Protección contra recurrida ya individualizada

Foja:74 Setenta y Cuatro La Serena, dieciocho de enero de dos mil trece.

VISTOS:

A fojas 15, comparece don FERNANDO ROCO PINTO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional, según se acredita, de ARIZTÍA COMERCIAL LIMITADA, en adelante también ARIZTÍA, persona jurídica de derecho privado del giro que indica su razón social, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde Titular don ROBERTO JACOB JURE, técnico agrícola, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda el recurso, en que su representada, la empresa Ariztía Comercial Limitada fue originalmente constituida, en 1974, bajo la razón social de “Comercial e Industrial Melipilla Limitada”, y que en el curso de su historia ha cambiado su razón social, pasando por “Industrializadora del Agro Limitada” en el año 1976, pudiendo utilizar como nombre de fantasía “IDELA Limitada”; luego en el año 1988, se modificó este nombre de fantasía, siendo cambiado por el de “INDELA Limitada”, pasando finalmente a tener su actual denominación o razón social, la que fuera establecida por modificación social efectuada en el año 1996, que es “Ariztía Comercial Limitada”, la que inició sus operaciones en la ciudad de La Serena, tras cambiar la sede de su sucursal para la Cuarta Región desde la ciudad de Coquimbo, a partir del 1º semestre del año 1992 (2 de Enero de 1992), y, al igual que en el resto de las sucursales que posee a lo largo del país, el giro comercial registrado ante el Servicio de Impuestos Internos corresponde al de venta de aves, huevos, cecinas, subproductos cárnicos, vegetales y lácteos. Conforme la normativa tributaria vigente, son estos giros comerciales los habilitados para explotar como empresa en Chile, y en base a esa información tributaria, es que su representada tramitó la patente comercial que ampara el ejercicio de la actividad comercial que desarrolla en la sucursal de Balmaceda N° 4.611 de La Serena, lo cual ha tenido lugar de la misma forma y a través de los mismos procedimientos que lo ha hecho ante el resto de los municipios de las comunas en donde se ubican sus otras sucursales y su casa matriz, conforme lo establece la Ley de Rentas Municipales en sus artículos 23, 24, 25 y 26. Añade que, de acuerdo a los trámites propios de dicha gestión, y previas autorizaciones sanitarias del caso, la recurrida le otorgó la patente municipal comercial definitiva para desarrollar su actividad, describiéndose ésta - por parte del Municipio- como "venta de aves y huevos, y oficinas comerciales" (precisa que nunca fue autorizado para vender aves vivas, ni se solicitó la patente en comento para tal efecto, por cuanto sólo vende aves ya faenadas), y que la naturaleza propia de la actividad amparada por la patente municipal citada, implica una serie de procesos inherentes a la misma, por motivos de seguridad y sanitarios; todos los cuales han sido previamente revisados y autorizados por las autoridades administrativas pertinentes, ya que, si bien la actividad comercial desarrollada se refiere a la venta de aves y huevos, ésta necesita de un manejo propio de conservación y depósito a fin de tener stock para la venta y que el producto no se descomponga, pues se trata de productos perecibles respecto de los cuales es elemental mantener la adecuada cadena de frío, contando para ello con cámaras en donde se almacenan los productos que forman parte esencial e inherente del establecimiento comercial como parte del proceso de su actividad comercial, y que de ninguna forma importan el desarrollo o explotación individual o independiente, de una actividad distinta a la ya autorizada, o de un servicio prestado a terceros por los cuales se cobre un precio que represente una utilidad contable y declarable ante los organismo tributarios.

Agrega, que según lo dispone la Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley N° 3.063, la obligación de pago de patente municipal es única por comuna, lo que implica que grava la actividad que ejerce un mismo contribuyente en la comuna respectiva, y, el legislador establece que no se requiere el pago de una patente por cada actividad explotada por el contribuyente en una misma comuna, sino que se le obliga a un pago único por desarrollar su comercio en la comuna respectiva; que el artículo 24 de dicho Decreto Ley indica que la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda.

Por otra parte, expresa que la doctrina y jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, por medio del Dictamen N° 2.006 del año 2.009, entre otros, reiterada y uniformemente ha establecido que para la procedencia de la obligación contenida en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) que la actividad esté gravada con ese tributo; b) que ésta sea efectivamente ejercida por el contribuyente; y c) que se realice en un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado de la comuna respectiva, y agrega que, respecto del segundo requisito, debe existir una constatación efectiva del desarrollo de la actividad lucrativa que se imputa al contribuyente, no bastando, para tales efectos, atender únicamente a presunciones, al objeto social especificado en los respectivos estatutos o al carácter mercantil de una sociedad (se amplía criterio en los Dictámenes Nº 45.342 de 2.008, Nº 62.394 de 2.010 y Nº 37.039 de 2.011) y asimismo, en relación con el criterio plasmado por la Contraloría General de la República, en otros dictámenes, como el N° 28.774 del año 2.000, dicho órgano de control ha dejado claro que es una sola la contribución de patente comercial municipal la que se debe pagar; toda vez que lo que se grava es la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente en su establecimiento; no siendo necesario modificar o ampliar el giro que aparece en la patente municipal ya otorgada cuando se desarrolle una actividad que está comprendida también en la propia definición del giro del contribuyente según su esencia o estatutos.

Sostiene, que los hechos que fundamentan el recurso consisten en la dictación de dos Decretos Alcaldicios Nº 4032/12 (de fecha 26 de diciembre de 2012) y Nº 4059/12 (de 28 de diciembre de 2012), ambos notificados con esta última fecha, mediante los cuales se ordenó la clausura inmediata del local comercial ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, por el supuesto hecho de ejercer una actividad lucrativa sin haber obtenido previamente una patente municipal, transgrediendo el artículo 23 del Decreto Ley Nº 3.063 sobre Rentas Municipales, y en su parte considerativa, se alude a que se constató que las actividades que se ejercen no corresponden al giro autorizado, desarrollando las de “bodegaje, distribución y almacenamiento de aves faenadas” sin haber solicitado ni obtenido previamente patente municipal ni cumplido las demás disposiciones legales pertinentes; en tanto que se sostiene que el artículo 58 del Decreto Ley Nº 3.063 autoriza a decretar la clausura de los negocios sin patente municipal. Sin perjuicio, hace presente también que al momento de la notificación del decreto de clausura, junto a los funcionarios municipales, se apersonaron en el lugar efectivos de Carabineros de Chile, sin que en el decreto respectivo se haya ordenado su auxilio, y que sin perjuicio que el artículo 58 del Decreto Ley Nº 3.063 establece que la mora en el pago de la contribución de la patente de un establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al Alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora; y que el Alcalde podrá decretar dicha medida de clausura a los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les hayan sido impuestas, dicho precepto no les resulta aplicable, por no encontrarse dentro de ninguna de las situaciones referidas en la norma.

Agrega, que después de 21 años explotando el giro en el mismo lugar autorizado originalmente por el Municipio - contando siempre con las autorizaciones legales- y en forma coetánea con el cambio de administración municipal a contar de fines de noviembre de 2012, el actual Alcalde de La Serena, Sr. Jacob Jure hizo una serie de declaraciones ante los medios de comunicación locales cuestionando el desarrollo de la actividad económica de Ariztía, en las que aseguró que de ninguna manera autorizaría el "otorgamiento o renovación" de la patente comercial de tal empresa, afirmando que sería clausurado el establecimiento comercial antes que terminase el año 2012, en atención a las supuestas molestias que se le causaban a vecinos del sector, postura en la que el municipio se ha manifestado intransigente , no obstante la voluntad de su representada de mitigar eventuales problemas en la vecindad, aún a sabiendas que la patente comercial en comento estaba válidamente otorgada desde hace muchos años y plenamente vigente, y que no existía impedimento legal ni sanitario alguno para el normal funcionamiento del establecimiento en cuestión.

Estima, que el acto de clausura decretado es arbitrario e ilegal en atención a que, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales las causales de clausura, taxativamente, consisten en -mora en el pago de la patente; -negocios que funcionen sin patente; y -negocios con multas impagas, y que Ariztía no se encuentra en ninguno de tales presupuestos legales que habilitarían al Alcalde a decretar la clausura del establecimiento comercial, toda vez que, respecto de los casos en que requiere la existencia de una patente, nunca ha estado en mora en su pago, ni tiene multas impagas, y en lo que respecta a la causal que faculta para la clausura en caso de no contar con patente, resulta improcedente en la especie pues la propia recurrida reconoce la existencia de tal, pero la ha calificado de insuficiente, ya que se le imputa para fundar la orden de clausura impugnada, funcionar sin patente municipal, pues se afirma que se ejercen actividades de bodegaje, almacenamiento y distribución sin estar amparados para ello con la correspondiente patente, imputación que además de no haber sido constatada, importa un error del municipio, puesto que su representada no realiza la actividad lucrativa de bodegaje, almacenamiento y distribución de alimentos, siendo dicha actividad inherente al giro de la actividad comercial desarrollada por la recurrente, dado que, toda actividad de venta de productos perecibles requiere una serie de medidas sanitarias para poder explotarse, todas las cuales cumple Ariztía y de lo cual dan cuenta las autorizaciones correspondientes, y, para poder vender sus productos, requiere trasladarlos, manipularlos y mantenerlos a cierta temperatura en condiciones de higiene particulares, para las que resultan imprescindibles las cámaras de frío, congeladores y otra serie de artefactos afines, y las bodegas esgrimidas existen, pero almacenar los propios productos de la recurrente, que son mantenidos en condiciones de temperatura e higiene especiales mientras no son requeridos por los clientes en nuestras propias instalaciones o donde éstos dispongan, de manera que, no corresponde a una actividad lucrativa propiamente tal y que sea independiente de aquella propia de Ariztía, por la cual reciba una retribución de los terceros dueños de esas mercaderías de procedencia distinta a la de mi representada. Asimismo, la pretendida actividad lucrativa de distribución de productos de que se da cuenta en los decretos de clausura, no es más que la referida a la cadena propia de venta de la recurrente, ya que, los consumidores pueden concurrir personalmente a sus instalaciones a adquirir los productos, o bien solicitar le sean entregados en sus domicilios ya sea por el volumen de compra o por algún convenio en particular.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que, de estimarse como efectivo el fundamento de la clausura, igualmente la medida adoptada es improcedente, pues se daría la situación de que la empresa tendría patente pero su contenido no abarcaría el total de giros autorizados, lo que tampoco está en los presupuestos que habilitan al Alcalde a adoptar esta decisión de clausura conforme el inciso segundo del artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, siendo lo que habría correspondido aplicar una multa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Rentas Municipales, al no tener contemplada un sanción específica en la norma.

De esta forma, estima que la decisión de clausura es abiertamente ilegal ya que no ha sido decretada al amparo de la normativa legal que rige al efecto; por lo que aquella constituye infracción patente, manifiesta y grave pues en su virtud no sólo se vulneró el propio tenor de la norma en que se apoyó la decisión de clausura, sino que también el artículo 2 de la Ley Nº 18.875, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, señala que el acto de clausura además es arbitrario, porque no es efectivo que Ariztía ejerza actividades lucrativas de bodegaje y distribución propiamente tales, lo que es afirmado por la Municipalidad sin tener prueba al respecto, arbitrariedad que se desprende de las propias declaraciones públicas del Sr. Alcalde de La Serena con antelación a la notificación de los decretos de clausura en relación al contenido de estos últimos y las posteriores declaraciones formuladas por agentes del Municipio, vertidas en la versión impresa del Diario El Día de La Serena de 28 de diciembre de 2012, que informaba de la clausura aún antes de que la empresa hubiese sido notificada de la medida.

Invoca como garantías fundamentales vulneradas, las siguientes contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República: a) La del Nº 1 inciso 4°, consistente en la prohibición constitucional de apremios ilegítimos, en atención a que la medida de clausura carece de sustento legal que la valide, no fue decretada para ejecutarse por medio de la fuerza pública, por lo que su existencia y ejecución de la forma efectuada constituye un apremio ilegítimo, y un exceso de la autoridad; b) La del N° 21 inciso 1°, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, puesto que, el referido decreto de clausura ha conculcado a Ariztía su garantía de desarrollar su actividad económica; que no resulta ser inmoral, ni atenta contra el orden público ni contra la seguridad del país, debiéndose tener en cuenta en relación a este impedimento, que es en las fechas de fin de año (junto con las fiestas patrias) en donde se genera la mayor actividad comercial en el rubro de la recurrente; y c) La del N° 24, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, desde que, se ha violado este derecho de Ariztía respecto de la patente municipal con que cuenta para ejercer su comercio en esta comuna, puesto que, al amparo de esta garantía fundamental, se debe considerar que conforme al otorgamiento de la patente municipal comercial definitiva que se hizo a mi representada ha ingresado a su patrimonio el legítimo derecho de ejercer su actividad comercial de manera de no ser privado de ello ni ser perturbado en su ejecución sin mediar causa legal; de forma tal que la perturbación que hace la recurrida al clausurar el establecimiento comercial afecta directamente este derecho en relación a la recurrente tanto en lo que respecta al amparo del ejercicio de su comercio en la comuna de La Serena, como al ejercicio mismo de su giro.

En mérito de lo expuesto solicita, tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de la recurrida ya individualizada, y que se declare que la clausura plasmada en los Decretos Alcaldicios Nº 4032/12 y Nº 4059/12 resulta arbitraria e ilegal y vulnera todas o algunas de las garantías constitucionales invocadas, y en consecuencia, se deje sin efecto la medida de clausura; con expresa condena en costas.

Adjunta los siguientes documentos en apoyo de sus pretensiones: 1.-Copia de la patente definitiva de Ariztía referida a la sucursal de Balmaceda Nº 4611, La Serena; válida hasta el 31 de enero de 2013. 2.- Copia de los Decretos Alcaldicios de clausura Nº 4032/12, y Nº 4059/12. 3.- Copia de publicación del Diario El Día de La Serena, referente a declaraciones del Alcalde de La Serena en relación a los hechos materia del recurso; 4.- Copia de publicación en el sitio web de Diario El Día, referida dichos de vecinos del sector, de 20 de diciembre de 2012; 5.- Impresión de noticia aparecida en el Diario La Región, de 28 de diciembre de 2012, informando acerca de la clausura decretada. 6.- Noticia de la clausura publicada en el sitio web de la Municipalidad de La Serena; 7.- Noticia de la clausura publicada en el sitio web del Diario El Día; 8.- Copia de resolución N° 462 del Ministerio de Salud de Coquimbo, en que se autoriza el funcionamiento de almacenamiento de carnes y quesos al vacío en la sucursal de Ariztía; 9.- copia de la escritura pública que contiene la personería para representar a Ariztía Comercial Ltda., consta de la escritura pública de mandato judicial de fecha 28 de diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Público de Santiago don nombre reservado, repertorio 1.647-2012.

A fojas 36 , comparece don MARIO A. BARRIOS ROJAS, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, representada legalmente por su Alcalde, don ROBERTO JACOB JURE, técnico agrícola, todos domiciliados en domicilio reservado, quien en tal calidad evacúa el informe solicitado, y solicita el rechazo del recurso de protección deducido, en atención a que los decretos alcaldicios N°4.032/12, de fecha 26 de diciembre de 2012 y N°4.059 de fecha 28 de diciembre de 2012, no corresponden a actos u omisiones de carácter arbitrario o ilegal, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocados por la recurrente.

Expresa, que por reclamos realizados a través de correos electrónicos, dirigidos al Alcalde de La Serena, concejales y Delegación Municipal de la Pampa, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en su calidad de directivas de la organización Jardines Valle del Sol La Serena, con fecha 12 de noviembre de 2012 manifestaron los diversos inconvenientes que provoca la ubicación de la empresa Ariztía, al estar situada en un sector residencial, como por ejemplo, el choque de un camión que destruyó un poste y un transformador del alumbrado público, lo que originó diversos problemas en el sector, además de la destrucción de bienes nacionales de uso público (veredas, jardines, bandejón central) y, en relación a ello, don nombre reservado, Director de Administración y Finanzas del Municipio, mediante Ordinario N° 126/12 de fecha 23 de noviembre de 2012, solicita a la Dirección de Obras se informe sobre la construcción y habitación del establecimiento Ariztía, ya que según lo constatado por inspectores de rentas municipales, la empresa estaría explotando el giro "Bodega y Distribuidora de Productos Avícolas", en circunstancias que tiene autorización para desarrollar el giro de "venta de aves, huevos y oficinas comerciales" . Agrega, que la Dirección de Obras, con fecha 27 de noviembre de 2012, mediante informe elaborado por doña nombre reservado, ingeniero Constructor e Inspector de Obras Municipales, constató, que en la actualidad la superficie aprobada y recepcionada por esta Dirección se mantiene en los mismos 474,15 m2 construidos en primer y segundo piso, y que el segundo piso no ha sufrido ninguna modificación, manteniendo las mismas características y distribución de su aprobación, sin embargo, el primer piso ha sufrido modificaciones interiores menores, tales como desplazamiento de muros y tabiques interiores, manteniendo la misma superficie aprobada. Añade, que en el año 1991, antes de realizar la recepción de las obras, se le solicitó por parte de la Dirección de Obras Municipales medidas de mitigación a la empresa Indela Ltda., propietaria en esos años del recinto en cuestión, mediante oficio Ord. N° 02358 de fecha 28.08.91 que consistieron en: -sistema o caseta de aislamiento de los equipos; -arborización en el perímetro, especialmente en el deslinde común con los vecinos y; -estacionamiento vehicular en el interior del predio, de las que sólo se dio cumplimiento a los estacionamientos al momento de la recepción, y agrega que mediante una declaración jurada, de fecha 12 de diciembre de 1991 don nombre reservado, en representación de la referida empresa se comprometió a cumplir con las exigencias relativas a la arborización y construcción de casetas para equipos, terminadas al 31 de Enero de 1992, sin perjuicio de lo cual, se advirtió que, en la actualidad, no existen antecedentes en el respectivo expediente referentes al seguimiento y cumplimiento de estas obras de mitigación, sin perjuicio de lo que, en la fiscalización efectuada con fecha 27 de noviembre de 2012, se pudo constatar que actualmente no existe ningún tipo de arborización en el perímetro de la propiedad, y que en cuanto a los equipos, cuentan con casetas techadas y cerradas con rejas, lo que no cumple con la indicación solicitada, ya que debían ser casetas de aislamiento.

Por otra parte, sostiene que respecto de la salubridad de las instalaciones, se ofició a Higiene Ambiental, para que en la medida de su competencia realizara las fiscalizaciones correspondientes y posteriormente, con fecha 30 de noviembre de 2012, se ingresa a la oficina de partes un reclamo dirigido al Alcalde por los vecinos del Condominio El Conquistador, patrocinada y firmado por don nombre reservado y 21 vecinos que firman y se individualizan, y que da cuenta de la existencia de un frigorífico por más de 20 años, de envergadura industrial que posee la empresa Ariztía y que afecta permanentemente la tranquilidad y calidad de vida de los vecinos del condominio, debido a los malos olores, ruidos molestos ruidos tanto en el día como en la noche) y a la congestión vehicular que provoca la entrada y salida de camiones que transportan carga de gran tonelaje, lo que afecta la calidad de vida de los vecinos, quienes además, dan cuenta de diversas sanciones aplicadas a la empresa por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo, según se da cuenta de los Decretos Exentos N°0044, de fecha 03 de enero de 2013, N°4.838 de fecha 10 de diciembre de 2012 y N°13.232 de fecha 29 de diciembre de 2011.

Añade, que el 7 de diciembre de 2012, don nombre reservado, Director de Administración y Finanzas del Municipio, mediante Ordinario N° 129/12 informa a don nombre reservado, administrador de la empresa Ariztía sobre los reclamos recibidos y la procedencia de efectuar una fiscalización de las instalaciones y una revisión de las autorizaciones otorgadas, donde le realiza las siguientes observaciones: 1.- La solicitud de Patente Comercial de la empresa "Indela Limitada", hoy "Ariztía Comercial Limitada", presentada el 4 de diciembre de 1991, fue efectuada por el giro de "Venta de Aves y Huevos", para el local comercial ubicado en domicilio reservado, y que para cuyos efectos se entiende el giro por la venta minorista; 2.- Que el 9 de septiembre de 1993, se presentó solicitud de modificación del código clasificador de actividades económicas del SII, a "Comercio al por mayor no clasificado en otras partes", declarando el Servicio de Salud mediante el Ord. N° 5.414, que dicha clasificación "se considera siempre y cuando el propietario ya instalado, controle y neutralice posibles efectos del proceso productivo", entendiéndose que se deben eliminar todas las molestias que se pudieren causar; 3.- La Resolución Sanitaria que permanece en los antecedentes de la Patente Comercial, corresponde a la antigua razón social; 4. -Para la autorización original otorgada por la Dirección de Obras Municipales, la empresa propuso medidas de mitigación, las que hasta este momento no se han cumplido; 5.- En cuanto a la publicidad, se ha detectado que aquella que se encuentra sobre una estructura soportante, no cuenta con la autorización y recepción de la Dirección de Obras Municipales; 6.- Que habiéndose notificado a la empresa sobre producción de residuos sólidos, mediante comunicación N° 11.404, del 14 de julio de 2012, se ha negado a efectuar los pagos que corresponden, lo que consta de las comunicaciones enviadas y posterior pago según orden de ingreso municipal de fecha 28 de noviembre de 2012; 7.- Se detectó a la empresa "Sociedad Araya Comercial Limitada" R. U. T. N° RUT reservado, trabajando en domicilio reservado (mismo domicilio de "Ariztía Comercial Limitada") que corresponde al mismo local según el rol de propiedades, con giro de "Oficina Administrativa, comercio mayor y menor de otros productos", con Patente Municipal Rol N°214052, sin haber sido autorizada por la D.O.M., y sin resolución sanitaria.

Expresa, que por todo lo anterior, se le cursó una infracción el día 15 de noviembre de 2012, F. N. N° 0000008, con citación al 2° Juzgado de Policía Local de La Serena, por encontrarse trabajando con giro no autorizado, y se le ordenó abstenerse de seguir efectuando la actividad de Bodegaje, Distribución y Almacenamiento de Aves Faenadas, considerando que esa actividad no ha sido la autorizada por la Municipalidad de La Serena; deberá entregar la Resolución Sanitaria actualizada.; deberá cancelar los derechos de retiro de Residuos Sólidos, que corresponde a la sobre producción de basuras; deberá solicitar la autorización y la recepción a la D. O. M., para la estructura que soporta la publicidad; se caducará la patente comercial otorgada a la "Sociedad Araya Comercial Limitada", ya que no se ha cumplido con los requisitos definidos en la Ley de Rentas Municipales, situación señalada anteriormente; y considerando que la actividad comercial que desarrolla "Ariztía Comercial Limitada" es una actividad molesta con alto impacto vial y medio ambiental, producido por el trabajo nocturno, los ruidos molestos, el manejo de residuos sólidos, la congestión vehicular provocada, y los estacionamientos sobre veredas, etcétera, es que se requiere que se someta a la autorización otorgada por esta municipalidad, siendo este requerimiento perentorio, so pena de clausura.

Agrega, que con fecha 20 de Diciembre de 2012, fundado en los antecedentes reseñados, se procede a decretar la clausura del local comercial ubicado en la domicilio reservado, de propiedad de la empresa "Ariztía Comercial Limitada", por constatarse que ejerce una actividad lucrativa sin haber obtenido previamente patente municipal, transgrediendo con ello el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales. Hace presente, que con fecha 15 de noviembre de 2012, la empresa fue fiscalizada por personal de rentas y patentes del municipio, siendo denunciada al Segundo Juzgado de Policía de La Serena por la siguiente infracción: "Realizar actividad lucrativa en giro no autorizado. Art. 23", y señala que el parte establece que "la empresa infractora posee patente comercial para ejercer su actividad en el giro de venta de aves, huevos y oficina comercial, lo que no lo habilita para trabajar en el giro infraccionado de bodega y distribución de productos avícolas y cecinas". Añade que la recurrente compareció al tribunal, luego de dos citaciones y pagó la multa impuesta, sin formular reclamo alguno, según consta de la orden de ingreso municipal N°0750655, de fecha 28 de noviembre de 2012, cuya denominación es: Giro No Autorizado. Por otra parte, indica que el día 14 de julio de 2012, la empresa fue informada que debía regularizar su situación por concepto de sobreproducción de extracción de residuos domiciliarios, contemplado en el Decreto 3754/07 artículo 1 y 25 y artículo 9 del Decreto Ley 3.063.

Estima, que el recurso carece de fundamento legal, toda vez que los decretos alcaldicios son actos administrativos, decisiones formales (escritas) que adopta o emite la Administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

El artículo 58 sobre Rentas Municipales, en relación con el artículo 23 del mismo cuerpo legal, faculta al Alcalde para decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes, por lo que estima que el sr. nombre reservado, en uso de una potestad pública autorizada por ley, procedió a decretar la clausura, amparado en el principio de la legalidad, establecido en la los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile, dado que por la calidad de Alcalde que detenta, está investido y facultado para dictar decretos alcaldicios y ejercer su potestad cuando la ley se lo faculta ("podrá") u obliga ("deberá"), obligación legal de ordenar la clausura, que a su juicio no resulta discrecional, como asimismo, en los principios de escrituración, celeridad, conclusivo, de contradictoriedad, imparcialidad, desformalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, publicidad y transparencia, establecidos en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración.

Por todo lo cual, estima que los dos decretos alcaldicios objeto del recurso constituyen resoluciones administrativas dictadas conforme a derecho por la Ilustre Municipalidad de La Serena, quien en uso de las facultades otorgadas en el artículo 58 del Decreto Ley N°2.385 del Ministerio del Interior que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, en relación con el artículo 23 del mismo cuerpo legal, procedió a la clausura del local comercial en comento por no contar con la patente requerida para el ejercicio de la actividad que desarrolla actualmente, esto es, "Bodegaje, distribución y almacenamiento de productos avícolas y cecinas", de manera que no ha existido perturbación ni privación alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, ya que la sanción se encuentra establecida en un cuerpo legal, que si bien suspende el funcionamiento de la empresa, es el resultado de su propio actuar ilegal, por no contar con la patente que lo habilita para desarrollar su actividad económica de bodegaje, distribución y almacenamiento de productos avícolas.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección deducido, y asimismo se deje sin efecto la orden de no innovar decretada, todo ello con costas.

Adjunta al informe los siguientes documentos: 1. Copia del Oficio Ordinario N° 129/12 del 07 de Diciembre de 2012, mediante el cual se advierte a la empresa, sobre las faltas cometidas. Agrega copia fotostática de recepción del oficio señalado. 2. Copias fotostáticas de la solicitud de Patente Comercial y de la solicitud de modificación del código de actividades económicas del S. I. I., fechadas el 4 de diciembre de 1991 y el 9 de septiembre de 1993. 3. Copia fotostática de la Resolución Sanitaria N° 199 a nombre de "Indela Ltda.", Ordinario N° 5.414 del Servicio de Salud que califica el establecimiento de inofensivo, siempre y cuando el propietario ya instalado controle y neutralice los efectos del proceso productivo. 4. Hoja con el detalle de la Patente Comercial, Rol N° 203484, donde consta el giro autorizado por el municipio. 5. Copia fotostática de carta reclamo de 22 vecinos, dirigida a la Directora de Obras Municipales fechada el 8 de julio de 1991. 6. Copia fotostática del Ordinario N° 02238 fechado el 7 de agosto de 1991, respuesta de la D. O. M. enviada a los vecinos. 7. Copia fotostática del Ordinario N° 307 fechado el 6 de agosto de 1991, del Seremi de Salud a los vecinos. 8. Copia fotostática de la carta reclamo fechada el 21 de agosto de 1991, de los vecinos dirigida al Sr. Director de Tránsito, por los problemas de estacionamientos de particulares que obstruyen el acceso al pasaje "El Conquistador". 9. Copia fotostática de Ordinario N° 5340 respuesta del Servicio de Salud a los vecinos, que señala la obligatoriedad de la D. O. M. para que exija el cumplimiento de condiciones para el funcionamiento. 10. Copia fotostática del Ordinario N° 02655 de la D. O. M. respuesta a los vecinos, donde señala la petición de precauciones necesarias, entre las que se solicita habilitar estacionamiento al interior. 11. Copia de correo electrónico reclamo de los vecinos de fecha 12 de noviembre de 2012, enviado al municipio y a los señores concejales. 12. Copia fotostática del Ord. N° 126/12 de la D. A. F. a la D. O. M., solicitando la fiscalización de esa dirección en aspectos de su competencia. 13. Copia Fotostática del Ord. N° 04-3028, respuesta de D. O. M. al Ord. N° 126/12 de D. A. F. 14. Copia fotostática de Carta reclamo de los vecinos, fechada el 29 de noviembre de 2012. 15. Comunicación N° 0011404 fechada el 14 de julio de 2012, del Departamento de Rentas requiriendo el pago de deuda por sobre producción de basuras ascendente a $ 1.169.245.-, recibida por el Sr. nombre reservado, R. U. N. N° RUT reservado. 16. Copia fotostática de Parte N° 0000008 cursado el día 15 de noviembre de 2012, a "Ariztía Comercial Limitada" con citación al 2° Juzgado de Policía Local para el día 22 de noviembre de 2012, por realizar actividad comercial con giro no autorizado. Agrega informe remitido al tribunal. 17. Copia fotostática de la Comunicación N° 09936 del 20 de diciembre de 2012, donde se reitera notificación N° 0000008, por seguir funcionando como Bodega de Almacenamiento y Distribución de Pollos congelados, habiéndose constatado el funcionamiento no autorizado por el municipio y la destrucción del cableado eléctrico y de telefonía. 18.- Copia fotostática de la Comunicación N° 0011404 del 14 de julio de 2012, donde se señala que la empresa debe regularizar si situación por concepto de sobre producción de residuos domiciliarios. 19.- Copia fotostática Decreto Alcaldicio N°4.032/12, de fecha 26 de diciembre de 2012. 20.- Copia fotostática Decreto Alcaldicio N°4.059/12 de fecha 28 de diciembre de 2012.

21.- Copia fotostática Decreto Alcaldicio N°020/13, de fecha 04 de enero de 2013. 22.- Copia fotostática del Listado de homologación de Códigos de la Actividad económica. (páginas 1-13). 23.- Set de 08 fotografías que muestra el funcionamiento de la empresa Ariztía actualmente. 24.- Copia fotostática Orden de ingresos municipales N°783639, pagando sobreproducción de residuos domiciliarios. 25.- Copia fotostática Orden de ingresos municipales N°0750655, pagando multa por Giro No Autorizado, de fecha 28 de noviembre de 2012. 26.- Copias fotostáticas correspondientes a un Set de 18 orden de ingresos municipales, correspondiente al pago de patente por la actividad de venta de aves y huevos y oficinas comerciales, semestres de la año 2004 al 2012. 27.- Copias fotostáticas de 03 sentencias aplicadas el Servicio de Salud de Coquimbo, el Dr. nombre reservado Regional Ministerial, por sumarios sanitarios, 28.- Disco compacto que contiene un reportaje de TVN, Red Coquimbo, donde se da cuenta de los reclamos, denuncias referidos en el informe y 29.- Copia del mandato judicial suscrito ante Notario Público de esta ciudad don nombre reservado, con fecha 31 de Diciembre de 2012 para acreditar su personería.

A fojas 59, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- Que son hechos que interesan a la contienda y que no aparecen controvertidos, además de encontrar coincidencia con los antecedentes acompañados a los autos por recurrente y recurrida, por lo que se tendrán por probados, los siguientes: a) Que la recurrente se constituyó en 1974 bajo la razón social de, “Comercial e Industrial Melipilla Limitada”, luego de lo cual, en 1976, cambió dicha razón social por la de “Industrializadora del Agro Limitada”, con nombre de fantasía, “Idela Limitada”. Luego en 1988 se modificó este nombre de fantasía por el de “Indela Limitada”, teniendo finalmente y desde 1996 adelante, como razón social la de “Ariztía Comercial Limitada”; b) Que Industrializadora del Agro Limitada don fecha 4 de diciembre de 1991 solicitó a la I. Municipalidad de La Serena que se le concediera patente comercial para funcionar en el rubro de aves y huevos, en su local de Balmaceda 4611 de la Comuna; c) Que la I. Municipalidad de La Serena accedió a la solicitud de patente antes mencionada, concediéndole en 1991 a la recurrente la patente comercial definitiva Rol N° 203484, cuyo Código de Actividad Económica era el 61911, que según la lista de homologación de códigos de actividad económica acompañada en el primer otrosí de su escrito de informe por la municipalidad recurrida, correspondía a “Comercio por mayor no clasificado en otra parte”, patente que facultaba a su titular para la “venta de aves y huevos y oficinas comerciales”; d) Que la recurrente en virtud de la patente comercial que le fue concedida, procedió a desarrollar en su local de domicilio reservado de La Serena la actividad comercial autorizada por la patente, correspondiente a venta de aves y huevos e implementando además en dicho local 4 cámaras de frío, una bodega y una oficina de despacho y un local de venta al público; e) Que la recurrente se encuentra al día en el pago de la contribución correspondiente a la patente anteriormente citada; f) Que mediante Decreto Alcaldicio N° 4032/2012 de fecha 26 de diciembre de 2012, rectificado mediante Decreto Alcaldicio N° 4059/12, de fecha 28 de diciembre de 2012, el señor Alcalde de la I. Municipalidad de La Serena, don nombre reservado Jacob Jure ordenó la clausura inmediata del establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado, destinado a bodegaje, distribución y almacenamiento de aves faenadas y cuya actividad es ejercida por la Empresa Ariztía Comercial Limitada RUT N° RUT reservado, representada por don nombre reservado, Jefe de Sucursal, cédula de identidad N° RUT reservado al ejercer una actividad lucrativa sin haber obtenido previamente patente municipal, transgrediendo con ello el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales; g) Que el decreto alcaldicio anterior fue notificado a la recurrente con fecha 28 de diciembre de 2012, haciéndose efectiva en la misma oportunidad la clausura del establecimiento por medio de funcionarios municipales acompañados de efectivos de Carabineros.

2.- Que de lo que se ha tenido por establecido anteriormente se colige que el acto en contra del cual se recurre es el de haber el señor alcalde de la Municipalidad de La Serena decretado la clausura del establecimiento comercial de la recurrente y haber hecho que se materializara tal clausura por funcionarios municipales, a lo cual se procedió teniendo como fundamento que la patente comercial que se le había otorgado a dicha recurrente la facultaba para desarrollar el giro comercial de venta de aves y huevos y además tener oficinas en el establecimiento y no para practicar el bodegaje distribución y almacenamiento de aves faenadas, lo que en su concepto importaría operar sin la respectiva patente comercial en relación a éstos últimos rubros, situación que se encuadraba por tanto dentro de la situación de estar ante un negocio sin patente, contemplada en el inciso 2° del artículo 58 del Decreto Ley 3.063, que facultaba al alcalde para decretar la clausura del establecimiento.

3.- Que en su informe la recurrida señala a fojas 50, “…que esta empresa creció y el desarrollo de su actividad se modificó de la venta al por menor de aves y huevos, al de bodegaje, distribución y almacenamiento de aves faenadas, actividad comercial que requiere de otros permisos municipales…”, agregando a fojas 53, en las “CONCLUSIONES”, que la patente otorgada a la recurrente, la autoriza para “Venta de aves y huevos y oficinas comerciales”, pero desarrolla la actividad comercial de “bodega, distribución y almacenamiento de productos avícolas”, lo que queda acreditado en su concepto, con los antecedentes que acompaña, los cuales sirvieron de fundamento para comprobar el desarrollo “de una actividad industrial mayorista…”. Esta tesis de sostener que la recurrente tenía patente comercial para desarrollar un comercio al por menor y no uno al por mayor, sin embargo, debe observarse que no se conciliaba con el código para la actividad económica asignado a la patente por la Municipalidad, que era el N° 61911 y se refería a “Comercio por mayor no clasificado en otra parte”.

4.- Que sin perjuicio de lo anterior, que daría para sostener que la patente que ostenta la recurrente la facultaría aun para desarrollar las actividades de bodegaje, distribución y almacenamiento de productas avícolas, asociada a la venta de aves y huevos a que alude la patente, resulta necesario analizar en forma previa si al señor alcalde en la especie le asistía la facultad de clausurar el establecimiento de la recurrida, para ello debe tenerse en cuenta que la norma del artículo 58 del D.L. 3.063 le otorga una facultad de orden excepcional, la cual, atendido su carácter, debe ejercerse en forma restringida, esto es, dentro del marco que la misma norma previene, lo que hace que la autoridad edilicia sólo pueda ordenar la clausura en los casos y por las razones expresamente contemplados en la norma. En primer lugar, le es permitido hacerlo en el caso de mora en el pago de la contribución de patente, lo que presupone que ya existe una patente previa, pero no cancelada oportunamente. Igualmente, puede clausurar aquellos negocios que funcionen sin patente o cuyos propietarios no enteren las multas que les fueren impuestas. Dentro de estos casos, sin embargo, no en posible incluir aquél a que se refieren estos autos, ya que la recurrente poseía un establecimiento comercial amparado por una patente, si bien respecto de la cual se discutía por el señor alcalde que pudiera hacerse extensiva a los rubros de bodegaje, distribución y almacenamiento de los productos avícolas que comerciaba la recurrente y lo exigido por el inciso 2° del artículo 58 del D.L. 3.063, es que se esté en presencia de un establecimiento sin patente para que el alcalde pueda contar con la facultad de clausurar el establecimiento, lo que no es el caso. De esta manera entonces, debe concluirse que la autoridad recurrida se excedió en sus facultades al proceder a la clausura de un establecimiento que contaba con patente.

5.- Que al haberse excedido de lo permitido por la ley, debe estimarse que el acto recurrido tiene el carácter de ilegal, mas él no puede ser considerado arbitrario o producto del mero capricho, por cuanto ha tomado como base la interpretación de una norma jurídica, si bien de manera equívoca.

6.- Que la recurrente ha señalado que mediante el acto recurrido se ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el inciso 4° del N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la prohibición de aplicación de todo apremio ilegítimo, afectación respecto de la cual no concuerdan estos sentenciadores, ya que debe estimarse que esta garantía alcanza sólo a personas naturales, vinculándose con la vida psíquica y biofisiológica de éstas, o con su integridad corporal, de la que carecen las personas jurídicas.

7.- Que al procederse a la clausura del establecimiento de la recurrida, en el cual la misma desempeña su actividad comercial, debe estimarse que se ha afectado su derecho constitucional a ejercer una actividad económica legítima, que contempla el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental. Se tiene en cuenta para concluir de tal manera, lo que señala la norma en referencia, que es que la Constitución asegura, “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Esta norma comprende la libre iniciativa y la prosecución indefinida de cualquier actividad económica, sea productiva, comercial, de intercambio o de servicio, lo que puede realizarse personalmente, en sociedad, organizada en empresas, en cooperativas o en cualquier otra forma de organización lícita. Al efecto debe tenerse en cuanta que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por “actividad”, la facultad de obrar y por “económica”, lo perteneciente o relativo a la economía, siendo esta última, la ciencia que trata de la producción y distribución de la riqueza. El desarrollo del comercio mediante una empresa, debe estimarse entonces, que ha sido una actividad económica desarrollada por la recurrente en su establecimiento de domicilio reservado, de La Serena, la cual le ha sido impedida de ejercer mediante la clausura que ha efectuado de dicho establecimiento la recurrida, acto de clausura que no se ha ajustado a derecho, según se dijo anteriormente.

8.- Que al procederse a clausurar el establecimiento de la recurrente, fuera de los casos permitidos por la ley, debe estimarse que se le ha privado del derecho que le otorgaba el ser titular de la patente comercial que le había concedido la Municipalidad recurrida y respecto de cuyo pago se encontraba al día, afectándose de tal manera el derecho de propiedad que le correspondía sobre tal derecho y a que se hace referencia en el artículo 583 del Código Civil, lo que hace concluir en el sentido de que con el mencionado acto de clausura se afectó igualmente la garantía constitucional sobre la propiedad en relación a tal derecho que correspondía a la recurrente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 15 y siguientes por el abogado Fernando Roco Pinto en representación de Ariztía Comercial Limitada y en consecuencia, se deja sin efecto la clausura de que ha procedido a hacer objeto la recurrida a su establecimiento comercial de domicilio reservado, como efecto de lo ordenado en los Decretos Alcaldicios N° 4032/2012 y N° 4059/2012.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Ministro Titular, don Jaime Franco Ugarte.

Rol N° 1400-2012.-