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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1386-202430 sep 2024

nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha
30 de septiembre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Segunda Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1386-2024, sentencia de 30 de septiembre de 2024

Resumen

Se acoge el recurso y se ordena a la SUSESO disponer que la COMPIN encargue un nuevo informe médico sobre la dolencia y se pronuncie de nuevo sobre las licencias rechazadas, por carecer de sustento el rechazo basado solo en la revisión del documento.

Texto íntegro

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)

Recurso de protección Rol N° 1386-2024 La Serena, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, quien comparece en representación de doña nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por doña nombre reservado.

Indica que, el 10 de julio del presente año, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N°R-01-S-109163-2024, mediante la cual la SUSESO rechaza su solicitud de reconsideración del Dictamen N°R-01-UME-36214-2024 de 5 de marzo pasado, confirmando lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 27 de junio de 2023, por diagnóstico de salud irrecuperable.

Refiere que la mencionada resolución también rechaza el reclamo deducido en contra de la COMPIN que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 98667058-0 y 99723901-6, extendidas por un total de 120 días bajo la misma causal de rechazo.

Afirma que doña nombre reservado, de 63 años de edad, pese a haberse pensionado al cumplir la edad legal, se desempeña como cajera en un local comercial para mejorar sus ingresos. Expone que, a mediados del año 2020, comenzó a sufrir molestias en su hombro y extremidad superior derecha, consultando al Dr. nombre reservado, especialista en ortopedia y traumatología y que tras diversos exámenes, fue diagnosticada con discopatías C4-C5; C5-C6 y C6-C7, artrosis facetaria y de cuerpos vertebrales; tendopatía del supraespinoso con signos de rotura y bursitis sub acromial, lo que motivó el otorgamiento de licencias médicas sucesivas mientras se trataban sus múltiples afecciones. Indica que tras nuevos exámenes médicos se determinó una rotura de tendón supraespinoso, siendo operada en Santiago en enero de 2021.

Agrega que en el año 2022, volvió a consultar al Dr. Orellana Chamudis, confirmando la presencia de tendopatía del supraespinoso, entre otros, por lo que se le indicó reposo laboral, analgésicos, antiinflamatorios y rehabilitación kinésica, evolucionando sin mejoría, realizándose diversas resonancias magnéticas a lo largo de este tiempo que arrojan los mismo resultados respecto de su articulación.

Señala que, teniendo en cuenta estos antecedentes, se le extendieron sucesivas licencias médicas, las cuales fueron autorizadas hasta las que motivan el presente recurso, resultando incomprensible para el recurrente el cambio de criterio sostenido por la recurrida al confirmar el rechazo de estas ocho licencias, ya que las enfermedades que las sustentan son las mismas desde el año 2020, y la mayoría fueron extendidas por el mismo médico tratante.

Afirma que, en la resolución que motiva el recurso, se señala como fundamento del rechazo el diagnóstico de salud irrecuperable, indicando lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 98667058-0, 99723901-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por el mismo cuadro clínico, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente. Cabe destacar que la parte reclamante se mantiene con reposo por concepto de licencias médicas desde junio de 2020 en adelante, por diversos diagnósticos, con más de 1.100 días autorizados, sin lograr su recuperación.

Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral”.

Refiere que llama la atención los términos amplios y genéricos consignados en la resolución de la SUSESO, sin mayor análisis respecto a cuáles son los antecedentes médicos que avalaron la decisión de confirmar el rechazo de las licencias médicas. Agrega que, en cuanto al carácter crónico y permanente de las lesiones que afectan a doña nombre reservado, atendido a que la recurrente se encuentra pensionada por vejez, no existe la posibilidad pensionarse por invalidez, ya que este último beneficio es incompatible con el primero conforme al D.L.3500, agregando que, por lo demás, es la Superintendencia de Pensiones quien debe evaluar y decidir si existe tal incapacidad, lo cual no ha ocurrido en este caso.

Expresa que conforme a lo indicado, el rechazo de las licencias resulta arbitrario e ilegal, ya que no se analizan ni mencionan los certificados e informes médicos presentados por la Sra. nombre reservado, y, en segundo término, deja sin protección, de manera absolutamente injustificada, a todas aquellas personas que, teniendo una patología crónica pero no totalmente invalidante, no pueden acceder al beneficio de la licencia médica cuando su enfermedad le genere algún episodio que merme temporalmente su capacidad de trabajo, negándole así el derecho al reposo y a recuperar sus fuerzas de trabajo, que es precisamente el fin perseguido por la licencia médica.

De lo señalado entonces, se desprende que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de las licencias sin que dicha decisión aparezca dotada de suficientes motivos médicos, sin otorgar una explicación racional del por qué se estima que las patologías que afectan a doña nombre reservado le generan una incapacidad permanente para el trabajo, sin indicar siquiera qué porcentaje de su capacidad de trabajo se vería afectada, o si sería invalidez total, explicación que se hace del todo necesaria pues, al sostener dicho criterio, deja a la Sra. nombre reservado fuera de la cobertura de las licencias médicas, siendo que dicha explicación es lo mínimamente esperable tratándose de pronunciamientos administrativos que afectan directamente el derecho al reposo y al subsidio por incapacidad laboral temporal.

Hace presente lo dispuesto en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, artículos 16, 21 y 22.

Reseña que el acto rebatido constituye un acto administrativo, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, y la necesaria fundamentación consagrada en el artículo 41 de la misma Ley.

Indica que, en la especie, tal estándar normativo no se cumple, pues no se entiende el motivo de rechazo de las licencias, cuando en la especie se acredita que la Sra. nombre reservado estaba en tratamiento, ni tampoco se entiende que, de manera arbitraria, ser rechacen las licencias médicas sin haber realizado antes una pericia a la paciente, o solicitarle información complementaria al médico tratante, a fin de agotar las vías para despejar las dudas acerca de la necesidad del reposo prescrito en las licencias médicas que se cuestionan por el ente administrativo.

Asimismo, hace presente que lo dictaminado por la recurrida va en contra incluso de lo que ella misma ha sostenido en pronunciamientos previos, específicamente el Dictamen N°19.392-2016, de fecha 01 de abril de 2016.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo expuesto pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que motiva el presente recurso, y en su lugar dictar una nueva resolución, acogiendo la reclamación deducida, y dictaminando que se autorizan las licencias médicas referidas o en subsidio se disponga que se practiquen a doña nombre reservado todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y concurrencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas en el presente recurso y su recuperabilidad, para luego determinar la factibilidad de la autorización de tales licencias, a fin de que con dichos resultados, proceda al pago de éstas, todo ello dentro de un plazo de 30 días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de que, de no cumplir lo ordenado dentro del plazo indicado, deberá la recurrida proceder a autorizar y disponer el pago de las licencias indicadas, de plano y sin más trámite, Acompaña los siguientes documentos: 1) Resolución Exenta N°R-01-IBS-109163-2024, de 10 de julio de 2024. 2) Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 13 de junio de 2023. 3) Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 09 de diciembre de 2023. 4) Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, de 01 de julio de 2024. 5) Certificado emitido por el Dr. nombre reservado, de 07 de diciembre de 2023. 6) Certificado médico emitido por la Dra. Igmar nombre reservado, de 12 de marzo de 2024. 7) Orden de exámenes solicitados por la Dra. Igmar nombre reservado, de 30 de enero de 2024. 8) Informe de resonancia nuclear magnética de hombro derecho. 9) Informe de resonancia nuclear magnética de columna total. 10) Informe de resonancia nuclear magnética de cerebro. 11) Informe de ecotomografía de hombro derecho. 12) Informe de ecotomografía de mano derecha.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita en primer término que se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto.

Sostiene que la recurrente el 12 de marzo de 2024, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 27 de junio de 2023, por nombre reservado. Además, la Sra. nombre reservado reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 98667058-0, 99723901-6, extendidas por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo.

Sostiene que, requeridos los antecedentes del caso, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. “Esta conclusión se basó en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por el mismo cuadro clínico, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente.

Cabe destacar que la parte reclamante se mantiene con reposo por concepto de licencias médicas, desde Junio de 2020 en adelante, por diversos diagnósticos, con más de 1.100 días autorizados, sin lograr su recuperación.

Finalmente, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-IBS-109163-2024, de fecha 10 de julio de 2024”.

Indica que, estudiado el caso, se informó por el “Dr. nombre reservado, lo siguiente: Fundamentos de la resolución: Mujer de 61 años, 270 días aprobados con dg de SMR (previo presenta licencias con dg psiquiátrico y osteomusculares, en total se mantiene con reposo desde Junio de 2020 en adelante con más de 1.100 días autorizados); reclama 240 días con dg de SMR/discopatía cervical; informe tmt indica irrecuperabilidad y no medidas pendientes ni orientadas al reintegro laboral; sin rol terapéutico; se mantiene rechazo”.

Reseña el marco normativo de las licencias médicas, el procedimiento al cual se encuentran sujetas, las facultades que posee.

Señala que sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Finalmente sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado.

Sostiene que no existe un acto ilegal o arbitrario ejecutado por la Superintendencia de Seguridad Social ya que dicho organismo resolvió dentro del ámbito de su competencia y que tampoco existe una vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la actora.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, se estima que dicha argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

QUINTO: Que, la recurrente impugna la Resolución Exenta N°R-01-S-109163-2024, de 10 de julio de 2024, que rechazó su solicitud de reconsideración del Dictamen N°R-01-UME-36214-2024, de fecha 05 de marzo del presente año, mediante la cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 27 de junio de 2023, por nombre reservado y a su vez, confirmó el rechazo dispuesto por la COMPIN de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 98667058-0, 99723901-6, extendidas también por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo.

Que la mencionada resolución señala en su parte medular señala: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 98667058-0, 99723901-6, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por el mismo cuadro clínico, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente. Cabe destacar que la parte reclamante se mantiene con reposo por concepto de licencias médicas desde junio de 2020 en adelante, por diversos diagnósticos, con más de 1.100 días autorizados, sin lograr su recuperación.

Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral”.

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de esa entidad permiten entender que lo resuelto por la Isapre es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Compin se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuestas por la recurrida y se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, con declaración que la recurrida deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, todo ello dentro de un plazo de sesenta días corridos, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites.

Se previene que el Ministro (I) Sr. Díaz, quien concurre al acuerdo sin compartir lo dispuesto en lo resolutivo, en orden a que se proceda al pago directo de las licencias reclamadas en estos autos de plano, en caso de no cumplir lo ordenado en el plazo de sesenta días corridos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°1386-2024