Protección contra CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

nombre reservado, nombre reservado

Corporación Administrativa del Poder Judicial Recurso de Protección Rol N° 1393-2018.- La Serena, ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero.- Que doña nombre reservado, interpone nombre reservado en contra de la CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, señalando ser ingeniero comercial y egresada de la carrera de Derecho, ocupando el cargo de Administrativo Jefe Titular del Juzgado de Familia de La Serena. Refiere que teniendo un plazo de tres años para rendir su examen de grado en esta última carrera, que vence en agosto de 2019, solicitó a la Excma. Corte Suprema un permiso sin goce de remuneraciones, que le fue otorgado con fecha 18 de julio de 2018. Por dicho motivo, decidió que su hijo de un año de edad ingresara a la sala cuna del Jardín Infantil Explora, de La Serena, iniciando todos los trámites pertinentes ante la Corporación recurrida para que la autorizaran a percibir el beneficio de sala cuna y el beneficio de pago de traslado del menor a ese establecimiento, los que le fueron concedidos a contar del 1º de octubre de 2018 hasta el 9 de noviembre del mismo año, a través de la Resolución Nº1787-SP, de fecha 19 de octubre y Resolución Nº1878-SP, de 25 de octubre, ambas de 2018, de la señalada Corporación. Teniendo presente lo anterior, suscribió el respectivo contrato con la sala cuna, lo que implicó pagar la matrícula ($200.000) y dejar documentada las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2018, documentos que fueron acompañados oportunamente a la recurrida, la que le reembolsó la suma de $385.480 correspondiente al proporcional de la matrícula y arancel de octubre por $280.000. Señala que el problema surge cuando presenta la boleta del mes de noviembre de 2018, cuando es notificada por Oficio Nº1759, que por instrucción del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación, se le informa que no tendría derecho a los reembolsos asociados al beneficio de sala cuna por encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones y que, por tal motivo, debe reintegrar los valores recibidos, vale decir, la suma de $385.480. Estima la recurrente que se ha conculcado la garantía de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, solicitando la protección de sus derechos por la presente vía.

Segundo.- Que el abogado don Cristián Castillo García, en representación de la recurrida, informa que la recurrente se encuentra con permiso sin goce de remuneraciones desde el 27 de julio de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019. Refiere que de conformidad al artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde a Corporación Administrativa del Poder Judicial la creación, implementación y mantención de salas cunas en aquellos lugares en que sean necesarias en conformidad a la ley, para los hijos del personal del Poder Judicial, pudiendo, asimismo, destinar fondos de sus propios recursos para solventar los gastos de atención y locomoción de los hijos del personal judicial en salas cunas externas, que cuenten con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Refiere que para esos efectos, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en sesión de 30 de mayo de 2012, y posteriores modificaciones de 18 de mayo de 2016, 15 de junio de 2017 y 24 de mayo de 2018, aprobó el Reglamento para el reconocimiento del Subsidio de Sala Cuna, sin perjuicio de las instrucciones del Director de la Corporación respecto de los referidos subsidios (Circular Nº 6 RH-158, de 6 de septiembre de 2017). Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del reglamento, el reconocimiento del beneficio se hace por Resolución del Director de la Corporación, delegándose dicha facultad en el Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Conforme a ello, se dictó la Resolución Nº1787 que autorizó el pago del beneficio de sala cuna a la funcionaria nombre reservado, recurrente en estos autos, y que de acuerdo a los antecedentes citados en “Vistos”, no tuvo en cuenta la Resolución Nº2471, de 21 de agosto de 2018, del señor Presidente de la Excma. Corte Suprema. Agrega que con posterioridad a la dictación de la antedicha resolución, la Administración Zonal de La Serena de la Corporación Administrativa del Poder Judicial informa al Departamento de Recursos Humanos la circunstancia de gozar la funcionaria de un permiso sin goce de remuneraciones, lo que se apartaría del criterio institucional respecto del reconocimiento del beneficio de sala cuna, que supone que la funcionaria se encuentre efectivamente trabajando salvo la situación excepcional de licencia médica u otra que impida el cuidado del niño o niña. Fue por ello que la Administración Zonal, en su calidad de encargada del pago de los rembolsos correspondientes, informa esta situación a la funcionaria y, con posterioridad, la autoridad facultada al efecto, dicta la Resolución Nº2234-SP, de 21 de diciembre de 2018, que deja sin efectos la Resolución Nº1787-SP, fundado en que la funcionaria se encuentra haciendo uso de permiso sin goce de remuneraciones. Cita normas legales de protección a la maternidad y jurisprudencia administrativa que establece el derecho a la sala cuna para los hijos menores de dos años, mientras sus madres se encuentren trabajando, salvo en caso de licencia médica u otro impedimento que no permita cuidar adecuadamente al menor. Finalmente, afirma que no existe en este caso infracción a la garantía constitucional denunciada. Considera que siendo suficientemente fundada la decisión de derogar el beneficio y disponer la restitución del aporte efectuado, ello le resta arbitrariedad. Como la recurrente no se encuentra trabajando, tampoco se comete ilegalidad al corregir las decisiones anteriores.

Tercero.- Que el nombre reservado, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de otorgar tutela judicial efectiva a los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, permitiendo a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente, reclamando su amparo cuando estos derechos se encuentren amagados —privados, amenazados o perturbados— por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se encuentren conculcadas. En efecto, constituye un supuesto forzoso para la prosperidad de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia actual o futura de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. Sobre este punto la jurisprudencia ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Se trata entonces de un mecanismo de tutela judicial destinado a solventar el amparo de ciertos derechos que se ven conculcados y cuya necesidad de cautela requiere de una actividad urgente de la judicatura para evitar o subsanar el agravio y restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de otros mecanismos legales que el amparado pueda ejercer en resguardo de aquellos. Entonces, si bien es cierto el constituyente describe el presente recurso como una forma de brindar tutela judicial efectiva a la persona que vea conculcado alguno de sus derechos o garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que tal remedio urgente requiere, en todo caso, la existencia de un derecho cierto e indubitado, que por un acto u omisión de otro, se encuentre amenazado, privado o perturbado.

Cuarto.- Que el inciso primero del artículo 203 del Código del Trabajo, aplicable a los funcionarios judiciales por vía del inciso tercero del artículo 1º del mismo cuerpo normativo, previene, en lo pertinente, que las empresas que ocupen veinte o más trabajadoras de cualquier edad, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, donde las mujeres puedan dar alimentos a sus hijos menores de dos años y dejarlos «mientras estén trabajando».

De la norma legal preinserta se colige que la sala cuna constituye un derecho para las madres trabajadoras, que se ejerce mientras se encuentren efectivamente trabajando, constituyendo una norma de fomento para promover el acceso de la mujer al mercado del trabajo.

Quinto.- Que, cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, reza el inciso primero del artículo 19 del Código Civil. Siendo esa la primera fórmula hermenéutica de interpretación de las leyes, que excluye a las demás, no cabe otra conclusión que aquella que liga el beneficio de la sala cuna al cumplimiento efectivo de la prestación laboral por parte de la dependiente. Una interpretación extensiva de la norma legal no puede ser objeto de nombre reservado, en la medida que este arbitrio opera solamente frente a transgresiones de derechos actuales, preexistentes e indubitados, y no puede transformarse este resorte constitucional en una vía para crear, modificar o extinguir derechos subjetivos, especialmente cuando el actuar de la recurrida ha de situarse debidamente en el marco del principio de legalidad al que quedan sometidos los órganos del Estado, sin que sea posible aplicar los principios emanados de la autonomía de la voluntad contractual que rige en el derecho privado.

Sexto.- Que, no advirtiéndose en la recurrida una conducta ilegal o arbitraria, huelga adentrarse en los demás elementos que exige el recurso cautelar subjudice. En consecuencia, éste habrá de ser desestimado.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta acción constitucional, SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, sin costas.- Redacción del abogado integrante señor Carvallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1393-2018 Protección Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro señor Jaime Franco Ugarte, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos. No firma el abogado señor Carvallo no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones.

La Serena, a ocho de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.