nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes Recurso de Protección Rol N° 139-2019.- La Serena, cuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que comparece don Marco Jiménez Barra, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección a favor de su representado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, cuyo proceder arbitrario e ilegal amenaza, priva o perturba a su patrocinado del ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en los numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Comienza indicando que, con fecha 1 de febrero, su representado recibió la liquidación de sueldo del mes de enero de 2019, en la que figuraba un descuento asignado a “descuentos créditos personales CC”, por la suma de $69.996.-, el que según la oficina de recursos humanos de la empleadora correspondía a las instrucciones que mes a mes recibía de la recurrida en un documento llamado “nómina mensual de retenciones”, que indicaba los trabajadores a los que deben efectuarse descuentos por los préstamos efectuados.

Añade que con fecha 24 de noviembre de 2015, su representado suscribió un pagaré por un crédito de $3.530.361.-, que por quedar sin trabajo solo pudo solventar las primeras siete cuotas, motivo por el cual la recurrida, con fecha 24 de enero de 2017, interpuso una demanda ejecutiva en su contra que fue notificada el 23 de noviembre de 2018, quien al contestar opuso la excepción de prescripción de la acción, la que fue recibida a prueba y se encuentra pendiente de fallo.

Por lo expuesto, sostiene que el descuento efectuado en la remuneración de su representado es ilegal, puesto que hace efectivo un cobro extrajudicial, supuestamente amparado en la “ley de cajas de compensación”, sin que se haya efectuado aviso o notificación de ello al trabajador, añadiendo que se fundan en una deuda cuya prescripción se encuentra alegada en sede judicial.

Afirma que la acción de la Caja recurrida vulnera las garantías constitucionales reconocidas en al artículo 19 de la Carta Fundamental numerales 3, en cuanto pone a la recurrente en una situación desventajosa, distinta a la del resto de los demás deudores civiles, y 24, toda vez que las remuneraciones son de propiedad de su representado, formando parte de su patrimonio, citando como sustento de esa interpretación las sentencias dictadas por la Corte Suprema en la causa Rol 68.700/2016 y de la Corte de Apelaciones de Temuco en la causa Rol 5.127/2016.

Finaliza solicitando se acoja el recurso intentado y se disponga el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas de las remuneraciones de su representado, reajustadas y con los intereses que correspondan, que la recurrida se abstenga de realizar u ordenar se realicen por terceros futuros descuentos de su remuneración, especialmente por parte de empleadores actuales o futuros, públicos o privados, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación la liquidación de sueldo del mes de enero de 2019, recibida por la recurrente el 19 de febrero pasado.

Que comparece don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuando el informe solicitado y solicitando el rechazo del recurso intentado en su contra.

Comienza indicando que con fecha 24 de noviembre su representada otorgó el crédito código 125023641-6, por la suma de $3.530.361.-, a una tasa de 2.08%, pagadero en un plazo de 24 meses en cuotas de $193.966.-, de las cuales el recurrente solo pagó las siete primeras cuotas, correspondientes a los meses que van de diciembre de 2015 a junio de 2016 y que, ante la mora existente, la recurrida interpuso acción ejecutiva para el cobro del pagaré tramitada en la causa Rol C-317-2017, del Tercer Juzgado Civil de La Serena.

Añade que con fecha 28 de mayo de 2018, el recurrente reprogramó la deuda ascendiente a $2.297.069.-, pagadera en 60 cuotas de $69.996, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de junio de 2018. Agrega que, de esta repactación, el recurrente saldó las cuotas de junio y julio de 2018, de conformidad al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, estando morosas las cuotas vencidas entre agosto de 2018 a enero de 2019 y pendientes las correspondientes al mes de febrero de 2019 y siguientes, por lo que, a su juicio, este crédito se encuentra plenamente vigente.

Agrega que, de conformidad a la Ley 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, contando entre las funciones descritas por el legislador la de otorgar créditos sociales, cuya deuda, según dispone el artículo 22 del señalado cuerpo legal, deberá ser deducida de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, por lo que el hecho que su representada haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantizó el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento, atendido el carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833, por la naturaleza social del mismo.

En lo que refiere a la prescripción alegada, sostiene que esta debe ser declarada judicialmente y que no opera de pleno derecho, por lo que, en ausencia del pronunciamiento judicial emanado de un tribunal competente, la obligación de pagar el préstamo persiste y es exigible, no correspondiendo que se pretenda obtener la declaración de prescripción mediante una acción de protección.

A ello suma que, aunque se declarase la prescripción de la acción ejecutiva, esta solo impediría hacer exigible su cobro, pero no extingue la obligación, agregando que la reprogramación del mutuo efectuada en mayo de 2018, afecta el transcurso del tiempo requerido para que opere la prescripción, ya que la deuda reprogramada está vigente y exigible.

Afirma, en la misma línea, que las acciones de su representada no han significado una vulneración a la esfera de los derechos constitucionales garantizados al recurrente por la Constitución Política, ya que es la propia ley la que autoriza al acreedor recurrido solicitar el descuento de las cuotas de crédito social adeudadas de su empleador, no siendo requerida ni una sentencia judicial ni un proceso previo para llevarlo a cabo, ya que los créditos sociales tienen normas especiales para su recaudación, como dispone el artículo 22 de la Ley 18.833, de tal forma que al efectuar el cobro solo está cumpliendo con su mandato legal de proteger el fondo social.

Afirma que su interpretación se encuentra ajustada a la jurisprudencia de la Corte Suprema, contenida en las sentencias Rol 14.987-2018 y Rol 16.679-2017.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe requerido y se disponga su rechazo, por no existir acto ilegal y arbitrario cometido por su representada en relación a los hechos expuestos.

Acompaña a su presentación una copia del pagaré número 125.RUT reservado, suscrito por el recurrente, y copia del anexo de reprogramación del crédito número 125.RUT reservado, suscrito por el recurrente.

Para mejor resolver se ordenó traer a la vista la causa rol C-317-2017 del Tercer Juzgado de Letras de La Serena Con fecha veintinueve de marzo pasado se tuvo por cumplida la diligencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento que se le efectuó en su remuneración del mes de Enero de 2019, asignado a “descuentos créditos personales CC”, por la suma de $69.996.- el que según la oficina de recursos humanos de la empleadora correspondía a las instrucciones que mes a mes recibía de la recurrida en un documento llamado “nómina mensual de retenciones”, que indicaba los trabajadores a los que deben efectuarse descuentos por los préstamos efectuados.

Sostiene que este proceder arbitrario e ilegal vulnera las garantías constitucionales reconocidas en al artículo 19 de la Carta Fundamental numerales 3, en cuanto pone a la recurrente en una situación desventajosa, distinta a la del resto de los demás deudores civiles, y 24, toda vez que las remuneraciones son de propiedad de su representado, formando parte de su patrimonio.

CUARTO: Que de los antecedentes del recurso es posible desprender lo siguiente:

a)

Que el 24 de noviembre de 2015 le fue otorgado a don nombre reservado un crédito N° 125023641-6 por la suma de $3.530.361 pagaderos en 24 cuotas de $193.966, saldando solo lo correspondiente al periodo Diciembre de 2015 a Junio de 2016.

b)

Que el 24 de enero de 2017 la Caja de Compensación inicio la acción ejecutiva del cobro del pagaré, en causa rol C-317-2017 del Tercer Juzgado de Letras de La Serena.

c)

Que el 7 de mayo de 2018 ante notario suplente doña Claudia Casanga Baeza, el recurrente y afiliado reprogramó el crédito social N° 125023641-6 que ascendía a la suma de $ 2.297.069, acordándose un pago en 60 meses por un monto de $67.368, como consta del documento tenido a la vista, siendo el primer vencimiento el correspondiente al mes de junio de 2018, monto que se descontó en la remuneración del mes de diciembre de 2018 y luego se descontó la correspondiente al mes de julio de 2018 en el pago de la remuneración del mes de Enero del 2019, descuento objeto de este recurso.

QUINTO: Que tenida a la vista la causa rol C-317-2017 del Tercer Juzgado de Letras de La Serena, se constata que la demanda fue notificada el 23 de noviembre de 2018 y el ejecutado en su contestación opuso la excepción de prescripción de la acción, sostiene que habiéndose constituido en mora a partir de la cuota N° 7, cuyo vencimiento fue el 30 de junio de 2017, lo que provocó hacer efectiva la cláusula de aceleración que ocasionó hacer exigible el total de la deuda desde la fecha precitada, por lo que ha transcurrido más de un año de plazo para que la demandante inicie el juicio ejecutivo. La excepción fue recibida a prueba y se encuentra pendiente de fallo.

SEXTO: Que la Caja recurrida sostiene que con la repactación, el recurrente solo saldó las cuotas de junio y julio de 2018, estando morosas las cuotas vencidas entre agosto de 2018 a enero de 2019 y pendientes las correspondientes al mes de febrero de 2019 y siguientes, alegaciones que no fueron controvertidas, agregando que a su juicio, este crédito se encuentra plenamente vigente y por ende procedía el descuento de la remuneración del mes de Enero del 2019 de conformidad al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833 y que al efectuar el cobro solo está cumpliendo con su mandato legal de proteger el fondo social.

SEPTIMO: Que apreciados los antecedentes es posible inferir que el descuento efectuado en las remuneraciones del mes de Enero de 2019 por la suma de $69.996, cuestionado por el recurrente, corresponde a la segunda cuota de la repactacion celebrada por el deudor con la Caja de Compensación acreedora, acordada en el mes de mayo de 2018, descuento practicado en su calidad de pensionado y obligado a un crédito social que se le otorgó con antelación, actuar regulado en el artículo 22 de la Ley 18.883 que dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, por lo que en la especie no concurren los supuestos de ilegalidad y arbitrariedad que hacen procedente la acción constitucional deducida.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo antes resuelto, cabe considerar además, que con fecha anterior a la repactación la Caja recurrida inició el cobro ejecutivo del crédito, demanda que solo fue notificada el 23 de noviembre del 2018, oponiendo el afiliado la excepción de prescripción de la deuda, la que se encuentra pendiente de resolver.

NOVENO: Que en consecuencia, no resulta posible advertir que en el descuento efectuado al asociado, la Caja de Compensación recurrida haya vulnerado las garantías contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y, por tanto, el recurso intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA el recurso deducido por don Marco Jiménez Barra, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción de la señora Marta Maldonado Navarro, Ministro Titular.

Rol N° 139-2018 (Recurso de Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogado integrante señora Maritza Cortés Cortés. No firma la señora nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

La Serena, cuatro de abril de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.