fundamentación que es plenamente aplicable en la especie, como quiera que también se encuentra contemplado en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional y que dispone, en lo que interesa, que al rechazar o aprobar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, el COMPIN debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia, misma obligación que se aplica respecto de las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a la normativa aplicable a los actos administrativos en general.

DECIMOPRIMERO: Que, en el caso sub judice, es pertinente tener presente que con fecha 15 de junio de 2917, la COMPIN dicta la Resolución Exenta N° 2330, que rechaza una solicitud de reposición de fecha 14 de junio de 2017, confirmando el rechazo de la licencia médica N° 52978130; luego, con fecha 27 de julio de 2017, la misma COMPIN dicta la Resolución Exenta N° 2753, rechazando la reposición de fecha 19 de julio de 2017, y confirmando en consecuencia el rechazo de la licencia médica N° 53475858; y que con fecha 18 de agosto de 2017, la COMPIN dicta la Resolución Exenta N° 3178, rechazando la reposición de fecha 17 de agosto de 2017, y confirmando el rechazo de la licencia médica N° 50205936, siendo la causal de rechazo de tales licencias, el reposo prolongado.

DECIMOSEGUNDO: Que asimismo, de los antecedentes acompañados a estas gestiones, y siendo además un hecho reconocido por las partes, a instancias de la COMPIN, a la actora se le realizaron dos peritajes, ambos a cargo de la psiquiatra Dra. nombre reservado, el primero de ellos con fecha 03 de noviembre de 2016, incorporado a la documental acompañada por la SUSESO a su informe, pericia en que, luego de señalar los hitos relevantes de la historia vital de la recurrente, se indica como diagnóstico del peritaje, “Depresión post parto”, con criterio de recuperabilidad positivo, indicando que amerita licencia médica por dos meses, y el segundo peritaje, de fecha 01 de marzo de 2017, en que también se concluye que la situación clínica de la actora amerita reposo por dos meses más.

DECIMOTERCERO: Que con posterioridad a tales peritajes, la recurrente presentó las tres licencias médicas cuyo rechazo ha dado motivo a la interposición del recurso de protección que nos ocupa, rechazos que fueron confirmados por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta IBS N° 953, del 11 de enero de 2018, que señala en lo pertinente: “Que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias N°s 52978130, 53475858, 50205936, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista”, argumento que es reiterado en el pronunciamiento de la Resolución Exenta IBS N° 37344, de fecha 06 de noviembre de 2018, que se pronuncia sobre la solicitud de reconsideración de la recurrente.

DECIMOCUARTO: Que de los antecedentes clínicos de la actora, consta que las licencias rechazadas se extendían por un total de 67 días a partir del día 25 de mayo de 2017, habiendo con anterioridad alcanzado a disponer de 241 días de reposo autorizado.

DECIMOQUINTO: Que de esta manera los antecedentes a los que alude la Resolución Exenta IBS N° 37344, de la SUSESO, de fecha 06 de noviembre de 2018, y en especial lo consignado en los peritajes psiquiátricos practicados por la doctora nombre reservado, dan cuenta que al día 01 de marzo de 2017 el cuadro psiquiátrico de la recurrente se encontraba activo y justificaba dos meses más de reposo, esto es, marzo y abril de 2017, por lo que las licencias médicas otorgadas a continuación de dicho lapso –cuya desestimación ha sido impugnada en el presente recurso- fueron rechazadas precisamente en cumplimiento de lo prescrito en el peritaje ya referido, motivo por el cual los antecedentes considerados por las recurridas resultan ser suficientes para arribar a la decisión que adoptaron y, en consecuencia, mal podría estimarse que su actuar, en cuanto fundamentalmente desestimó los reclamos de la actora, sea arbitrario por carecer de motivación.

DECIMOSEXTO: Así tampoco se podría considerar que la actuación de las recurridas es ilegal, por cuanto ambas procedieron dentro de las esferas de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus facultades legales que les reconocen los artículos 2 letras a y c, 3 y 27 de la Ley 16.395, de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, y el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de fecha 28 de mayo de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; como, además y según se indicó, con mérito para resolver el rechazo de las licencias de que trata el presente recurso.

DECIMOSÉPTIMO: Que, por consiguiente, la inexistencia de comportamiento antijurídico por parte de las recurridas, conduce necesariamente a la desestimación del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la COMPIN Región de Coquimbo y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° 1403-2018-Protección.- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. No firman el Ministro señor Jorquera y el abogado señor Fernández no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones.

La Serena, a doce de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.