nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

nombre reservado

A.F.P. Provida S.A.

Recurso de Protección Rol Corte N° 14-2019-Protección.

La Serena a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña MACARENA ANDREA TELLO ESPINOSA, Abogada, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de A.F.P. PROVIDA S.A., representada legalmente por don nombre reservado, o quien lo represente, con domicilio en domicilio reservado, por el agravio causado al recurrente al vulnerar los derechos contenidos en los artículos 19 Nº1, Nº2, inciso, 2º, Nº3, inciso 4, Nº4, Nº16, Nº24 y Nº26 , esto es la Igualdad ante la Ley, Derecho a Defensa, Debido Proceso, Derecho a la Honra, Vulneración a la Libertad de Trabajo, y Derecho a la Propiedad, todos consagrados en la Constitución Política de la República, por haber culpado y determinado su responsabilidad sin aplicación de un debido proceso respecto del recurrente, incorporándolo en el Archivo de Agentes Irregulares y Otros.

Sostiene que el hecho consistió en enviar los antecedentes responsabilizando al ex trabajador, aplicándole una sanción arbitrariamente, presumiendo de derecho su culpabilidad sin la aplicación de un debido proceso. Sanción que consiste en la inhabilidad de trabajar por 5 años en el rubro previsional.

Refiere que con fecha 5 de diciembre de 2018, el recurrente tomó formalmente conocimiento a través de documento escrito de la Superintendencia de Pensiones y confirmó la efectividad que su código de agente está bloqueado por la Superintendencia de Pensiones, lo cual ocurre hasta el día de hoy por lo que se trata de un acto de efectos permanentes. Esta sanción consiste en la inhabilidad para trabajar por 5 años en el rubro previsional y financiero debido a que fue denunciado por su ex empleador AFP Provida e incorporado al Archivo de Agentes Irregulares y Otros, sin la aplicación del debido proceso.

Indica que la respuesta de la Superintendencia fue a raíz de un escrito de apelación que presentó el trabajador producto que ha sido rechazado por dos potenciales empleadores quienes le señalaron que en el sistema interno que tienen las AFP aparecía esta inhabilidad, lo que le impide ser contratado, coartando su libertad de trabajo en el área en que el recurrente se desempeña.

Agrega que el Oficio de la Superintendencia de Pensiones señala que se abrirá una investigación para determinar la práctica de los traspasos, que fue la que originó el problema de la falsificación de firma al entregarle la carpeta asignada a otro trabajador, cuando se produce la falsificación de la firma el recurrente no tenía materialmente la carpeta en su poder, hecho que el propio trabajador denunció ante la Superintendencia de Pensiones, debido a que fue culpado sin la aplicación de un procedimiento conforme a derecho para determinar su responsabilidad en la falsificación.

Añade que la vía administrativa se intentó y la Inspección del Trabajo no es competente para conocer la vulneración con ocasión de la aplicación de una sanción sin debido proceso, tal como consta en el Acta que se adjunta al recurso.

Señala que la Superintendencia de Pensiones, tampoco es competente para pronunciarse acerca de la vulneración de garantías constitucionales, que actualmente, se encuentra investigando el tema de los traspasos, los cuales sindica como práctica indebida, pero sobre la vulneración acerca de encontrarse privado el trabajador para buscar, encontrar trabajo y ser contratado no es competente.

En cuanto a los hechos en que sustenta su recurso, refiere que actualmente está inhabilitado por 5 años de trabajar en Isapre, AFP y toda otra entidad del rubro, hecho que se origina a raíz que una afiliada denunció falsificación de su firma para cambio de AFP. Esta inhabilidad es indicativo que se le culpó de este hecho que no cometió y el procedimiento no se ajustó a derecho, ni tampoco se veló por el debido proceso para determinar las responsabilidades, lo que desencadenó en una renuncia a su trabajo presionado por la entidad, añadiendo que se le aplicó dicha sanción sin poder defenderse, ya que no es el autor de la falsificación de la firma; la razón es que el Folio Nº7886175, no estuvo en su poder materialmente, fue gestionado por otra persona que si bien tampoco se ha determinado si es responsable o no de la falsificación, solamente que la carpeta materialmente la tenía otro trabajador, añade que además, el peritaje de huella se realizó por perito de la AFP que concluyó que no es la firma de la afiliada, pero dicho peritaje no determinó que esa firma y huella pertenecen al recurrente sr. nombre reservado.

Señala que no por el hecho de enviar los documentos y “cumplir con incorporar en el Archivo de Agentes Irregulares y Otros” la Superintendencia de Pensiones está en calidad de aseverar “que se cumplió por la AFP enviando los antecedentes” presumiendo que la acusación de la AFP al trabajador es fundada; que la acusación y sanción de la AFP Provida al trabajador fue sin la aplicación del debido proceso, y es más, cuando el texto legal señala que dicha sanción es plausible en caso que confirme el trabajador su responsabilidad, lo cual no ha sucedido, pues el trabajador señaló que él no falsificó la firma expresamente a propósito del reclamo de la afiliada.

Luego de señalar antecedentes con la finalidad de contextualizar el caso, señalando la mecánica en que operaban los trabajadores en la gestión de traspasos de afiliados, señala que presentó sus descargos a propósito de la denuncia de la afiliada con fecha 11 de octubre de 2018, que son descargos a raíz del reclamo de la afiliada, es decir respecto de su procedimiento de reclamo, en el caso del trabajador nunca se abrió una investigación interna para determinar al responsable.

Agrega que la hoja con el descargo que presenta el trabajador no es a raíz de un procedimiento que abriera la entidad, sino a raíz del reclamo de la afiliada. Al sr. nombre reservado no se le inicia y no consta apertura de un procedimiento sancionatorio para determinar su responsabilidad en los hechos de él o de terceros, como tampoco respecto del otro trabajador que tenía materialmente la carpeta.

Indica que existe actualmente una vulneración a la libertad del trabajo (Art. 19 Nº16), producto del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, que consistió en acusarlo sin un procedimiento, sin haberlo notificado, ni haber presentado su defensa, ni siquiera contar con una sentencia condenatoria, es decir, se presumió de derecho su culpabilidad; que se incurre en un acto ilegal y arbitrario por haber culpado y determinado su responsabilidad enviando los antecedentes ante la Superintendencia de Pensiones sancionando arbitrariamente, sin la aplicación de un debido proceso, sanción que consiste en la inhabilidad de trabajar por 5 años en el rubro previsional.

Denuncia asimismo una ausencia del debido proceso, garantía prevista en el Artículo 19 Nº3 de la Constitución Política, sosteniendo que al trabajador de AFP PROVIDA, nunca se le notificó si era sujeto investigado de un “proceso sancionatorio”, que las únicas gestiones que se advierten son en pro de la denunciante a la que falsificaron su firma, a quien se recepcionó el reclamo y le realizaron una pericia a su firma. Pero, respecto del trabajador nombre reservado nunca se le notificó, ni siquiera tiene una sentencia condenatoria, sólo la sanción de inhabilidad, que la pericia practicada por A.F.P. PROVIDA a la beneficiaria, concluye que la firma no es de ella, pero no concluye dicha pericia que la firma e impresión digital correspondan a don nombre reservado, indicando que la infracción al debido proceso se manifiesta además, en la ausencia de una pericia en dactiloscopia y de impresión o huella digital en la persona de don nombre reservado.

Además, sostiene que se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales del recurrente:

1.- Integridad Psíquica: Contemplada en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política; que actualmente, el recurrente se encuentra en terapia psicológica debido a lo ocurrido, a cargo de profesional en el área de la psicología Sr. nombre reservado.

2.- Igualdad ante la ley: Artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

3-. Infracción al debido proceso contenido en el Artículo 19 Nº3 de la Constitución Política; indica que el debido proceso es una garantía que se aplica a toda clase de actuaciones, en este caso, la vía administrativa, sea en el ámbito público o privado, con plena observancia de las formas legales que rigen cada procedimiento, y que claramente, en este caso, hubo inobservancia al debido proceso, incurriéndose en un acto ilegal y arbitrario por haber culpado y determinado su responsabilidad enviando por la A.F.P. PROVIDA los antecedentes a la Superintendencia de Pensiones sancionando arbitrariamente sin la aplicación de un debido proceso, sanción que consiste en la inhabilidad de trabajar por 5 años en el rubro previsional.

Añade que a la afiliada reclamante, sí se le acogió y aplicó el procedimiento de reclamo contemplado en el Capítulo V, “Procedimiento de Solución de Materias Especiales de Reclamo”, contenido en la letra A, Título VII, del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, procedimiento que describe en sus aspectos esenciales relativo al reclamo por falsificación de la firma o huella dactilar en documentos de incorporación o creación de cuentas personales, sosteniendo que tal procedimiento fue aplicado respecto de la afiliada reclamante, pero respecto del trabajador se presumió de derecho su responsabilidad en los hechos, citando nuevamente alegaciones efectuadas por el trabajador en sus descargos ante la denuncia de la trabajadora afectada, sosteniendo que la respuesta de la Superintendencia de Pensiones no es precisa, ya que si bien se realizó un peritaje caligráfico a la afiliada, éste concluyó que la firma no pertenecía a ella, pero esa pericia no concluye que fue el trabajador. Además, no se puede presumir fraude respecto del trabajador, pues no ha reconocido ni confirmado su culpabilidad como autor de dicho fraude, él fue tajante en ese descargo en señalar que no cometió la falsificación, transcribiendo su declaración a propósito del reclamo de la afiliada, y que al contrario de lo que concluye la Superintendencia de Pensiones al señalar que el trabajador confirma el hecho, el trabajador expresamente lo niega, por tanto, no se puede presumir fraude.

Agrega que una de las manifestaciones concretas de la ausencia de debido proceso es que al Sr. nombre reservado no se le realizó una pericia dactiloscópica.

4.- Artículo 19 Nº3: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, reiterando los argumentos indicados precedentemente.

5.- Artículo 19 Nº3 inciso 4º de la Constitución Política: (...) “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Señala que tales garantías fueron vulneradas producto que se le acusó y culpó sin mediar procedimiento, enviando por la A.F.P. recurrida los antecedentes ante la Superintendencia de Pensiones y todo ello termina en una sanción sin haber estado determinada su responsabilidad en los hechos. Fue sancionado arbitrariamente, a discrecionalidad, en la que no pudo probar que no fue el autor de la falsificación de la firma de la afiliada y la ausencia de pericia como se señaló anteriormente.

6.- Artículo 19 Nº4 de la Carta Fundamental: El derecho a la honra, indicando al respecto que se presumió de derecho sin un procedimiento la responsabilidad de una persona, afectando su imagen como profesional, y se manifiesta en que se ha visto impedido de poder ser contratado actualmente, y en los trabajos que postula los potenciales empleadores se enteran de esta inhabilidad producto de la sanción que figura en el sistema interno de las empresas del rubro previsional. Al trabajador actualmente, se le ha visto impedido de trabajar en lo que sabe hacer, ya que se ha especializado en el área previsional, estando impedido de poder trabajar en AFP, ISAPRE, Aseguradoras, entre otras entidades previsionales y del rubro financiero.

7-. Artículo 19 Nº16 de la Constitución: La libertad de trabajo y su protección, pues sostiene que en este caso el recurrente rindió el examen ante la Superintendencia de Pensiones (prueba spen); el código otorgado por la Superintendencia de Pensiones es el número 155907-9 y el Código nombre reservado era el número 7916. El código afectado es el 155907-9 el cual, cada vez que lo consulte un potencial empleador del área previsional y financiero aparece la inhabilidad, impidiendo inmediatamente contratarlo, debido a que nadie contratará a un potencial candidato que aparezca con una sanción por 5 años.

8.- Artículo 19 Nº24 de la Constitución Política, esto es, el Derecho a la Propiedad, en la especie, indica que se afecta el derecho a la propiedad sobre la libertad del recurrente a la libre elección de un trabajo, el cual se ha visto impedida al aplicársele una sanción grave sin un procedimiento legal, lo cual implica, notificación, explicación de los hechos, posibilidad de rendir prueba, como una pericia caligráfica y dactiloscópica en el documento original para comprobar si la caligrafía pertenece al trabajador. No basta sólo en la afiliada reclamante, el trabajador también tiene derechos los que han sido desconocidos.

9.- Artículo 19 Nº26 de la Constitución: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Concluye solicitando se restablezca el imperio del derecho, decretando el cese a la vulneración de las garantías constitucionales señaladas y que se ordene el cese de la sanción aplicada de inhabilidad por 5 años para trabajar en el rubro previsional por no haber sido aplicado el debido proceso, ordenando eliminar del Archivo de Agentes Irregulares y Otros al recurrente, mientras se determina la autoría de los verdaderos responsables mediante el juicio correspondiente de lato conocimiento ajustado al debido proceso, y que se condene en costas al recurrido AFP PROVIDA.

Acompaña los siguientes documentos:

1-. Fotocopia de Orden de traspaso irrevocable.

2-. Descargos del trabajador a propósito del reclamo interpuesto por la afiliada.

3-. Renuncia voluntaria del trabajador.

4-. Ingreso reclamo ante la Inspección del Trabajo.

5-. Acta Inspección del Trabajo.

6-. Oficio Nº26585 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 5 de diciembre de 2018.

7-. Correo electrónico dirigido al recurrente en que es notificado por la Superintendencia de Pensiones de fecha 5 de diciembre de 2018 del Oficio citado en el presente recurso.

8-. Mandato Judicial que acredita personería.

A su vez, comparece don ERIC REES PRAT, abogado, en representación, según se acreditará, de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., informando el recurso deducido, solicitando el rechazo del mismo, señalando que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, sostiene que la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto del recurrente, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente del Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones.

Indica que el recurrente señala errónea e infundadamente que A.F.P. Provida S.A. ha tenido un actuar ilegal y arbitrario producto de tomar la decisión de incorporarlo, producto de una denuncia por traspaso irregular y no consentido, en archivo de agentes irregulares en cumplimiento a la normativa del Compendio de la Superintendencia de Pensiones.

Como cuestión previa, sostiene que la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio, citando al efecto fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y que claramente en estos autos se desprende que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección, y que en efecto, el recurrente don nombre reservado, señala que él no tuvo participación en el traspaso no consentido de la reclamante doña nombre reservado, a diferencia de lo que sostiene la recurrida.

Añade que efectivamente como lo señala el recurrente, don nombre reservado, se desempeñaba como funcionario de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. agencia La Serena; con fecha 11 de octubre de 2018, la recurrida recibió un reclamo normativo por parte de doña nombre reservado, quien denunció que ella no había firmado orden de traspaso irrevocable N° 7886175, que en definitiva hizo que fuera traspasada su cuenta de capitalización individual obligatoria desde A.F.P. Cuprum a A.F.P. Provida; que el ejecutivo previsional a cargo de la orden de traspaso irrevocable correspondiente al folio N° 7886175, era el recurrente de autos, don nombre reservado, ya individualizado; que de acuerdo a orden de traspaso irrevocable señalada, fue el recurrente quien realizó el traspaso no autorizado de la reclamante desde A.F.P. Cuprum hacia la A.F.P. Provida, por cuanto consta la firma de él en dicho instrumento, motivo por el cual no puede alegar que no tiene participación alguna en estos hechos.

Refiere que por lo señalado, fue incorporado por parte de A.F.P. Provida en el archivo de agentes irregulares de conformidad a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Añade que con fecha 11 de octubre de 2018, el recurrente de autos, suscribe declaración mediante la cual señala que él no falsificó la firma de la reclamante doña nombre reservado, ya individualizada; que con fecha 18 de octubre de 2018, el recurrente de autos en calidad de trabajador de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. renunció voluntariamente a la relación laboral que sostenía con dicha entidad, en virtud de la causal establecida en el artículo 159 N° 2 del Código del Trabajo, esto es, renuncia voluntaria, finiquito que fue autorizado ante el Fiscalizador don nombre reservado, de la Dirección del Trabajo de la ciudad de La Serena.

Señala que con fecha 28 de noviembre de 2018, el recurrente de autos, apela ante la Superintendencia de Pensiones respecto del hecho de haber sido incorporado como agente irregular producto de la denuncia de doña nombre reservado, ya individualizada.

Con fecha 05 de diciembre de 2018, el Superintendente de Pensiones responde al recurrente de autos que producto de su recurso de apelación, se ha dado inicio a un proceso de fiscalización en relación con la relacionada mala práctica comercial denominada “Intercambio de Traspasos”, denuncia en su recurso de apelación.

Sostiene que yerra el recurrente de autos al señalar que la Superintendencia de Pensiones no tendría competencia para pronunciarse mediante procedimiento administrativo respecto de su inhabilidad como funcionario de una Administradora de Fondos de Pensiones, por cuanto son las normas de la Superintendencia de Pensiones quienes la habilitan para conocer respecto de estos casos, que es precisamente la Superintendencia de Pensiones la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En cuanto a la existencia de un acto o una omisión arbitraria o ilegal, sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el Diccionario de la Real Academia Española, un acto u omisión es ilegal cuando es contrario a la ley, y que el mismo texto señala que es arbitrario cuando obedece a un capricho o a la mera discrecionalidad de la parte que lo ejecuta u omite; En otras palabras, cuando le falta razonabilidad.

Sostiene que el comportamiento adoptado por la recurrida no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite.

Hace presente que el Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones, en su Libro V, Titulo IX, Capítulo I, relativo a “Archivo de Promotores, Agentes de ventas y personal de atención de público de las Administradoras”, dispone que no podrán ser contratadas por la Administradora y deberán ser incluidas en el archivo de agentes irregulares y otros, que se define más adelante, aquellas personas que hubieren cometido irregularidades graves en el Sistema Previsional, entendiéndose por éstas las siguientes:

“a) La suscripción de una orden de traspaso utilizando la participación de terceros que no son funcionarios representantes de la Administradora o por una persona no activa en el archivo de agentes de ventas y personal de atención de público, transgrediendo lo establecido en los números 7 y 9 del Capítulo XVIII, de la Letra A, del Título III, del Libro I.

b) La falsificación de firmas o adulteración de documentos.

c) Ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, por la suscripción de un documento de incorporación, configurándose de este modo la infracción a que se refiere el inciso vigésimo primero del artículo 23 del Decreto Ley N° 3.500.

d) La apropiación indebida de fondos.

e) Irregularidades en recaudación, especialmente las señaladas en la letra D del Título VIII del Libro II.

f) Negarse a la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones.

g) Otras acciones ilícitas”.

Agrega que en razón de lo anterior, y al haberse detectado las irregularidades en la captación y traspaso de afiliados, la recurrida no tenía otra opción que cumplir con el referido Compendio e incluir al recurrente en el Registro de Irregulares. Por lo tanto, no se le puede atribuir una actuación ilegal y arbitraria por el hecho de haberse visto forzada a tener que dar cumplimiento estricto a una normativa vigente dictada por el órgano regulador respectivo, esto es, la Superintendencia de Pensiones.

Indica que al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, como ya quedó demostrado, es evidente que el recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., reiterando que no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución.

Previa cita jurisprudencial, concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, en todas sus partes.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Copia de orden de traspaso irrevocable folio 7886175 de fecha 13 de agosto de 2018.

2. Certificado recepción de denuncia de doña nombre reservado de fecha 11 de octubre de 2018.

3. Declaración del recurrente don nombre reservado de fecha 11 de octubre de 2018.

4. Copia renuncia voluntaria del recurrente don nombre reservado de fecha 18 de octubre de 2018.

5. Oficio Reservado N° 26585 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 05 de diciembre de 2018.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece en su numeral 1° lo siguiente: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

CUARTO: Que en el caso en análisis, se desprende que el actor deduce su acción constitucional de protección respecto de la sanción aplicada por su ex empleadora, Administradora de Fondos de Pensión Provida S.A., consistente en su incorporación en el Listado de Agentes Irregulares y Otros, que para tal efecto mantiene la Superintendencia de Pensiones, sanción de la cual sólo habría tomado conocimiento formal con fecha 05 de diciembre de 2018, mediante documento escrito de dicha Superintendencia, que confirmó que efectivamente su código de agente se encontraba bloqueado por dicho ente fiscalizador, información proporcionada a raíz de un recurso de apelación deducido por el recurrente respecto de la sanción señalada, con fecha 28 de noviembre de 2018.

QUINTO: Que en la especie, y según lo sostenido por el propio recurrente, la acción tutelar que nos ocupa sólo se ha deducido en contra de la sanción que sostiene el actor, le ha aplicado la A.F.P. Provida S.A., sin que se haya formulado reclamo alguno respecto de la resolución de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 05 de diciembre de 2018, contenida en el Oficio N° 26585, y que, confirmando la incorporación del recurrente al mencionado Archivo, dispone el inicio de un proceso de fiscalización en relación con la práctica denominada “intercambio de traspasos”, que el recurrente denuncia en su recurso de apelación.

SEXTO: Que en consecuencia, para analizar si el recurso de protección deducido en contra de la sanción señalada, lo ha sido en dentro del plazo fatal que para tal efecto prescribe el Auto Acordado, ha de considerarse la fecha en que aparezca o se acredite que el recurrente ha tomado conocimiento del acto cuya ilegalidad y/o arbitrariedad se denuncia.

SÉPTIMO: Que en la especie, aparece con meridiana claridad, según los antecedentes expuestos por el propio recurrente, que éste habría tomado conocimiento de la sanción de incorporación al mencionado Archivo de Agentes Irregulares y Otros, a lo menos con fecha 16 de noviembre de 2018, fecha que se señala en el Acta del Comparendo celebrado ante la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena con fecha 11 de Diciembre de 2018, según consta del documento acompañado al recurso, y que al consignar la declaración del reclamante, en la parte pertinente, señala: “Reclama: que el día 16/11/2018 encontramos (sic) en la búsqueda de trabajo, dos potenciales empleadores aseguradora BICE y AFP Capital le señalan que no lo pueden contratar porque aparece en el sistema interno de ellos una sanción, que consiste en la inhabilidad para trabajar por 5 años en el área previsional y mercado financiero. A raíz de esto el trabajador estima que fue sancionado, sin la aplicación del debido proceso, constando la inexistencia de notificación de lo que se le acusa así como la oportunidad para hacer los descargos, presentar pruebas y una sentencia condenatoria que establece la sanción por el delito de falsificación de firma e impresión dactilar, vulnerando su derecho a defensa, debido proceso, libertad de trabajo, igualdad ante la ley y afectación psíquica, ya que es el sostenedor de su hogar”, es decir, los hechos que motivaron en su momento el reclamo ante la Inspección del Trabajo, deducido con fecha 30 de noviembre de 2018, son los mismos en que se sustenta el recurso de protección que se analiza, invocándose prácticamente las mismas garantías constitucionales que se estiman vulneradas en la acción constitucional deducida en estos antecedentes OCTAVO: Que atendido lo señalado precedentemente, y considerando que el recurso de protección fue ingresado a esa Corte con fecha 04 de enero del año en curso, resulta entonces que éste ha sido presentado fuera del plazo de 30 días contados desde que se haya tomado conocimiento del acto respecto del cual se recurre, y que contempla el numeral 1° del Auto Acordado sobre la materia, precedentemente transcrito, pues se reitera, aparece de los antecedentes del recurso que el actor ya conocía la existencia de la sanción de incorporación al ya mencionado Archivo de Agentes Irregulares, a lo menos, el día 16 de noviembre de 2018.

NOVENO: Que no obsta a lo concluido precedentemente, la circunstancia que el recurrente hubiere presentado una apelación ante la Superintendencia de Pensiones con fecha 28 de noviembre de 2018, pues, como se ha indicado, el recurso de protección se ha deducido sólo respecto de la sanción de incorporación al Archivo tantas veces mencionado, aplicado por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y no respecto de la resolución pronunciada por la señalada Superintendencia respecto de la apelación deducida por el actor.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el recurso de protección deducido en estos antecedentes ha de ser desestimado, por extemporáneo.

DECIMOPRIMERO: Que sin perjuicio de lo concluido precedentemente, y para el solo efecto de agotar el examen de los antecedentes que motivan la acción constitucional deducida, tampoco podría ésta prosperar, al no existir ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el acto que se denuncia, conforme se pasa a exponer.

DECIMOSEGUNDO: Que en efecto, la investigación que condujo a la incorporación de la recurrente al registro de que se trata se inició debido a una denuncia de una afiliada afectada por una orden de traspaso irrevocable en que su firma e impresión dactilar fueron falsificadas, habiéndose constatado aquella circunstancia a través de una pericia, contando además con la declaración del propio recurrente en la investigación interna desarrollada por la recurrida a consecuencia del reclamo de la afiliada, declaración en la cual, si bien niega ser el autor de la falsificación, involucrando a otro trabajador de la recurrida, y explicando que la situación se debía a la práctica denominada “intercambio de traspasos” entre los trabajadores, recibiendo él 3 traspasos de su compañero Jean Fowler, práctica que es considerada irregular por la Superintendencia, lo que motiva incluso el inicio de un proceso de investigación por parte de dicho ente fiscalizador; en otras palabras, el hecho que motiva la sanción, esto es, la falsificación de la firma de una afiliada, no es controvertido por el actor, por lo que, habiéndose constatado la efectividad de la infracción denunciada, la A.F.P. recurrida dispuso la inclusión de la actora en el denominado Archivo de Agentes Irregulares y Otros, ello además en cumplimiento de lo ordenado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

DECIMOTERCERO: Que asimismo, se hace necesario tener presente que el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, su Organización y Atribuciones, establece que la Superintendencia de Pensiones es el organismo encargado de la supervigilancia y control de las A.F.P., de lo que se sigue que las normas dictadas por ella en esa calidad resultan vinculantes para la recurrida, en tanto que una de las funciones que el legislador radicó en la mencionada Superintendencia se refiere a la dictación de preceptos generales y obligatorios para los entes sometidos a su control, esto es, para las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre los que se incluyen, sin duda, aquellos contenidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Al respecto, cabe mencionar que la acción deducida en autos se ha dirigido exclusivamente en contra de los actos realizados por A.F.P. Provida, sin que en momento alguno se haya puesto en entredicho la validez, legalidad o regularidad del citado Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, constando en autos que la acción de que se trata no fue dirigida en contra del órgano del que emanó el señalado conjunto de disposiciones, vale decir, de la Superintendencia de Pensiones (Corte Suprema, 26 de abril de 2017, Rol N° 68.890-2016).

DECIMOCUARTO: Que en consecuencia, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. no ha cometido acto ilegal ni arbitrario alguno al incluir al actor en el Archivo de Agentes Irregulares y Otros. En efecto, la recurrida se limitó a obrar de conformidad con la referida normativa general y obligatoria emanada de la autoridad estatal encargada de su supervigilancia y control. Así, al adoptar las decisiones que del mérito de la investigación efectuada se derivan, incluyendo a la actora en el registro de que se trata, y al negarse a eliminarla del mismo, la recurrida sólo dio estricta y cabal aplicación a la normativa contenida en el Compendio de Normas, que es de obligatoria aplicación para su parte.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado .

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° 14-2019-Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez. (No firman señor nombre reservado ni señor nombre reservado, por haber cesado en funciones, sin perjuicio de haber concurrido ambos a la vista y acuerdo de la causa).

En La Serena, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.