nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1385-2024.

La Serena, diecisiete de septiembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UME-117024-2024, de 25 de julio de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 17 de abril de 2024, lo que conculca el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que tiene 59 años y que en el año 2018 se jubiló por salud mental, dado el diagnóstico “episodio depresivo refractario”.

Manifiesta que, por lo anterior, tuvo dos intentos de suicidio y, además, padece esteatosis hepática, quiste tiroideo, lipoma en espera de cirugía, quiste renal izquierdo y se realizó cirugía de manguito rotador en ambas extremidades superiores, presentando un grado de discapacidad del 100%.

Refiere que su cónyuge se encuentra en tratamiento oncológico, lo que trajo como consecuencia, al estar a cargo de sus cuidados, encontrarse inmersa en una profunda depresión, razón por la que su médico tratante extendió las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por un total de 90 días, a contar del 17 de abril de 2024, las que han sido rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, por reposo no justificado, dictamen confirmado posteriormente por la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que la recurrida, para sustentar la confirmación del rechazo, señaló que el reposo prescrito no se encontraba justificado, conclusión basada en que los informes médicos emitidos por el médico tratante de 26 de marzo y 15 de abril del año en curso no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo, ni un plan de tratamiento, por lo que no se justifica la prolongación más allá del periodo previamente autorizado.

Expone que el oficio de la Superintendencia de Seguridad Social sólo se limita a fundamentar en base a lo que percibe de los informes, sin haberla citado para la práctica de algún peritaje, de manera tal que el acto recurrido se torna arbitrario, dado que no se apoya en antecedentes clínicos que logren desvirtuar lo informado por el profesional médico, que, por lo demás, depende de un servicio asistencial de salud estatal, como lo es el Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Explica que el actuar de la recurrida importa una vulneración al derecho de integridad física y psíquica, dado que priva a la paciente de la posibilidad de adquirir los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías, lo que pone en serio riesgo su salud mental y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; de igualdad ante la ley, por cuanto representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral; y al de propiedad, toda vez que no percibe la retribución monetaria contemplada en la ley.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deben autorizar, disponiendo su pago, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución Exenta N°R-01-UME-117024-2024 Santiago, de 25 de julio de 2024; 2. Credencial de discapacidad Folio 70907878 emitida el 13 de septiembre de 2019, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; 3. Informe médico emitido por el Dr. nombre reservado, psiquiatra del Hospital de La Serena, de 23 de julio de 2024; 4. Certificado médico emitido por la Dra. nombre reservado, de 12 de julio de 2024; y 5. Certificado de matrimonio.

SEGUNDO: Que, a folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, exponiendo el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal.

Manifiesta que la interposición del recurso desborda los límites de aplicación de la acción de protección, por cuanto se trata de un conflicto respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada –psiquiatría– en que intervienen diversos profesionales, quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto del recurso de protección.

Luego, señala que la recurrente reclamó ante la Superintendencia mediante presentación de 30 de abril de 2024, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, rechazó las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 17 de abril de 2024, por reposo no justificado.

Refiere que previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, la que se basó en que los informes emitidos el 26 de marzo y 15 de abril de 2024 por el tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo, así como tampoco detallan un plan de tratamiento concordante con el periodo de recuperación. Sumado a lo anterior, la reclamante no acredita la realización de un proceso terapéutico intensivo con un profesional psicólogo en todo el periodo de licencia médica. Así, continúa señalando, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, el cual alcanza los 212 días por patología psiquiátrica, considerándose tiempo suficiente para resolución de cuadro y reintegro laboral, todo lo cual consta en la Resolución Exenta N°R-01-UME-117024-2024, de 25 de julio de 2024.

Añade que el profesional de la recurrida, don nombre reservado, consistente con lo señalado, informó en la ficha médica, de 16 de julio de 2024 lo siguiente: “59 años, vendedora, afiliada a Fonasa y Caja Los Andes, con 182 días aprobados y 60 rechazados por patología psiquiátrica. IMB sin GAF, sin psicoterapia, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral, sin derivación a especialista en psiquiatría, sin aumento de antidepresivos a dosis máximas ni adecuada progresividad pese a mantención de elementos supuestamente invalidantes por más de 212 días. Licencia con riesgo de rol social no modificable con reposo y sin rol terapéutico, se sugiere no acoger”.

Argumenta que si un reposo por patología psiquiátrica es superior a 30 días, debe ser extendido por un médico especialista en psiquiatría; contar con un informe de peritaje médico; debe haber evaluaciones periódicas y cada episodio clínico debe considerar tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, ya que se estima que las herramientas terapéuticas ofrecidas por un médico general, en el caso de un reposo mayor a ese término, pueden resultar insuficientes para lograr la adecuada recuperación de la afectada, lo que hace necesaria una segunda opinión por parte del especialista para determinar si el diagnóstico sincrónico y la estrategia terapéutica ofrecida son suficientes.

Afirma que la recurrente, antes de las licencias médicas rechazadas, ya se le habían autorizado 212 días por patología psiquiátrica; no cuenta con derivación a especialista en psiquiatría ni con un informe de refractariedad o resistencia a tratamiento; tampoco con tratamiento farmacológico adecuado a patología por la extensión de reposo y no acredita asistencia regular a terapia psicológica durante toda la extensión de las licencias médicas.

Esgrime que el acto reprochado por la recurrente encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, expone con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista al resolver, ratificando el rechazo previo de las licencias médicas, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de motivación de la decisión exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º de la Ley Nº19.880.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales, por lo que solicita el rechazo del recurso intentado en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son la vida e integridad física y psíquica; igualdad ante la ley; y propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contempladas bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra la Resolución Exenta N°R-01-UME-117024-2024, de 25 de julio de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 17 de abril de 2024, por reposo no justificado.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala que “el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, la que se basó en que los informes emitidos el 26 de marzo y 15 de abril de 2024 por el tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo, así como tampoco detallan un plan de tratamiento concordante con el periodo de reposo. Sumado a lo anterior, la reclamante no acredita la realización de un proceso terapéutico intensivo con un profesional psicólogo en todo el periodo de licencia médica. Así, continúa señalando, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado, el cual alcanza los 212 días por patología psiquiátrica, considerándose tiempo suficiente para resolución de cuadro y reintegro laboral”.

SÉPTIMO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.”

OCTAVO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permite, según el Reglamento aplicable, para fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física y psíquica; la segunda, dado que importa un trato desigual respecto de otras personas en idéntica situación; y la tercera, porque al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a la recurrida la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, la recurrida no ha dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable de la trabajadora al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberá proceder al pago de las licencias objeto del recurso, pues las dificultades que pueda presentar el organismo para la gestión de aquellas –ya sea administrativas, de recursos o de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al órgano público y jamás debe ser ello un asunto de cargo del paciente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 17 de abril de 2024, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, proceda o no al pago de aquellas, según corresponda, y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de sesenta días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1385-2024 Protección. -