nombre reservado con MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

nombre reservado

Ministerio Secretaría General de Gobierno Recurso de protección Rol 1386-2026.- La Serena, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, funcionaria administrativa, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno por haber dictado la Resolución Exenta RA N°411/1013/2026 del 09 de julio del año 2026 por la cual se pone término anticipado a su contrata. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a trabajar a la SEREMI de Gobierno el 01 de febrero de 2025, en calidad de Administrativa, para desempeñar funciones de apoyo administrativo y logístico, bajo dependencia de la Unidad de Administración y Finanzas, y que su contratación fue prorrogada mediante Resolución Exenta RA N°411/2424/2025 del 12 de diciembre del 2025 por toda la anualidad 2026. Agrega que en este último acto administrativo nunca se estableció que la contratación se mantendría “mientras sean necesarios sus servicios”.

En cuanto al acto impugnado, refiere que este se basa en una premisa falsa, cual es que su contratación contaba con la cláusula antes citada y, además, incurre en una contradicción pues alude a una reestructuración de la Unidad de Administración y Finanzas que, si bien se materializó en Resolución Exenta N°321/2026 del 03 de julio, dictada días antes de la desvinculación, en la práctica mantiene inalteradas las funciones de la unidad laboral en que ella presta servicios, por lo que no se comprendería la necesidad de prescindir de estos.

Alega que la recurrida actúa en forma ilegal y arbitraria al disponer el término anticipado de su contrata en base a fundamentos de tipo genérico que, además, no encontrarían correlato en la realidad. Acusa que, en consecuencia, el acto administrativo impugnado carece de la debida motivación y vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, así como la libertad de trabajo y el derecho de propiedad al separarla de manera injustificada del cargo que servía.

Previas citas de derecho, solicita acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N°411/1013/2026 del 09 de julio del año 2026, ordenando su inmediata reincorporación al cargo con el pago de todos los emolumentos que debió percibir en el tiempo intermedio, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo de la acción con costas.

Indica que la recurrente fue contratada mediante Resolución Exenta RA N°411/568/2025, de 31 de marzo de 2025, en la cual se señaló expresamente que su vínculo se extendería “hasta el 31 de diciembre de 2025, y mientras sean necesarios sus servicios”. Agrega que su designación fue prorrogada mediante Resolución Exenta RA N°411/2424/2025, de 12 de diciembre de 2025, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Postula que, si bien en el acto de la prórroga no se reproduce en forma desarrollada la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, el formato de resolución que crea automáticamente la plataforma SIAPER de la Contraloría General de la República contempla la columna “MSNSS”, que significa precisamente eso, y en caso de que la renovación se realice bajo esa modalidad se marca la casilla correspondiente, lo cual fue realizado en el caso de la actora. De lo anterior se sigue que, contrario a lo que ésta sugiere en su recurso, la renovación de su contrata también se encontraba sujeta a la cláusula antes indicada.

Añade que el 03 de julio de 2026 se dictó la Resolución Exenta N°321/2026 que aprobó un nuevo diseño organizacional para la Unidad de Administración y Finanzas y, en lo que interesa, fijó expresamente la dotación funcional que requiere cada una de las unidades objeto del reordenamiento, de manera que la mantención del cargo de la actora producía duplicidad respecto a tareas que fueron absorbidas por la nueva estructura organizacional.

Por otra parte, sostiene que la recurrente no detenta un derecho indubitado que pueda ser cautelado a través del recurso de protección, sino que lo que en definitiva pretende es que esta Corte revise el mérito de una decisión adoptada dentro del margen de discrecionalidad que el ordenamiento confiere a la administración para la gestión de su dotación de personal, cuestión que excedería el ámbito de la acción constitucional de protección.

En lo tocante al fondo del acto administrativo impugnado, afirma que éste cumple suficientemente con el deber de fundamentación que impone la Ley N°19.880 pues en él se explicita que la recurrente se encontraba designada bajo la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, la que conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República y de los tribunales superiores de justicia habilita a la administración para disponer el cese de funciones antes del vencimiento del periodo fijado. A ello se agrega que la resolución fue dictada por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, señalando las razones que llevaron a prescindir de los servicios de la recurrente, por lo que no es posible sostener que exista un acto ilegal o arbitrario que pueda vulnerar sus derechos constitucionales. En particular, expresa que la decisión de desvincular a la actora se fundamentó en hechos comprobables y objetivos como lo es un proceso gradual de reorganización, que llevó a modificar la distribución de trabajo entre todas las reparticiones del servicio de manera que cada una de ellas cuente con personal suficiente para el cumplimiento de sus objetivos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del examen de los antecedentes allegados al recurso, así como el informe de la recurrida es posible establecer en forma fehaciente que la recurrente ingresó a desempeñarse como funcionaria a contrata a inicios del año 2025 extendiéndose originalmente la vigencia de su vínculo con la recurrida hasta el 31 de diciembre de 2025, y mientras sean necesarios sus servicios. Dicha contratación fue prorrogada en idénticos términos mediante Resolución Exenta RA N°411/2424/2025, de 12 de diciembre de 2025, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, con mantención de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

SEXTO: Que, examinado el tenor del acto administrativo impugnado se aprecia que éste, si bien invoca una reestructuración de la unidad laboral en que se desempeña la actora no especifica por qué las labores de esta funcionaria en concreto dejaron de ser necesarias en términos tales de justificar que la institución no aguarde el término natural de sus servicios mediante la llegada del plazo de término de su contratación, tornando en cambio imperativo adelantar la extinción del vínculo.

En efecto, no basta para satisfacer el deber de fundamentación que imponen los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 con esgrimir razones genéricas o acudir a fórmulas tales como “duplicidad” de funciones derivadas de una modificación en la forma de trabajo y asignaciones de dotación, pues de la lectura de la decisión impugnada no se desprende con precisión las labores que cumplía la funcionaria y que habrían sido asumidas específicamente por otros funcionarios que tampoco se identifican, ni los motivos por los cuales no pudo ser asignada a algunas de las unidades administrativas que debían desempeñar tales tareas, dejando de ese modo imposibilitada a la destinataria del acto administrativo de conocer las concretas razones que justificarían anticipar la finalización de su vínculo contractual con la administración, conculcando de esa manera su derecho a la igualdad ante la ley al dejarle en posición desventajosa respecto de aquellos funcionarios que han podido conocer esos motivos o bien no han sido separados de sus funciones sino hasta la llegada del plazo correspondiente.

Por las anteriores consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N°411/1013/2026 del 09 de julio del año 2026 por la cual se pone término anticipado a su contrata, debiendo la recurrida dictar los actos administrativos que correspondan para regularizar su situación contractual.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1386-2026 (Protección).-